Por Jaime Restrepo Vásquez.
Durante muchos años me aparté de la
celebración de la independencia colombiana. Es más: veía con lástima a los alumnos de los colegios públicos que
ubicaban en las aceras, con una banderita de papel que agitaban al paso de los
desfiles.
Creo que el fastidio se intensificó en
1992, cuando el país festejaba el 20 de Julio mientras Pablo Escobar se
“independizaba” del control gubernamental y emprendía el proceso que terminaría
con su fuga de la cárcel de La Catedral.
Aquel día, en pleno desfile militar, comenzaron a circular los rumores sobre la
inminente fuga del líder del Cartel de Medellín. Sin embargo, con una candidez insultante,
muchos pensábamos que eso no podría ocurrir, pues se suponía que el gobierno
tenía un impresionante dispositivo de control interno y externo de la “cárcel”.
Pero no. El gobierno de César Gaviria simplemente había acordado con el capo del
narcotráfico, un sitio en el que reposara de la persecución y pudiera llamar al
orden (léase ejecutar) a algunos socios que se habían declarado en rebeldía.
Es más: el control interno de la cárcel
lo tenía Escobar, pues la guardia estaba integrada por gente cercana al Cartel
y en lugar de custodios, eran escoltas que protegían al capo del narcotráfico.
Semejante desidia gubernamental, unida a
la estupidez mayúscula de un funcionario, facilitaron la fuga del autor
intelectual de buena parte de la Constitución del 91. Mientras
finalizaban los festejos de la “independencia”, ya estaba todo cocinado para
que, en la noche del 21 de julio, los “reclusos” de La Catedral se amotinaran
como parte de una estrategia de fuga que incluía la consabida predisposición al
diálogo.
Esa noche, en la puerta de La Catedral
se amontonaron militares y policías, pero ninguno se atrevió a ingresar. Ante la situación, el entonces viceministro
de Justicia, Eduardo Mendoza, decidió entrar a la “cárcel” para entablar una
negociación con Escobar y solucionar mediante el diálogo, la crisis que se
vivía en Envigado. El resultado: Mendoza
fue tomado como rehén y sirvió de escudo para que Escobar finalmente huyera de
la cárcel.
En pleno motín, el gobierno ordenó el
repliegue de las Fuerzas Armadas y dispuso que solo mantuvieran el “control
visual” del sitio, cayendo por completo en la trampa política de dialogar para
buscar soluciones por fuera de la ley.
Lo que se requería en aquel momento era la intervención de militares y
policías para controlar el motín, y no la disposición para negociar con un
grupo de peligrosos e ingeniosos criminales y terroristas, como los que estaban
recluidos en La Catedral.
Esa determinación de dialogar, como lo
deja ver la distancia que permite el paso del tiempo, solo sirvió para que los
terroristas de Escobar cobraran la vida de centenares de colombianos y pasaran por
encima del imperio de la ley.
Ahora, veinte años después, justo en la
celebración de los 202 años del grito de independencia, se agotó mi hastío por el
20 de Julio para dar paso a un profundo dolor por la situación de esta “patria
soberana” sometida a las presiones de la “dialoguitis” y la negociación
tramposa en la que unos cuantos obtienen una patente de corso para pasar por encima
de las normas y de la ley.
Es que el resurgimiento de la “dialoguitis”,
como supuesta solución para la crisis que se vive en el norte del Cauca, y para
todos los males que padece el país en general; se basa en la misma celada que
tendió Pablo Escobar para huir de La Catedral. Dos décadas después, con distintos
actores –aunque coincidentes en el negocio del Cartel de Medellín– las presiones
son enormes, como lo deja ver un trino de
Ernesto Samper en el que sostiene que un presunto acuerdo humanitario es la
solución para conciliar la presencia militar con el reclamo de los indígenas
del Cauca.
¿Por qué conciliar la legítima presencia
de las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional? ¿Acaso negociar un “acuerdo
humanitario”, estilo Samper, no implica desconocer el imperio de la ley y
buscar atajos alejados de las normas vigentes? ¿Nos resignamos entonces al estilo
de la Corte Suprema y del actual gobierno, quienes consideran válido el dinamitar
las normas por una sola vez?
Solo se puede sentir tristeza por el
sometimiento e indiferencia de los colombianos ante los devaneos de los
terroristas, llámense narcotraficantes, políticos del Cartel de Cali o
usufructuarios del crimen “altruista”… Entonces ¿cuál independencia?
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