Atrabilioso

Querida Hillary

2008-05-19T00:00:00.001-05:00

Siempre te consideré una mujer extraordinaria y una política sin igual. Desde mi perspectiva, eres la mejor muestra de lo que significa el instinto asesino, descrito maravillosamente por Dan Brown en su libro La Conspiración: fría, astuta, inteligente, tomas decisiones rápidas, posees una memoria selectiva y con tal de alcanzar tus objetivos, pasas por encima de cualquier obstáculo.

Pero debo confesar que me tienes confundido. En esta campaña has cambiado tanto, que ya no se a cuál Hillary creerle: Si a la candidata desesperada, o a la primera dama o simplemente a Hillary Rodham.

Es que la candidata Hillary Clinton critica con vehemencia el NAFTA (Tratado de Libre Comercio de Norteamérica ratificado el 8 de diciembre de 1993) y dice que no estaba de acuerdo con el Tratado en esa época y asegura que expresó su opinión en las reuniones que adelantó la administración de Bill Clinton para evaluar el tema y atraer respaldo legislativo.

Sin embargo, los archivos de la Casa Blanca muestran que Hillary Clinton, como primera dama, estuvo presente en varias reuniones para atraer respaldo legislativo al tratado a principios de la década del 90.

¡Hillary! ¿Me vas a decir que estuviste en esas reuniones oponiéndote al NAFTA? Bien sabes que cada movimiento que hacías, cada palabra que pronunciabas y hasta cada corte de cabello que escogías eran cuidadosamente seguidos y difundidos por la prensa… ¿por qué no hay ningún reporte de tu oposición al NAFTA?

La respuesta a ese interrogante la ofrece Hillary Rodham en el libro Historia Viva, la autobiografía que escribiste hace cinco años con los detalles más interesantes de tu vida. Hillary Rodham, quien parece ser una mujer diferente a la candidata Hillary Clinton, escribe sobre el NAFTA: “La creación de una zona de libre comercio en Estados Unidos –la mayor zona de libre comercio en el mundo- expandiría el área de exportación de nuestro país, impulsaría la creación de empleo y garantizaría que nuestra economía pudiera cosechar los beneficios, y no las cargas, de la globalización”. (1)

Lo anterior, querida Hillary, es una justificación, una defensa contundente al NAFTA y no tiene ningún elemento que permita percibir tu supuesta oposición al Tratado.

Es más: Hillary Rodham, en el mismo libro, se refiere a dos asesores económicos de la administración Clinton, Warren Christopher y Bob Rubin, quienes opinaban que “el libre comercio era esencial para la recuperación económica de la zona y que el NAFTA requería una acción inmediata”. (2)

Sin embargo no hay ninguna referencia en tu propia autobiografía que ofrezca el más leve indicio de tu oposición al NAFTA o una sola frase que muestre algún indicio sobre tu rechazo a la posición de los dos funcionarios que trabajaban para tu esposo el Presidente: no creo que en un documento tan prolijo en detalles, hubieses pasado por alto una posición contraria a William, tu marido… ¿Olvidaste mencionarlo o la candidata decidió hacer uso de su memoria selectiva olvidando su apoyo al Tratado?

Parece que la candidata tampoco quiere recordar que la primera dama sabía que la medida no era popular en su nicho electoral. En el mismo libro escribes: “También sabía que algunos fieles seguidores demócratas creían que la administración los había traicionado debido al apoyo sin ambages al NAFTA…” (3) Pero fíjate lo curioso: no te incluiste en ese grupo de fieles demócratas que se sintieron traicionados… ¿por qué sería?

Me tienes confundido… Cuentas tantas cosas en tu biografía y describes con tantos detalles tu vida, que resulta increíble que no hayas dicho que en esos momentos te opusiste al NAFTA. Tampoco nos cuentas si en Hillaryland, como era conocido el sector en el que tenías prácticamente un gabinete paralelo en la administración de tu esposo, se dieron debates sobre el Tratado ni mucho menos si en ese sector que tú dominabas, mostraste tu enérgica oposición a la idea del entonces Presidente.

Hillary ¿A quién le creo? Yo se que la coherencia en el tiempo no es una de tus virtudes, que pasaste de hacer las prácticas en la Asamblea Republicana de la Cámara de Representantes, precisamente porque eras republicana, a formar parte del grupo investigador del Watergate. Cambiaste de participar en la convención repúblicana que designó a Richard Nixon como candidato de ese partido, a escalar en las convenciones demócratas hasta llegar a ser la esposa del candidato y luego presidente demócrata William Clinton.

No se a quién creerle, no se si la memoria selectiva y esa repentina oposición al libre comercio te pertenecen o solo corresponden a una estrategia de campaña para tratar de lograr la nominación de tu partido. En todo caso, y tu misma lo dijiste, un Tratado de Libre Comercio busca quedarse con los beneficios y no las cargas de la globlalización… ¿Por qué eso era válido en el 93 y no en el año 2008?

Lo único cierto es que tu ambigüedad parece ser fruto de esa característica de los demócratas que mencionas en tu autobiografía: “raramente forman un grupo compacto ni en la mejor de las circunstancias”. (4)

Parece que tu brillante inteligencia y tu astucia han quedado atrapadas en el chiste de Will Rogers: ¿Es usted miembro de algún partido político organizado? No, soy demócrata.

Con respeto y admiración

Jaime Restrepo.

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Citas del libro Historia Viva. Memorias de Hillary Rodham Clinton. Editorial Planeta. Primera edición en Colección Booket, septiembre de 2004.
(1)Pag 277
(2)Pag 276
(3)Pag 375
(4)Pag 231

Computadores de ‘Raúl Reyes’ eran de ‘Raúl Reyes’

2008-05-15T09:35:00.000-05:00

INTERPOL lo confirmó: los archivos y contenidos de los tres computadores incautados en el campamento de ‘Raúl Reyes’ no fueron modificados, ni adulterados ni borrados por las fuerzas del Estado colombiano.

Este es el segundo golpe contra las FARC y sus aliados en poco más de dos meses, pues la certificación de INTERPOL implica una garantía independiente de que las pruebas encontradas en el campamento ecuatoriano no fueron contaminadas. Si el gobierno nacional no hubiese tomado la decisión de pedir la auditoría de los aparatos y de su contenido, seguramente los opositores –y sobre todo los mencionados en los dossier ‘Reyes’- estarían gritando que Uribe y sus “esbirros” manipularon la información para perseguir a sus contradictores políticos.

Otro punto que resulta fundamental es que Ronald Kenneth Noble, Secretario General de INTERPOL aseguró que los aparatos pertenecían a las FARC y específicamente a ‘Raúl Reyes’. Pero ¿cómo puede INTERPOL garantizar que el terrorista era el dueño de los computadores y de las USB? De la misma manera en que en una investigación se puede certificar que una pistola fue disparada por un individuo específico, es decir, con el rigor de la cadena de custodia.

Los asustados implicados y sus cachorritos han señalado que la cadena de custodia de los aparatos de ‘Raúl Reyes’ se rompió y que por eso no servirán en los estrados judiciales. Pero se equivocan. Comencemos por el principio: la cadena de custodia, según la Fiscalía General de la Nación, “es la aplicación de una serie de normas tendientes a asegurar, embalar y proteger cada elemento material probatorio para evitar su destrucción, suplantación o contaminación”.

Esto significa que la cadena de custodia comienza cuando el funcionario embala y rotula el material probatorio en el sitio en el que encuentra la prueba, en este caso concreto los computadores de ‘Raúl Reyes’.

Después del operativo en territorio ecuatoriano, unidades especializadas de la Policía Nacional descendieron en rapel hasta el sitio y cuando encontraron los aparatos los etiquetaron y almacenaron adecuadamente. Igual, si los computadores no hubiesen sido resguardados en maletines especiales sino en simples mochilas de combate, la cadena de custodia sería válida por cuanto lo importante de esas pruebas no era la conservación física de elementos probatorios (ADN, huellas, sangre, etc.) sino la preservación del contenido, por lo cual el medio de transporte resulta irrelevante.

Además el instructivo de la Fiscalía dice lo siguiente: “Para demostrar la autenticidad del material, la cadena de custodia se aplica teniendo en cuenta tanto los factores de identidad, estado original, condiciones de recolección, preservación, embalaje y envío; como los lugares y fechas de permanencia y cambios que cada custodio haga. El nombre y la identificación de todas las personas que hayan estado en contacto con esos elementos quedarán registrados”.

Evidentemente esto también se cumplió, pues las pruebas (los documentos) no fueron contaminados, adulterados o borrados por las autoridades que tenían bajo su custodia los aparatos. Es más: la intervención de INTERPOL encaja perfectamente en el peritaje técnico que se debe adelantar frente a las pruebas, garantizando además que un organismo independiente, del que forman parte más de 180 países, hiciera el respectivo procesamiento técnico de validación de las pruebas. Dice la Fiscalía al respecto:

“Tanto la policía judicial, como los peritos certificarán la cadena de custodia. Tal certificación es la afirmación de que el elemento hallado en el lugar, fecha y hora indicadas en el rótulo es el que fue recolectado por la policía judicial y es el mismo que fue llevado al laboratorio para ser examinado por el perito.”

Hasta aquí la cadena de custodia fue la siguiente: la Policía recaudó, embaló y etiquetó las pruebas. Los custodios viajaron a Bogotá 24 HORAS MÁS TARDE para entregar el material a su comandante, el general Oscar Naranjo. Un día después, ese custodio hizo entrega del material a INTERPOL para que evaluara las pruebas y determinara si fueron o no contaminadas o adulteradas. En este caso INTERPOL obró como laboratorio forense para determinar la pureza de las pruebas. Lo importante es que INTERPOL ha garantizado que en todo ese tiempo, las evidencias contenidas en los aparatos de 'Raúl Reyes' no fueron contaminadas y que los custodios obraron con profesionalismo y rigor.

En las últimas horas INTERPOL entregó la certificación y señaló que cedía la cadena de custodia a la Fiscalía General de la Nación, lo que cierra la fase de validación de las pruebas y abre el proceso de judicialización en el que se evalúa la calidad y los alcances contra aquellos que resulten implicados por las evidencias.

Así las cosas, la falla de la cadena de custodia, que algunos esperanzados señalaban como la debacle del proceso de la farcpolítica, fue una simple ilusión que rápidamente disiparon INTERPOL, la Fiscalía y el profesionalismo de la Policía Nacional, cuyo Director propuso la participación del organismo internacional en la evaluación técnica de los aparatos… los aliados de las FARC se quedaron sin forma de refutar las pruebas que en poco tiempo los llevarán ante la justicia.

Las cifras

37.872 documentos.
Más de 200 mil imágenes.
600 Gigas de información.
7989 correos electrónicos.
983 documentos encriptados.
La información correspondería a 39.5 millones de páginas en formato word.

AL CIERRE: ¿Por qué Chávez y Correa aceptaron sin ningún reparo el peritaje de INTERPOL a los computadores de ‘Raúl Reyes’ y ahora salen a decir que no creen en la certificación?

Por Jaime Restrepo. Director Sistema Atrabilioso.

Los extraditados

2008-05-13T12:29:00.003-05:00

Uribe tomó la decisión: enviar a los Estados Unidos a la cúpula del paramilitarismo para que respondan ante la justicia de ese país por delitos relacionados con el narcotráfico.

¿En qué cambia el panorama con la medida presidencial? Hay varias situaciones que podrían afectarse con la extradición de los altos mandos de las AUC: la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas y el proceso por la parapolítica.

Verdad
Los sectores que dicen representar a las víctimas aseguran que con la decisión de extraditar a los jefes paramilitares, los temas cruciales del proceso judicial contra ellos, concretamente la verdad, la justicia y la reparación, no se podrán cumplir. Sostienen que los extraditados se llevan la verdad a los Estados Unidos y que no repararán a las víctimas. Sin embargo, la mayor preocupación radica en la ubicación de las fosas comunes que es parte esencial de la verdad.

Ciertamente la colaboración de los cabecillas paramilitares con la justicia ha quedado en entredicho y será decisión de cada uno de ellos si colabora o no con la confesión de sus crímenes. Esto resulta especialmente crítico en cuanto a la ubicación de las víctimas pero es importante señalar que la mayoría de fosas han sido encontradas gracias a la información suministrada por mandos medios y combatientes rasos que se han desmovilizado.

Nadie puede imaginarse a ‘Jorge 40’, o a ‘Don Berna’ o a Hernán Giraldo asesinando a sus víctimas, cargándolas y llevándolas a la fosa, ni mucho menos es lógico pensar que esos cabecillas fueran a cavar las tumbas de sus víctimas… esas eran labores de sus subalternos y todos siguen en Colombia, por lo cual, depende de los que siguen acogidos a Justicia y paz que se conozcan esas dolorosas verdades.

Reparación
Uno de los temas más cuestionados es el de la reparación. Sostienen los supuestos defensores de las víctimas que la extradición de los jefes paras impide la reparación, pues ellos no tendrán la posibilidad de entregar sus bienes y delatar a sus testaferros. Sin embargo, ocurre que con ellos aquí o allá el resultado es el mismo si se depende de la confesión de los cabecillas, pues la ley de Justicia y paz es muy laxa con los testaferros de los paras y no existe una motivación legal para que entreguen los bienes.

El trabajo para la justicia será más complejo para detectar las redes de bienes y testaferros de los jefes paramilitares. Pero esa complejidad ya había sido detectada (se sabe que muchos de los procesados no entregaron la mayor parte de sus bienes ni informaron sobre sus redes de testaferros) y la Policía Nacional, en colaboración con la DIAN y otras instituciones del Estado vienen desarrollando un trabajo de filigrana para detectar las propiedades y bienes del narcoparamilitarismo como ha ocurrido después de la extradición de alias ‘Macaco’. Total: con ellos o sin ellos en Colombia, la ubicación de los bienes para reparar a las víctimas dependerá de la acción investigativa de las autoridades y no de lo poco que quisieran contar.

Justicia
Sin embargo el tema más espinoso es el de la justicia: ¿hay justicia para las víctimas si los jefes paras son extraditados y juzgados en Estados Unidos? Muchas víctimas quieren verlos pagando aquí sus crímenes, saberlos en las cárceles colombianas cumpliendo las condenas y sintiendo la vindicación que ofrece la justicia en cualquier parte del mundo.

Pero esto es un componente emocional: los jefes paramilitares no estarán en centros de veraneo (como algunos críticos del gobierno describieron la cárcel de Itagüí), ni pagarán solo ocho años de prisión (lo que tanto criticaron de la ley de Justicia y paz) pues la colaboración más útil para la justicia norteamericana es la delación de los jefes y lo cierto es que los extraditados son la cabeza y no la base de la pirámide jerárquica del narcoparamilitarismo. Ellos podrán hacerse muchas ilusiones, pero lo cierto es que allá tendrán que pagar más de ocho años de cárcel.

Así las cosas, si efectivamente van a pagar una condena en prisiones de máxima seguridad, ¿cuál es la diferencia a favor de los criminales de que la prisión sea colombiana o estadounidense? Ninguna. Pero es evidente que muchas de las víctimas están viendo el proceso con los paramilitares como una venganza implacable contra sus victimarios –algo entendible- que no les permite ver que la extradición no es un premio sino un castigo mucho más fuerte para los criminales. En ningún caso tendrán los privilegios ni las prebendas que podían conseguir en Colombia y eso hace mucho más fuerte el castigo que recibirán en Estados Unidos.

La parapolítica
En medio del escándalo por la parapolítica, y de la cacería de brujas que busca relacionar al Presidente con los paramilitares, la extradición de los jefes de las AUC resulta un desafío para los cazadores.

Aseguran que sin los jefes paramilitares confesando y rindiendo testimonio ante los jueces colombianos, pues no habrá posibilidad de profundizar en las redes políticas y económicas del paramilitarismo.

Pero hay dos factores que determinan justamente lo contrario: algunos cabecillas del narcoparamilitarismo abordaron el avión lanzando rayos y centellas contra el gobierno y la oposición cerrera ha llegado a señalar que Uribe traicionó a sus colegas con la extradición. Pues bien: si eso es cierto, en Estados Unidos los jefes paras cantarán como aves en primavera y obviamente delatarán con rabia a quien los traicionó.

También es importante recordar que muchos de los procesos por la parapolítica se basan en las declaraciones de alias ‘Pitirri’, quien está cómodamente instalado en Canada y ha rendido testimonio ante comisiones de la Fiscalía y de la Corte Suprema de Justicia que se han desplazado a ese país… ¿por qué no podría utilizarse el mismo mecanismo en este caso?

Todo encaja: la colaboración de los jefes paras estaría garantizada por el ánimo de venganza por la supuesta traición y los mecanismos de cooperación judicial con Estados Unidos siguen vigentes y han sido ratificados una y otra vez. Entonces la delación está garantizada y la recibirían las comisiones nombradas y representativas de la Fiscalía y de la Corte Suprema de Justicia, lo que garantizaría que el gobierno no tendría ninguna injerencia en las declaraciones.

Para recordar
¡Quién los entiende! Varias veces el gobierno propuso garantizar en la ley la no extradición de los paramilitares que cumplieran estrictamente con los preceptos de la ley de Justicia y paz.

En ese entonces la oposición puso el grito en el cielo al señalar que Uribe quería beneficiar a sus “socios” con el beneficio de no extraditarlos y aseguraron que no se podía quitar esa amenaza de la mesa.

Ahora, cuando el gobierno Uribe decide extraditarlos, entonces ya no les sirve y les parece inconveniente para la lograr la verdad, la justicia y la reparación. Sin embargo es una posición incoherente si se tiene en cuenta que fueron ellos (la oposición) los que no quisieron cerrar la puerta de la extradición y presionaron tanto que terminaron dejando abierta la posibilidad que hoy es realidad.

Qué no se rasguen mucho las vestiduras, pues el Polo y el partido Liberal son los padres de la extradición de los jefes paramilitares, esa que hoy les parece monstruosa e inconveniente. Si miraran más allá de sus narices, esas agrupaciones habrían permitido incluir la no extradición en la ley de Justicia y paz y no terminarían haciendo el espectáculo patético de ser las plañideras de los extraditados –a nombre de las víctimas ¡claro!- y mostrando la incoherencia política y moral que siempre los ha caracterizado.

De paso olvidaron la experiencia que tenían bloqueando la extradición, como ocurrió en la Asamblea Constituyente ilegítima de 1991… cosas de la memoria.

Habla el Presidente

Algunos jefes desmovilizados habían reincidido en el delito después de su sometimiento a la ley de Justicia y paz.

Otros no cooperaban con información a la justicia.

Todos incumplían al ocultar sus bienes o demorar la entrega para la reparación de las víctimas.

Gobierno debe mantener facultad de postular a los ciudadanos para beneficiarlos con la ley de Justicia y paz.

También debe mantener la facultad de evaluar el cumplimiento de los desmovilizados en cuanto a los compromisos de reparación y verdad.

La verdad que entreguen los desmovilizados debe ser simple y oportuna.

La verdad manipulada no es verdad.

Esa verdad debe ser entregada sin cálculos en el tiempo y sin dilaciones.

Colombia acordó con el gobierno norteamericano que enviará representantes judiciales a los procesos que se adelanten en EE.UU. contra los cabecillas extraditados.

Además, los acuerdos de cooperación con Estados Unidos facilitan el intercambio de pruebas y la práctica de las mismas en ese país, por parte de las autoridades judiciales colombianas.

El Gobierno colombiano acordó con el estadounidense que la riqueza que los extraditados entreguen en los acuerdos que establezcan con los jueces norteamericanos, se destines exclusivamente para la reparación de las víctimas.

Nada se opone a que la reparación moral se haga desde los EE.UU.

Es una advertencia a todos los que se acogen a justicia y paz y un antecedente para futuros procesos.

Policía judicial perseguirá e incautará todos los bienes de los extraditados en Colombia para la extinción de dominio y la reparación a las víctimas.

Pidió a las víctimas evitar que sus voceros se alíen con asesinos para evitar la extradición.

Por Jaime Restrepo. Director Sistema Atrabilioso.

¿Uribe debe renunciar?

2008-05-12T00:00:00.001-05:00

Si hay un discurso que me gusta de Antanas Mockus es el del atajismo, en el que describe la tendencia de los colombianos a tomar atajos para solucionar problemas. Desde la campaña presidencial de 2006, Mockus expuso con todo detalle esa filosofía e incluso señaló que uno de los ejemplos de atajismo era el paramilitarismo.

Ahora Mockus está insistiendo en la renuncia del Presidente por cuenta del escándalo de Yidis Medina, posición en la que coincide con la del cabecilla terrorista alias ‘Iván Márquez’. Esa petición es un atajo en el que pasa por alto la presunción de inocencia: una cosa sería que la plenaria de la Cámara ya hubiera aprobado el juicio contra el Presidente en el Senado y otra muy distinta es que hasta la fecha solo se hayan enviado copias a la Comisión de Acusaciones para que decida si abre o no investigación contra el Mandatario.

El atajo que está tomando Mockus es simple: si a alguien le organizan una estrategia de escándalos y descrédito que incluya los señalamientos judiciales, esa persona debe renunciar porque –aquí va otro atajo de justificación- “cuando el río suena, piedras lleva” y si hay tanto ruido es que seguramente el desacreditado es culpable. Ese atajo de pasar por alto la presunción de inocencia es común en los colombianos, pero es mucho más frecuente en el facilismo de la oposición.

Básicamente lo que están haciendo Mockus e ‘Iván Márquez’ es reconocer su incapacidad para llegar por las vías legales al poder y por eso buscan una trocha que les permita sacar del camino al que consideran su principal obstáculo, sin importar los métodos empleados y la opinión de la nación frente al tema. Pero resulta esclarecedor que las FARC se sumen a la petición de Mockus y de otros columnistas menores, cada uno con sus respectivos intereses políticos y mediáticos: para las FARC derrocar a Uribe sería el mayor triunfo de su historia y los dejaría a pocos pasos del poder.

El segundo atajo que está tomando Antanas es el de adherir a un escándalo e intentar obtener réditos políticos con esa decisión: ante la incapacidad de convencer a las mayorías de las bondades que tendría un gobierno Mockus, recurre al atajo de sumarse a la coral de los escándalos y a lo que está sonando en los medios, para tener alguna vitrina: en Colombia no hay nada que tenga más espacio en la prensa que un opositor al gobierno y si es inteligente y con un discurso aparentemente sosegado, pues mucho mejor.

Pero con el ojo afuera, no hay Santa Lucía que valga: ahora Mockus propone que los ciudadanos y los sectores sociales realicen una gran movilización nacional para rechazar, según él, la actitud del gobierno de tomar "atajos" para garantizar la reelección del presidente Álvaro Uribe, lo que “curiosamente” coincide con los planteamientos del terrorista refugiado en Venezuela.

Pero en eso tampoco hay que recurrir a atajismos: ¿Para qué quedarse en una movilización, cuando se puede convocar una consulta popular que determine si la nación rechaza las causas y consecuencias de la supuesta compra del voto de Yidis Medina y de Teodolindo Avendaño? Es más: como es una acción de democracia primaria, ¿por qué no consultarles de una vez a los ciudadanos, con nombre propio, si quieren que Uribe permanezca 4, 6, o más años más en la presidencia? Y para que el tema resulte interesante, si Uribe pierde ese referendo, que se comprometa a convocar elecciones anticipadas SIN SU PARTICIPACIÓN, por supuesto.

Es que la obstaculización política, la brecha entre los políticos y sus representados, el anhelo de acabar con el terrorismo y la visión regional del conflicto deben ser consideraciones estructurales para la construcción del país y no pueden estar sujetos a los caprichos, apetitos y ambiciones de unos cuantos: si la mayoría de colombianos se pronuncia sobre estos asuntos y determina el futuro de los mismos, esas minorías que creen tener el derecho a decidir por los millones de palurdos, que es como nos ven a más de 44 millones de ciudadanos, no pueden imponer sus posiciones fundamentalistas y sesgadas y deberán someterse a la voluntad del constituyente primario. Si Mockus va a tomar el atajo de apostar por una movilización nacional, pues convirtamos ese atajo en un camino para determinar lo que quiere de verdad la ciudadanía y que no ocurra lo mismo que estaba pasando en el debate del Acto Legislativo para la reelección, en el que el pueblo quería pronunciarse, pero unos cuantos intentaron impedirlo a toda costa.

Es que el tema de Yidis, con todo lo escandaloso que el ex alcalde y los áulicos de las FARC quieran hacerlo aparecer, no es tan simple: es un dilema ético en el que se debe considerar que una gran parte de los colombianos querían pronunciarse (democracia) sobre la reelección del Presidente, como se demostró en las urnas, y las ambiciones de unos cuantos, unidas al autismo de los dirigentes frente a sus electores, eran los obstáculos para satisfacer los deseos de la nación.

En ese orden de ideas, los obstáculos estaban motivados en juegos de poder, pues resulta obvio pensar que personajes como Clara Pinillos y Andrés Pastrana, quienes presionaron por el no, en ningún momento estaban pensando en el bien del país o en sintonizarse con el pueblo para escuchar su voz: ellos querían abrir espacios para sus propias aspiraciones o las de sus grupos y para eso era fundamental impedir a toda costa que los ciudadanos se pronunciaran para decidir si querían o no que Uribe siguiera en la presidencia.

Entonces el asunto Yidis no pasa por la compra de conciencia como falsamente expone la Corte: ella, como en remate, se puso en venta al mejor postor, y no era su conciencia lo que estaba negociando sino el poder clientelista que obtuviera de su decisión. ¿Alguien cree que Yidis Medina pensó por un segundo lo que le convenía al país? Para nada. Ella primero se reunió y firmó con los del no, con foto incluida, a cambio de acomodar a sus clientelas en administraciones locales y luego, si nos atenemos a la decisión de la Corte, se reunió con otros para vender su voto a cambio de ubicar sus clientelas en organismos nacionales. ¿Eso es conciencia? No. Es una transacción de puestos por una decisión que en ningún momento consultó el interés nacional ni mucho menos sus convicciones personales.

Lo anterior es moral y políticamente cuestionable, pero no es un hecho delictivo: Que un político solo atienda sus propios intereses es algo tan frecuente en Colombia que incluso, institucionalmente, no hay ningún mecanismo para que el elector se comunique con su elegido y le pida cuentas. Incluso se podría afirmar que en todas las democracias se dan ese tipo de transacciones, al mejor estilo Pelosi- Bush.

Sin embargo, en ese escenario en el que jurídicamente no se puede deshacer un obstáculo institucional que tradicionalmente ha desatendido los interese del país, ¿qué se debía hacer? De alguna manera se tenían que romper esos obstáculos, pues era importante que la ciudadanía se pronunciara apoyando o rechazando la reelección... ¿Acaso impedir el pronunciamiento del pueblo no es un atentado contra la democracia y sus instituciones?

Es que el Congreso de la República es un tétrico escenario de vanidades y ambiciones en donde lo importante es la tajada que se saque y no el bienestar que el congresista pueda llevar a los que representa. Esto no nació con Uribe ni morirá después de su mandato. Sin embargo, en un país que ha rectificado el rumbo en muchos aspectos, que por primera vez pudo ver que el terrorismo era atacable y que el Estado podía debilitarlo ostensiblemente, que después de muchos años pudo sentirse nuevamente atractivo para la inversión, el retirar el obstáculo era fundamental para fortalecer las políticas que habían dado resultado y sacar del escenario, así fuera temporalmente, a los que siempre frenaron las decisiones estructurales para el país.

No nos engañemos: no era solo el nombre de un individuo el que estaba en juego, sino el avance que había conseguido el país con mucho sacrificio… ¿era ético tirar por la borda lo andado, por cuenta de los intereses personalistas y retardatarios de los opositores que han ejecutado las mismas prácticas que ahora los hace rasgarse las vestiduras, cuando han ostentado el poder local?

Si el Congreso estuviera sintonizado con la ciudadanía, las mayorías habrían agilizado el trámite de la reelección y la oposición hubiese representado (como lo hizo) a las minorías que no querían a Uribe durante cuatro años más.

Así las cosas el delito más grave, ese que evita escudriñar Mockus, está en la incomunicación y en la ausencia de representación por parte de los congresistas y no en buscar soluciones para satisfacer la voz de la mayoría.

¡Qué lástima! Mockus está demostrando que es incoherente con su filosofía anti-atajismo e incluso que las tentaciones no son en blanco y negro, sino que tienen matices que se deben considerar a la hora de entrar a las filas de la oposición irreflexiva.

Por Jaime Restrepo. Director Sistema Atrabilioso.

La coyuntura

2008-05-09T00:00:00.000-05:00

Si bien el incremento del consumo de bienes y servicios es expresión de bienestar y motor de la economía, también es el causante de la inflación: uno de los fenómenos más temido por los economistas.

La inflación representa todo lo malo de una economía: pérdida de poder adquisitivo de la moneda, y en consecuencia de los salarios y pensiones que se mantienen fijos durante todo el año; pérdida de la rentabilidad del sector financiero, cuando los créditos se pactan a tasas fijas, o quiebra de los deudores cuando son a tasa variable; desconfianza, especulación comercial, y pérdida de competitividad, entre otros.

Contrario a la inflación, la revaluación (o devaluación del dólar) representa lo bueno, al menos para los consumidores: fortalece el poder adquisitivo del peso y hace más asequible los bienes y servicios.

Si no fuera por las políticas restrictivas del comercio internacional los efectos se compensarían: es decir, si todos los bienes y servicios fueran importados –un hipotético imposible e indeseable- la revaluación produciría el efecto contrario al de la inflación, y de no ser por su impacto sobre el empleo, incrementaría el bienestar.

Si sumamos los dos fenómenos -ya que se están presentando en simultaneidad- se observa que mientras las importaciones se abaratan (electrodomésticos, automotores y tecnología en general) nuestros bienes y servicios se encarecen y pierden competitividad, no solo en el mercado domestico, también en el exterior.

El Banco de la República, con sus instrumentos típicamente monetarios, no sólo no logra detener la inflación y le pone un freno al crecimiento económico y a la generación de empleo, sino que estimula el ingreso de dólares y la revaluación con el diferencial de tasas.

Los instrumentos, pues, no son del banco central -las tasas o las intervenciones del mercado cambiario- sino gubernamentales: los aranceles.
En estos tiempos y para estos países, el mejor regulador de ambos fenómenos (inflación y revaluación) es la importación no solo de bienes de capital, sino de todos aquellos de consumo cuyos precios se disparen.

Si el objetivo es mantener o mejorar el poder adquisitivo de los colombianos sin destruir empleo ni competitividad, se tendrá que actuar de manera decisiva sobre las importaciones para balancear la oferta y la demanda, y enviar señales de precios internacionales a nuestros productores. Cambió el paradigma y los economistas incrustados en la burocracia central no lo han notado.

Sólo estimulando las importaciones mediante la eliminación de aranceles, en unos casos, y mediante la eliminación de barreras que permita el ingreso de nuevos competidores, en otros; y facilitando mediante normas y acuerdos entre países el crédito individual en el exterior -en el caso de los créditos bancarios- se podría neutralizar los altibajos de la economía. En resumen, con la aprobación del TLC.

De lo contrario, la inflación seguirá, y sus efectos sobre los créditos hipotecarios pactados en UVR terminarán reproduciendo la crisis del UPAC y quebrando a los deudores. Y el incremento de las tasas del Banco de la República, frenando el empuje de la construcción, destruyendo empleo, y quebrando a la Nación por cuenta de los subsidios a los exportadores, culpa de la revaluación.

Por Miguel Yances Peña. Columnista de El Universal de Cartagena.
myances@msn.com

El monstruo de Anstetten y el “mal de vereda”

2008-05-07T00:00:00.002-05:00

Una vez escribí una entrada en mi antiguo blog basada en esa imagen de la percepción del mundo que tendría una víctima del incesto. Me refería a la llamada acción de tutela y a la forma en que se aplica en Colombia ese recurso de amparo (que existe en muchos sitios, pero no saltando por encima de la jerarquía judicial ni menos con la posibilidad de anular las leyes y los contratos invocando “derechos fundamentales”). Esa endemia jurídica explica en gran medida al país: como las leyes no se pueden aplicar ni los contratos respetar porque los poderosos no van a someterse a ninguna norma, se inventan una figura mediante la cual se anulan leyes y contratos y se hace lo que los amos quieran. Pero el embeleco no carece de ingenio: los dueños del Estado resultan reclamándole al Estado aquello que les dé la gana, siendo que “el Estado” es por definición dueño de las riquezas del subsuelo y tiene un derecho que nadie cuestiona a la exacción. El hecho de que “el Estado” (la organización de la dominación, según la definición de Lenin) despoje a la gente de los bienes que en otras sociedades les corresponderían (los del subsuelo y la exacción) se presenta como ¡un derecho a reclamarle al Estado! Y como nadie ha encontrado el remedio contra la muerte, la posibilidad de reclamar en nombre del derecho fundamental a la vida es infinita: depende de lo cerca que se esté de la cúpula judicial. Bueno, le puede reclamar al Estado (es decir, con cargo a los recursos comunes) quien es por definición usufructuario del Estado, las personas educadas y bien situadas, como en esta historia. Los pobres y analfabetos tienen todavía más derechos, pero sus tutelas no llegan ni a ser redactadas.

”Mal de vereda”
Ahora es de rabiosa actualidad la historia del jubilado austriaco que durante 24 años mantuvo encerrada a su hija, con la que tuvo siete hijos: ¿cómo se imaginaría esa mujer la vida de los demás? Para mí lo relacionado con la acción de tutela describe a una sociedad dañada, un lugar que no está muy lejos del sótano en que se pudría esa mujer con sus hijos, pero ¿no confirman esa percepción los recientes episodios de la conjura de los jueces para tratar de destruir al gobierno? El motivo de este artículo es sólo el apremio de gritar a los cuatro vientos: No, el mundo de fuera no es así, el aire corre y la gente se desplaza libremente. Pero, ¡figúrense!, eso no gusta, eso parece enfermizo y sesgado. Un bloguero que firma como Lanark describe esa tendencia a ver el propio país con una mirada demasiado desaprobadora como “mal de vereda”. A mí me interesa mucho el tema, objeto de una reciente discusión en el blog de Alejandro Gaviria.

Creer y pensar
Ortega y Gasset decía que no se debía confundir lo que alguien piensa con aquello en lo que cree, pensando se puede ser muy exuberante y los pensamientos pueden conducir a conclusiones distintas cada vez, mientras que aquello en lo que se cree es como el suelo en que crece la propia vida. Un estudiante puede aprender que el Homo sapiens y el Canis canis son mamíferos que comparten casi todo su genoma, ambos muy distintos de lo que es una mosca, por ejemplo. Pero si ese estudiante ha crecido en una familia colombiana típica, lo más seguro es que de todos modos sienta más la diferencia hombre/animal, de modo que el perro cae en la misma categoría de la mosca. Lo primero es lo que se piensa; lo segundo, aquello en lo que se cree. Digo todo esto porque es imposible hurgar en las ideas de un colombiano sin encontrar el creacionismo, la certeza transmitida por la tradición de que el mundo que conocemos fue creado por un ser superior y no es el producto de una tortuosa evolución. ¿Qué tendrá eso que ver con lo dañado de la sociedad colombiana? Fácil: la idea de que en los demás países también hay todo lo que se reprocha a la sociedad colombiana supone desconocer la excepcionalidad de lo humano: la existencia de la vida es el resultado de una situación excepcional, para que se llegara a los mamíferos pasaron miles de cosas extraordinarias y muchos millones de años, para que llegara nuestra especie y la palabra y la organización social casi que habría que pensar en una serie larguísima de milagros. En la mente del creacionista todo existe porque sí.

Complejo de inferioridad
Es decir, el que se empezara a hablar ocurrió en una circunstancia extraordinaria y puede que los hombres que lo vivieron ya fueran extraordinarios respecto de lo que era la especie hasta entonces. Y lo mismo se podría decir de todos los logros que disfruta la especie: son la obra de personas concretas, no un don de la Providencia. Pero al pensar en todos esos logros siempre se llega al desagradable descubrimiento de que eran y son el fruto de las vidas de las gentes de otras sociedades. Las nuestras como mucho han inventado la acción de tutela y algún tormento especialmente repugnante. ¡Como todas las sociedades son iguales porque en todas partes hay de todo, el pensamiento que dio lugar a la ciencia lo comparten todos los pueblos: es un don divino! Y a fe que quienes así piensan tienen algo de razón: ¿no hay filósofos en todas partes? La cuestión resulta especialmente halagadora para los colombianos de las clases altas, siendo que da lo mismo la Atenas del Siglo de Pericles que la Tenaz sudamericana, William Ospina bajito bajito resulta como un Aristófanes y Felipe Zuleta ya puede irse comparando con Simónides o con cualquiera de los que andaban de tertulia con Sócrates. Bueno, por mi experiencia, la intensidad con que acometen a la gente esa clase de pensamientos es inversamente proporcional al nivel de desarrollo de sus sociedades: un español acostumbrado a leer está más dispuesto que un colombiano a aceptar que el nivel filosófico o musical de Alemania en los últimos siglos era superior al de su país, pero hasta un colombiano resulta de lo más modesto y ecuánime si se compara su actitud con la de un hondureño, el cual aun es comedido si se lo compara con un ecuatoguineano.

Acostumbramiento
Pero fuera de ese halago siempre se va a lo mismo: en La rebelión de las masas Ortega aludía al hombre típico del siglo XX llamándolo “hombre masa” y le atribuía la creencia de que todos los logros de la ciencia, que una minoría ínfima en ciertos sitios y momentos había alcanzado, le pertenecían por el hecho de haber nacido en esa época. En las sociedades de Latinoamérica, tan estériles y brutales, eso se lleva a la caricatura: la principal enseñanza de las universidades es que la culpa de que haya ciudadanos que no poseen ciertos bienes es de quienes los inventan y producen, siempre de otras partes. El latinoamericano no tiene que pensar en inventar ni en producir nada sino sólo en protestar en caso de no tener lo que desearía. El mero registro de esa particularidad cultural se vuelve a ojos de los joviales “mal de vereda”. Yo podría hacer un inventario exhaustivo de todas las cosas que he oído decir a colombianos exhibiendo ese patético complejo de inferioridad, que se manifiesta en la típica reacción de convertir a Diomedes Díaz en la competencia local de Mahler y a los juicios arrogantes de los supuestos entendidos en puro afán de exclusión. No es que el hombre colombiano esté condenado a estar muy por debajo de los de las demás sociedades, es que lo estará mientras se construya un sótano moral en el que reduce al resto del mundo a su nivel. La negación del carácter bárbaro de nuestras sociedades sólo refleja el cómodo acostumbramiento autohalagador, y a la postre resulta una manifestación más honda de barbarie que los mismos hechos atroces.

Todas las familias felices
Es famosa la frase de Anna Karenina según la cual “Las familias felices son todas iguales; las familias infelices lo son cada una a su manera”. Lo mismo se podía decir de las clases sociales en las distintas naciones, el “pueblo” es muy parecido en todas partes, los Prominenten lo son de forma muy peculiar. Cuando Octavio Paz alude a la destrucción de la sociedad azteca por los conquistadores españoles sobre todo se ocupa del exterminio de sus clases altas. Cuando se atribuyen rasgos de deformidad moral a la sociedad colombiana la gente automáticamente piensa en los guerrilleros o en los paramilitares o en los delincuentes o en los niños de la calle. Pero basta con las clases altas para explicarlo, basta con, como decía arriba, el hecho de que disfruten de la plenitud de sus títulos de filósofos, filólogos e historiadores en ardua competencia con los británicos del siglo XX para ver que la sociedad está lo que se dice lejos de cualquier desarrollo. En la misma semana en que Alejandro Gaviria publicó en su blog una entrada titulada Una sociedad dañada unos estudiantes en Neiva quemaron a unos policías, fenómeno que no mereció ningún escrito de opinión de la prensa ni ninguna entrada preocupada en ningún blog ni ningún comentario en el blog mencionado. ¿Qué culpa tienen los filósofos y economistas de que por allá en Neiva pase eso? Ellos están tratando de descifrar a Rawls como sus padres lo hacían con Derrida y sus abuelos con Sartre. ¡No faltaría más sino que les digan que son menos que Goethe porque pase eso en una universidad de provincia!

El maldito “narcotráfico”
Esa reacción conformista y autoindulgente de las clases altas tiene muchos formatos, el más característico es la atribución de todos los problemas graves al tráfico de drogas, ¡fenómeno tan narcótico que ya hasta hace olvidar que la cocaína es un estimulante! Claro que mucho antes de que fuera importante la exportación de drogas Colombia era conocida por ser el país de los gamines, fenómeno que bastaría para explicar los rasgos predominantes de la sociedad, aun de la actual. ¿Por qué había gamines? Porque había seductores desaprensivos y padres que lavaban su honra exhibiendo una crueldad sin límites con sus hijas embarazadas (y que en la mayoría de los casos eran también seductores desaprensivos con unos cuantos años más). Pero ¿qué clase de gente son los seductores desaprensivos? Todo lo que dio lugar durante tantas décadas a eso resulta tedioso a los colombianos encumbrados, que no quieren verse bajados del podio que comparten con sus colegas de otras épocas y países.

Amenazas y muertes
El caso de los policías quemados es sólo un ejemplo: repito, no se puede juzgar a una sociedad porque eso ocurra, ni siquiera porque ocurra frecuentemente, lo terrible, lo estremecedor, lo que anuncia muchos más horrores es esto: es como si no ocurriera, cientos de miles de colombianos han sido asesinados y la reacción de los poderosos casi siempre es sacar algún provecho de esos crímenes, mientras que el hecho de que cualquier energúmeno entre a un cibercafé y amenace a un periodista famoso da lugar a decenas de editoriales y columnas en la prensa (ayer mismo). Pero ¿y qué? Nadie va a tener que aceptar que porque eso pase el país es un muladar, sólo que nadie lo registra y el hecho de registrarlo llena de perplejidad a los colombianos acomodados, joviales y aplomados.

Eso no ocurre en otros países, y mientras siga ocurriendo, mientras la gente esté tan dispuesta a secundar campañas de calumnias repugnantes como las que ha emprendido la llamada Corte Suprema de Justicia para tratar de calumniar al presidente o todas las mentiras evidentes relacionadas con esa campaña (como la denuncia de Rocío Arias, las declaraciones de Villalba, la entusiasta autoinculpación de Yidis Medina, las peticiones de renuncia de Mockus y muchos más fenómenos), mientras los demás escondan la cabeza para ver sólo sus propios títulos y dignidades, la sociedad colombiana será respecto de la especie sólo un caso terrible de retroceso y degradación: un sótano en el que unos depravados hacen de las suyas y nadie les dice nada.

Por Jaime Ruiz. Columnista del Sistema Atrabilioso.

No ha pasado nada

2008-05-05T00:00:00.001-05:00

Miles de muertos, bombas, terror y guerra fueron la antesala para doblegar a la sociedad colombiana que finalmente aceptó la no extradición de ciudadanos colombianos a los Estados Unidos.

Ante el terrorismo desbordado como fórmula de chantaje, Escobar envió un comunicado a El Tiempo en 1990: “Debe impulsarse una Asamblea Constituyente que reforme la Constitución y elimine la extradición de plano”… Finalmente la Constituyente se realizó y su resultado, la Constitución de 1991, incluyó la no extradición.

Se sabe que fueron en total 27 los constituyentes que recibieron del cartel de Medellín entre 50 mil y 100 mil dólares por cabeza. En la lista figuraban entre otros Marco Antonio Chalita, del M-19 y Francisco Rojas Birry, actual Personero de Bogotá por el Polo Democrático Alternativo. Pablo Escobar invirtió cinco millones de dólares para comprar a los constituyentes y conseguir la prohibición de la extradición… y lo logró.

Uno de los apoyos más importantes para sacar adelante la extorsión-soborno que el capo impulsó en la Asamblea Constituyente lo recibió del M-19. Dice alias ‘Popeye’: ”Todos los que recibieron el pago garantizaron que la extradición quedará excluida en la nueva Constitución. El M-19 está atento, apoyando a Pablo Escobar en sus intenciones y además se adelanta y lo expresa públicamente (…): el voto a favor de incluir la no extradición en la nueva Carta Magna”.

De igual forma, el propio presidente César Gaviria estaba enterado de los sobornos, lo mismo que el ex presidente Misael Pastrana, quien se retiró al momento de la votación del artículo que prohibía la extradición.

Era tan fuerte el estruendo de las bombas y carros-bomba, tanto el miedo que sentían los ciudadanos por el secuestro y el terrorismo practicado por Escobar y sus hombres, que la sociedad decidió aceptar el chantaje del terrorista y renunciar a una herramienta que intimida a los peores criminales.

En esa época también fue revocado el Congreso y después de la nueva Constitución fue elegido un nuevo cuerpo legislativo mucho más viciado y cuestionable que el anterior.

Ahora, 17 años después, los puntos de la agenda nacional de muchos sectores políticos son idénticos a los de Escobar y sus hombres: El Polo Democrático Alternativo busca la convocatoria de una Asamblea Constituyente con la supuesta teoría de superar la crisis política colombiana. Pero en el PDA nadie puede explicar por qué la elección de un nuevo Congreso es inconveniente por la presión de los violentos, pero al elegir una Constituyente no se presentaría dicha presión… ¿Es que el poder de intimidación sirve para unas elecciones al Congreso pero no para unas elecciones a una Asamblea Constituyente?

Mientras unos buscan la convocatoria de una Constituyente, otros obstaculizan la extradición con sus decisiones judiciales, supuestamente amparando a las víctimas que al final recibirán lo mismo, pues esos extraditados no llevan en sus equipajes las miles de hectáreas de tierra, o los centenares de cabezas de ganado, o los inmuebles que poseen.

Que esos criminales estén aquí o allá no es importante en una acción judicial de investigación y extinción de dominio. Ciertamente, que permanezcan en Colombia, favorece la mediocridad del aparato judicial, pero la reparación y la verdad no están garantizadas si los criminales siguen en Itagüí o los encierran en Estados Unidos.

Pero la presión es grande para acorralar al país: Los ataques arrecian y como dice Alfredo Rangel, “antes, el narcoterrorismo hacía estallar bombas... ahora hace estallar escándalos”.

La misión es la misma: doblegar a los colombianos para que claudiquemos por la presión de las bombas que a diario hacen explotar y nos aturdan al punto de pensar que al ceder ante las pretensiones totalitarias alcanzaremos el fantasma de la paz.

Atacan a diario, como lo hacía Pablo Escobar, buscan arrodillar al país con el argumento de que todos los caminos del paramilitarismo conducen a Uribe, como lo hizo Escobar, y tienen preparada la solución para que se silencie el terrorismo mediático: Constituyente, no extradición y sacar a Uribe del camino.

¿Vamos a ceder? Yo no. Con el razonamiento que tengo, poco o mucho, no he visto la primera prueba que indique que Uribe es aliado del narcoparamilitarismo. Por el contrario: He visto y leído tantas supuestas pruebas, tantas teorías bien o mal formuladas, tantos intentos de forzar situaciones, comprar testigos y desparramar denuncias contra el Presidente, que todo me ha generado la convicción de que hay una gran conspiración de los nostálgicos de las FARC.

Es una conspiración bien montada pero tan ruidosa que ya muchos sabemos de donde proviene, pues sus protagonistas son los mismos que hace 10 años veían la zona de despeje como algo interesante y necesario… los mismos que hace 5 años consideraban inconveniente el referendo Uribe y hoy, como por arte de magia, ven esas propuestas como la salvación del país.

Los conspiradores son incoherentes y carecen de autoridad moral para hacer señalamientos: Que nadie me venga a decir que Petro tiene autoridad para señalar relaciones de violentos con políticos, cuando él portó armas al cinto y pertenecía, junto con Iván Marino Ospina y Álvaro Fayad, al estado mayor del M-19, movimiento que vendió un servicio especial pagado por Pablo Escobar: La destrucción del Palacio de Justicia.

O Daniel Coronell, el socio de César Villegas quien era tesorero del Cartel de Cali: Al “periodista” le parece algo insignificante que haya sido su socio en la empresa de televisión que hoy dirige.

Y hablan de corrupción por un supuesto cohecho entre Yidis Medina y el gobierno Uribe, cuando fueron ellos, con Ramiro Bejarano y Javier Ayala como presidente de la Comisión Nacional de Televisión, los que armaron una verdadera encerrona contra el Estado para saquear 11 mil millones de pesos del erario público. Hoy Ayala es el flamante director de Canal Capital.

Ni hablar de las altas cortes de justicia. Unos magistrados que aceptan invitaciones y dádivas de un miembro de la mafia siciliana con la excusa de que no sabían que el enlace era un tipo oscuro y con negocios ilícitos, no tiene autoridad moral para impartir justicia y bloquear la extradición, la figura que más temor genera en los criminales y narcotraficantes.

Quieren vender la sensación de un país descuadernado. El desespero de los conspiradores es enorme y ya intentan manipular el tema de los computadores con un argumento absurdo: Que la información no siguió la cadena de custodia. Olvidan esos conspiradores, o mejor lo ocultan a sus incautos lectores, que la cadena de custodia ha sido garantizada desde el momento en que la Policía Nacional asumió el control de los equipos y luego los entregó a Interpol, entidad que hace las veces de policía judicial internacional y que cualquier proceso que adelante esa institución, tiene el sello de la cadena de custodia para las pruebas analizadas.

Solo les quedan 10 días antes del informe oficial de Interpol, aunque ya reportaron lo más importante: Que la información no fue adulterada, cosa que los debe tener aterrados y prestos a incrementar sus ataques terroristas en estas dos semanas que faltan.

Pero ellos no quieren desesperarse solos… quieren que la nación también se aturda con la desesperación y buscar la desestabilización del país de tal manera que lo que viene para ellos sea amortiguado por la incredulidad del público.

Muy pocos se opusieron al chantaje de Escobar. Ojalá esta vez los colombianos no nos dejemos acorralar para aceptar cualquier fórmula con tal de lograr que el terrorismo virtual, político y mediático cese sus acciones.

Por Jaime Restrepo. Director Sistema Atrabilioso.

La estrategia sigue viva

2008-04-25T00:00:00.002-05:00

Llevamos menos de dos semanas de sobresaltos: La seguidilla de escándalos no cesa y los ciudadanos nos hemos convertido en objetivos fundamentales del bombardeo estratégico que están lanzando, no contra el gobierno, sino contra el país.

Sin embargo, dentro de la estrategia, el elemento fundamental era la acusación contra el Presidente de un terrorista condenado. Esa era la chispa que generaría la gran explosión y llevaría al éxito de la estrategia que montaron cuidadosamente después de las primeras luces del contenido de los computadores de ‘Raúl Reyes’.

Todo les estaba saliendo tan bien: La Corte Suprema hacía su trabajo abriendo investigaciones contra políticos cercanos al gobierno, Rocío Arias denunciaba a la presidenta del Congreso por vínculos con paramilitares, las FARC movilizaban a sus esclavos de Tarazá, Daniel Coronell emitía la confesión de una ex parlamentaria, la hija de Jaime Dussán hacía su trabajo en la Fiscalía e impulsaba la orden de captura contra el primo del Presidente y el poder judicial obstaculizaba la extradición de un paramilitar… ¡No podían pedir más!

El plato estaba servido, o como diría un sindicalista de Fecode, solo se necesitaba un leve empujón para que el “régimen” cayera. Y ese último empujón lo darían en los próximos días con las denuncias de Francisco Villalba sobre los nexos del Presidente con los paramilitares… Ese era el puntillazo final al que contribuyeron entusiastas las FARC.

Pero de repente el tiro les salió por la culata: El propio acusado Álvaro Uribe Vélez llamó a Caracol y reveló las denuncias que el paramilitar había lanzado en su contra y contó los detalles del testimonio, algo con lo que no contaban los conspiradores totalitarios.

Esa entrevista concedida por el Presidente les desbarató el plan y los dejó nuevamente en la incertidumbre del contenido de los computadores, pues sin derrocar a Uribe, o en términos más concretos sin obtener la renuncia del Presidente y del Vicepresidente, quedaron otra vez ante el inevitable desenlace judicial que tendrá el desarrollo de los procesos por la farucopolítica.

Sin embargo, la crisis sigue viva y los colombianos no podemos descuidarnos. Todo indica que el momento de una decisión histórica ha llegado y que estamos a punto de definir el futuro que queremos: Ser un país seriamente comprometido con el desarrollo o condenarnos a la tragedia que significa el socialismo del siglo XXI.

No nos podemos llamar a engaños: Las denuncias contra el Presidente siguen vivas y tendrán que ser investigadas, lo mismo que los procesos estilo Robespierre que en muchos casos se adelantan en la Corte Suprema y en la Fiscalía. Tampoco podemos confiarnos, pues las fuerzas totalitarias tienen armadas sus movilizaciones y afinan cada táctica para causar el mayor daño posible.

Ciertamente el Congreso está en una situación sin reversa y la crisis desatada por la persecución pseudopenal y evidentemente política tendrá que desembocar en medidas sumamente fuertes, pero eso será consecuencia del equilibrio que dará el procesamiento que deberán hacer de los políticos vinculados con las FARC.

Muchos son pesimistas con respecto a la difusión y a la agilidad en el procesamiento de las pruebas de la farucopolítica, y ese pesimismo es legítimo si se tiene en cuenta el servilismo de amplios sectores de la prensa colombiana de circulación nacional que trabajan a favor de los totalitarios. Pero eso deberá ser contrarrestado con la difusión ciudadana de los hechos mediante los instrumentos mediáticos alternativos con los que cuenta el país, pues los colombianos y el mundo tendrán que conocer esa otra vergüenza que es la relación de amplios sectores sociales con el terrorismo.

Ese futuro, que para algunos es lejano, está a la vuelta de la esquina y será difícil y costoso, pues si la justicia colombiana se ve a calzas prietas para atender los procesos normales, los de Justicia y paz y los de la parapolítica, la investigación de la farucopolítica podría llevar al colapso del aparato judicial y sobre todo a ofrecer en bandeja de plata las justificaciones para la preclusión de los delitos relacionados con los políticos de las FARC, por simples vencimientos de términos.

Esa es una alerta que se debe encender desde ya, pues el gobierno deberá estar atento en el presupuesto, apoyando la ampliación de la cobertura judicial para que el país no asista más tarde a una nueva frustración y queden impunes los políticos “altruistas”.

Mientras tanto los vecinos hacen lo suyo y tratan por todos los medios de legitimar a las FARC y como será confirmado en los próximos meses, a su brazo político que no solo lo integran el PDA y una parte del liberalismo, sino incluso algunos peones de lo que se conoce como el uribismo.

Qué Uribe haya apagado el cordón detonante no significa que los barriles de pólvora estén vacíos y que los totalitarios hayan cejado en su empeño de hacerlos estallar por los aires… ellos solo sueñan con gobernar sobre un pedestal de osamentas y cadáveres.

Por Jaime Restrepo. Director Sistema Atrabilioso.

Sólo es el caso Tasmania

2008-04-23T00:00:00.003-05:00

Entender lo que pasa en Colombia supone empezar por verlo sin pagar el precio del acostumbramiento, por ejemplo, nada de lo que ha ocurrido en los últimos meses es más grave que el caso Tasmania, pero quien lea la prensa se dará cuenta de que al parecer la sociedad colombiana ya lo digirió y lo olvidó. Y lo que no puede ser es que haya tantos que buscan la forma de desentenderse de lo que pasó o de exculpar a ambas partes: alguien cometió un delito gravísimo, o bien el magistrado Velásquez prometió un trato benévolo a ese paramilitar a cambio de que inculpara al presidente, o bien el gobierno inventó una complicada conjura para calumniar a ese magistrado y hundir el proceso de la parapolítica.

Por eso resultan cómicamente cínicos los escritos que aparecen en la prensa recomendando prudencia y sensatez y equilibrio y justicia y respeto por la institucionalidad a ambas partes. Ya la reacción inmediata de la CSJ en esa ocasión demostró la incapacidad que tiene esa corporación de aplicar las leyes y observar siquiera una apariencia tenue de justicia. Sencillamente declararon que el magistrado y ellos mismos están por encima de la ley y no pueden ser objeto de sospechas o investigaciones. Quien quiera entender qué ocurrió realmente se encontrará siempre con ese muro infranqueable: con la Corte no hay quien se meta. Punto.

Los demás procesos de la parapolítica o relacionados con la conducta de la CSJ confluyen en ese molde y de algún modo son pruebas que servirían para que cualquiera evalúe la verdad sobre el caso. Aparte de los característicos “lobbistas” del Secretariado de las FARC que, como no podía ser menos, publican varios artículos cada día en el único periódico de circulación nacional, todo el mundo reconoce que hay muchos casos de políticos procesados en los que la carga probatoria es forzada y mínima. Casi siempre un testimonio de un ex paramilitar que perfectamente puede estar recibiendo incentivos copiosos y ser aleccionado acerca de sus denuncias. Se abusa de la prisión preventiva contra reos a los que en otras situaciones se habría aplicado, en el peor de los casos, la prisión domiciliaria. Se llega a procesar a la presidenta del Senado después de que la denunciara una señora que antes recibió la visita de Piedad Córdoba, con quien la acusada había discutido en términos fuertes...

Hace falta en fin mucha mala fe para negar que la conducta de la CSJ está llena de animosidad contra el gobierno, pero como era previsible, abundan los exaltados que, a causa de su odio a Uribe y a todo lo que signifique la frustración de sus sueños revolucionarios, niegan ese sesgo... Y no vacilan en convertir su deseo en argumento: la corte es impoluta porque ellos lo dicen, precisamente los que pretenden destruir el derecho para imponer un régimen como el venezolano.

El episodio de la extradición de alias Macaco deja claro cuál es el sentido de toda la trama de la parapolítica: a los magistrados les da igual que los ex terroristas y traficantes de droga sigan haciendo de las suyas, más bien les conviene que eso ocurra, y prefieren impedir de cualquier manera la extradición porque al tener permanentemente esa espada de Damocles, los reos terminarán “resignándose” a delatar a su “jefe”: Álvaro Uribe. Es un guión evidente respecto del cual la conducta de los demás políticos y periodistas dice mucho sobre la clase de gente que domina el país. Bueno, dice mucho sobre la cultura del país.

Porque lo interesante no es siquiera que una trama tan repugnante como la del caso Tasmania resulte exculpada y olvidada, sino que el abierto atropello de los jueces, verdaderamente del estilo de una dictadura, encuentra enseguida un respaldo de muchos y el silencio resignado de la mayoría. Latinoamérica es así, todo el mundo odia a los políticos, a los que sistemáticamente acusa de ser culpables de todas las desgracias imaginables, pero extrañamente parece una tarea imposible para “todo el mundo” elegir a algún político decente. Bueeeeeeno, en realidad “decente” suele querer decir “castrista”. Y esto no es casual: es que en el odio a los políticos no sólo se manifiesta esa mezcla de resentimiento y frustración que la supuesta corrupción universal genera en todos los que no tienen otro sueño que un lucro fácil e impune, sino el rechazo a la democracia. No es casual que una encuesta reciente demostrara que la mayoría de los latinoamericanos se mostraran dispuestos a prescindir de la democracia si otro régimen les aseguraba que resolvería sus problemas económicos.

¿Cómo puede un régimen no democrático resolver los problemas de la gente? En apariencia es una especie de error de percepción o de falta de información, una respuesta supersticiosa a una serie de carencias, pero en realidad no hay nada de eso: el anhelo de un régimen no democrático es una forma correcta de resolver los problemas económicos de quienes pueden prosperar a su sombra. De ahí viene el éxito de Chávez, ciertamente ha influido mucho el alza de los precios del petróleo, pero la propuesta de tomar el poder y desagraviar a los “oprimidos” resultaba muy tentadora, pues de todos modos el botín petrolero estaba ahí y de él se lucraban los políticos ineptos y corruptos del régimen anterior. La disposición a prescindir de la democracia corresponde al sueño de un ascenso social rápido y duradero derivado de la acción política.

Ése es el trasfondo del odio a los políticos que tan hábilmente explotan los magistrados y sus aliados bolivarianos. No cabe duda de que las instituciones parlamentarias colombianas son “manifiestamente mejorables”, pero ¿están soñando en mejorarlas todos los que se alegran de que haya políticos encarcelados sin detenerse a evaluar cuál es su culpa real y cuáles son los motivos de quienes los encarcelan? Ya es deprimente tener que repetir que no, que no hay en Latinoamérica ideales de representación equilibrada sino de supresión de las voces hostiles, de lo cual es sintomático el sátrapa venezolano. No hay democracias sin instituciones representativas, pero es que esa clase de institucionalidad es la que odian los ciudadanos típicos, siempre indignados porque los demás existan y les impidan disponer de todo libremente.

Y la conducta de los jueces corresponde a esos valores: son los vengadores que castigan a los representantes de unos ciudadanos que no quieren ser representados. Esa venganza inicua es lo que se entiende por “justicia” en un contexto cultural como el nuestro. ¿Qué es la justicia que invocan los demagogos desde Gaitán y Perón hasta Chávez? El despojo de los demás a favor de sus seguidores. ¿Qué justicia puede haber en Colombia con una “institución” tan absurda como la “acción de tutela”, gracias a la cual se suprimen los contratos y aun las leyes en favor de la discreción de los que ocupan los cargos? Eso sí, la acción de tutela es popular entre la gente que opina, se trata de una forma de disponer de las cosas que le resulta bastante fácil gracias a su proximidad al poder.

Por uno u otro camino siempre se llega a las bases morales de la sociedad. Sin jueces justos no puede haber democracia, dicen, pero ¿puede haber jueces justos sin ciudadanos justos? ¿Puede haber derecho en una sociedad en la que la presunción de inocencia es algo inconcebible? ¿Pueden impartir justicia unos individuos sospechosos de cometer crímenes como los que se evidenciaron con el caso Tasmania? Pero ¿qué piensan los demás? ¿Cuántos siguen sin querer ver que la intención de la CSJ sólo corresponde al objetivo evidente en esa ocasión? ¿Cuántos se niegan a darse cuenta de que los garantes de la probidad de la CSJ son siempre los mismos que pretenden que los secuestros y masacres sean fuente de derecho?

El lío de la parapolítica sobre todo evidencia el predominio de costumbres atávicas en la cúpula de la rama judicial, pero la incapacidad de la gente de hacer frente al hecho terrible de que los jueces son subversivos y pretenden destruir la democracia (ya en una ocasión expliqué que en sus sentencias el intento de imponer una dictadura terrorista les parece altruista y merecedor de la máxima benevolencia), o siquiera de ver en eso la negación misma de toda noción de justicia y democracia es el verdadero problema (pero lo mismo ocurría con la Corte Constitucional cuando la dirigían personajes como Carlos Gaviria, Eduardo Cifuentes o Alfredo Beltrán).

Es evidente que el proyecto bolivariano se ve retroceder en su pretensión de destruir el aparato militar-policial del Estado y tiene que recurrir a la venalidad evidente de las autoridades de justicia, pero eso resultaría imposible si hubiera en la gente convicciones firmes acerca de la clase de sociedad en que le gustaría vivir. No la hay, la pasividad ante los desmanes de los desaprensivos que ocupan los cargos de la cúpula judicial lo demuestra. La incapacidad de informarse a fondo sobre el caso Tasmania y lo que significa también.

Por Jaime Ruiz. Columnista del Sistema Atrabilioso.

Tiempo de ofensiva

2008-04-21T00:00:00.001-05:00

No se sabía cómo podrían reaccionar, ni qué artimañas utilizarían para embestir la credibilidad del gobierno durante las dos últimas semanas de abril. Pero era evidente que al acercarse el último día del mes, o los primeros de mayo, algunos sectores tomarían la iniciativa para atacar al gobierno y especialmente al Presidente. Los hechos ocurridos la semana pasada son apenas el aperitivo de lo que ocurrirá los próximos días y la artillería pesada contra el Presidente se sentirá en diferentes escenarios.

El tiempo de la ofensiva fue anunciado por el “mercader de las interceptaciones”, Daniel Coronell. El 5 de abril, en su columna de Semana, el director de Noticias Uno anunció que dos semanas después publicaría una entrevista con Yidis Medina, la ex congresista que votó a favor de la reelección presidencial.

Más allá de los pormenores de esa entrevista, lo importante es la fecha de publicación: 19 de abril. ¿Por qué esperar dos semanas? Según Coronell, porque Yidis le pidió dos semanas para arreglar asuntos familiares antes de que se publicara la información.

Pero eso es una contradicción. El 31 de marzo, la misma Yidis Medina concedió una entrevista a Caracol en la que detalla básicamente el contenido de un libro que está por salir y en el que promete contar los pormenores de la gestión para aprobar el acto legislativo de la reelección. La ex representante dijo en esa entrevista que lo prometido para que cambiara su voto no eran cosas personales, sino "apoyo para la región.(…) No le veo pecado que el gobierno ponga los ojos en las regiones. No le veo ningún pecado".

Que en la entrevista presentada por Coronell, que supuestamente guardó el director de Noticias Uno desde agosto de 2004, Yidis haya profundizado las promesas no cambia sustancialmente el hecho central de su disposición de contar lo que dice saber sobre el tema de la reelección. Entonces, ¿Para qué las dos semanas?

Porque el caso Yidis es solo una de las puntas de lanza de este ataque que concertaron para estos días finales de abril. El otro frente de combate se encuentra en el campo político-penal: la semana anterior la Corte abrió investigaciones preliminares contra Carlos García Orjuela, presidente de la U y a última hora anunció abrir un expediente contra la Presidenta del Congreso.

En ese mismo frente de batalla, el cuestionable testigo estrella de la Corte, Rafael García, encendió un nuevo “ventilador” en el que señala a funcionarios como Ángel Maya de quien dijo, facilitó la infiltración de las autodefensas en la Procuraduría General; y la ex ministra del Medio Ambiente, Sandra Suárez, de quien aseguró era una facilitadora de los paramilitares, dedicada a realizar conexiones con dirigentes políticos para ese grupo armado ilegal.

García también nombró varias dependencias directas del alto Gobierno como la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Dirección Nacional de Estupefacientes, el Consejo Superior de la Judicatura, la Empresa Social del Estado (ESE) Luis Carlos Galán, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca; el Ministerio del Interior y de Justicia; la Cancillería; el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Comunicaciones; el Ministerio de Transporte; la Embajada de Colombia en Panamá; la Armada Nacional; el Incoder e Indumil.

Y no podía faltar el frente combinado de medios-justicia en esta planeada acción de ataque. El caso de la presidenta del Congreso, la senadora Nancy Patricia Gutiérrez, estalló justamente esta semana en una entrevista que concedió a la revista Cambio. En ella, Rocio Arias señala que los paramilitares le prohibieron hacer proselitismo político en Cundinamarca para favorecer a la actual presidenta del Senado.

Sin embargo, y esto vale la pena considerarlo, Arias recibió la visita de Piedad Córdoba unos días antes de la entrevista, y a la luz de la andanada de la última semana, no parece un despropósito pensar que la senadora venezolana Piedad Córdoba esté participando activamente en el ataque, pues evidentemente ella tiene un serio interés en las motivaciones que han generado toda la andanada.

La razón del ataque
El 12 de abril, María Isabel Rueda preguntó: ¿O sea que así como están temblando los para-políticos, deben temblar los farc-políticos? Y respondió el general Oscar Naranjo: Sí.

Desde la captura de los computadores de ‘Raúl Reyes’ se ha insistido en que la información contenida en los aparatos será entregada al gobierno colombiano a finales de abril o en las primeras semanas de mayo.

Ciertamente hay políticos que están temblando, pero también hay periodistas (uno de ellos ya se asiló en Venezuela aunque mantiene vínculos con comunicadores colombianos), propietarios de empresas y medios de comunicación, militares (oficiales y sub oficiales), jueces y fiscales; que saben que sus nombres aparecen en los computadores de ‘Raúl Reyes’… nadie mejor que ellos para conocer sus propios pecados y presagiar el futuro que les espera cuando se de a conocer la información.

Así las cosas, el incierto futuro llevó a esos personajes a elaborar una estrategia de desprestigio, concentrada en una sola semana por lo pronto, que consiste en abonar el terreno para señalar que los resultados del peritaje efectuado a los aparatos del terrorista son una cortina de humo que lanzará el gobierno para ocultar las graves situaciones que ellos sacaron a la luz.

Es que Daniel Coronell sabe que por lo menos dos de sus periodistas están en ese computador (si no es que él mismo aparece en la lista), lo que afectará la imagen y credibilidad de su empresa ante los ciudadanos y ante los que pautan en su espacio televisivo.

También Piedad lo tiene claro y sabe que tarde o temprano saldrá a bailar su entrevista NO AUTORIZADA con ‘Tirofijo’ hace unos años y seguramente el reporte del encuentro que sostuvo con ‘Raúl Reyes’ confirmará que la señora le propuso refundar la patria, como lo hizo en su momento con ‘Simón Trinidad’ en los Estados Unidos, al mejor estilo del pacto de Ralito.

Y la Corte, esa misma institución que no ha querido acelerar los procesos contra algunos miembros de la oposición, mientras se muestra más que eficiente cuando de políticos uribistas se trata, tendrá que ocuparse de esos casos y finalmente aparentar la misma celeridad en la farucopolítica, que de paso sea dicho, tendrá un acervo probatorio mucho más contundente que las declaraciones de un contradictorio testigo como Rafael García.

Los juristas saben que una vez los documentos del abatido terrorista salgan a la luz pública, quedarán entre la espada y la pared y no tendrán otro remedio que iniciar las investigaciones y ejecutar las acciones judiciales pertinentes, pues el país no les perdonará que sigan siendo tan estrictos con los parapolíticos y se muestren tan complacientes con los farucopolíticos: El equilibrio de la justicia será una petición unánime de la ciudadanía.

Son múltiples las razones que tienen muchos en el país para echar a rodar esta nueva andanada, pues tienen que hacer lo posible por sembrar dudas y lanzar granadas de humo antes de que salgan las pruebas a la luz. En otras palabras: Hay que desprestigiar al portador de las pruebas antes de que las presente… después de la certificación de Interpol sería demasiado tarde.

Por Jaime Restrepo. Director Sistema Atrabilioso.

ANEXO: Yidis, Yidis, Yidis...

Retórica de los absurdos

2008-04-18T00:00:00.000-05:00

Afortunadamente la jugada sucia de los demócratas en el congreso de los Estados Unidos al eliminar el plazo previsto en el “fast track” para tramitar los TLC, y con ello el de Colombia, es simplemente una demostración de poder que les “permitiría jugar” indefinidamente con el acuerdo (lo mismo que hace la guerrilla con la exigencia de despeje) pero no indica, aunque así lo hayan percibido los ciudadanitos de ambos países, que vayan a sobrepasar el limite que abolieron, ni mucho menos que vayan a rechazar el tratado.

La percepción “racional” de los hechos nos permite tener confianza -el gobierno y los industriales la tienen, ojalá los inversionistas extranjeros también- en que finalmente (a pesar de la bofetada) el TLC lo aprobarán. Tal vez al limite de la actual legislatura (o quizás ya no en este año dependerá de Bush) a menos que el presidente ceda en lo del TAA, o en cualquier otra petición no tan altruista como esa -siempre las hay- que los demócratas muestren por debajo de la mesa. Eso se llama "chantaje" y es el instrumento con el que se interrelacionan los poderes -aquí y en Cafarnaún- a espalda del pueblo, que es quien les da legitimidad.

Pero muy desagradable –humillante a pesar de la retórica demócrata- el quedar reducidos a la categoría de juguete en la lucha de poder -y de votos- de los demócratas con los republicanos.

Y muy triste que hayan sido colombianos, también buscando votos perdidos por cuenta de tanta contradicción y demagogia, quienes les hayan dado los argumentos.

Sin embargo son hechos cumplidos contra los que no se puede hacer nada, solo esperar, y que los electores apliquen el debido castigo –aquí y allá- a quienes han procedido con mala fe.

Podría suceder –por ejemplo- que los demócratas que son mayoría en el congreso norteamericano las perdieran -como también la presidencia que tienen casi asegurada- y que con McCain en el poder y mayorías republicanas en el congreso, la suerte del TLC de Colombia con Estados Unidos mejorara.

El Polo trata de demostrar por todos los medios a su alcance, que sería un bien para el país que el tratado fuera rechazado. No obstante cuando la realidad de los hechos económicos demuestre que estaban equivocados, les será más difícil aún justificarse, aunque encontrarán nuevas falacias para seguir engañado a los demás. Así se exoneran de responsabilidades nuestras figuras públicas (ejemplos hay más)

Lastima que no tengamos igual poder, ni el coraje, para negociar con el tema de la coca. ¿Qué tal que nosotros también hiciéramos el absurdo de exigir la aprobación del TLC a cambio de dar continuidad a la política antidroga, y que los gringos entonces nos quitaran el ATPDEA y la ayuda del Plan Colombia; y que los militares se sentaran nuevamente a descansar en sus poltronas, y la producción de drogas se dispare y el precio la haga mas asequible; o que en represalia votáramos por el Polo en el 2010 y nos aliáramos con Bolivia, Venezuela y Ecuador?

El comandante estaría feliz de sumar a sus odios contra Bush (o contra los gringos) otro enemigo mas; y de dejar a los Estados Unidos ahora si, sin nadie en el cono sur. Tendríamos que volver al ALCA –porque la globalización es un fenómeno, no un deseo- pero ya no desde la perspectiva de los gringos, sino de la del poderoso del sur.

Por: Miguel Yances Peña. Columnista de El Universal de Cartagena.
myances@msn.com

Bojayá:Cinco años de una masacre impune

2007-05-02T00:00:00.000-05:00

Colombia NO PUEDE olvidar la muerte de 119 seres humanos, que buscaron refugio en un templo, en un sitio supuestamente protegido por la legislación internacional sobre derechos humanos.

Durante el último año, las promesas sobre la reconstrucción del municipio han comenzado a materializarse, aunque falta mucho para que los centenares de desplazados tengan la posibilidad de instalarse en la nueva cabecera municipal. Hasta la fecha se ha emprendido la reconstrucción de 196 municipios destruidos por los violentos, incluido Bojayá, Chocó.

Así mismo, en diciembre de 2006, finalmente Costa Rica extraditó a uno de los centenares de terroristas de las FARC que participaron en la peor masacre de la historia reciente del país: Bojayá.

Se trata de Héctor Orlando Martínez Quinto, un terrorista de las FARC que participó en la masacre de Bojayá y en la decapitación de 47 policías en el municipio de Juradó, Chocó, en 1999.

En Costa Rica, sin embargo, continúan las investigaciones, porque semejante monstruo terrorista tenía la condición de REFUGIADO en el país centroamericano y el estatus le fue concedido en menos de una semana, cuando este proceso dura dos meses.

El terrorista, conocido con el alias de ‘Pana Pachanga’ (seguramente por la fiesta que arma con la sangre derramada) se casó en Costa Rica con una delincuente que está recluida en la cárcel.

En esto hay mucho para recordar y para impedir que el país olvide a las víctimas de la masacre:

Un excelente post de El Andurrial.
El resumen de lo ocurrido.
Un somero análisis de los hechos.

Un artículo actual y con perspectiva histórica.