10 de febrero de 2010

Alias ‘Samir’ con Peña Esclusa: “Chávez apoya a las FARC”

El ex dirigente de las FARC, Daniel Sierra Martínez, alias ‘Samir’ sostuvo ayer una reunión con el presidente de UnoAmérica, Alejandro Peña Esclusa, y declaró que Chávez apoya abiertamente a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.

La conversación entre alias ‘Samir’ y Peña Esclusa se dió dentro del marco de una investigación que realiza UnoAmérica sobre los delitos de lesa humanidad que comenten las FARC en la zona de Urabá, ubicada cerca de la frontera con Panamá.

En una declaración grabada alias ‘Samir’ dijo: “… siempre las FARC aplaude y apoya moralmente al gobierno venezolano con el señor Hugo Chávez.” Samir añadió: “¿Cómo están las relaciones entre Chávez, FARC y Evo Morales?... Las mejores.”

"Estas declaraciones vienen a confirmar el informe de la Agencia Nacional de Inteligencia (DIA, por su sigla en inglés) y el reportaje aparecido ayer en el diario colombiano 'El Tiempo' sobre el apoyo de las FARC a las Fuerzas Bolivarianas de Liberación, FBL", dijo Peña Esclusa.

Daniel Sierra Martínez, alias ‘Samir’, militó en las FARC durante 25 años, ocupó los más altos cargos del 5to Frente de esa organización guerrillera, se desmovilizó el 3 de diciembre de 2008 y se acogió al programa de reincorporación a la vida civil que lleva a cabo el gobierno de Álvaro Uribe.

Los otros integrantes de la Comisión Investigadora de UnoAmérica, además de Peña Esclusa, son Jaime Arturo Restrepo, Director Jurídico de UnoAmérica y Director de la Asociación de Víctimas Civiles de la Guerrilla Colombiana; Jorge Mones Ruíz, delegado de UnoAmérica en Argentina; y Miguel Fierro Pinto Presidente de la Fundación Un Millón de Voces contra las FARC.

Un fragmento de la conversación se puede escuchar aquí.

9 de febrero de 2010

Los decretos de la emergencia

En un nuevo intento por reducir los costos de la salud pública en Colombia, hacerla sostenible cerrándole espacios a la corrupción, e ir eliminando la brecha entre el régimen subsidiado y el contributivo, el gobierno nacional ha declarado la emergencia social y expedido una serie de decretos con fuerza de ley, que sistematizan el sector reduciendo la discrecionalidad individual del médico (detectada junto a las tutelas, como un importante foco de corrupción) que pasa ahora a una junta de funcionarios médicos pagados por el Estado.

El equivalente –digo yo- a las comisiones de regulación que existen en otros renglones de una economía de mercado.

Sistematizar y centralizar, no hay duda, mejora la eficiencia: permite hacer análisis científicos y de costos, y planear, pero deshumaniza el servicio produciendo casos, puntuales si, pero aberrantes. Un ejemplo -tan sensible como el de la salud- se puede observar en el sector financiero, donde ya “nadie” decide nada, todo está en manos de las computadoras y los cerebros –administradores, economista e ingenieros- que las programan.

No obstante, leyendo los decretos, y conociendo la realidad de primera mano, no se le puede negar al gobierno la buena intención; el deseo de acertar y de poner un buen arquero que evite los goles de la corrupción, al tiempo que se buscan nuevos recursos para financiar la salud, mejorarla y hacerla universal.

Casos específicos que se escuchan en la calle cuentan de “comisiones” pagadas por los laboratorios de medicamentos, y los receptores de casos de salud (IPS y especialistas), a quienes tienen y abusan de la discrecionalidad en el manejo de los pacientes originando costos innecesarios que tienen en crisis al sector.

Es de no creer; la salud pública manejada por los agentes, como si fuera un mercado de bienes materiales (carros o apartamentos), en el que quien más casos remite, más dinero gana. A eso hay que ponerle freno, y confiamos en que las recientes medidas del gobierno lo logren, sin afectar la oferta de servicios de salud, ni la remuneración de quienes laboran en el sector.

Muchos se habrán sorprendido, por ejemplo, al conocer –porque el gobierno lo elevó al 14%- que el IVA a la cerveza estuviera en el 3%. Se necesitó –al igual que en la industria del tabaco- que fuera vendida a inversionistas extranjeros, y que el Estado le metiera la mano a la financiación de las campañas políticas, para que el tributo fuera ajustado. Como también molesta saber que en los juegos de azar, otro de los que aportan recursos a la salud, hubiera tanta corrupción.

Tales decretos, han sido no obstante, fuertemente criticados por los gremios de la salud. Vaya a saber si pensando “genuinamente” en la población objetivo, o en sus intereses gremiales.

Paralelo a la higiene, tan necesaria en el sector, y a la búsqueda de nuevos recursos, el Estado tiene que diseñar políticas públicas de salud: buena alimentación, medio ambiente sano, prevención, inmunización, promoción de la capacidad auto curativa del cuerpo, desestímulos de acceso al sistema con campañas educativas y cuotas de acceso. Y buscar por todos los medios, abaratar los procedimientos, especialmente incrementando la oferta de servicios y de personal especializado.

Por Miguel Yances Peña, columnista de El Universal de Cartagena.

8 de febrero de 2010

De las mentiras y otros demonios

No es que mientan por ignorancia: algunos lo hacen como una medida desesperada para tratar de detener la catástrofe política que representan. Otros, porque reciben utilidades por la estructuración de falacias y otros más porque quieren posar de víctimas, cuando han sido los victimarios.

En Bogotá, todo bien, no pasa nada

A raíz de la decisión de aumentar el estrato de algunos predios en Bogotá, el “mandatario” capitalino aseguró, en una entrevista publicada en El Tiempo, que se hizo y, a pesar de iniciales amenazas, no pasó nada, porque las personas se dieron cuenta de que la ciudad tiene que progresar.”

¿No pasó nada? Veamos: el 19 de enero, un amplio numero de concejales oficializaron una citación de control político en el Concejo de Bogotá para exigirle al gobierno distrital explicaciones sobre diferentes irregularidades cometidas en la llamada reestratificación, pues el desgobierno de Samuel se inventó una metodología que ni el Dane ni la DNP han formulado y la hizo aprobar de un comité ilegal (no estaba vigente).

En cuanto a los afectados, decenas de tutelas individuales y grupales ya están en conocimiento de los jueces o están en camino. Además, algunos conjuntos han interpuesto acciones ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca contra el decreto y han solicitado el congelamiento de la medida hasta que el ente judicial se pronuncie de fondo. Así mismo, ya se han formulado denuncias para que la Personería de Bogotá investigue las actuaciones del “Alcalde”.

¿Será que Samuel Moreno se sostiene en su afirmación de que no pasó nada? Además de ser un enorme monumento a la ineptitud, también es mentiroso.

Mentir es un buen negocio

El diccionario de la RAE define a un socio como la persona asociada con otra u otras para algún fin. Es de suponer que los socios de la Corporación Nuevo Arco Iris deben aportar algo más que el nombre.

La Agencia Española de Coperación al Desarrollo —AECID—, Norwegian Refugee Council, la Agencia de Cooperación GTZ, la Secretaría de Gobierno de Bogotá, la Federación Colombiana de Municipios, la Unión Europea y la Embajada de Suecia en Colombia, entre otros, son catalogados como socios por la ONG de León Valencia, el terrorista supuestamente arrepentido que ha hecho de la mentira un negocio lucrativo.

Al despuntar el año, Valencia publicó su primera dosis de veneno en El Colombiano. En su escrito, el ex terrorista aseguró: “Acá en nuestra tierra se rompieron las negociaciones de paz con la guerrilla y llegó el gobierno del presidente Uribe que muy pronto compró la estrategia de la guerra preventiva. La guerrilla en vez de enfrentar la nueva realidad con una propuesta audaz de reconciliación se lanzó al abismo de la confrontación y la degradación haciendo del secuestro su principal arma de agresión al Estado y a la sociedad”.

Básicamente Valencia sostiene que una vez llegó al poder el presidente Uribe, las Farc decidieron hacer del secuestro su principal arma de agresión. Esto significaría que, después del 7 de agosto de 2002, los terroristas incrementaron el número de secuestros a lo largo y ancho del territorio nacional.

Puede que los socios de León Valencia le crean, pero alguien que vive en Colombia, o que está medianamente enterado de lo que ocurre en el país, tiene claro que el mayor número de secuestros en la historia reciente de Colombia se presentó durante el año 2000 y que desde la llegada de Uribe a la Casa de Nariño, el secuestro se ha reducido drásticamente y que las Farc abandonaron esa abominable práctica, al perder los corredores de movilidad que les permitían trasladar a sus víctimas.

Las cifras, que ni la falaz Corporación Nuevo Arco Iris ha podido contradecir, indican que en el 2000 se registraron 3.572 secuestros en general, es decir, simples y extorsivos. Un año después fueron denunciados 2.917 secuestros y en el 2002, el número llegó a 2.882. Ya en el 2003, estando Uribe en el poder, se registraron 2.121 secuestros y en 2004 fueron denunciados 1.440 plagios. La cifra siguió bajando drásticamente y en 2005 se presentaron 800 secuestros, en 2006 fueron 687 y en 2007 el número llegó a 521.

En el año 2008 se registraron 437 secuestros y en 2009 la cifra se redujo en más de un 50%, llegando a 213 plagios.

La constante de Nuevo Arco Iris es intentar cambiar la realidad. Pero en esto del secuestro, un tema tan sensible para los colombianos, resulta un insulto que León Valencia tenga la desfachatez de publicar semejante mentira: los socios están botando los dólares y los euros, patrocinando a un mentiroso que a su vez es cabeza de una Organización de mitómanos.

El alumno “olvidadizo”

Gustavo Petro es corto de memoria. Ésa sería la interpretación más benigna que se podría dar de sus declaraciones en las que aseguraba que el magistrado Urán, sacrificado en el Palacio de Justicia, había sido su profesor en el Externado.

En un correo electrónico, que también le llegó a Daniel Coronell, la viuda del magistrado Urán Ana María Bidegaín rectificó a Petro e indicó: "¿Por qué son todos tan mentirosos, siempre buscando sacar ventajas a su favor? Carlos Horacio (Urán) nunca enseñó en el Externado y no creo que se cruzara con Petro. Enseñó en la Universidad de Antioquia y en la Javeriana".

Ciertamente puede ser olvidadizo, aunque lo evidente es que Petro quiso sacar partido de la masacre que cometieron sus compañeros, bajo sus órdenes, y capitalizar la visibilidad que tiene actualmente el tema del Palacio de Justicia.

Hay que ser muy duro de entendimiento para decir semejante mentira y esperar a que los sobrevivientes de la víctima no se pronuncien.

Semana, la mentira en su máxima rentabilidad

Parece que la revista Semana, tan respetada por algunos sectores colombianos, hizo tránsito de la credibilidad a la rentabilidad: nada como un buen escándalo, así sean falacias en general, para vender más revistas y engordar las cuentas de las familias López y Nule.

Así quedó en evidencia en una entrevista concedida por el Fiscal Guillermo Mendoza Diago al diario El País. En dicha entrevista, Mendoza Diago se refiere al escándalo de las chuzadas y afirma que “se creó una expectativa impresionante y resulta que cuando vamos a la evidencia sólo están establecidas siete u ocho, y ni siquiera tenemos el audio de lo que dijeron. Lo tienen los medios y nosotros no lo hemos podido adquirir.

¡Caramba! La Fiscalía no tiene las pruebas y los supuestos audios están en poder de los medios (léase Semana y Noticias Uno) que no las han querido entregar… En otras palabras: los medios consiguieron las fuentes —léase al ex Fiscal Iguarán—, se han lucrado con múltiples chuzadas que no han sido cuestionadas, armaron el escándalo y finalmente, cuando se intentó investigar lo sucedido, todo quedó en un gigantesco chorro de babas.

Produce escalofríos pensar que algunos medios autoproclamados como periodísticos, diseñen estrategias para generar crisis ficticias, con la ayuda, cómo no, de funcionarios irresponsables como el anterior Fiscal General Mario Iguarán.

Todos ellos saben que una mentira repetida mil veces, se convierte en verdad.

Por Jaime Restrepo.

5 de febrero de 2010

Haití: ¿Qué hay detrás del terremoto? (Parte II)

En los inicios de nuestra pasada síntesis histórica apareció como año de la invasión norteamericana a Haití el de 1815. Por supuesto, ella no sucedió en ese año. En 1815 todavía era Presidente de Haití Alejandro Petión, el benefactor del General Simón Bolívar. El año correcto es el que aparece en los finales de la misma columna, esto es, el de 1915. El detalle nos lo advirtió el doctor Orlando Beltrán Quesada, distinguido empresario santandereano y Presidente de la Asociación Defensora de los Animales y la Naturaleza (ADAN), en hermosa misiva de felicitación por nuestro escrito, que le agradecemos inmensamente. Nuestro amable corresponsal es hermano del destacado columnista de EL FRENTE Claudio Beltrán Quesada.

Pues bien; la historia de este infortunado país centroamericano prosiguió su tortuoso curso más allá de los años en que los Duvalier, padre e hijo, hicieron cuanto se les antojó con su pueblo.

Jean Bertrand Aristide era un cura salesiano de izquierda, partidario de la llamada Teología de la Liberación. Decidido opositor del dictador Jean Claude Duvalier, el tristemente célebre "Bebé Doc", hijo de ese otro totalitario que fue Francisco Duvalier, a quien por ser médico y, además, por su supuesta condición de benefactor le decían "Papá Doc", se enfrentó también a las dictaduras militares que se apropiaron de Haití después de la era Duvalier. Dictaduras cuya mentalidad y modo de actuar siguió siendo la misma de sus antecesores y modelos.

En el mes de enero de 1988, en una entrevista radial, el fogoso clérigo católico manifestó: "El imperialismo americano ha sustentado al gobierno de Haití. Las elecciones no son la salida, las elecciones son un modo de aquellos en el poder para controlar al pueblo. La solución es la revolución, primero en el espíritu del Evangelio; Jesús no podía aceptar que el pueblo pase hambre. Es un conflicto entre clases, entre ricos y pobres. Mi trabajo es el de predicar y organizar...".

Ese mismo año, la comunidad salesiana lo expulsa de la orden, con el argumento de que sus actividades políticas "incitaban al odio y la violencia" y no correspondían a su papel de sacerdote. Ya en su nueva condición laica, Aristide aumentó su activismo político.

El Padre Aristide sufrió varios atentados criminales por parte de los tenebrosos escuadrones de la muerte, que eran patrocinados por el régimen imperante.

En aquel 1988 de su expulsión de la orden salesiana, el poder lo ejercía el militar Henri Namphy. Aristide logró sobrevivir a todos los atentados. Y debido a uno de ellos, precisamente, Namphy fue derrocado. Entonces el clérigo decide tomar parte en las elecciones, certamen que él mismo cuestionaba como sistemáticamente fraudulento. Aristide gana la presidencia.

Pero es cuando queda claro que el país que verdaderamente manda en Haití son los Estados Unidos. En 1991, Aristide es derrocado por el general Raúl Cedras, quien le da golpe de Estado y establece una durísima represión militar dentro de la paupérrima nación centroamericana. Estados Unidos, actuando con sentido práctico, ante la evidencia de que ya la "Guerra Fría" y el imperio del comunismo habían tocado a su fin, estiman superfluo mantener en el poder a un dictador ultraderechista como Cedras, es decir, a uno más papista que el Papa, y proceden a restaurar en el cargo presidencial a Aristide. El cura salesiano reducido a la condición de laico retorna, pues, a la Presidencia de la República en 1994 y culmina el período presidencial para el cual había sido elegido y que no pudo finalizar debido al golpe de Estado de Cedras. Estuvo tres años por fuera del poder.

Posteriormente, Jean Bertrand Aristide es reelegido en el cargo, esta vez para el período 2001 - 2004. Es cuando se echa encima a Estados Unidos y a los sectores derechistas de Haití porque le da por aproximarse a la dictadura cubana de los Castro Ruz y al amigazo de éstos, el locuaz coronel con mando de general Hugo Chávez, presidente- dictador de la desdichada República de Venezuela. Con el argumento de que en las elecciones que llevaron a Aristide a la presidencia en 2001 sólo había votado el 10% de los haitianos, es decir, poniendo en tela de juicio la legitimidad de su mandato, el presidente es derrocado de nuevo, en esta ocasión el 29 de febrero del año bisiesto de 2004.

Desde luego, el derrocamiento del presidente izquierdista es presentado como una renuncia voluntaria, al estilo de las renuncias que presentan los pobres empleados o trabajadores colombianos para evitar que los boten del puesto. A Aristide lo mandan bien lejos, al África, y de inmediato el nuevo gobernante, Bonifacio Alexandre, lo primero que hace es pedirles a las Naciones Unidas que vengan a adueñarse de este país sin dueño y, claro, más se demora en elevar el pedido que Estados Unidos en enviar las primeras tropas. Soldados franceses, canadienses y chilenos complementan la que es bautizada "Fuerza Multinacional Provisional", cuya presencia en Haití es justificada con la imperiosa necesidad de imponer el orden y evitar una matanza de haitianos por parte de los mismos haitianos, ya que la violencia generalizada y el más absoluto desorden tienen al país al borde de la disolución. En el mes de abril del mismo 2004 llegan a Haití los "cascos azules" de la ONU.

Dos años después de esta ocupación, en 2006, es elegido Presidente René Preval. Y es bajo su gobierno que la naturaleza le juega a Haití esta última jugada, el espeluznante desastre nacional que trae consigo el tercer terremoto más grave de la historia, 7.3 en la escala de Richter, como si también las capas telúricas quisieran unirse a este devenir desgraciado que ha escrito con sangre, con hambre y con lágrimas la patria de Alejandro Petión, de la cual se dice ahora que necesita diez años, como mínimo, para restablecer su normalidad, es decir, para volver a pasar de la actual situación de conmoción e incertidumbre a la de antes, o sea, para poder volver a seguir viviendo en la miseria.

Por Óscar Humberto Gómez Gómez

4 de febrero de 2010

Piden la renuncia de Hugo Chávez

En medio de la crisis que vive Venezuela, provocada por el cierre de medios, racionamiento eléctrico, expropiaciones, intervenciones bancarias y represión a estudiantes, está cobrando fuerza la propuesta de la renuncia de Chávez.
Durante la final de la temporada de béisbol, el deporte más popular en Venezuela, el pueblo gritaba en los estadios “¡Uno, dos, tres, Chávez estás ponchao!”, refiriéndose a los tres strikes que conducen al out (fuera). Pese a que los canales comerciales, por miedo a ser cerrados por el gobierno, trataban de opacar el sonido, el estruendo era inocultable.

El Foro Demócrata Cristiano, compuesto por figuras reconocidas, como Enrique Aristiguieta Gramcko, quién perteneció a la Junta Patriótica que dirigió la lucha contra el dictador Marcos Pérez Jiménez, y el ex contralor de la República, Eduardo Roche Lander, entre otros, lanzaron una proclama exigiendo la renuncia de Chávez y denunciando el sistema electoral venezolano, por fraudulento y parcializado.
El domingo pasado, el Polo Constitucional, conformado por numerosos dirigentes políticos, incluyendo ex aliados de Chávez, sostuvo una rueda de prensa, para leer un duro comunicado donde se exige la renuncia del mandatario venezolano.
El líder opositor Alejandro Peña Esclusa, presidente de la ONG Fuerza Solidaria, envió ayer una carta a Hugo Chávez pidiéndole su renuncia. Peña Esclusa afirma que se avecina en Venezuela una explosión social, precedida por el colapso del sistema eléctrico nacional, y añade que la única manera de evitar una tragedia de proporciones incalculables es mediante su renuncia.
El Foro Demócrata Cristiano, el Polo Constitucional y Fuerza Solidaria, aseguran que Chávez ha cometido traición a la Patria, por haber entregado el país a los cubanos; y lo acusan de abrirle las puertas a las Farc y al fundamentalismo islámico, poniendo en riesgo la seguridad hemisférica.

Según Peña Esclusa, quien también preside
UnoAmérica, una plataforma que agrupa a 200 ONG latinoamericanas, Chávez perdió el respaldo popular, y para mantenerse en el poder “tendrá que masacrar lo más preciado que tenemos, nuestros jóvenes estudiantes”. Sin embargo, dice, los colaboradores de Chávez no se atreven a decirle la verdad “porque le temen, debido a su personalidad caprichosa e irascible”; lo mismo ocurre con los dirigentes opositores, “porque una palabra de Chávez significa la cárcel o el exilio”.
La misiva de Peña Esclusa añade: “Su permanencia en el poder sólo traerá grandes calamidades y, como resultado, usted de todas maneras abandonará la Presidencia, pero en circunstancias mucho peores para el país y para usted mismo… si usted renuncia ahora, al menos no será recordado como el causante de una gran tragedia nacional”.
La carta de Peña Esclusa

Ciudadano
Hugo Chávez Frías
Palacio de Miraflores
Caracas.-

Después de once años de gobierno, es obvio que su proyecto fracasó; porque usted se ocupó sólo de promover su “revolución socialista”, olvidándose de los verdaderos problemas que afectan a nuestra nación.

Usted administró la fortuna más grande de nuestra historia y, sin embargo, Venezuela está empobrecida, dividida, paralizada, y al borde de un colapso energético, sanitario y alimentario.

Durante su gestión, la anarquía y la inseguridad se han desbordado. Existen mafias del crimen y del narcotráfico, que operan con gran poder e impunidad. Dentro de unos cuantos meses serán más poderosas que el mismo Estado, si es que ya no lo son.

Las naciones civilizadas lo consideran un peligro hemisférico, porque usted sólo ha cultivado las relaciones con Cuba, Irán, el fundamentalismo islámico y las FARC, el principal cartel de la cocaína de América; mientras que ofende y agrede a nuestros amigos y aliados tradicionales.

Usted actúa de manera arbitraria, prepotente y desequilibrada. Sin duda, ya usted no es capaz de percibir la realidad. En medio de su fantasía, usted cree representar el ideario de Simón Bolívar, cuando en realidad encarna el pensamiento de José Tomás Boves, fomentando el odio y el enfrentamiento entre clases sociales. De estar vivo, El Libertador lo habría tratado a usted como un traidor, por entregarle vilmente nuestra Patria y nuestras Fuerzas Armadas a los cubanos.

Usted perdió el respaldo popular y en los últimos años se ha sostenido en el poder solamente por la propaganda, la compra de conciencias, el terror y el cierre de medios. Pero ahora será peor: para mantenerse aferrado a su cargo, tendrá que masacrar lo más preciado que tenemos, nuestros jóvenes estudiantes.

Usted ha cerrado toda posibilidad de un desenlace pacífico y electoral a la crisis que usted mismo ha creado, porque secuestró los poderes públicos, especialmente el Consejo Nacional Electoral, que comete fraude de manera abierta y descarada.

Sus más cercanos colaboradores no se atreven a decirle la verdad, porque le temen, debido a su personalidad caprichosa e irascible. Los dirigentes opositores también sienten miedo, porque una palabra suya significa la cárcel o el exilio.

Como consecuencia de todo lo anterior, se avecina una gravísima confrontación social —precedida por el colapso del sistema eléctrico nacional— que lo devorará a usted primero, y luego a miles de venezolanos inocentes.

Todavía hay tiempo de impedir la tragedia, pero eso requiere que usted renuncie y active los mecanismos contemplados en la Constitución para una sucesión presidencial.

Nos separan diferencias abismales, pero mi lucha contra usted no es personal. He sido un férreo opositor suyo, pero nunca he ofendido su dignidad, ni le he manifestado odio alguno, a pesar de sus calumnias y ofensas. Me veo obligado a solicitar su renuncia, porque su permanencia en el poder sólo traerá grandes calamidades y, como resultado, usted de todas maneras abandonará la Presidencia, pero en circunstancias mucho peores para el país y para usted mismo.

De haberme escuchado en diciembre de 2001, cuando le pedí la renuncia por primera vez, usted le habría ahorrado grandes sufrimientos a los venezolanos y se habría ido con la frente en alto; lo cual, a estas alturas, es ya imposible. Sin embargo, si usted renuncia ahora, al menos no será recordado como el causante de una gran tragedia nacional.
Alejandro Peña Esclusa
Presidente de Fuerza Solidaria

3 de febrero de 2010

La más violenta mentira de Agitprop

De todas las enseñanzas que dejó a los propagandistas Josef Goebbels la que más se aplica en Colombia es que una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad. Un periódico como El Espectador tiene varias decenas de columnistas, unos dos tercios de los cuales parecen recibir consignas sobre los temas que deben tratar, a veces más bien recibir los artículos escritos para que les añadan algún chascarrillo de propia cosecha y así publicarlos. Y los demás medios importantes de la capital hacen exactamente lo mismo. La propuesta de pagar a los estudiantes de Medellín para que denuncien cualquier actividad de bandas criminales ha dado lugar a varios cientos de diatribas clamando por la decencia y el civismo, exactamente de los mismos que exigen que el gobierno premie las actividades de las guerrillas.

Pero lo mismo se podría decir de los "falsos positivos", que según esos profesionales de la mentira afectan a varios miles de víctimas, las cuales extrañamente son sólo cifras en la prensa, salvo alguna decena de casos sobre los que se hace todo el ruido posible. Otro tema típico son los asesinatos de "sindicalistas", tema que sirvió de pretexto a Obama y Nancy Pelosi para frenar el trámite del TLC con Colombia, ofreciendo a sus votantes una doble mentira: la de presentarse como protectores de víctimas de persecución política, siendo que no hay tal, y de paso asegurarse que no hubiera relaciones comerciales fluidas con Colombia, con lo cual se salvarían puestos de trabajo en EE UU, cosa que también es mentira. Más bien al contrario, el comercio favorecería la creación de puestos de trabajo allá, pues las exportaciones colombianas están protegidas por el tratado de preferencias andinas.

La historia de la violencia contra los sindicalistas es paradigma de la mala fe de los propagandistas de la prensa colombiana y de su afinidad más que manifiesta con las tramas de la izquierda democrática, es decir del chavismo, es decir, de las bandas terroristas. Una investigación del CEDE de la Universidad de los Andes arrojó resultados que de ser conocidos por los ciudadanos estadounidenses dejarían muy mal parados a los políticos del Partido Demócrata que "se dejan engañar" para "vender" la falacia que mueve a sus votantes a apoyarlos. Si (tal como cuenta Santiago Montenegro) la tasa de homicidios en Colombia en 2008 era de 35 por 100.000 habitantes mientras que la de afiliados a sindicatos era de 5 por cada 100.000, la queja que tendría sentido presentar al gobierno colombiano sería por la desprotección que sufren los no afiliados a sindicatos.

La causa de que los homicidios que sufren personas afiliadas a sindicatos sea tan llamativamente inferior a la de los demás tiene que ver con la condición social de esas personas: en su gran mayoría son empleados estatales que viven en barrios acomodados de las grandes ciudades y se han beneficiado del poder acumulado durante muchas décadas por el Partido Comunista gracias a su formidable organización y a sus recursos de presión. Las circunstancias en que una persona está expuesta a que la maten son más bien extrañas para esa minoría de la sociedad.
Pero lo interesante es recordar que el informe citado del CEDE de la U. de Los Andes, basándose en una investigación exhaustiva, llega a la conclusión de que no hay en Colombia una persecución sistemática ni dirigida contra las organizaciones sindicales. En el resumen de dicho informe se lee:

En particular, el artículo muestra que la violencia anti-sindical en Colombia ha caído de manera sostenida durante los últimos siete años. Adicionalmente, usamos una base de datos tipo panel para estudiar los determinantes de la violencia anti-sindical en Colombia, haciendo especial énfasis en probar la hipótesis según la cual la mayor actividad sindical causa mayor violencia anti-sindical. Usando diferentes fuentes de datos, estrategias de estimación y períodos de tiempo, no encontramos ninguna evidencia estadística en favor de esta hipótesis. Los resultados de este artículo sugieren que, en promedio, la violencia contra sindicalistas en Colombia no es sistemática ni dirigida.

Pero nada de eso interesa a los sindicalistas, del mismo modo en que la inmensa mayoría de las atrocidades de las bandas terroristas no merecen la menor atención de la prensa colombiana. En un informe sobre la situación de los sindicalistas en el mundo, publicado en la página de una organización sindical internacional, se lee:

A nivel mundial en 2008, al menos 76 sindicalistas fueron asesinados como resultado de sus acciones en defensa de los derechos de los trabajadores. América Latina sigue siendo el continente más mortífero para los sindicalistas, con 66 asesinatos en 2008. En Colombia, 49 sindicalistas perdieron la vida (de los que 16 eran dirigentes sindicales, incluyendo cuatro mujeres), lo que representa un incremento del 25% respecto a 2007. También mataron a sindicalistas en Guatemala (9), Honduras (3) y Venezuela (4) entre otros países. En Asia, se registraron al menos seis asesinatos (Nepal y Filipinas), tres en África (Nigeria, Túnez y Zimbabwe) y uno en Oriente Medio (Iraq).

Es decir, que dos tercios de los homicidios de "sindicalistas" en todo el mundo tuvieron lugar en Colombia. Es difícil saber si los redactores del informe eran conscientes de la mentira que propagan los activistas del chavismo, pero lo cierto es que dicen que esas personas murieron por sus actividades sindicales, cosa que es manifiestamente falsa.

Un elemento importante de esa mixtificación es el que atañe al término sindicalista. Para el caso se alude a "personas afiliadas a sindicatos", pero todo el mundo entiende que se trata de activistas sindicales. La prensa colombiana, cuyos dueños lo son también de las bandas de asesinos ligadas al chavismo, no tiene el menor pudor en presentar sistemáticamente esos datos como ciertos. Y en el medio es raro el que se interesa por descubrir la mentira de esos datos. Si en el mundo el promedio mundial de homicidios anuales por cada 100.000 habitantes es de 7.6 y si la tasa fuera la misma para los afiliados a sindicatos (unos 166 millones según la Wikipedia), en un año no habría habido 76 muertes de "sindicalistas", sino más de doce mil.

Lo que pasa es que nadie se pone a considerar si la víctima de un homicidio pasional o de un atraco estaba afiliada a un sindicato. Sólo para los fines de la insurgencia, es decir, de los dueños de la prensa y de muchos otros integrantes de la vasta conjura de la que la insurgencia es sólo el servicio doméstico, se cuentan esos crímenes como relevantes políticamente en Colombia. No importa que los asesinos sean socios de los denunciantes y que las víctimas sean uribistas, como denunciaba José Obdulio Gaviria que ocurrió con el profesor Jaime Bazante.

Pero en fin: las mentiras de esta gente son tan atroces y la disposición con que las propagan es tan repugnante y despreciable que uno sólo puede registrar la mentira, convencido de que aquellos que la propagan SABEN bien que los crímenes de la tropa de niños y rústicos sólo tienen por objeto asegurarles rentas y poder a ellos.

2 de febrero de 2010

Avalúos e impuestos

Una buena manera de visualizar el impacto del impuesto predial en la canasta, es prorratear entre los doce meses del año el valor a pagar, y sacar conclusiones: ¿Qué porcentaje del gasto mensual es? ¿Se pueden hacer recortes en el presupuesto mensual para pagarlo? Y si es su segunda vivienda, ¿se puede trasladar al valor del arriendo ese incremento? En otras palabras, este incremento actúa como una reducción de los ingresos.

Según palabras del Director Nacional del IGAC (“Si hay equivocaciones son mínimas” El Universal, 19 de enero del 2010), el avalúo catastral en Cartagena es igual al 60% de valor comercial; y según los entendidos, a la hora de estimar el precio de un inmueble, se valoran entre otros, los siguientes aspectos: el barrio, la ubicación específica, la vista, el área, la antigüedad, el estado de la unidad habitacional específica, y tratándose de propiedad comunal, el estado de la edificación.

Por lo tanto la función que utilizó el IGAC para determinar el valor comercial de los bienes raíces –imagino ante lo impráctico de visitarlos todos- debió incluir un promedio del metro cuadrado por micro sector, y extrapolarlo a todos los bienes del subconjunto sin despreciar los elementos propios de cada uno  mencionados en el párrafo anterior. La consulta de la base de datos de la oficina de instrumentos públicos debió ser imperativa; también la realización de encuestas focalizadas, y una verificación aleatoria.

Si fue así, y el trabajo se hizo con profesionalismo, los resultados deben reflejar la realidad, salvo pequeñas desviaciones que al estar gravadas con el 6.5 mil, se vuelven imperceptibles, o insignificantes para aventurarse en el viacrucis de un reclamo. Un descuadre de 10  millones en el avalúo, por ejemplo, representa 65 mil pesos en el impuesto, de los cuales casi 10 mil se descuentan por pronto pago.

Pero la verdad es que la protesta es mayúscula. ¿Qué pasó? El IGAC y la Alcaldía nos deben una explicación pública de la metodología utilizada, única forma de poder objetar o avalar los resultados.

En el sector residencial al menos, los propietarios saben, sin necesidad de contratar un perito, el valor comercial de sus inmuebles, por lo tanto llegar al valor catastral le resultará muy fácil (multiplicarlo por 0.6); y a los funcionarios también: realizar encuestas. Algunos propietarios ya lo habrán hecho, y reconocido que estaban sub valorados. No obstante en otros casos se ha encontrado una sobre valoración del avalúo que supera el valor comercial, y el reclamo aplica.

Ahora, a pesar de haber una buena disposición de parte de la Dirección  del IGAC para atender reclamos, ya se escuchan quejas de las trabas que ponen los funcionarios de ventanilla para recibir los documentos, cuyo objetivo no es otro que hacer desistir a los que presentan casos de menor cuantía. Por ejemplo, el funcionario de ventanilla revisa los documentos entregados y decide si recibe o no el reclamo: esto crea congestión y errores de recibo, cuando esa función debería estar fuera de línea.

Otra, los funcionarios de ventanilla confunden la obligación de que sea el propietario, o un apoderado, quien haga el reclamo (lo firme), con la persona  que entrega los papeles, que puede ser un mensajero; y exigen la presencia del firmante.

Por Miguel Yances Peña, Columnista de El Universal de Cartagena.

1 de febrero de 2010

La prudencia contra el dictador

Uribe ha pedido que la prudencia sea la actitud del gobierno colombiano en la crisis que ha desatado el dictador venezolano. Aunque muchos funcionarios quisieran decir unas cuantas cosas, nada gratas para el autócrata de Caracas, lo cierto es que el silencio diplomático es el arma escogida por nuestro país para el duelo con el cubanizado régimen venezolano.

¿Es buena la prudencia? Desde las perspectivas diplomática, política y estratégica esa prudencia no sólo es sana sino necesaria. El gobierno colombiano sabe que las respuestas prudentes exasperan al dictador venezolano, quien siendo militar, calcula la respuesta de su adversario desde las armas. Cuando la contestación se da en el terreno diplomático, el militar mediocre que gobierna a la Pequeña Venecia siente una gran frustración por desatar una acción que no tuvo la respuesta esperada.

Pero también es cierto que ese militar se convence cada día más de que su adversario es débil y le teme a una confrontación. Por eso va escalando poco a poco las provocaciones militares, midiendo la respuesta y utilizándolas como distracción para una acción militar de bajo nivel.

En otras palabras: el helicóptero sobre Arauca, o la cada vez más frecuente captura de militares en cercanías a la frontera, son elementos de distracción que utiliza el dictador para que las fuerzas de seguridad de Colombia bajen la guardia, lo mismo que los ciudadanos, y así tener el terreno propicio para un golpe de grandes repercusiones.

Chávez está utilizando las tensiones que él fabricó para obligar a Colombia a desviar tropas y recursos para atender la amenaza en defensa. Esas tropas, y esos recursos, estaban concentrados en la misión de combatir a las Farc y el dictador intenta, desde su perspectiva militar, aliviar las presiones contra el terrorismo generando incidentes en diferentes zonas de la frontera.

Él sabe que Colombia no tiene los recursos desbordados que su régimen nefasto ha malgastado en armamento y por eso cuenta con que alguna de sus provocaciones funcionará: un solo disparo desde territorio colombiano, una respuesta de fuego a la violación del espacio aéreo, un cruce de disparos entre uniformados de Colombia y militares o paramilitares venezolanos serán la excusa perfecta para que el dictador justifique el ataque.

El autócrata venezolano sabe que solo se darán escaramuzas, que con un ataque más o menos bien preparado contra las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena, podrá dejar a Colombia con gasolina para 30 días, aunque eso no es lo importante: lo fundamental es que las Fuerzas Armadas de Colombia tengan que atender dos frentes de guerra diferentes, es decir, una guerra en el terreno de la defensa y otra en el campo de la seguridad.

Aliviar a las Farc es la prioridad del dictador, pues sin las presiones, esas unidades de niños y campesinos serán la carne de cañón que podrá utilizar a su antojo para avanzar en su objetivo expansionista de controlar a Colombia, golpeando la política de Seguridad Democrática y moviendo el péndulo de la opinión al terreno de la negociación y la claudicación.

En las últimas horas fueron asesinados siete uniformados en Arauca. ¿Ese ataque, ordenado por alias Grannobles desde el exterior, tendrá alguna relación con el sobrevuelo de un helicóptero de las Fuerzas Armadas de Venezuela?

Lo que se ha descrito hasta ahora de la incursión aérea de los militares venezolanos corresponde a la táctica simple de un vuelo de reconocimiento. Chávez, amparado en la prudencia de Colombia, envió el helicóptero para revisar las cercanías de la capital de Arauca, pasar revista a las instalaciones militares y obtener información para calcular las posibilidades de respuesta ante un ataque.

No puedo dejar de preguntarme: ¿quién viajaba en el helicóptero que invadió el espacio aéreo colombiano el pasado 27 de enero? ¿Acaso estaban a bordo algunos de los altos mandos de las Farc residenciados en Venezuela, entre ellos ‘Grannobles’?  En las últimas horas, Noticias RCN avanzó en la respuesta a estos interrogantes: en el helicóptero viajaban el gobernador del estado Apure, el alcalde de Guasdualito, el Jefe Militar del Fuerte Sorocaima y un funcionario de la Embajada de Francia en Caracas.

¿Qué hacía un diplomático francés en un helicóptero militar que violó la soberanía colombiana?  ¿Es posible acaso que Chávez confiara en una respuesta militar de nuestro país y con la presencia del francés, se desatara un problema internacional?

La prudencia no es buena desde la perspectiva militar, pero es la única posibilidad real que tiene Colombia de enfrentar la amenaza del dictador.

Por Jaime Restrepo.

28 de enero de 2010

El informe de la "Comisión de la Verdad" (y II)

La semana pasada expliqué que el citado informe es sólo un intento de justificar la persecución política que la mal llamada Corte Suprema de Justicia ha emprendido contra los militares que recuperaron el Palacio de Justicia en 1985, y de paso desautorizar la política de seguridad democrática y todo esfuerzo que se haga para contener a las bandas de asesinos que, como el M-19, están en la base del poder de los magistrados (tras la constitución que prohibió extraditar a Pablo Escobar y compañía). Todo eso resulta evidente al leer las Recomendaciones con que concluye dicho escrito: el resto es sólo el camino que se sigue para llegar a esa conclusión, y en 317 páginas uno puede encontrar desarrollada hasta el hartazgo toda la habitual propaganda del Partido Comunista. Ojalá algún día los colombianos se detengan a considerar la enormidad que tal conducta representa. Pero en Colombia la inoperancia institucional, y la misma persecución que han emprendido los magistrados contra el Congreso, han impedido que se investigue un prevaricato evidente. (Las negritas siempre son mías.)

Recomendaciones
La Comisión de la Verdad tiene la profunda convicción que el Estado y la sociedad colombiana tienen ineludibles deberes de conocer la dolorosa realidad que brota de los hechos del Palacio de Justicia y de aprender las lecciones que permitan evitar que estos hechos se repitan. Las recomendaciones que aquí se presentan constituyen una hoja de ruta que esta Comisión le propone al país, para paliar las terribles consecuencias de los hechos y tratar de conjurar la vergonzosa impunidad que ha rodeado esta tragedia nacional. Se hace con el pleno convencimiento de que sólo con la adopción de medidas concretas se podrá convertir en realidad el “nunca más”, leitmotiv de la Comisión de la Verdad, el cual puede erigirse en pauta ética, política y jurídica de la Nación.


Siempre es una tarea complicada explicar que los problemas de la sociedad colombiana no le llegan de fuera sino que están en la misma concepción del orden social. ¿Cuál es la función de los jueces en los países desarrollados? En Colombia lo es el activismo político y la pretensión de dominar a los poderes elegidos. Es decir a los ciudadanos. Valdría la pena preguntarse ¿cuáles son los hechos que hay que evitar que se repitan? No, no es que haya bandas criminales secuestrando funcionarios, sino que se intente impedir que se salgan con la suya. "Conjurar la vergonzosa impunidad" es el nombre eufemístico para "perseguir por encima de toda normatividad jurídica a los militares que echaron a perder la labor de los terroristas". La "tragedia nacional" es que crímenes como ése hayan servido de base para que la justicia caiga en manos de semejantes bandidos, que no ocultan su interés en reemplazar a los demás poderes y dictar la pauta ética. Cosa que llevan haciendo décadas: por eso sigue habiendo secuestros y masacres, porque el poder real está en manos de estos socios del terrorismo.

Derecho a la verdad

La memoria histórica es un concepto central para entender la trascendencia de la verdad y su significado político y jurídico. La fidelidad de esta memoria a los hechos suele ser un ejercicio subjetivo, pero aspira construir una narración socialmente compartida de hechos que, como los que se relatan en este Informe, representan hitos fundamentales en nuestra evolución como Nación.
Hay que prestar atención a lindezas como ésa: ¡el "derecho a la verdad" consiste en el derecho de los magistrados a imponer la visión que conviene a su interés! En la frase resaltada esa pretensión adquiere ribetes cómicos: ¿quién aspira a construir una narración socialmente compartida? ¿La fidelidad a los hechos? Ése es un sujeto muy extraño para semejante predicado, y sólo ocurre, como en los contratos de uso de los programas informáticos, que no hace falta fijarse demasiado en el sentido común porque nadie va a leer y sólo quedará el impacto de que los jueces ordenaron perseguir a los militares. "Aspirar a construir una visión socialmente compartida" significa: "pretender que socialmente se comparta una narración impuesta por una autoridad no elegida". ¿Quién construye esa narración? Tres ex presidentes de la CSJ basados en los escritos de personas próximas al M-19.

La narración de los graves crímenes perpetrados y de la impunidad que subsiguió, refleja no sólo lo que puede ser pertinente para el caso del Palacio de Justicia, sino que constituye un retrato de los males profundos que afectan a nuestra sociedad. ¿Cómo es posible que la violencia enloquecida y despiadada de las partes en conflicto hubiese segado aproximadamente un centenar de vidas, y no se haya generado un cambio en la forma de resolver los conflictos en Colombia? ¿Cómo aceptar que el inexplicable desprecio hacia la vida de otros, haya permanecido impune? ¿Cómo explicar la masacre del Palacio de Justicia y la interrupción durante 28 horas de un Estado de derecho, sustentado en una democracia sólida y de larga data?

Como ya he explicado, se trata sólo de la propaganda del Partido Comunista. ¿Cuáles son las partes en conflicto? ¿Hay algún otro "mal profundo" de la sociedad que el hecho de que una secta totalitaria y criminal domine la cúpula judicial?

Estas preguntas, sin respuestas satisfactorias, se pueden insertar en las múltiples tragedias que Colombia ha vivido por causa de las violencias. En momentos en los que el país se debate aún en las fauces del conflicto armado interno, de los crímenes horrendos de la guerrilla, del paramilitarismo, del narcotráfico, del desprecio a la vida y a la libertad, de delitos perpetrados por agentes del orden, la reflexión sobre lo ocurrido en el Palacio de Justicia ofrece al país una oportunidad de enmendar rumbos, de mirarse honestamente en el espejo de la miseria y de la tragedia y, a partir de asumir que esas verdades forman parte también de nuestra identidad, plantear todos el esfuerzo conjunto de construir la paz sobre bases sólidas y de poner la dignidad humana por encima de cualquier otra consideración.

La política, sobre todo cuando es pura propaganda, tiende a ser indistinguible de la poesía barata. ¡Es el "conflicto" el que tiene fauces y sus agentes son como objetos de ese monstruo. Naturalmente, ¡hay formas civilizadas de arreglar las diferencias, no todo ha de ser el guerrerismo de Uribe! Viéndolo bien, no sólo se trata de perseguir y asustar a los militares ni de descalificar y amenazar con perseguir judicialmente la política de Seguridad Democrática, sino incluso de impedir los rescates de rehenes.

En ese sentido, la verdad real y completa de los hechos, es nuestra primera recomendación y exhortación. Esa verdad no sólo debe surgir de procesos judiciales, sino también de la construcción de la historia, de los medios de comunicación y de los textos escolares que nuestros hijos, y los hijos de nuestros hijos, leerán sobre lo que ocurrió en esos infaustos dos días en el centro de la capital de la República.

La verdad real y completa, no hay que engañarse, es la que sale de la Comisión de la Verdad, es decir, del Secretariado. ¿O alguien cree que el Secretariado de las FARC cambiaría una sola coma de ese informe? ¡La construcción de la historia! llaman a la elaboración de manuales propagandísticos como ése, y esperan que el Estado se dedique a promover el asesinato en masa divulgándolos.

Es necesario que el Estado implemente una política nacional de verdad y memoria sobre los grandes crímenes cometidos en el terrible desarrollo de las violencias. Esta política debe formar parte de la labor de todas las instituciones públicas. Dentro de ella, se debe considerar la constitución de mecanismos oficiales, jurisdiccionales y no jurisdiccionales, de reflexión permanente sobre la violencia en Colombia y para el esclarecimiento de todos los graves delitos contra los derechos humanos.

Es decir, el presupuesto se debe gastar, tal como se gasta en adoctrinar militantes marxistas en las universidades públicas, en financiar think tanks dedicados a promover la "verdad" de la CSJ, a la que están obviamente sometidas todas las instituciones públicas. Es como un intento de tomar el poder por decreto, toda vez que los secuestros y masacres no rindieron lo suficiente.

En particular, la Comisión de la Verdad recomienda:

1. A las autoridades judiciales, que en el desarrollo de los procesos en curso y de aquellos que en el futuro se inicien, realicen todos los esfuerzos para encontrar la verdad, de modo que se respete y restaure la dignidad de las víctimas. Esta verdad debe incluir la correcta valoración jurídica de los hechos a la luz del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, así como la identificación de todos los responsables, sean materiales o intelectuales.

Es decir, saltarse todos los procedimientos del derecho para llevar a la práctica la persecución contra los militares, toda vez que la judicatura es el último recurso que le queda al PCC para tomar el poder.

2. La efectiva implementación de una política nacional de archivos que contribuya a conocer y divulgar la historia de las violencias en Colombia, en el marco de lo previsto en la Ley General de Archivos y en los artículos 56 y 57 de Ley 975 de 2005, en lo relativo al deber de memoria y de preservación de archivos. La centralización de este sistema puede empezar mediante la interconexión de archivos nacionales, departamentales y distritales, así como aquellos que obren en poder de instituciones públicas sectoriales e incluso rchivos privados. Es preciso, asimismo, que el Archivo General de la Nación adopte las medidas necesarias para digitalizar toda documentación escrita y audiovisual, de modo que se garantice la protección de documentos originales.

Más claro no canta un gallo. Quieren tener un costoso organismo oficial dedicado a sacar partido de "las violencias" y a explotar el pasado para asegurar los negocios del PCC y la caterva de prevaricadores.

3. El establecimiento de un centro de información, documentación y educación sobre los hechos del Palacio de Justicia, en el espacio que debe disponerse al efecto en la Biblioteca Enrique Low Murtra (Ley 1056 de 2006), al que esta Comisión hará entrega, por conducto de la Corte Suprema de Justicia, de la valiosa documentación recogida a lo largo de su misión y en donde otras instituciones, incluyendo las de investigación judicial, puedan centralizar la información disponible sobre los hechos, que encontrarán allí permanente memorial y lugar de conmemoración.

4. Garantizar el más amplio acceso a la información que se refiera a actos violatorios de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario al público en general y a las víctimas en particular. Esto incluye la revisión cuidadosa de la actual legislación sobre acceso a información, la adopción de procedimientos claros y la evaluación periódica del cumplimiento del deber de informar de la administración pública. Las excepciones al principio de acceso a información sólo pueden estar referidas a causas razonables, proporcionales y acordes con la democracia y el Estado de derecho.

Lo dicho: toda una máquina de propaganda dedicada a sacar partido del informe para imponer sobre el futuro una versión casi abiertamente partidaria del terrorismo, marcadamente signada por el lenguaje de la propaganda del PCC que cualquier colombiano que lea la prensa conoce muy bien.

5. Al Ministerio de Educación, a las instituciones educativas de los sistemas público y privado y a las demás entidades culturales competentes en niveles nacional, departamental, distrital y municipal, la Comisión recomienda la revisión exhaustiva de los contenidos educativos, particularmente de los textos y pedagogía utilizada en cursos de historia de Colombia, de educación cívica, ética y democracia y otros similares, referidos a la narración sobre la toma y la retoma del Palacio de Justicia, de modo que reflejen con objetividad y sin prejuicios las causas, hechos y consecuencias, contribuyendo con herramientas pedagógicas específicas a la discusión y debate por parte de profesores y alumnos, sobre el significado de este suceso en la historia de las violencias en Colombia, siempre como garantía de no repetición.

El descaro de esta recomendación es tal que hasta mereció un artículo en El Tiempo. Y es una prueba más de que en Colombia no hay democracia ni Estado de derecho, porque las autoridades elegidas por la gente no cuentan para nada: quien realmente manda son las altas cortes, y su agenda consiste en facilitar la toma del poder a las tropas del partido con el que colaboran los magistrados.
6. Los medios de comunicación podrían sumarse al esfuerzo por revisar críticamente la cobertura que se ha realizado sobre los hechos del Palacio de Justicia y promover el más amplio debate público sobre su significado, con absoluta objetividad. Asimismo, que en el desarrollo de esa cobertura informativa y de educación pública, se respete plenamente la dignidad de las víctimas.
De nuevo, "la dignidad de las víctimas" es el pretexto para llamar a los medios de comunicación a colaborar en la tarea de explotar la tragedia para ayudar en la revolución. ¡Como si no lo hicieran ya!

7. A todas las partes que intervinieron directa o indirectamente en los hechos ocurridos el 6 y 7 de noviembre de 1985, así como en sus causas y consecuencias, la Comisión les invita a realizar un examen sobre sus responsabilidades. En particular, sin perjuicio de reconocimientos que se hayan efectuado y del resultado de los procesos judiciales, los integrantes del extinto M-19, deben formular públicas e incondicionales disculpas al país y a las víctimas, por haber recurrido a la retención de rehenes y a la violencia delirante, en una acción iniciadora y determinadora de la pérdida de vida de seres humanos.

8. Asimismo, los más altos mandos de la fuerza pública deben reconocer y pedir perdón a la institucionalidad y a las víctimas, por sus excesos en la reacción, igualmente determinadora de la pérdida de vida de seres humanos.

Nadie debe dudarlo: para los magistrados la fuerza pública es igual de legítima al M-19.

9. Los partidos políticos, los líderes y otras personalidades relevantes de ese entonces, deben asumir sus responsabilidades, de modo que envíen a la sociedad colombiana en general, y a las víctimas en particular, una señal inequívoca de que el sentido último de la función pública es la protección de la vida y de la dignidad humana, aún en las circunstancias más extremas. 10. Finalmente, el Estado colombiano debe también reconocer su responsabilidad en los hechos y pedir perdón a las víctimas.

Pero ¿cuál es la responsabilidad del "Estado colombiano"? ¿Qué es el "Estado colombiano"? ¿Cuáles son las víctimas? En general se trata de militantes del M-19 o de las redes mafiosas afines que intentan usar los supuestos crímenes como pretexto para deslegitimar la democracia. La CSJ anda en lo mismo, legitimando el terrorismo y haciendo culpable a la democracia de los crímenes de los adolescentes que tan eficazmente promovieron la carrera de los magistrados, toda vez que, como ya expliqué la semana pasada, el escándalo es el Plan B del golpe.

27 de enero de 2010

Gobierno de emergencia para enfrentar el colapso eléctrico


La crisis del sistema eléctrico nacional es mucho más grave de lo que se piensa. Durante estos once años, el gobierno de Chávez no ha invertido lo requerido en plantas termoeléctricas, para suplir la creciente demanda. Como consecuencia, Venezuela depende en un 70 por ciento del embalse del Guri.


Según un informe de Corpoelec, publicado en diversas páginas electrónicas, dentro de ciento veinte días podríamos estar enfrentando un “colapso eléctrico nacional”, debido a que -de seguir disminuyendo el nivel de la represa del Guri- dejará de funcionar el sistema.
    
La respuesta del gobierno ha sido racionar el suministro eléctrico, además de ordenar la instalación de algunas plantas térmicas; pero eso no es suficiente para evitar un apagón generalizado de varios días o -en el mejor de los casos- un racionamiento severo prolongado.
    
En el mundo moderno en que vivimos, la economía de un país depende casi en su totalidad de la electricidad. La suspensión o racionamiento prolongado del servició eléctrico traería gravísimas consecuencias, sobre todo en la producción, conservación y distribución de alimentos. Sin mencionar los efectos nocivos en otros servicios y en el incremento de la inseguridad.
    
Para decirlo sin rodeos: de seguir así, nos dirigimos a una hambruna y, junto con ella, a una confrontación social por la obtención de alimentos. Un ejemplo palpable y reciente en el que debemos reflejarnos es el de Haití.
    
Se trata, pues, de una catástrofe parecida a un terremoto o a un deslave, pero con una ligera ventaja, sabemos que se acerca y podemos prever casi con exactitud la fecha del siniestro: el día en que el nivel del embalse del Guri descienda a 240 metros. 
    
Un gobierno serio tomaría de inmediato tres medidas: primero, informar a la población, e incluso a la opinión pública internacional, sobre la cruda realidad de la crisis; segundo, pedir ayuda a todos los sectores nacionales e internacionales que puedan colaborar en resolverla; y tercero, solicitar la comprensión de los venezolanos para compartir los sacrificios que esta crisis conlleva.
    
Pero Chávez está haciendo justamente lo contrario: encubriendo y falseando la realidad; peleándose con quienes podrían ayudarnos, particularmente con Estados Unidos (suministro de plantas) y con Colombia (suministro de alimentos); y cerrándole el paso a los técnicos más capacitados, por no ser “revolucionarios”. 
    
Además, no tiene autoridad moral para pedir sacrificios, puesto que Chávez es el principal culpable de la crisis, al no haber invertido en la modernización del sistema eléctrico, mientras que dilapidaba nuestros recursos en ayudar a sus aliados internacionales y en comprar armas de guerra. 
    
Los dirigentes de oposición piden esperar hasta septiembre, para ganar las elecciones parlamentarias y, desde la Asamblea, comenzar a revertir los males del proceso revolucionario. Pero esa solución no es realista; primero, porque habrá un fraude masivo en las elecciones, y segundo, porque la crisis eléctrica no esperará hasta septiembre.

La única solución válida, por difícil que parezca, pasa por la renuncia de Chávez y por la conformación de un gobierno de emergencia, compuesto por los hombres y mujeres más capaces de Venezuela. Pero esta alternativa sólo es posible si los sectores conscientes del país, incluyendo a los propios chavistas, se ponen de acuerdo en la necesidad de enfrentar la catástrofe que se avecina con la seriedad y la firmeza que se merece.

Por Alejandro Peña Esclusa.