En el subconsciente
colectivo de los colombianos, existe una certeza monstruosa frente a las
víctimas de homicidio: ¡Si lo mataron, fue porque debía algo! Así como no hay
víctima que no estuviera “endeudada”, no hay muerto malo.
Esta situación no es solo
una apreciación equivocada sino una generalización que vulnera el buen nombre
tanto del fallecido, como el de su familia y el de su círculo más cercano. Sin
embargo, cuando tal generalización es utilizada por las autoridades
gubernamentales para justificar el número de homicidios, además del daño a la
honra de las víctimas, también se disfrazan realidades inconvenientes que ponen
en riesgo ciertos intereses políticos.
Hace algunas semanas, el
alcalde Gustavo Petro se mostró preocupado por el alarmante incremento de casos
de sicariato que se registró en marzo pasado. Para explicar la situación,
el mandatario distrital sentenció que “por la forma como se han presentado van mostrando, en
una parte de ellos, la existencia de una guerra entre mafias, personas que
vienen de fuera de Bogotá y son asesinadas en la ciudad".
En palabras más simples:
la mayoría de víctimas de sicariato, durante el tercer mes del año, corresponde
a ajustes de cuentas entre mafias. Sin embargo, uno se pregunta: ¿Acaso
ya culminaron las investigaciones sobre esos asesinatos y se puede concluir,
sin asomo de duda, que la mayoría de muertos tenían deudas mafiosas? Es el
eterno facilismo de las últimas administraciones capitalinas: amañar
explicaciones ante la incapacidad de enfrentar verdaderamente el problema, o
por lo menos, no agravarlo con medidas traídas de los cabellos.
Para colmo de males, la
generalización se materializó en el reporte entregado por la Alcaldía Mayor al
señalar que los 41 casos de sicariato registrados en marzo, correspondieron a ajustes de
cuentas. Ya en abril, la
administración distrital atribuyó el 38 % de los homicidios ocurridos en Bogotá
a ajustes de cuentas, aunque se cuidaron de hablar de las “mafias” que utilizan
a la capital como teatro de guerra.
Es que las venganzas
mafiosas pueden sonar muy bien en las justificaciones, pero son una fórmula
engañosa para explicar la problemática de seguridad que ha padecido la ciudad.
¿Será que las decepciones amorosas que terminan con la contratación de un
gatillero, o los problemas de herencias que se zanjan con el encargo de matar a
la contraparte, o las venganzas entre antiguos socios de negocios legales;
dejaron de ocurrir en Bogotá y que la ciudad está condenada a ser un territorio
de guerra entre mafias?
La expresión "ajuste
de cuentas" tiene la connotación de deuda entre criminales, por lo cual,
la generalización estigmatiza a todas las víctimas y a sus familias. Además, la
idea de la revancha entre mafias desvía las investigaciones mediante hipótesis
falsas que en la mayoría de los casos son el camino directo a la impunidad.
Así las cosas, la etiqueta
parece una cortina de humo para ocultar una pregunta que flota en el ambiente:
¿será que la prohibición al porte de armas influyó en la proliferación del
sicariato en Bogotá? ¿Cuántas de esas víctimas honestas y apegadas a la ley,
pero conocedoras de la inquina que alguien les profesaba, adquirieron un arma
para defenderse y al acatar la prohibición, quedaron a merced de sus verdugos?
De hecho, la restricción
al porte de armas podría ser un factor decisivo en la ecuación del sicariato en
la ciudad, pues los gatilleros cuentan con mayores posibilidades de cumplir con
su encargo de muerte al saber que la víctima está indefensa y por tal razón,
actúan con más facilidad y con mejores tarifas para el contratante, como
lo denunció en
su momento el diario El País de
España, que en un informe sobre los sicarios de Medellín señala que asesinar
por encargo se ha convertido en un oficio poco rentable, que a veces no paga
más de 5.000 pesos.
La desinformación en
Bogotá es de tal magnitud que las cifras ya llevan veredicto incluido, con el
único propósito de mantener una medida caprichosa, improvisada y ajena a la
realidad capitalina. Al explicar los resultados del primer trimestre de 2012, Petro sostuvo que "los 96 homicidios solo en abril de 2012 equivalen a la cifra más
baja en últimos 15 años, es decir, que esta ciudad es menos violenta en lo que
tiene que ver con el homicidio por lo menos en los últimos 15 años".
¡Quedamos
perdidos! Mientras en marzo había una guerra entre mafias, un mes después la
ciudad supuestamente registró las cifras más bajas de los últimos 15 años... ¡Todo
un remanso de paz! Es que si las estadísticas
se acomodan y se dejan de analizar factores coyunturales específicos como la celebración
de la Semana Santa durante la primera semana de abril, pues entonces, de golpe,
desaparecen la guerra, el ajuste de cuentas y se lanzan voladores de algarabía.
Es innegable la
importancia de reducir el número de muertes violentas en Bogotá. Sin embargo,
los datos de marzo –y lo atípico de abril de 2012- deberían ser una voz de
alarma para enfocar el problema, de una vez por todas, en la fuente del mal: la
enorme cantidad de armas de fuego ilegales que circulan en la ciudad.
Es en ese gigantesco
segmento en el que se deben concentrar las políticas de desarme, de tal forma
que se elimine la trillada justificación del ajuste de cuentas para ocultar el
fracaso de medidas que han sido promulgadas de espaldas a la realidad.
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