“Si no existieran los medios, no existiría el terrorismo”

Por Jaime Restrepo Vásquez

Hace algún tiempo, buscaba el tema para mi post semanal y justo en esos días, las FARC habían cometido toda suerte de tropelías en diversos puntos de la geografía nacional.

El tema estaba servido en bandeja de plata. Sin embargo, sentí que era demasiado fácil y redundante el abordar ese asunto, pues los medios estaban consagrados a difundir y a justificar el salvajismo de las FARC.

Además, ¿yo por qué tendría que servir como instrumento para cumplir con los propósitos del grupo terrorista de doblegar a la nación para que, trémula de pavor, exija la salida negociada al conflicto? En ese momento rondó por mi mente una justificación para escribir sobre el tema: tratar de mostrar otro ángulo y dejar en evidencia, una vez más, la relación entre el propósito político del apaciguamiento entronizado en el gobierno y el incremento del terrorismo de las FARC y del ELN. 

Sin embargo, con ese fin, resulta inevitable abordar las acciones específicas de terror, discriminarlas por el número de muertos o las innumerables víctimas que deja cada feroz arremetida de las FARC: ¿O no son víctimas, por ejemplo, los tumaqueños o los araucanos, quienes hoy padecen la falta de electricidad como consecuencia de las prácticas terroristas de los “humanitarios y pacifistas”? Pero eso poco importa, pues en el Tugurio Capital –Bogotá, para sus admiradores– se entusiasman casi hasta el paroxismo, con la sola mención de la paz a cualquier precio.

Hablar de la barbarie, finalmente, termina cumpliendo con el objetivo del terrorismo, que es diseminar el pánico a través de los medios para presionar a la ciudadanía a identificarse y resignarse con sus imposiciones políticas e ideológicas.

Esas consideraciones se convirtieron finalmente en un obstáculo formidable a la hora de escribir, pues terrorismo y política van de la mano, sobre todo cuando un gobierno está empeñado –contra todo asomo de sensatez– en negociar las leyes con los terroristas y premiar a los criminales “altruistas”. 

Para alguien que busca hacer periodismo de opinión, la mención del terrorismo finalmente se puede evitar. Aunque resulte difícil, hay otros temas que no pasan por la agenda de terror que quieren imponernos a la fuerza en Colombia. 

No obstante, los medios de prensa si se ven obligados a publicar las acciones del terrorismo, pues existe un compromiso de informar a la ciudadanía.  Entonces, ¿qué y cómo informar? Sobre el qué, la respuesta no debería generar dudas y todo lo que ocurra, necesariamente tendría que ser dado a conocer por los medios de comunicación. 

Sin embargo, la complicidad con el actual gobierno llevó a los medios a esconder su alineamiento detrás de una supuesta prudencia, llegando incluso a la procacidad de sesgar la información para dar la sensación de que la autoría de los ataques terroristas no es de las FARC, sino de unas fuerzas oscuras que hasta la fecha, nadie se ha dignado individualizar. 

Con el paso de los días, y en voz baja, algún funcionario gubernamental da a conocer que las FARC estuvieron detrás de la monstruosidad, pero con el público ya saturado de los detalles de un atentado, y con nuevos hechos de terror con carne y sangre más frescas; los medios les dan poca visibilidad a los responsables de las atrocidades. Claro que eso finalmente es una excusa, pues en realidad la prensa en general ha hecho su mejor esfuerzo para tratar de ocultar la participación de las FARC o del ELN en los atentados y demás episodios del terrorismo colombiano.  

En cuanto al cómo difundir la información, en Colombia se han visto algunas iniciativas irrelevantes, como no transmitir un ataque terrorista mientras se produce, o presentar las imágenes en blanco y negro, de las tragedias ocasionadas por los terroristas. Tales saludos a la bandera contrastan con la detallada cobertura de los sucesos relacionados con el terrorismo, como las liberaciones de secuestrados, que recibieron tal difusión que finalmente las FARC obtuvieron un botín importante en cuanto al posicionamiento de la falaz imagen de humanitarios.

Es más: ¿A quién le importa lo que diga un terrorista como ‘Fabián Ramírez’? Que un noticiero de televisión le haya dado un enorme despliegue al mismo discurso trasnochado de las FARC, es la confirmación de la desfiguración colombiana del concepto de noticia, que es la difusión de un hecho novedoso, o la transmisión de una comunicación antes desconocida.  En la aparición de ‘Fabián Ramírez’ en horario Triple A, no había ninguna novedad –salvo que está vivo, lo que se pudo informar en poco menos de 20 segundos– y lo que dijo, letra por letra, es el mismo conjunto de arengas y desafíos de las FARC, ampliamente conocido por la ciudadanía. 

Así las cosas, ¿cuál era el interés de ese canal al transmitir la alocución del terrorista? Mucho me temo que el asunto pasa por una agenda en la que el medio se convierte en cómplice del terrorismo, transforma las arengas en noticias exclusivas y contribuye a generar un ambiente de mayor zozobra en el que se va generalizando la idea de que la única salida posible es la negociación de las leyes con los criminales “altruistas”. 

Que ‘Fabián Ramírez’ aparezca tranquilamente en televisión, envía un mensaje que connota la recuperación del poder de las FARC, incluyendo la reconquista de territorios en los que ya no temen la presencia de las Fuerzas Armadas, pues sencillamente no están, o yacen en los cuarteles o son frenadas por órdenes superiores o fiscales comprometidos con la causa terrorista.

Ante semejante situación, percibida por el televidente común, la salida es la negociación, que presume ingenuamente, servirá para contener el avance de los terroristas. Además, como ya existen los mecanismos para el “éxito” de esos diálogos –Marco jurídico para la paz– y los hermanitos Fidel Casiano y Raúl Modesto han prestado la isla de su propiedad para los encuentros entre terroristas y representantes del gobierno, pues solo queda en la retina del televidente la sensación de que la única salida es premiar medio siglo de barbarie con puestos, prebendas e impunidad. 

Me superó el hastío. Otra vez terminé publicando sobre la misma tragedia, con los mismos actores, y con la certeza de que es inútil tanto la redundancia como el ejercicio de escribir sobre Colombia.  Es tiempo perdido. 

El Coronell sí tiene quien le escriba

Colombia lamentablemente sigue siendo un país lleno de toda clase de personajes pútridos y malintencionados, a quienes no les interesa la verdad sino las maneras y la propaganda.

Eso se pudo comprobar con la campaña de amedrentamiento que hicieron los esbirros de personajes mediáticos como Daniel Coronell y Hollman Morris a raíz de un desafortunado mensaje que publicó en Twitter un abogado de Medellín que se hace llamar Héctor William Morales. El comentario, que si bien no pasa de ser muy inapropiado, fue usado para montar toda una campaña de intimidación ni siquiera contra él, sino contra mí, por mi largo recorrido por redes sociales criticando a la izquierda colombiana.

http://twitter.com/#!/hwmorales/status/22561227372765184

http://twitter.com/#!/hwmorales/status/22562745710813184

Observen que fueron dos comentarios de la cuenta del abogado Morales, @hwmorales, dirigidos el primero a otro usuario @MAWBARNEP66, y el segundo a mí, @DieGoth_. Sin embargo enseguida empezaron algunos distraídos (que al final del día terminaron siendo muchos militantes izquierdistas twitteros) que me atribuyeron la autoría del mensaje, que curiosamente no pasa de ser la invocación de un fantasma para cometer un homicidio, lo cual es más un amedrentamiento que una amenaza de muerte auténtica.

Si bien yo seguía a @hwmorales, decidí bloquearlo en la mañana al encontrar la avalancha de insultos que me dedicó la milicia coronelliana, no sin antes dedicarle varios mensajes de rechazo a su comentario:

http://twitter.com/#!/DieGoth_/status/22665812879867904

http://twitter.com/#!/DieGoth_/status/22667251886858240

http://twitter.com/#!/DieGoth_/status/22667719052627968

http://twitter.com/#!/DieGoth_/status/22669307959836674

Sin embargo, la manada de cibersicarios no se fijó en eso. Su objetivo era aprovechar algunos retweets malintencionados donde eliminaron al autor original y me dejaron a mí como el supuesto autor de la pseudo amenaza a Coronell. Y el incidente no hubiera pasado de ser un desfile de distraídos que no saben reenviar un mensaje o leerlo con atención, si no fuera porque el mismo Coronell, y su compañero de calumnias mediáticas Hollman Morris, intervinieron para alimentar la campaña propagandística en que sus esbirros convirtieron el mensaje de @hwmorales. Para eso también se valieron de dos oscuros personajes: una alucinada ex secuestrada que no ha podido superar el síndrome de Estocolmo que le dejó su aventura en el avión de Avianca secuestrado por el ELN, y un pseudo “periodista” que no tiene ni el menor asomo de hombría para rectificar sus propias mentiras cuando se las restriegan en la cara:

http://twitter.com/#!/leszlikalli/status/22785215973818368

Le he preguntado a la lunática @leszlikalli de qué piensa acusarme, cosa que no ha sido capaz de responder. Sin embargo insiste en inculparme por la pseudo amenaza de Morales, e intenta ubicarme con todo y foto:

http://twitter.com/#!/leszlikalli/status/22807532917497856

http://twitter.com/#!/leszlikalli/status/22811504281657344

Puro amedrentamiento, buscando silenciarme. ¿Y qué hay del “periodista” Gonzalo Guillén (@HELIODOPTERO)?

http://twitter.com/#!/HELIODOPTERO/status/22785211062292480

Guillén afirma que “los sicarios uribistas” (me incluye) “confiesan que Castaño es su asesino preferido”. @HELIODOPTERO afirma inicialmente que YO soy autor de la pseudo amenaza a Coronell. No importa cuántas veces varios usuarios le enviaron mensajes diciéndole que yo no tuve nada que ver con esa amenaza. Insistió en su “profesión periodística”:

http://twitter.com/#!/HELIODOPTERO/status/22786130709581824

El cínico “periodista” insiste en llamarme “sicario”, y prosigue con la campaña de intimidación alegando que envió a la Fiscalía mi “foto”. Noten que no llama “sicario” a @hwmorales, el autor de la “amenaza”, sino a mí.

Hasta inquietante se vuelve la cacería que monta Gonzalo Guillén, invitando a los milicianos coronellianos a lucrarse económicamente con la campaña de intimidación:

http://twitter.com/#!/HELIODOPTERO/status/22795772869218304

http://twitter.com/#!/HELIODOPTERO/status/22804973939064832

http://twitter.com/#!/HELIODOPTERO/status/22812210824740864

Así ya el asunto es de dinero, poniendo un precio a mi cabeza. Curiosamente lo hace alguien que vive quejándose de los falsos positivos, y ahí lo tienen, fabricando uno con sus propias manos. Y para justificar su actuación ilícita, me atribuye una responsabilidad inexistente, pues yo jamás reenvié la “amenaza” de @hwmorales como cualquiera puede constatar en Twitter:

http://twitter.com/#!/HELIODOPTERO/status/22815017330016256

La falta de hombría de Gonzalo Guillén lo lleva a insistir en culparme, atribuyéndome cosas que jamás dije ni hice, y negándose a responder las exigencias que muchos le hicimos de que aclarara que yo no fui el autor de la “amenaza”. Pero así es el “periodismo” a la colombiana: especulación barata, mentiras, manipulación, algo muy típico en el semi hombre Gonzalo:

http://twitter.com/#!/HELIODOPTERO/status/22824387405160450

Una vez más, el “periodista” Guillén confirma cuál es su propósito intimidatorio contra mí:

http://twitter.com/#!/HELIODOPTERO/status/22828069202960385

Y así el semi hombre alentó a un nuevo sicario mediático para silenciarme, @edgarac22:

http://twitter.com/#!/edgarac22/status/22835101503066112

No sólo a ese esbirro, sino al mismísimo Daniel Coronell llamó la atención su campaña intimidatoria:

http://twitter.com/#!/DCoronell

Para Coronell es muy conveniente toda esta campaña: se victimiza, así sea a costa del fantasma de Castaño, se da el lujo de "chuzar" a quién sabe quién para averiguarle hasta la CC a Morales, y de paso alienta a sus cibermatones a darme cacería asimilándome a alguna “causa” de Morales. Y lo mejor es que él sólo tiene que reenviar dos o tres mensajes, y toda su milicia hace el trabajo el resto del día. Y en eso le ayuda un tenebroso colega que se ha codeado con los principales comandantes del grupo terrorista farc, en ánimo de “entrevista”, claro está:

http://twitter.com/#!/HollmanMorris/status/22822565206560768

¿Por qué Morris sugiere que alguien que me conozca revele mi identidad? Si le sumamos la “recompensa en dinero” que el “periodista” Guillén quiere ofrecer, ahí tenemos armada una manera de silenciar a alguien que les ha resultado incómodo. Siendo un simple anónimo, es extraño que se ensañen conmigo estos oscuros personajes usando como pretexto un mensaje que ni siquiera escribí, ni mucho menos apoyé. Pero más extraño es que la pseudo amenaza de @hwmorales no era la primera. Ya en septiembre pasado había hecho una muy similar, sin mencionarme, y entonces la jauría coronelliana no reaccionó como hoy, precisamente porque no tenían manera de implicarme en su campaña de odio e intimidación. ¿Por qué? Porque a quien @hwmorales mencionó DEL MISMO MODO QUE HIZO HOY CONMIGO, fue a @juanmurs, uno de la tropa de ellos:

http://twitter.com/#!/hwmorales/status/24327438801

¿Cómo es que nadie se confundió con @juanmurs y no le atribuyeron el mensaje inapropiado de @hwmorales? Simple: @juanmurs no es alguien a quien les interese acallar ni intimidar. A Hollman Morris no le interesa ubicar a alguien de su bando, y a Coronell no le interesa hacerse propaganda victimizándose a costa de uno de los suyos, cuando puede recurrir a un contradictor.

http://twitter.com/#!/edgarac22/status/22832864345202688

"Hay que actuar". Realmente son muchísimos los mensajes insultanes que he recibido a raíz de la “amenaza fantasmagórica” de @hwmorales a Daniel Coronell, ya que toda la milicia rabiosa me cayó encima como no se molestó en hacerlo con el propio Morales, quien al final fue el autor del mensaje.

Un pretexto para convencerme que lo mejor es callarme y bajarle el volumen a mis críticas contra Coronell y Morris.

¿Pero saben qué lograron con esto? Destapar su hipócrita actitud de farsantes, porque lo último que haré es modificar mi actitud, excepto en lo que respecta a mi seguridad personal, porque lo último que me interesa es ver a un periodista que ha entrevistado comandantes guerrilleros invitando a la cibertropa a “ubicarme” con foto en mano.

Apenas un puñado de los que me saltaron encima sin leer el mensaje original se dignó entender que no fui el autor de la "amenaza" y uno que otro hasta llegó a disculparse conmigo. Pero muchos de los que viven haciendo campaña en #apoyoaCoronell fueron de los más rabiosos milicianos que no les importó quién fue el autor de la amenaza. En vista de que el abogado Morales no es tan activo crítico de sus campañas como yo, el objetivo claramente era dar un golpe moral a todos los que nos movilizamos contra las mentiras y las farsas mediáticas que montan "periodistas" como Daniel Coronell y Hollman Morris, y sus esbirros de menor categoría como Gonzalo Guillén.

La tropa cibersicarial me reclama mi lenguaje agresivo, ¿pero quién recibe con flores y chocolates a una manada de agitadores que lo acusan de haber escrito algo que a la vista de todos pertenece a otra persona? Es porque en Colombia lamentablemente importan más los modales que los hechos. El elegante asesino es admirado mientras a los demás se les niega hasta el derecho a indignarse.

A los demás que sí saben leer un trino y entenderlo, y me apoyaron desde un principio, les agradezco todo el respaldo, y seguiremos mostrando al mundo que la podredumbre en Colombia se disfraza de "buenas maneras" (a veces, sólo a veces lo hacen) para tapar su actitud profundamente hipócrita y malintencionada para acallar las voces críticas.

Indignados, indignos e indios,

Por Jaime Restrepo Vásquez.

¡Hola, veo mucha indignación contra Piedad Córdoba! Ese discurso veintejuliero que se echó frente a muchos “indios” blancos o bien mestizos  –porque no todos eran miembros de la guardia indígena–, hizo que hasta el propio ministro de la Defensa saliera a despotricar de la “pobre perseguida”.

Alguna colombiana despistada –eso sí, doctora y convencida de su alta alcurnia– me dijo que no era justo que atacaran así a la única colombiana que ha logrado la liberación de los secuestrados. 

Es que al ver a la defenestrada, muy oronda y muy maja, despachándose contra el Ejército, la Policía y hasta contra el presidente de la llave de la “paz"; se le nota cierta cara de llavero: puede que Memel tenga la tal llave, pero está metida en un llaverito llamado Piedad Córdoba, que se le pierde con facilidad, aunque finalmente, llavero y propietario terminan encontrándose una y otra vez.

¿Estamos bravitos con la del turbante? ¿Y por qué? ¡Ah, cierto! Pidió que tumbaran a Juan Manuel y eso molesta a más de uno, pues se supone que ese privilegio solo lo tienen los tiburones uribistas pura sangre y no la chavista-santista de la Córdoba.

En cambio, yo no me siento indignado… las “indignaciones” se las dejo a esos amarillistas y sensacionalistas que han usufructuado la violencia urbana en los medios de comunicación. También les cedo la indignación a los oportunistas que en el colmo de la originalidad crearon un movimiento –más bien parsimonioso- que se llama Manos limpias por Colombia, aunque el silencio que guardaron frente a las arengas de Piedad Córdoba –en comparación, por ejemplo, con la airada reacción frente a las declaraciones de Juan Manuel Corzo sobre la platica para la gasolina– y el doble rasero de su militancia, podría darles la clave para renovar el nombre y convertirse en indignos para Colombia.

Entonces, vuelve y juega, no me indigno con Piedad Córdoba, ni pido que la procesen judicialmente, como si tuviera la esperanza de que algún día la justicia colombiana fuera capaz de renunciar a las dádivas chavistas que llegan a Asonal Judicial y sus operadores tuvieran algo distinto en sus cabezas al pensamiento comunista, que les incubaron desde su más tierna infancia y después pulieron en las “universidades” del país.

Es que de tanto ver la realidad de la justicia colombiana, perdí la ingenuidad de creer que algo bueno, o positivo para el país, podría salir del poder judicial, una estructura que opera solo desde la óptica política, actúa de acuerdo a las simpatías o antipatías que despierta el perseguido y  solo procede conforme a las presiones de los “doctos” periodistas colombianos… ¡Como nos aleja de la verdadera paz, esa farsa que tenemos por justicia!

Y como no me indigno, pues escucho con atención lo que dijo la defenestrada en el Cauca, y compruebo que no es nada distinto a lo que ha venido repitiendo a lo largo y ancho del planeta: revolución, derechos, justicia social, revocar a todo el mundo y cosas por el estilo. Me perdonan los indignados con Piedad Córdoba, pero lo de ella no son discursos sino arengas adobadas con lugares comunes e intentos pueriles de propaganda comunista, como si su capacidad de oratoria se restringiera a unas cuantas frases hechas, que repite sin parar, adaptándolas a las circunstancias del momento.

¡Caramba! La Córdoba va y reparte platica para que los indígenas se amotinen, seguramente les recuerda los compromisos entre el chavismo y los cabildos indígenas –es decir, entre las FARC y los representantes de los resguardos- les da cuerda para caldear los ánimos y después agarra su turbante, se quita las botas, se monta en su camioneta blindada y regresa a la comodidad de la ciudad, mientras los indios, como Mambrú, se van a la guerra.

Y ahí está la situación ética que deja en evidencia, todo el proceder del chavismo y de su ejército privado, las FARC: la destituida senadora liberal, con la plata de Chávez, no quería respaldar a los indios, ni apoyarlos en la recuperación de sus tierras “sagradas”, en las que cultivan cosas nada sagradas, pues lo sagrado no tiene precio. Lo que ella quería, en un desprecio infinito por las tribus que habitan al norte del Cauca, es que se encargaran de frenar al Ejército y azuzaran a la Policía, de tal forma que algún soldado o policía que sintiera copada su posición, diera inicio a una masacre de incalculables proporciones. 

Mientras Piedad Córdoba les hablaba de justicia, paz y vida; ella solo veía los pedazos de carne en los que se convertiría su auditorio… La del turbante anhelaba un baño de sangre para desprestigiar a las Fuerzas Armadas y motivar a los conmovidos “indignados” a presionar el despeje de la zona para las FARC. También soñaba con un campo de batalla carmesí, de tal forma que pudieran presionar la judicialización de los mandos militares del Cauca, todos ellos con una larga trayectoria en la persecución al terrorismo.

¿Y el número de bajas que dejaría la puesta en marcha de la estrategia? Le importaba tanto como la liberación de Ingrid Betancourt, a quien ordenó mantener en cautiverio.

Pero Piedad Córdoba no se quedó a encabezar la asonada: Ella debe pensar que su vida vale mucho, como para arriesgarla al compartir el hedor de una batalla… esas son cosas que le deja a la turba de indios que dice amar y representar.  La del turbante quería sangre, esa que dicen las canciones de protesta, sirve para abonar la tierra de la revolución; pues con una masacre cumpliría la misión para la que fue enviada al Cauca desde Caracas... Así son los comunistas del siglo XXI.  

AL CIERRE: La campaña Libérenlos YA nació en Atrabilioso hace cinco años, por una idea de Jaime Ruiz, y a ella se unieron, en su momento, más de 200 blogs de todo el planeta… Parece que las “Manos limpias” de los “Indignados por Colombia” solo sirven para copiar, y por estar pensando en la “pulcritud”, carecen de tiempo y cabeza para crear un nombre o un concepto y tienen el descaro de afirmar que ellos fueron los creadores de la campaña… ¡Qué suciedad, la de las “manos limpias”!

AL CIERRE II: Nos volvemos a encontrar el 27 de agosto.

¿Cuál independencia?

Por Jaime Restrepo Vásquez.

Durante muchos años me aparté de la celebración de la independencia colombiana. Es más: veía con lástima a los alumnos de los colegios públicos que ubicaban en las aceras, con una banderita de papel que agitaban al paso de los desfiles.

Creo que el fastidio se intensificó en 1992, cuando el país festejaba el 20 de Julio mientras Pablo Escobar se “independizaba” del control gubernamental y emprendía el proceso que terminaría con su fuga de la cárcel de La Catedral.  Aquel día, en pleno desfile militar, comenzaron a circular los rumores sobre la inminente fuga del líder del Cartel de Medellín.  Sin embargo, con una candidez insultante, muchos pensábamos que eso no podría ocurrir, pues se suponía que el gobierno tenía un impresionante dispositivo de control interno y externo de la “cárcel”.

Pero no. El gobierno de César Gaviria simplemente había acordado con el capo del narcotráfico, un sitio en el que reposara de la persecución y pudiera llamar al orden (léase ejecutar) a algunos socios que se habían declarado en rebeldía.

Es más: el control interno de la cárcel lo tenía Escobar, pues la guardia estaba integrada por gente cercana al Cartel y en lugar de custodios, eran escoltas que protegían al capo del narcotráfico.

Semejante desidia gubernamental, unida a la estupidez mayúscula de un funcionario, facilitaron la fuga del autor intelectual de buena parte de la Constitución del 91. Mientras finalizaban los festejos de la “independencia”, ya estaba todo cocinado para que, en la noche del 21 de julio, los “reclusos” de La Catedral se amotinaran como parte de una estrategia de fuga que incluía la consabida predisposición al diálogo.

Esa noche, en la puerta de La Catedral se amontonaron militares y policías, pero ninguno se atrevió a ingresar.  Ante la situación, el entonces viceministro de Justicia, Eduardo Mendoza, decidió entrar a la “cárcel” para entablar una negociación con Escobar y solucionar mediante el diálogo, la crisis que se vivía en Envigado.  El resultado: Mendoza fue tomado como rehén y sirvió de escudo para que Escobar finalmente huyera de la cárcel.

En pleno motín, el gobierno ordenó el repliegue de las Fuerzas Armadas y dispuso que solo mantuvieran el “control visual” del sitio, cayendo por completo en la trampa política de dialogar para buscar soluciones por fuera de la ley.  Lo que se requería en aquel momento era la intervención de militares y policías para controlar el motín, y no la disposición para negociar con un grupo de peligrosos e ingeniosos criminales y terroristas, como los que estaban recluidos en La Catedral. 

Esa determinación de dialogar, como lo deja ver la distancia que permite el paso del tiempo, solo sirvió para que los terroristas de Escobar cobraran la vida de centenares de colombianos y pasaran por encima del imperio de la ley.

Ahora, veinte años después, justo en la celebración de los 202 años del grito de independencia, se agotó mi hastío por el 20 de Julio para dar paso a un profundo dolor por la situación de esta “patria soberana” sometida a las presiones de la “dialoguitis” y la negociación tramposa en la que unos cuantos obtienen una patente de corso para pasar por encima de las normas y de la ley.

Es que el resurgimiento de la “dialoguitis”, como supuesta solución para la crisis que se vive en el norte del Cauca, y para todos los males que padece el país en general; se basa en la misma celada que tendió Pablo Escobar para huir de La Catedral. Dos décadas después, con distintos actores –aunque coincidentes en el negocio del Cartel de Medellín– las presiones son enormes, como lo deja ver un trino de Ernesto Samper en el que sostiene que un presunto acuerdo humanitario es la solución para conciliar la presencia militar con el reclamo de los indígenas del Cauca.

¿Por qué conciliar la legítima presencia de las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional? ¿Acaso negociar un “acuerdo humanitario”, estilo Samper, no implica desconocer el imperio de la ley y buscar atajos alejados de las normas vigentes? ¿Nos resignamos entonces al estilo de la Corte Suprema y del actual gobierno, quienes consideran válido el dinamitar las normas por una sola vez? 

Solo se puede sentir tristeza por el sometimiento e indiferencia de los colombianos ante los devaneos de los terroristas, llámense narcotraficantes, políticos del Cartel de Cali o usufructuarios del crimen “altruista”… Entonces ¿cuál independencia?

Norte del Cauca: ¿Escenario de la gran batalla?

Por Jaime Restrepo Vásquez

La escalada militar que las FARC han desplegado durante los últimos días en el Cauca no puede explicarse desde la perspectiva de un conjunto de acciones terroristas sincronizadas. De hecho, la situación se venía incubando de tiempo atrás y fue planificada con sumo cuidado por el grupo terrorista.

Desde el año 2005, algunos sectores comenzaron a presionar al gobierno Uribe, para que cumpliera los caprichos de las FARC y despejara los municipios de Pradera y Florida, en el departamento del Valle. Tal exigencia, respalda incluso por el entonces gobernador Angelino Garzón, no tenía como finalidad la búsqueda de un escenario para unas hipotéticas negociaciones de paz: con este despeje, las FARC intentaban consolidar el corredor de movilidad entre el Cauca, el Valle y el sur del Tolima.

Por un lado, el Cauca ha representado para las FARC, además de una importante fuente de recursos gracias a los cultivos ilícitos, un territorio en el que reclutan a numerosos indígenas que se entregan con docilidad a la causa terrorista. De hecho, el ahora embajador en el Perú, Luis Eladio Pérez, en su libro 7 años secuestrado por las FARC  dice: 

“Muchos miembros de la guerrilla, tanto hombres como mujeres, son indígenas y, por lo tanto, grandes conocedores de la zona.  Por eso eran los guías en las marchas”.

En cuanto al sur del Tolima, el Parque Natural de Las Hermosas, históricamente ha sido un santuario terrorista. De hecho, durante varios años se adelantaron en la zona, distintas operaciones militares para dar de baja al terrorista ‘Alfonso Cano’, quien utilizaba el corredor para desplazarse hasta el norte del Cauca, zona en la que finalmente fue dado de baja.

Así las cosas, por lo menos durante siete años, la importancia del corredor que comunica al norte del Cauca con el Valle y el sur del Tolima era ampliamente conocida.  No obstante, solo hasta hace poco más de dos meses, se tomó  la decisión de cortar ese corredor, con la instalación de un batallón de alta montaña en el Cerro de Tres Cruces, en inmediaciones del municipio de Miranda, también en el Cauca.

Ante la ocupación territorial del área estratégica, materializada a principios de junio de este año, surgió de inmediato una respuesta por parte de numerosos pobladores de Miranda, previo acuerdo con las FARC, según afirma la representante de la Organización Pluricultural de Pueblos Indígenas de Colombia: más de 200 indígenas acamparon junto a la base militar de Tres Cruces, exigiendo el retiro de la unidad militar. De hecho, según el comandante de la Brigada 24 Móvil del Ejército, existía preocupación por la posible presencia de miembros de grupos ilegales en dicha manifestación.  Más claro: las FARC estaban movilizando a los indígenas en Miranda, para evitar la interrupción del corredor estratégico.  

Es que justamente el municipio de Miranda es el punto neurálgico del eje que comunica el Valle con el sur del Tolima y el norte del Cauca –Toribío y Jambaló–, por lo cual, una presencia constante del Ejército en el lugar, dificulta la salida de narcóticos y el ingreso de suministros y material de intendencia para las FARC. (Ver mapa)

Esa movilización de indígenas, que ha crecido en los últimos días con las asonadas realizadas contra instalaciones militares y policiales, no es gratuita. Además de ser socios de las FARC en la producción de narcóticos, muchos de ellos tienen lazos de sangre sumamente fuertes, pues un alto número de combatientes de las FARC son indígenas y sus familias se mueven para favorecer –o proteger– a aquellos jóvenes que tomaron las armas. 

Con el paso de los días se evidenció que la protesta en Miranda era solo la retaguardia de una acción que las FARC venían trabajando de tiempo atrás en esa zona del país. Para tal fin, durante varios años, los terroristas concentraron material bélico y logístico en el norte del Cauca y después de la muerte de ‘Alfonso Cano’, emprendieron una reubicación de numerosos frentes que se trasladaron de Las Hermosas y del Huila, al norte del Cauca.

Ya con las armas y los combatientes en sus posiciones  –la mayor parte milicianos disfrazados de civiles e indígenas–  solo era necesario esperar a que el gobierno instalara la base en Tres Cruces, para tener una excusa que les permitiera iniciar la escalada militar. La primera fase de la ofensiva fue la protesta en Miranda. Un mes después, fue activado el núcleo militar en Toribío y Jambaló, poblaciones atacadas sin misericordia por el grupo terrorista.

Sin embargo, con la situación en Miranda, la respuesta del Estado se torna difícil, pues hay un escudo humano que impide el cerco militar contra los 600 combatientes que las FARC están utilizando para la escalada contra Toribío y Jambaló. Además, al suroccidente del Cauca, concretamente en el municipio de Argelia, las FARC vienen ejecutando la fase de inmovilización de refuerzos, pues al menor movimiento de las unidades del Ejército o de la Policía –para respaldar a las tropas que están ubicadas al Norte–, se presentan ataques y escaramuzas que impiden el abandono temporal del sector.

En su momento, ‘Tirofiijo’ aseguró que la gran batalla se daría en el páramo de Sumapaz. Pues bien: los hechos demuestran que es el norte del Cauca el epicentro de la gran batalla, y que de las decisiones que tome el gobierno nacional dependerá que las FARC pierdan este gran esfuerzo o recuperen el control territorial de una zona estratégica, lo que permitirá el resurgimiento sangriento de los terroristas y la prolongación en el tiempo de la confrontación. 

No hay que perder de vista que la crisis del Cauca puede ser aprovechada políticamente como la demostración de la existencia de un conflicto entre el Estado y algunos de sus ciudadanos, lo que unido a la consolidación de las FARC en ese territorio, abriría de inmediato las puertas para la declaratoria del estatus de beligerancia para el grupo terrorista… en esas condiciones, los aúlicos del diálogo claudicante tendrán las herramientas para presentar oficialmente las negociaciones de “paz”.  ¿El gobierno escogerá la batalla final o la rendición y el premio al crimen altruista? En el norte del Cauca está la respuesta. 

No ha podido comprar la credibilidad

Por Jaime Restrepo Vásquez

No recuerdo un gobierno más empeñado en fortalecer su imagen, utilizando para ello una tremenda maquinaria de propaganda pagada en la que magnifica hasta la exageración sus supuestos logros.

Primero fue la urna de cristal y ahora son las cifras que, en buena teoría, registran resultados abrumadores en diferentes campos.  Una modelo famélica ha sido la cara amable de esa campaña de posicionamiento de imagen, que ya lleva casi dos años, cuya financiación corre por cuenta del presupuesto nacional.

Ante semejante campaña, los medios están felices por la inversión gubernamental, y como no quieren dañar el contrato, se rinden a los pies de cualquier funcionario nacional. Y tampoco se puede esperar que el contenido “informativo” se oponga a la propaganda, pues así como ocurrió con "La Hora de la Verdad" y El Colombiano,  de golpe se pierde la entrada fija; y jugosa por transmitirse en horario triple A.

Que El Tiempo y Noticias Caracol se hayan prestado para difundir las elucubraciones de Juan Manuel Santos, no es de extrañar.  Pero que todos al unísono hayan repetido la misma falacia, genera una enorme angustia por cuenta de la desinformación en la que incurren los medios colombianos. 

La semana pasada, el presidente de la República sostuvo que "todas las mediciones sobre noticias negativas del país en el exterior ¿saben de donde provienen?, de las FARC y del presidente Uribe". Y la mayoría se quedó con esa patraña, sin buscar el informe contratado por la Presidencia de la República, ni ver los pormenores de todas las supuestas mediciones que, para empezar, se reducen solo a una.

Como lo informó Ricardo Galán en su Libreta de apuntes, Santos manipuló los resultados del análisis, hasta distorsionar por completo la verdad, cuidándose de contextualizar el resultado. Ciertamente, la empresa Global News Intelligence realizó un estudio que presentó bajo un título sugestivo: Álvaro Uribe, un duro crítico del gobierno en prensa internacional.

En la reseña, la empresa señala que tomó la información de 220 medios impresos de 43 países y 30 agencias de noticias, con más de 65 mil declaraciones por contenido, tema, tono y fuente.

Ante las declaraciones de Santos, Global News Intelligence especificó los detalles de los resultados y señaló que la cobertura que recibe el gobierno en la prensa internacional es positiva en un 24,4 %, informativa en un 31 %, balanceada (posiciones positivas y negativas) en un 40,8 % y negativa en un 3,7 %.  Así mismo, dice GNI, “el volumen total de declaraciones críticas del gobierno en prensa internacional es bajo y corresponde a un promedio de 3,9% del total de declaraciones”.

Parece que la pereza de leer, o eso de darle un vistazo superficial a los reportes que cuestan millones de pesos, es un mal generalizado en los delfines del liberalismo, pues de ese mal padecen Simón Gaviria y Juan Manuel Santos.  Pero más irresponsable aún es salir ante los medios, con gesto compungido, a lamentarse en apariencia por el “gran daño” que Uribe y sus declaraciones le hacen al país, cuando la realidad del reporte indica que las menciones sobre Colombia son, en su gran mayoría, positivas o neutras.

Si el total de declaraciones contra el gobierno se ubica en 3,9 %, esto quiere decir que Santos mintió al ocultar la información y generalizar, de manera chambona, para ajustar el dato a sus propios intereses. Es más: el comunicado sostiene que la fuente crítica del gobierno, y la más activa, son las FARC con 394 declaraciones, seguidas de Uribe Vélez con 263 apariciones.

De otro lado, al analizar los resultados que divulga Global News Intelligence, y contrastarlo con las declaraciones de Juan Manuel Santos y de su canciller, María Ángela Holguín, la situación genera, además de la indignación por la falsedad, una gran preocupación sobre la verdadera capacidad del gobierno nacional. 

El 3 de julio la canciller dijo: “cuando nos mostraron los resultados causó mucha curiosidad que de las noticias negativas de Colombia en el exterior, cerca del 40 por ciento se han generado por declaraciones del presidente Uribe, sus declaraciones sobre el tema de conflicto y el tema de la paz”, y agregó que “le parece muy triste que “seamos los colombianos los que mostremos una mala imagen del país al exterior, más con toda esta política de apertura y TLCs cuando la gente lee las noticias de una persona que tiene tanta credibilidad como el expresidente Uribe”.

Sin embargo, según las cuentas alegres del gobierno nacional, resulta que 263 declaraciones de Uribe Vélez tienen mayor impacto que las 8719 apariciones de Juan Manuel Santos. Esto significaría que el poder mediático de Uribe, y sobre todo su credibilidad internacional es tan alta, que el expresidente, con solo el 2,9 % de apariciones críticas contra el gobierno, neutraliza el 97,1% de las publicaciones positivas que genera el propio Juan Manuel Santos. 

Así las cosas, y siguiendo con la idea de la canciller de que criticar al gobierno es difundir una mala imagen del país en el exterior, tendríamos entonces una crisis monumental, pues sencillamente a Santos no le cree nadie, a juzgar por la dimensión del impacto que les atribuyen a los “trinos” de Uribe, y el ex presidente cuenta con una credibilidad más que desproporcionada.

Tanto las declaraciones lacrimosas de Juan Manuel Santos, como las de María Ángela Holguín, pretenden convertirse en cortinas de humo para ocultar la ineptitud gubernamental: ¿Será que la atrocidad de premiar a los criminales altruistas con indultos y elegibilidad habla bien de Colombia en el exterior? ¿Será que los industriales, que alzan su voz para exigir inversión en infraestructura, están conspirando contra la imagen del país? ¿Acaso una reforma política disfrazada de reforma a la justicia, defendida y promovida por el propio gobierno, y aparentemente neutralizada por la indignación que produjo, es una noticia sacada del cubilete por los malquerientes de Santos?

Mala jugada, pues si el gobierno nacional carece de credibilidad –como afirman sus voceros–, la cortina de humo solo alcanzará para ambientar, como en una escena de terror, el lúgubre ambiente del retorno al Estado fallido al que nos condujeron los asesores principales de Santos, los expresidentes Ernesto Samper y Andrés Pastrana.

Más allá de los infundios del gobierno Santos para tratar de justificar la creciente ola de impopularidad, lo cierto es que la única y primordial fuente de noticias negativas es la Casa de Nariño y su inquilino, el líder del que la historia describirá como el gobierno del desastre.


AL CIERRE: El lanzamiento del Frente Contra el Terrorismo sacudió a los apaciguadores nacionales. El presidente Santos dijo que la lucha contra el terrorismo no puede ser bandera política, exhibiendo una ignorancia pavorosa –y muy conveniente para su proyecto de “paz”– en la que desconoce que es justamente desde el terreno político desde donde se hace frente al terrorismo.

De hecho, si el terrorismo busca disuadir a la población mediante la intimidación, para que acepte las banderas políticas que le interesan, es el ámbito político –primordialmente– el escenario para confrontar al monstruo. Pero los odios y la mezquindad, además de los intereses comunes y las abiertas simpatías con los terroristas; son murallas que se erigen en contra de una propuesta que debería acogerse de forma unánime por todos los colombianos.

Resulta claro que el Frente Contra el Terrorismo se convierte en una fórmula de oposición contra al apaciguamiento y el entreguismo promovidos por el gobierno de turno, por lo que termina siendo una amenaza para el unanimismo claudicante que quiere deponer las armas y la libertad ante las FARC, el ELN y sus mandamases vestidos de civil. ¿Acaso un gobierno mínimamente decente, con algo de moral y con una pequeña dosis de legitimidad, no debería respaldar con entusiasmo, una iniciativa democrática que promueve el acuerdo sobre un tema fundamental como el rechazo al terrorismo?

Santos, el gran desastre

Por Jaime Restrepo Vásquez

Parece que la ineptitud es heredable y se incrusta hasta lo más profundo de la genética de algunas familias. Así pasa con algunos miembros del clan Santos. Durante la campaña a la presidencia, Juan Manuel Santos citaba con frecuencia a su tío-abuelo, Eduardo Santos, mostrándolo como uno de los más grandes estadistas en la historia nacional.

Sin embargo, al revisar la gestión de Eduardo Santos, lo primero que se destaca es la descripción que hace la historia de su gobierno: la gran pausa. Después del vertiginoso gobierno de López Pumarejo, llegó Santos a dirigir los destinos de la nación y los resultados de su gestión fueron menos que modestos. Llama la atención, sin embargo, una “obra” de su mandato: la demolición de la iglesia de Santo Domingo, lo que terminó siendo una gran pérdida para el patrimonio arquitectónico de Bogotá.

Más de medio siglo después, otro Santos lidera un gran proceso de demolición, ya no de una iglesia taciturna en el centro de Bogotá, sino de todo un país.  De hecho, son impredecibles las consecuencias del desastre ocasionado por la reforma a la justicia, acompañada hasta el último minuto por el gobierno, con fe de erratas y todo.

De hecho, la demolición de la reforma  se hizo con la picardía tramposa del tahúr empedernido, además sin necesidad alguna, dicen los constitucionalistas, pues el presidente tenía a su alcance el artículo 213 de la Constitución, que le servía para conjurar la tragedia que él y sus compinches impulsaron con entusiasmo. 

Pero Juan Manuel Santos tenía que ser fanfarrón y hacer las cosas por el camino más difícil e inconstitucional, sacar al oportunista que lleva dentro, y al ignorante en materia legal y al que no se sabe rodear; para tratar de obtener provecho propagandístico de la debacle. De paso, con su accionar, Santos demostró que desconoce el día a día del país por estar pendiente de viajes y honores y no de hacer lo que tiene que hacer, es decir gobernar. 

Es que en poco menos de dos años, Colombia pasó del estilo de gobierno detallado e inmiscuido en todo, a un mandato acéfalo, distante y aislado de la realidad nacional.

Ahora el país vive una de las más graves crisis de las últimas décadas, pues el hundimiento de la reforma a la justicia es solo el inicio de un desmoronamiento institucional de incalculables dimensiones, que de seguro traerá una avalancha de demandas, denuncias, desfile de congresistas por las altas cortes, rupturas políticas y varios avivatos pescando en río revuelto, promoviendo un referendo absurdo que incluye la legalización constitucional del narcotráfico y hasta la prohibición de las corridas de toros.

Lo que pocos dicen en voz alta es que, aunque el Congreso haya hundido la reforma, eso no significa nada, hasta que la Corte Constitucional no decida sobre el particular y el Consejo de Estado no dictamine que el procedimiento para hundir la reforma fue legítimo. ¿Cómo percibirán semejante situación los inversionistas de sectores distintos al energético? 

Por estar de aeropuerto en aeropuerto, Juan Manuel Santos no cumplió con sus deberes, confió plenamente en los recomendados del otro monumental desastre, Ernesto Samper, y ahora se le vino el mundo encima: las encuestas ya no van en descenso sino en barrena, mientras un alto porcentaje de ciudadanos manifiesta una creciente percepción de inseguridad que podría traducirse en un rechazo a las negociaciones que viene adelantando Santos con las FARC.

Es que después de la aprobación del Marco para la impunidad, se han registrado más de una docena de atentados terroristas por parte de las FARC, quienes han asesinado niños y mujeres en embarazo y han revivido la voladura de torres y oleoductos, todo en aras de la “justicia social” y de la “paz negociada”.

Y claro: la relección, tan apetecida por Juan Manuel Santos, está cada vez más embolatada, no solo por cuenta de las trampas para aceitar a los poderes legislativo y judicial a través de una supuesta reforma a la justicia; sino también por el cúmulo de deficiencias en la gestión.

Y todavía falta la llegada de El Niño (¿será que también lo maldice ante los medios?), para cuyo manejo seguramente buscará la asesoría de César Gaviria y del jefe del clan Nule, con gran experiencia en racionamientos, barcazas y cambios de horario; y el inevitable golpe que sufrirá la economía por cuenta de la crisis europea.

Viendo las cosas en perspectiva, por lo menos lo de Eduardo fue una gran pausa y no un gran desastre como lo ha sido el desgobierno de su sobrino-nieto, Juan Manuel.

AL CIERRE: Si en Colombia llueve, en Bogotá no escampa. El pasado 9 de mayo, Víctor Raúl Ayalde se posesionó como director administrativo de la Caja de Vivienda Popular. Ayalde está condenado y es prófugo de la justicia, por el delito de enriquecimiento ilícito. Ahora dirán que, al mejor estilo de Simón Gaviria, los funcionarios del Distrito, empezando por el twitteralcalde, no saben leer o lo hacen por encimita, cuando se trata del Certificado de antecedentes judiciales de Policía, que señalaba que Ayalde tenía orden de captura vigente, y tampoco se inmutaron al leer la anotación de inhabilidad penal que registraba el Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría… menos mal que Petro es el adalid de la lucha contra la corrupción, pues de lo contrario, ¿a qué clase de ratones pondría a cuidar el queso? 

De la impunidad a la inmunidad

Por Jaime Restrepo Vásquez.

Lanzaron la Ley de tierras, destinada a favorecer los intereses de diversas ONG, políticos y medios empecinados en fortalecer la maquinaria de los “pacifistas”; y no pasó nada. Al mismo tiempo, promulgaron la Ley de víctimas, con la que se han reparado incluso homicidios pasionales –conozco un caso en Medellín–  y tampoco pasó nada.

Ante el silencio y la complicidad de los miles de ciudadanos, “pacifistas” y “guerreristas”, se abrió el apetito del gobierno y finalmente logró impulsar el Marco jurídico para la paz.  Tampoco pasó nada, más allá de las celebraciones de los que tienen claro que ese es el camino expedito para la impunidad y elegibilidad de los terroristas… apenas se oyeron tibias protestas que finalmente se resignaron a la claudicación que representa el engendro.

Hasta ahí, todo iba bien. A la larga, todas eran medidas que beneficiaban principalmente a los sectores afines al terrorismo y perjudicaban a centenares de colombianos desligados de lo que denominan insurgencia, justificada con las falaces causas objetivas del conflicto.

Pero había que ir más allá. Durante dos años, el gobierno se empeñó a fondo en una supuesta reforma a la justicia, aceitando las maquinarias en el Congreso, de tal manera que la enmienda constitucional se ajustara a las pretensiones de Juan Manuel Santos y de sus adláteres.

A última hora todo les salió mal, pues esa reforma beneficiaba jurídicamente a funcionarios y políticos uribistas y eso no lo podían admitir aquellos que una semana antes aplaudían la impunidad y la elegibilidad de los terroristas. Si la reforma hubiese conservado los mecanismos para mantener la persecución política contra el uribismo, seguramente los micos no hubieran generado la reacción airada contra el gobierno Santos y contra los congresistas que conciliaron la reforma.

Por desgracia para Santos y sus muchachos, esos sectores que profesan la religión de la inquina contra el uribismo, al parecer no entendieron los “buenos” propósitos de los micos colgados al Acto Legislativo. De hecho, en el camino propuesto por el actual gobierno, nada resultaba más saludable que una reforma a la justicia que inmunizara, por anticipado, las seguras delaciones y señalamientos que surgirán de la aplicación del Marco legal para la paz.

Por tal razón, se veía con sorpresa a los promotores del terrorismo, rasgándose las vestiduras por una reforma a la justicia que era el siguiente paso que debían tomar, después de la impunidad y la elegibilidad de terroristas que ellos mismos promovieron con entusiasmo.

¿Cómo pretendían que el estamento santista se arriesgara a la venganza judicial de los combatientes de las FARC, que posiblemente se desmovilicen, contra sus jefes y líderes que obran vestidos de civil? Es que la negociación que avanza con los terroristas será siempre un escenario en el que muchos  quedarán insatisfechos y algunos se sentirán defraudados por las condiciones impuestas.

 

De hecho, los palurdos rasos y muchos mandos medios observarán con furia el resultado de la negociación en la cual, los que “combatieron” desde los escritorios y ejecutaron las manipulaciones políticas, recibirán el premio mayor mientras los que dispararon los fusiles, dinamitaron y asesinaron sin piedad, quedarán en la más absoluta indigencia.  Así pasó con el M-19 en su momento y nada indica que no ocurrirá de nuevo.

En ese momento se encenderán los ventiladores y los frustrados comenzarán a contar algunas verdades y unas tantas mentiras. ¿Qué dirá por ejemplo, el “flamante” embajador en el Perú, Luis Eladio Pérez, cuando algún mando medio confirme las relaciones con las FARC que el mismo confesó en su libro?

Por todo lo anterior, la reforma a la justicia era solo una ficha más en el rompecabezas de la negociación con las FARC, pues blindaba a los políticos, empresarios, periodistas y miembros de ONG, entre otros; de las delaciones de combatientes y mandos medios del terrorismo, mostrando que aprendieron la lección de lo ocurrido con las AUC.

Una vez el Acto Legislativo de reforma a la justicia fue una realidad, los hipócritas y faltos de entendimiento salieron a clamar por una contrarreforma que enderezara el entuerto, sin comprender que el motivo de su protesta es solo la consecuencia lógica del abominable Marco jurídico para la paz. Al final, toda la estructura de apoyo político y mediático de las FARC no correrá el riesgo de verse señalada y procesada –así sea por pura apariencia–  por la rabia en el corazón de unos cuantos bultos de carne que, en su momento, fueron útiles para la barbarie… es que en la “paz” santista, lo que saben los del monte será un obstáculo formidable para la consolidación del proyecto autocrático en Colombia.

Por la vía de la contrarreforma, no faltará el oportunismo para lograr la legalización de la droga, el cambio en el modelo económico, la escisión de territorios a favor del ALBA y muchas otras ocurrencias…  Pero el debate no puede surgir de una falacia, ni de la indignación de los eternamente conmovidos, que vociferan contra una reforma que pretendía, únicamente, establecer la salvaguarda natural que requieren los áulicos del terrorismo para avanzar en la negociación con las FARC.

Si quieren una verdadera reforma, la Constituyente es el camino: vamos con todo y emprendamos la construcción de una nueva Constitución en la que, por ejemplo, se elimine el delito político como justificación para el salvajismo.

Es increíble: promovieron el premio a los criminales “altruistas”, pero aparentan molestia por la reforma a la justicia, que es solo la ratificación de la inmunidad que quieren tener los que han respaldado y favorecido los intereses de las FARC, únicamente porque la tal reforma beneficiaría a algunos funcionarios del gobierno Uribe, que están encartados judicialmente. 

Hay que ser claros: si aplaudieron el Marco legal para la paz, el desarrollo natural del engendro, aprendidas las lecciones de experiencias anteriores, era proteger a sus promotores civiles de la venganza, en caso de que algo salga mal, y por lo tanto debería ser respaldada por las hordas de indignados que no han captado la fina estrategia diseñada por el más relevante sobreviviente del Cartel de Cali, que maneja a su antojo el poder judicial colombiano.

AL CIERRE: Renunció el ministro de Justicia por el fracaso de la Reforma. ¿Y por qué no renuncia también Germán Vargas Lleras, cuyos dos principales escuderos en el Congreso, Germán Varón Cotrino y Juan Carlos Restrepo, fueron parte de la comisión de conciliación del adefesio?  ¿Acaso la presencia y bendición de Varón y Restrepo no demuestra el beneplácito del gobierno con los micos y demás barbaridades?

El “Marco legal para la paz”: un golpe de Estado

Por Jaime Restrepo Vásquez

“Contrista verdaderamente, señor Coronel, el que en un país que se precia de civilizado y a principios del siglo XX, una turba de asesinos cobardes y miserables, en nombre de un partido que promete garantías públicas, y amparados por el pendón rojo del liberalismo, den para la historia el relato de sucesos tan deplorables”. Fragmento de una carta escrita por Miguel Ángel Osorio, ‘Porfirio Barba Jacob’, el 5 de mayo de 1902. (*)

Solo es cuestión de cambiar la fecha y sumar 110 años, para que las palabras de Osorio se ajusten perfectamente a la realidad nacional. Aflige que un país que es mostrado como civilizado, por los medios de comunicación y por la clase política actual, premie a una turba de criminales cobardes y miserables, y a sus jefes de civil, con la impunidad aprobada el jueves pasado por el Congreso de la República.

Los asesinos de la Guerra de los Mil Días cometían sus tropelías en nombre de un partido que prometía garantías civiles. Los terroristas de hoy difunden el terror con las falsas premisas de defender los derechos humanos y sobre todo, de luchar por la paz, entendida y asumida por gran parte de la sociedad, como la claudicación ante el terror y la recompensa a años de barbarie “altruista”. 

A esto se suma que los jefes terroristas de verdad, que no son los que andan con el barro y el verde de la selva desde los pies hasta la coronilla, aluden las tales garantías civiles como justificación para el golpe de Estado que han perpetrado contra Colombia, con la complicidad de los tres poderes públicos: mientras neutralizaron a las Fuerzas Armadas desde los estrados judiciales, incentivaron la desmoralización de las tropas y desconocieron el mandato popular de las mayorías; las componendas y el apego a dogmas jurídicos del siglo pasado se convirtieron en la excusa perfecta para que el Ejecutivo y el legislativo les otorgara a los criminales altruistas, el premio mayor al salvajismo: el acceso al poder político.

Con el Marco legal para la “paz, los “asesinos épicos” de los que habla Fernando Savater tienen a su alcance el poder por el que las tropas de palurdos asesinaron, secuestraron y torturaron… solo es cuestión de una firma y la rápida expedición de una ley reglamentaria, para que los terroristas exijan la entrega del galardón y materialicen, de una vez por todas, el golpe de Estado que les ayudaron a propinar el jueves pasado en el Congreso de la República.

De hecho, el Marco legal para la "paz" es solo el desarrollo de las gabelas que podían fabricarse a partir del concepto de delito político, utilizado como fachada por el terrorismo.  En un ensayo sobre este tema, Eduardo Posada Carbó recordaba la manía colombiana de premiar a los criminales altruistas y darles una consideración especial, bondadosa y extremadamente generosa.

En el escrito, Posada menciona al ex magistrado y militante de la izquierda Luis Carlos Pérez, quien en 1948 publicó el libro Los delitos políticos: interpretación jurídica del 9 de abril, en el que expuso las raíces intelectuales del adefesio que hoy está más que ratificado en la Constitución nacional.  Decía Pérez que “los delincuentes políticos no serían infractores (…) desde el punto de vista moral, pues sus actos aparecen orientados hacia el porvenir, hacia lo grande y próspero”. (**)

Es imposible dejar de pensar en el silencio que en su momento, guardaron los cómplices de las FARC, cuando se exhortaba al grupo terrorista a acogerse a la Ley de justicia y paz: ¿Por qué callaron? Porque eso de tener limitantes políticas y pagar unos cuantos años de cárcel, era una afrenta para esos “héroes” cuyos actos se orientaban hacia el progresismo.

Los grandes críticos de Justicia y paz hoy exhiben el más grande de los cinismos y aplauden la modificación constitucional que premia el crimen altruista, aferrados a las ideas obsoletas de mediados del siglo pasado.

Mientras tanto,  la horda de leguleyos –magistrados, jueces, periodistas y políticos- que se rasga las vestiduras por cualquier acción en contra de los “asesinos épicos”;  permanece atada a los conceptos anticuados y defienden sin pudor la premisa sostenida por Pérez, según la cual, “el sistema jurídico colombiano se había compenetrado de la doctrina moderna sobre la ausencia de peligro en la intención del infractor político y sobre la necesidad de tratar benignamente el resultado criminoso”.(**)

Con el Marco legal para la paz, no solo el sistema jurídico, sino todos los poderes públicos se han compenetrado con la necesidad de tratar con indulgencia los actos terroristas cometidos por los infractores políticos.

De hecho, los jueces y magistrados demuestran que consideran como verdad absoluta e inamovible, lo que el ex magistrado Pérez concluyó en su libro: “el día en que los jueces persiguiesen con tenacidad incomprensiva a las personas que fracasaron en una rebelión, sería el último de su independencia como miembros de una rama del poder soberano y el primero de una claudicante sumisión a los dictados del Ejecutivo que se pretendieron subvertir”. (**)

¿Por qué será que no sorprende que la obsoleta consigna sea aplicada actualmente por el poder judicial colombiano? Es imposible olvidar al abogado de Iván Moreno, el ex magistrado Jaime Araujo, manifestando que era necesario emprender la desobediencia civil contra Uribe, siguiendo los dictados consignados por Pérez en su libro. ¿Y qué decir del Colectivo de Abogados Alvear Restrepo? Se han constituido en defensores y promotores de la subversión y de la supuesta independencia del poder judicial -favorable, claro está, al terrorismo- que en la práctica es solo la sumisión a los dictados de la izquierda nacional y Latinoamericana.

Sin embargo, lo de Pérez era simplemente la repetición y el ajuste semántico de las posiciones expuestas por Enrico Ferri, quien sostenía que los delincuentes políticos sociales, por las metas altruistas que perseguían, no eran temibles a la sociedad. (**)  Ahora, con el Marco legal para la paz, no solo dejan de ser temibles por obra y gracia del Acto legislativo, sino que los convierten en sujetos tan confiables y bien intencionados, que pueden (y deben, dirán algunos) ser elegidos y regir los destinos del país.

Dice Posada Carbó en su ensayo, que “la sobrevivencia de la noción del delito político es un anacronismo incompatible con los esfuerzos de construir una democracia moderna, más aún si con ella se busca legitimar actos horrendos de violencia extrema”.(**)

Por desgracia para Colombia, no solo sobrevive la anacrónica noción del delito político, sino que se le ha dado un marco constitucional que da al traste con la construcción de una democracia moderna, dejando en la más absoluta impunidad y recompensando los actos horrendos de violencia extrema que han cometido las FARC para servir los intereses y propósitos de sus líderes vestidos de civil.


* Jaramillo Meza, Juan B. Vida de Profirio Barba Jacob. Bogotá, Instituto Colombiano de Cultura, 1972.


** Gaviria, José Obdulio. A Uribe lo que es de Uribe. Bogotá, Editorial Planeta, 2006.