30 de enero de 2012

¿Exagerado maquillaje?

Por Jaime Restrepo Vásquez.

La información que se ha conocido sobre el ataque al cerro de Santa Ana, en El Tambo, Cauca, deja un enorme interrogante sobre la manipulación de las cifras por parte del gobierno nacional.

El pasado viernes 20 de enero, una columna de las FARC atacó la cumbre de cerro, lugar en el que funcionan las comunicaciones y un radar de la Aerocivil. Un día después se supo que el comandante del puesto, intendente Guido Holguín, fue asesinado durante la incursión terrorista.

Ya el lunes, además de la rápida y nada protocolaria liberación de un policía que fue secuestrado por el grupo terrorista, acto que contó con la presencia de medios de comunicación que presenciaron la exhibición de armas y uniformes impecables de las FARC; se conocieron las imágenes de los policías que repelieron el ataque. De hecho el diario El País de Cali señaló que los 16 uniformados fueron recibidos en Popayán en medio de una calle de honor.

Las cifras oficiales son claras: 16 policías que retornaron sanos y salvos a Popayán, más un auxiliar secuestrado y liberado y el asesinado intendente Holguín, da un total de 18 uniformados, según los datos gubernamentales. La información difundida indica que el secuestrado, “junto a otros 17 policías, se enfrentó por más de catorce horas con guerrilleros de las FARC que intentaron tomarse el Cerro Santa Ana en el municipio de El Tambo, Cauca.”

Sin embargo, en una comunicación dada a conocer por Caracol Noticias, el sargento Andrés Rosero, quien quedó a cargo del puesto tras la muerte del intendente Holguín, grita una cifra muy distinta a la anunciada por el gobierno. Según el suboficial, cuya voz se oye en el video –minuto 4:37-, son muchos más los policías que estaban en el cerro:

“Los que están en los alrededores de la estación, esos son, esos son, ahí no hay nadie fuera de la estación, todo el mundo está atrincherado, 50 que habemos, vamos a responder comando, hágale otro barrido…”

Lo cierto es que entre las cifras oficiales y la afirmación del suboficial que quedó al mando del puesto, hay una discrepancia gigantesca, pues 32 de los policías que menciona Rosero no llegaron a la capital del Cauca. ¿Será que el sargento desconocía el número de uniformados bajo su mando? ¿Cómo es posible que a diario, de día y de noche, Rosero pasara revista, inspeccionara el armamento y la munición y asignara los puestos, pero no supiera el total de policías que tenía a su cargo? Que el sargento fuera el segundo al mando es irrelevante, pues su función era compartir la responsabilidad de comandar el puesto, lo que hizo con total éxito y valentía. 


Entonces ¿dónde están los 32 policías que faltan? La respuesta puede encontrarse en el manejo propagandístico del gobierno, al que no le interesa que se sepa que el ataque contó con la participación de varios centenares de guerrilleros que se movieron a sus anchas, y a plena luz del día, por las vías  que llegan a las inmediaciones del Cerro.  De hecho, al reducir el número de uniformados que defendieron la posición, el gobierno puede hacer el mismo recorte en la cifra de terroristas involucrados, conservando la proporción que se ha dado en Colombia desde 2002 de un defensor contra cinco atacantes, es decir, 18 policías contra cerca de 100 guerrilleros.  


Sin embargo, si se revela que fueron 50 los uniformados que defendieron el puesto durante más de 10 horas, el asunto implicaría que la proporción sería de dos atacantes por un defensor, lo que sumado a los apoyos aéreos, no explicaría un combate de tan larga duración.  Entonces, el asunto fundamental es ocultar el verdadero número de terroristas que recorrieron esa zona del Cauca sin ningún obstáculo, y sin encender las alertas de los organismos de seguridad del Estado.  Así las cosas, lo que tratan de esconder es la  masiva movilización de guerrilleros -más de 400, según una fuente de la Policía Nacional- sin detectarlos o peor, sin actuar para neutralizar el numeroso movimiento de combatientes.  De paso, el gobierno se ahorra las explicaciones sobre las razones que tuvo para permitir semejante circulación de terroristas, pues correría el riesgo de verse obligado a divulgar la actual permisividad dialoguista con las FARC.


El ataque al cerro de Santa Ana es un episodio que merece mayor análisis y no un discurso triunfalista del actual presidente. Además de la discrepancia en las cifras, este atentado al corazón de las comunicaciones aéreas del suroccidente del país no es similar a las 132 acciones terroristas que las FARC han cometido durante lo corrido de este año.

De hecho, un ataque a un cerro aislado, cuya única importancia estratégica es la de cortar los canales de comunicación y la detección de aeronaves precisamente en uno de los últimos bastiones del terrorismo, el suroccidente del país, no puede pasar de largo y mezclarse en la maraña de atentados cometidos por las FARC durante los primeros días del año.

Mientras el gobierno Santos se complace con la imagen de las FARC devolviendo a un secuestrado –sin helicópteros brasileños, sin desapariciones en pleno vuelo, sin defenestradas con flores en la mano-; al país se le puede estar ocultando el verdadero valor táctico del ataque: permitir, sin monitoreo, la movilización de cabecillas terroristas para acudir a las reuniones preparatorias de diálogos de “paz” entre la Unidad Nacional y las FARC.

Pero en la Colombia de hoy, la divergencia en las cifras es un error de apreciación de un mando en pleno combate, mientras que la desactivación de un radar, y de las comunicaciones aéreas del suroccidente del país; son solo muestras de la debilidad de las FARC.

AL CIERRE: El coronel Alfonso Plazas Vega debe quedar en libertad de inmediato, sin más dilaciones que se perciben como prevaricato, ni más “nuevas desapariciones” que parecen conejos salidos del sombrero de un mago: la infamia contra Plazas Vega y contra su familia es la evidencia más contundente de la ineptitud sesgada de los operadores judiciales colombianos, lo que ha llamado la atención de numerosos sectores jurídicos del mundo. Tener en la cárcel a Plazas Vega es una vergüenza para la "justicia" colombiana.

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