El veredicto de 608 páginas: continúa el horror judicial

Por Eduardo Mackenzie

La sentencia que condena en segunda instancia al coronel Alfonso Plazas Vega por los hechos del Palacio de Justicia de 1985 puede tener 608 páginas, pero no vale un clavo. Los dos magistrados que suscriben ese documento parecen no haber entendido que la verdad y la justicia no pueden ser sepultadas por una avalancha de papel. La verborrea y la hipertrofia textual nunca fueron buen signo en Derecho, ni sinónimo de exactitud y claridad conceptual. Todo lo contrario. Para hacerse invisibles, el error, la cobardía y la infamia, suelen esconderse tras torrentes de palabras.

La sentencia del Tribunal Superior de Bogotá no sólo confirma una sentencia inicua de primera instancia sino que pone en evidencia un hecho gravísimo: la pasión política y el odio a las instituciones y a las Fuerzas Militares orientan el trabajo de ciertos actores importantes del poder judicial colombiano.

Lo que acaba de ocurrir es la prueba mayor de que parcelas enteras de la justicia colombiana escapan a la institucionalidad, es decir a la Constitución, a las leyes y a los organismos de control del país.

¿Exagero? No. Con esa sentencia, los magistrados Alberto Poveda y Fernando Pareja le dicen al país que su meta no era sólo condenar al precio que fuera al coronel Plazas Vega, pasando por encima de las exigencias de ley 600 de 2000, sino asestarle un golpe devastador a las Fuerzas Armadas y al Estado colombiano.

¿Qué pretenden acaso cuando exigen que Belisario Betancur, el presidente en 1985, y sus ministros, sean juzgados por la Corte Penal Internacional por los hechos del Palacio de Justicia, como si Colombia no hubiera examinado sus actuaciones?

¿Qué buscan cuando exigen al Gobierno hacer actos “de perdón hacia las víctimas” en los próximos meses? ¿Por qué tal humillación contra las Fuerzas Armadas? ¿Por haber realizado un acto heroico, uno más, que merece el respeto y la admiración de todos: la derrota del golpe de Estado que Pablo Escobar y la organización terrorista M-19, con ayuda de los cubanos, querían dar el 6 de noviembre de 1985 contra el país? El poder judicial que nunca quiso juzgar a los agresores, a los secuestradores y asesinos de magistrados, quiere castigar ahora al agredido, a las Fuerzas Militares que protegieron a Colombia.

Que cada ciudadano saque sus conclusiones sobre lo que son y representan esos dos magistrados.

¿Qué es el proceso Plazas Vega? Un objeto judicial no identificado. ¿Cómo puede ser llamado de otra forma un proceso penal que se desarrolla sin jurado, sin testigos, sin pruebas y sin que el acusado haya podido defenderse? Un proceso equitativo, lo que algunos llaman “el debido proceso”, no puede existir si no se respetan las normas de Derecho.

¿Cuáles son exactamente las pruebas que explican la injusta condena? Nadie lo sabe. No es sino leer el salvamento de voto del magistrado Hermens Darío Lara Acuña, primer ponente de la sentencia, que no convalidó la condena sino que pedía en su ponencia la absolución y la libertad del procesado (p. 968). No fue escuchado. Su trabajo serísimo de 16 meses fue barrido con un reverso de mano. El estima, sin embargo, queda: “no se tiene prueba alguna de que unas personas hayan sido víctimas del delito de desaparición forzada”.

En todo país democrático, un hombre es inocente hasta que su culpabilidad es probada por la justicia. En este proceso se hizo lo contrario. Los jueces vieron al coronel Plazas como culpable desde el comienzo, y no probaron nada. Él tuvo que demostrar su inocencia. Empero, ellos ignoraron esas pruebas.

El coronel Plazas no fue siquiera interrogado sobre los puntos esenciales de la acusación, la cual cambió tres veces, sin explicación. Tres años después del comienzo de la instrucción, la fiscal no pudo establecer cómo los delitos que le atribuyen (haber “desaparecido” tres personas que estaban en el palacio de Justicia –después dijeron que eran 11 y ahora pretenden que son dos–, pudieron haber sido cometidos. ¿Un proceso que no aporta la prueba incuestionable de la culpabilidad y de la responsabilidad del acusado puede culminar en una condena a 30 años de prisión? No. Jamás.

Ante esa imposibilidad, la juez Jara, y los dos magistrados del TSB, apelaron a una teoría ajena a nuestro ordenamiento legal: el del “actor lejano” (o actor mediato). Esa teoría los lleva a caracterizar al Ejército colombiano como una organización criminal. El magistrado Hermens Darío Lara Acuña demostró que esa visión de las cosas es absurda e inaplicable.

De hecho, Hermens Darío Lara Acuña hace una demoledora crítica de la sentencia de primera instancia y de la sentencia reciente, donde encontró muchísimos “juicios imprecisos” cuyas “consecuencias […] no se avizoran dentro del proceso sino en otros ámbitos”.

Algo muy importante: Lara dice que en la sentencia de primera instancia se confunden “hipótesis a comprobar y hechos comprobados”. Señala que eso “se convirtió en otro de los instrumentos por medio de los cuales se afirmaron premisas sin soporte probatorio, los que, a su vez, sirvieron de sustento a varias decisiones en este proceso” (p. 613). “En esta actuación judicial hay muchos, diríase mejor, demasiados supuestos, verdades a medias que son verdaderas mentiras y mentiras verdaderas que son verdades procesales”.

Dice que no hubo “prueba que permita la certeza de la conducta punible y de la responsabilidad del procesado”, y que “no hubo investigación integral”, la cual supone “investigar lo favorable y lo desfavorable para el acusado, según el artículo 234 de la ley 600 de 2000”. Ese magistrado estima que por ello hubo allí un “elevado cúmulo de errores e imprecisiones, a veces directamente inducidos por los testigos, quienes sin crítica probatoria logran su cometido, y a veces por decisión directa del fallo”.

Lara Acuña critica cómo fueron valoradas las pruebas en el proceso. Dice que en éste hubo “invención de situaciones, de hechos y de actores”, entre otras anomalías, y que hubo “cambios dramáticos y radicales de versiones de los testigos”, sobre todo respecto de la actuación de los militares en el palacio y fuera de él.

Hermens Darío Lara Acuña reitera que “no se encontró prueba alguna de la desaparición forzada de diez personas” (p. 935). En su salvamento de voto explica sus divergencias también sobre el asunto del “poder de mando” del coronel Plazas durante los hechos del palacio, “pieza fundamental cuando se habla de la responsabilidad a título de autor mediato por estructuras organizadas de poder”.

El magistrado Lara reitera que en el proceso hubo “pruebas falsas”, como el asunto del señor Villamizar/Villarreal, o el dicho del padre de Carlos Rodríguez Vera, jefe de la cafetería, que se basó en las afirmaciones del falso testigo Gámez Mazuera. Él comprobó que numerosos testimonios, como el de hermano de Irma Franco, el de Rubiano Galvis, Orlando Quijano, César Sánchez Cuestas, y el del estudiante Santodomingo, fueron puras “pruebas construidas”. El magistrado recusa también como pruebas las supuestas comunicaciones internas del Ejército aportadas por una de las partes, pues estableció que esas grabaciones “no son ni legales, ni originales ni auténticas”.

Explica que “gracias a pruebas falsas” se pretendía conectar y atribuir a algunos actores unos actos que de otra manera habría sido imposible atribuirles, como las supuestas torturas y el supuesto asesinato de Carlos Rodríguez Vera y su supuesta inhumación “dentro de la misma unidad militar”. (p. 615). Hermens Darío Lara Acuña dice que no se probó la desaparición forzada de Carlos Rodríguez Vera. Critica el testimonio de Cecilia Saturia Cabrera sobre ese punto y dice que tampoco se tiene pruebas de la responsabilidad de Plazas con la supuesta desaparición de Rodríguez Vera.

Explica que ni los familiares de Rodríguez Vera pudieron decir que lo habían visto salir vivo del palacio, en los videos. “El señor Rodríguez, suegro de la declarante, dice que en un video del noticiero TV Hoy, con la presencia de la señora Saturia Cabrera, ni siquiera identificaron a su hijo, Carlos Augusto Rodríguez Vera”. El magistrado insiste en que esas personas, al ver los originales de ese video, en las instalaciones de ese noticiero, donde la persona que sale del palacio fue captada de frente por la cámara, “no lo reconocen como la persona que sale” del palacio. Hermens Darío Lara Acuña se pregunta cómo es posible que la misma señora, Saturia Cabrera, logre identificarlo 20 años después “con alguien a quien el rostro no se le observa completamente”.

El magistrado Lara Acuña afirma: “No hay una sola prueba de que las diez personas hayan sido víctimas del delito de desaparición forzada”. (p. 935). Y reitera que “no hay prueba legal que los muestre saliendo vivos del Palacio de Justicia”.

Para Lara Acuña, en su salvamento de voto, la teoría de la estructura organizada de poder no funciona. En primer lugar, destruye el rumor de que hubo “un plan determinado con antelación por el Ejército para permitir el ingreso del grupo guerrillero al Palacio de Justicia”, lo cual “no fue comprobado”, dice él, y eso “genera falsas expectativas”.

Lara explicó sus divergencias también sobre el asunto del “poder de mando” del coronel Plazas durante los hechos del palacio, “pieza fundamental cuando se habla de la responsabilidad a título de autor mediato por estructuras organizadas de poder” ( p. 615).

Anota que no sólo hubo errores en los levantamientos de cadáveres (donde participaron policías, así como miembros de la Cruz Roja, de la Defensa Civil y del Cuerpo de Bomberos), sino que también el Instituto de Medicina Legal cometió errores que “generaron inconsistencias en las necropsias” (restos de varios cadáveres en una misma bolsa), en las entregas de cadáveres “y en la inhumación de varios de ellos por parte del juez de instrucción penal militar de la Policía Nacional”. Sobre esa base, Lara Acuña desbarata la teoría de que los militares trataron de “dificultar la investigación del paradero de las personas desaparecidas” (p. 616), pues esos fueron actos en los que no participaron miembros de las fuerzas militares. Ello derrumba la teoría de la “autoría mediata en aparatos organizados de poder”, una de las “premisas esenciales de la condena, y ésta queda, pues, sin soporte”. Lara Acuña rechaza la creencia de los dos otros magistrados que pretenden que “el Estado colombiano de esa época: Ejecutivo Nacional, Policía Nacional, Ejército Nacional y no se sabe quien más, hicieron parte de una estructura organizada de poder para cometer delitos” (p. 943).

En otras palabras, el magistrado Lara Acuña hace pedazos las sentencias de primera y segunda instancia. El denuncia las “imprecisiones conceptuales” que “llevan a que la sentencia vire de manera inexplicable”, probatoriamente hablando, hacia una tesis errada: que el Ejército Nacional “fue el que manejó todo en los sucesos de esos dos días y siguientes”. En sus propias palabras: “Queda sin soporte probatorio” la supuesta “estructura organizada de poder para cometer delitos” y “Se desmorona la responsabilidad penal del acusado por el mecanismo de la estructura organizada de poder”.

El magistrado Lara Acuna, tras un largo análisis de ese punto, dice que “no se encuentra una sola [prueba] creíble que vincule” al coronel Plazas con la suerte corrida por la guerrillera Irma Franco, cuya desaparición “está debida y completamente documentada” (pp. 957, 960, 966, 967 y 968).

La fuerza del sistema argumentativo del magistrado Hermens Darío Lara Acuña no podrá ser evitado por los magistrados que abordarán el estudio del proceso para responder, en casación, a los millones de colombianos que piden que se haga, por fin, verdad y justicia en el proceso del Coronel Alfonso Plazas Vega.

La revolución y el derecho

Por Jaime Ruiz

Una persona, cualquiera, puede estar tentada a suponer que las cosas de las que se entera ocurren sin su participación y que lo que opine acerca de ellas no impedirá que ocurran. Ahí hay un sobreentendido erróneo, que es el de la suficiencia de su opinión: como da lo mismo lo que piense, no hay que detenerse a pensar que puede haberse equivocado en algo. Así, la mayoría de los lectores de prensa hispanoamericanos puede leer sin rabiar que el chavismo es una falsa revolución, sin darse cuenta de que hay fuerzas como el chavismo precisamente por la aprobación generalizada de esa idea de la revolución. Más aún, por la incapacidad de cada persona de explicar en qué consistiría la revolución que le gustaría que tuviera lugar.

Esa idea de la primacía de la opinión pública es de sobra conocida, debería bastar con la frase de Napoleón: "La opinión pública es un poder al que nada resiste", pero vale la pena citar a Ortega y Gasset:

... el mando es el ejercicio normal de la autoridad, [...] se funda siempre en la opinión pública, [...] jamás ha mandado nadie en la Tierra nutriendo su mando esencialmente de otra cosa que de la opinión pública […]. El hecho de que la opinión pública es la fuerza radical que en las sociedades humanas produce el fenómeno de mandar es cosa tan antigua y perenne como el hombre mismo.

Pero intentar definir qué es la opinión pública llevaría a pensar en la conciencia individual, que es donde dicha opinión se materializa. Para no extenderme en este preámbulo me quedaré con que la inmensa mayoría de los habitantes de Hispanoamérica aprueban la idea de la revolución y que el sentido que ésta tendría resulta en últimas difícil de definir para cada persona.

Si uno se ciñe a lo que dice el diccionario, la revolución es el "2. f. Cambio violento en las instituciones políticas, económicas o sociales de una nación". Y si se piensa en lo que define a esas instituciones se llega a encontrar un derecho positivo vigente, que es el que la revolución pretende abolir. No quiere eso decir que toda revolución en todo lugar sea ilegítima ni que ninguna ley deba ser abolida. Sólo que en Hispanoamérica y en la Europa meridional el sentido de ese cambio es desde finales del siglo XIX la abolición del cuerpo de leyes de la democracia burguesa y la imposición de un régimen colectivista.

Y como hay público para eso y la fuente del mando es la opinión pública, el derecho vigente en las democracias está expuesto a las presiones de quienes pretenden usar sus instituciones no para aplicar las leyes sino para impedir que se apliquen, para falsearlas. Esta imagen de portada de El País de ayer sobre las presiones que sufren los jueces que investigan los posibles delitos de Baltasar Garzón lo demuestra.

¿Alguien recuerda qué es el derecho? El titular no dice que el Supremo acepte la posible transgresión de la ley por Garzón, sino que sugiere que la validez de la ley depende de quién haga la acusación. La ley importa menos que el acusador, y ésta es una noción que adopta con gusto el lector "progresista" de ese periódico precisamente porque su progresismo es su simpatía por la revolución, es decir, por la abolición del derecho heredado de las tradiciones liberales. Para reforzar ese aspecto se recuerda el "valor" del juez pidiendo la extradición de Pinochet, de nuevo saltándose las normas del derecho en aras de complacer a la parte de la sociedad que pretende precisamente eso.

Cuando uno va a tener algún lector colombiano siempre está prevenido acerca de lo que entenderá por cada palabra. ¿Qué es "derecho"? Como obviamente todos lo saben demasiado bien, ¿por qué no contestan qué parte de la ley escrita autorizaba a Garzón a pedir la extradición de Pinochet? La disposición de esos justicieros es lo mismo que el crimen, pues cuando se les pregunta por qué no pedía la extradición de Fidel Castro, que ordenó fusilar a muchos españoles, siempre responderían defendiendo la legitimidad del tirano caribeño y su licencia para matar.

Lo mismo se podría decir del juicio contra el franquismo: ¿cómo es que al responsable de la matanza de Paracuellos, que a diferencia de los reos del franquismo está vivo, no lo procesa? Explicar cómo el ejercicio autónomo de la justicia inventándose las leyes conduce de por sí a la iniquidad es desesperante. ¿Para qué iban a hacer falta leyes escritas? La autoridad sin ley era lo que había antes y en realidad el anhelo de revolución es como una nostalgia de un mundo previo a las instituciones, y en países primitivos como el nuestro es la continuidad del espíritu de señores de horca y cuchillo como Álvaro de Oyón (que, como dato curioso, emprendió su rebelión en el mismo pueblo en que crecerían los angelitos coetáneos y compañeros en el Comité Central del PCC Luis Edgar Devia y Jaime Dussán) o Lope de Aguirre.

Lo que diferencia a España de Colombia es la mayor resistencia en el país europeo de las instituciones surgidas de la Constitución de 1978, que no cedieron ni a la presión del todopoderoso grupo de medios ni a las manifestaciones de los activistas ni a las amenazas de desprestigio del país ante los demás progresistas que pretenden abolir el derecho en países distintos al suyo, los mismos que justifican a las FARC en medio mundo.

En Colombia no ocurre nada parecido porque la revolución ya ocurrió al calor de los carros bomba de Escobar y los secuestros y asesinatos del M-19, cuya relación con los carros bomba de Escobar se mantiene oculta. El asalto al Palacio de Justicia fue el primer acto de esa revolución, con la aniquilación física de los que podrían frenar la extradición y defender la democracia ante las pretensiones de los terroristas. A partir de entonces hubo una larga negociación con quienes tenían el poder, el Partido Liberal, que terminó en la rendición de 1991 y la imposición de un orden que sólo requería otras décadas de masacres para llegar a la situación de Cuba.

El espíritu revolucionario floreció sobre todo en las facultades de Derecho de los años sesenta y setenta y se apropió de las instituciones judiciales. Todo lo que ocurre hoy en día y que escandaliza a muchos ocurre porque realmente no ha habido resistencia al dominio de los totalitarios en las altas cortes, tampoco durante los ocho años de Uribe. Pero sobre todo porque entre quienes opinan y tienen alguna influencia es hegemónica desde hace muchas décadas la adhesión a la revolución. Quienes añoran un derecho que respete las normas escritas son minoría, y basta ver las redes sociales para comprobarlo.

Las infamias monstruosas que hemos visto, sobre todo desde que subió Santos, gracias a la complicidad del gobierno con los terroristas erigidos en jueces, y más aún en 2012 con la obscena autoinculpación de Juan Camilo Salazar y la confirmación de la condena a Plazas Vega, son sólo parte de la revolución de las décadas anteriores, en las cuales la clase productiva fue despojada, desterrada y aniquilada a punta de secuestros para que la clase rica pasara a ser la de los tinterillos que han prosperado gracias a los secuestros, a la relación con el tráfico de cocaína de las FARC y el ELN, al saqueo de las arcas públicas y al testaferrato, siempre dependiendo de esas bandas. No es raro que sea tan raquítica la resistencia ante esos hechos, la "cultura" del colombiano todavía no llega a asimilar el derecho, se ha quedado en la revolución, en la suposición de que la justicia es lo que conviene a cada cual, y ante el poder que demostraron los terroristas lo más sensato es adaptarse.

Eso sí, el poder judicial persigue a los militares y a los uribistas, y dudar de que con eso se busca sobre todo legitimar no sólo al M19 sino también a las FARC, con las que Santos negociará, es pura mala fe. Sencillamente, las fuerzas revolucionarias se apropiaron en 1991 de una parte del Estado, la decisiva, y desde ahí le abren el camino a las tropas. Los sicarios de los medios y las redes sociales son sólo otro frente.

La medicina ante la Ley 100

Por Jaime Castro Ramírez

La salud es un derecho constitucional que ampara a la población y por lo tanto es al Estado a quien le corresponde otorgar ese derecho irrenunciable, y además fortalecer el sistema asignándole los recursos económicos necesarios para que pueda tener la cobertura total y la eficacia en el servicio.

La idea que se planeaba con la ley 100 de 1993 era principalmente crear un nuevo sistema de seguridad social en Colombia, justo y equilibrado, lo cual perseguía básicamente dos objetivos fundamentales, uno que consistía en universalizar la cobertura para todos los colombianos, y otro que era garantizar un servicio de salud eficiente y basado en buena calidad. Pero resulta que en la misma ley se dio paso al mecanismo de intermediación para el manejo de la salud, con lo cual se desvirtuó la finalidad de tipo social que debe tener el sistema, y se convirtió en una finalidad de negocio de particulares. Como consecuencia, se creó un trasfondo de engorrosos trámites que implica una distancia negativa para la relación entre los médicos y los ciudadanos que requieren atención en su salud, lo cual significa mal servicio. El factor negocio que propició la ley 100 ha hecho crisis en la salud de los colombianos, y los principios de ética y equidad han quedado rezagados al simple formalismo de figuración en la letra del texto de la ley. Tampoco ha funcionado la eficiencia en la aplicación de los recursos, pues ha habido casos de corrupción y malversación de fondos de la salud a través de cobros fraudulentos al Fondo de Seguridad y Garantía Fosyga.

Aquí haremos énfasis en tres temas:

1. La medicina, y los médicos que deben prepararse científicamente para atender la necesidad humana del servicio de salud.

2. El manejo operacional del sistema de salud.

3. Consecuencias de la ley 100.

1. Al convertirse la salud en un negocio manejado por particulares, la profesión de la medicina, y por ende los médicos, han sufrido un enorme perjuicio que ha menoscabado la profesión como tal, y la dignidad de los profesionales médicos. En cuanto a la carrera médica en sí misma, los ministerios de Educación y Salud han contribuido a la crisis al aprobar facultades de Medicina a diestra y siniestra (ya son 57 facultades), y sin control sobre los estándares que deben exigirse en cuanto a calidad académica y el rigor en la investigación científica; empezando porque no les exigen contratar profesores de tiempo completo.

La salud manejada con criterio de negocio, y en un mercado de oferta y demanda en cuanto al recurso humano, el resultado ha sido denigrante para el estatus laboral de los médicos que ejercen la profesión, pues los someten a intensos horarios de trabajo y muy mal pagos, lo que conlleva a desmoralizar el trabajo médico, aparte de las limitaciones que les imponen en la atención a los pacientes en cuanto a formular medicamentos de algún valor económico, lo que obviamente incidirá en que el tratamiento al diagnóstico no obtenga el resultado curativo esperado.

Y qué decir del tema de las incapacidades, que aun siendo de un mismo evento de salud que requiere incapacidad mayor a 3 días, y como a partir del 4 día el pago lo tiene que hacer la EPS, pues con el fin de no pagar incurren en la perversa idea de imponerles a los médicos fraccionar la incapacidad en periodos continuos de 2 y 3 días, pero sin mencionar que son prórrogas para evitar que sean acumulables y los obliguen a pagar; aparte de someter a los pacientes a la incomodidad de idas y venidas al médico para la renovación de la incapacidad. El resultado de esta maroma de fraccionamiento es que el patrono tampoco le paga al trabajador sino los 3 primeros días, pues obviamente sabe que se trata de la misma incapacidad y que quien debe pagar el resto de días es la EPS.

Todos estos procedimientos son indignos y constituyen un atentado contra la ética médica y contra la salud de los pacientes, propiciado por intereses particulares, y consentido por la ley.

Según estadística que maneja la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, cada año salen graduados de las facultades de Medicina 4.500 médicos, y más del 50% de ellos tienen bajos niveles de formación en temas muy importantes para ejercer la profesión, como son las ciencias básicas, y el ejercicio de la práctica que es deficiente por la escasez del recurso de infraestructura para tal fin como son los hospitales universitarios.

2. En cuanto a la parte del manejo operacional del sistema de salud, la ley 100 creó una estructura empresarial privada conformada por las EPS, que son las empresas promotoras de salud, que manejan la parte financiera y administrativa del negocio; y las IPS que son las instituciones prestadoras de servicio (clínicas, hospitales, etc.). A estas empresas cuyo objetivo principal es el ánimo de lucro, solo les interesa el resultado económico del negocio, de manera que el buen servicio al paciente no es tema prioritario para ellos, pues les interesa es disminuir costos y gastos para obtener grandes utilidades a costa de la salud de los colombianos. Además cobran las "cuotas moderadoras" por cada servicio médico al cotizante o al beneficiario, y también cobran el "copago" a los beneficiarios en casos de procedimientos quirúrgicos o tratamientos de alto costo.

3. Consecuencias de la ley 100. Como las políticas no funcionan solo con buenas intenciones, sería pertinente observar algunos aspectos puntuales publicados en enero de 2009 en El Pulso (periódico para el sector de la salud, Medellín), donde relacionan una serie de falencias encontradas durante el tiempo en que ha transcurrido el proceso de desarrollo de lo ordenado por la ley 100:

- Afiliados fantasmas en el régimen subsidiado

- Aparición del “paseo de la muerte”

- Aumento de IPS de garaje

- Atraso tecnológico en IPS públicas

- Congestión en estrados judiciales (tutelas por medicamentos y servicios)

- Recurso humano de la salud vinculado a través de empresas temporales

- Competencia desleal para afiliaciones a EPS privadas, a ARP, y a pensiones

- Beneficiario adicional más caro que los aportes del cotizante

- Pago de cuotas moderadoras

- Deficiente formación del recurso humano de la salud

- Deficiente política de salud pública

- Desaparición en un alto porcentaje de la consulta particular

- Mayor importancia al tema financiero que a la investigación científica

- Disminuir calidad por ahorrar costos (pocos médicos para atender más pacientes)

- Disminuir lo público y aumentar lo privado

- Fortalecimiento de entes privados, como: EPS, IPS, y fondos de pensiones

- Incumplimiento de la cobertura total

- Limitación al acceso de nuevas tecnologías y medicamentos

- Limitantes para ordenar procedimientos y medicamentos (No POS)

- Pacientes de alto costo concentrados en una sola EPS

- Politización de la afiliación al Sisbén

- Prevalecen trámites administrativos antes que los asistenciales

- Aumento de la edad para acceder a la pensión

- Aumento del número de semanas de cotización para pensionarse

- Desaparición de la mesada 14 para los pensionados.

La conclusión de este abreviado análisis sobre la ley 100, la medicina, los médicos, y los pacientes, es que se requiere una modificación de fondo a esta política de salud que no ha funcionado con eficacia, y como es el Estado el responsable de la salud pública, convertirla entonces en lo que debe ser, es decir, en una verdadera política de sentido social, y corregir el error del desvío hacia el ánimo de lucro a favor de intereses de particulares, pues esto es lo que ha propiciado el mal servicio y por lo tanto el fracaso del sistema.

AL MARGEN: El mensaje del presidente de la república el 21 de enero de 2012 respecto a la inseguridad en Colombia, es tan simplista que se limita a calificar los actos terroristas como el “resultado de debilidad y desesperación de las FARC”. La política de orden público requiere seriedad, y talante de gobernante, para impedir el regreso del terrorismo que había sido derrotado… La mencionada debilidad es a la inversa en la medida que se abandonó el rumbo que eligieron los colombianos en las urnas, y prueba de ello es ofrecerles diálogo y concesiones a unos cuatro jefes de las FARC que no representan a nadie, pero van a ser interlocutores del gobierno que sí representa la majestad del Estado de Derecho.

¿Exagerado maquillaje?

Por Jaime Restrepo Vásquez.

La información que se ha conocido sobre el ataque al cerro de Santa Ana, en El Tambo, Cauca, deja un enorme interrogante sobre la manipulación de las cifras por parte del gobierno nacional.

El pasado viernes 20 de enero, una columna de las FARC atacó la cumbre de cerro, lugar en el que funcionan las comunicaciones y un radar de la Aerocivil. Un día después se supo que el comandante del puesto, intendente Guido Holguín, fue asesinado durante la incursión terrorista.

Ya el lunes, además de la rápida y nada protocolaria liberación de un policía que fue secuestrado por el grupo terrorista, acto que contó con la presencia de medios de comunicación que presenciaron la exhibición de armas y uniformes impecables de las FARC; se conocieron las imágenes de los policías que repelieron el ataque. De hecho el diario El País de Cali señaló que los 16 uniformados fueron recibidos en Popayán en medio de una calle de honor.

Las cifras oficiales son claras: 16 policías que retornaron sanos y salvos a Popayán, más un auxiliar secuestrado y liberado y el asesinado intendente Holguín, da un total de 18 uniformados, según los datos gubernamentales. La información difundida indica que el secuestrado, “junto a otros 17 policías, se enfrentó por más de catorce horas con guerrilleros de las FARC que intentaron tomarse el Cerro Santa Ana en el municipio de El Tambo, Cauca.”

Sin embargo, en una comunicación dada a conocer por Caracol Noticias, el sargento Andrés Rosero, quien quedó a cargo del puesto tras la muerte del intendente Holguín, grita una cifra muy distinta a la anunciada por el gobierno. Según el suboficial, cuya voz se oye en el video –minuto 4:37-, son muchos más los policías que estaban en el cerro:

“Los que están en los alrededores de la estación, esos son, esos son, ahí no hay nadie fuera de la estación, todo el mundo está atrincherado, 50 que habemos, vamos a responder comando, hágale otro barrido…”

Lo cierto es que entre las cifras oficiales y la afirmación del suboficial que quedó al mando del puesto, hay una discrepancia gigantesca, pues 32 de los policías que menciona Rosero no llegaron a la capital del Cauca. ¿Será que el sargento desconocía el número de uniformados bajo su mando? ¿Cómo es posible que a diario, de día y de noche, Rosero pasara revista, inspeccionara el armamento y la munición y asignara los puestos, pero no supiera el total de policías que tenía a su cargo? Que el sargento fuera el segundo al mando es irrelevante, pues su función era compartir la responsabilidad de comandar el puesto, lo que hizo con total éxito y valentía. 


Entonces ¿dónde están los 32 policías que faltan? La respuesta puede encontrarse en el manejo propagandístico del gobierno, al que no le interesa que se sepa que el ataque contó con la participación de varios centenares de guerrilleros que se movieron a sus anchas, y a plena luz del día, por las vías  que llegan a las inmediaciones del Cerro.  De hecho, al reducir el número de uniformados que defendieron la posición, el gobierno puede hacer el mismo recorte en la cifra de terroristas involucrados, conservando la proporción que se ha dado en Colombia desde 2002 de un defensor contra cinco atacantes, es decir, 18 policías contra cerca de 100 guerrilleros.  


Sin embargo, si se revela que fueron 50 los uniformados que defendieron el puesto durante más de 10 horas, el asunto implicaría que la proporción sería de dos atacantes por un defensor, lo que sumado a los apoyos aéreos, no explicaría un combate de tan larga duración.  Entonces, el asunto fundamental es ocultar el verdadero número de terroristas que recorrieron esa zona del Cauca sin ningún obstáculo, y sin encender las alertas de los organismos de seguridad del Estado.  Así las cosas, lo que tratan de esconder es la  masiva movilización de guerrilleros -más de 400, según una fuente de la Policía Nacional- sin detectarlos o peor, sin actuar para neutralizar el numeroso movimiento de combatientes.  De paso, el gobierno se ahorra las explicaciones sobre las razones que tuvo para permitir semejante circulación de terroristas, pues correría el riesgo de verse obligado a divulgar la actual permisividad dialoguista con las FARC.


El ataque al cerro de Santa Ana es un episodio que merece mayor análisis y no un discurso triunfalista del actual presidente. Además de la discrepancia en las cifras, este atentado al corazón de las comunicaciones aéreas del suroccidente del país no es similar a las 132 acciones terroristas que las FARC han cometido durante lo corrido de este año.

De hecho, un ataque a un cerro aislado, cuya única importancia estratégica es la de cortar los canales de comunicación y la detección de aeronaves precisamente en uno de los últimos bastiones del terrorismo, el suroccidente del país, no puede pasar de largo y mezclarse en la maraña de atentados cometidos por las FARC durante los primeros días del año.

Mientras el gobierno Santos se complace con la imagen de las FARC devolviendo a un secuestrado –sin helicópteros brasileños, sin desapariciones en pleno vuelo, sin defenestradas con flores en la mano-; al país se le puede estar ocultando el verdadero valor táctico del ataque: permitir, sin monitoreo, la movilización de cabecillas terroristas para acudir a las reuniones preparatorias de diálogos de “paz” entre la Unidad Nacional y las FARC.

Pero en la Colombia de hoy, la divergencia en las cifras es un error de apreciación de un mando en pleno combate, mientras que la desactivación de un radar, y de las comunicaciones aéreas del suroccidente del país; son solo muestras de la debilidad de las FARC.

AL CIERRE: El coronel Alfonso Plazas Vega debe quedar en libertad de inmediato, sin más dilaciones que se perciben como prevaricato, ni más “nuevas desapariciones” que parecen conejos salidos del sombrero de un mago: la infamia contra Plazas Vega y contra su familia es la evidencia más contundente de la ineptitud sesgada de los operadores judiciales colombianos, lo que ha llamado la atención de numerosos sectores jurídicos del mundo. Tener en la cárcel a Plazas Vega es una vergüenza para la "justicia" colombiana.

Florida y Puerto Rico en riesgo de reconquista europea

Las posibilidades de corregir el rumbo irresponsable en el que Obama puso a Estados Unidos dependen en gran medida en quien salga reforzado de las elecciones primarias de la Florida. Estas posibilidades no dependen de las encuestas de elegibilidad de los candidatos frente a Obama ya que esos números muy seguramente cambiarán cuando Gingrich o Romney debatan y desmientan sus pésimas políticas.

Antes de decidir quién es más preparado para derrotar a Obama, si Romney o Gingrich, es importante filtrar el ruido proveniente de las incesantes campañas de rumores y malinterpretaciones maliciosas, y considerar cuidadosamente lo que primordialmente está en juego: por un lado Gingrich representa la lucha entre las facciones populares contra el excluyente establecimiento republicano, personificado por Romney; Por otro lado está en juego el excepcionalísimo estadounidense en favor de un modelo de gobierno socialista europeo que hoy por hoy está al borde del fracaso.

Para empezar a filtrar el ruido electoral, uno de los factores que se deben tener en cuenta al decidir es la explícita o tacita favorabilidad que Demócratas de la extrema izquierda le dan a Romney. Michel Moore, cinematógrafo anti-Bush, tiene palabras más favorables hacia Romney y no muy halagadoras hacia Gingrich. La ex presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense, Nancy Pelosi, dice saber “algo” de Gingrich por las que este no llegaría a la presidencia. Moore y Pelosi son el tipo de personas que harían cualquier cosa por evitar que los republicanos lleguen a la presidencia. Mi interpretación de sus comentarios prematuros es que ellos no quieren que el candidato que más temen sea elegido por los republicanos para enfrentar a Obama.

Al mismo tiempo que algunos demócratas hacen su lista de deseos, la elite de políticos republicanos empieza a devolver favores políticos y cuantiosas contribuciones a Romney. Políticos con aspiraciones apoyan al candidato republicano del establecimiento: Romney. Marco Rubio, supuesta estrella emergente republicana, dijo que apoyaba a Romney pues este le había ayudado en su elección al senado ¿Opinión comprometida? No apoyar a Romney sería arriesgar su meteórica trayectoria política dentro del partido; una lógica similar de no apoyar al ‘rebelde’ Gingrich y en cambio sí al heredero al ‘trono’ republicano pudo haber persuadido al gobernador de Puerto Rico. ¿De qué otra forma se puede aspirar a ‘heredar ese trono’?

Mientras tanto, Gingrich solo ha recibido respaldo de personas sin mucho músculo dentro del partido pero con más musculo popular: Rick Perry, Sarah Palin, Rush Limbaugh, Fred Thomson y Chuck Norris. Apoyos no de mucho pedigrí pero de personas que no aparentan tener aspiraciones, conflictos de intereses o ganar apoyos políticos y elecciones, sino una creencia firme de quien creen ellos que es el mejor candidato para el país. Estos personajes son muy criticados por el establecimiento republicano y la prensa liberal por representar a ciudadanos regulares no pertenecientes a la social-bacaneria o elites políticas, y generalmente se les tilda injustamente de ignorantes o recalcitrantes más por sus tonos que por sus argumentos.

Otros ruidos que haría falta filtrar distraen la importancia de desmontar la reforma a la ley de sanidad denominada Obamacare; este es un talón de Aquiles de Obama que le sería más fácil defender si el candidato es Romney, quien estableció una ley similar durante su gobernación del estado de Massachusets. Por sus coincidencias con los demócratas, Romney es más vulnerable que Gingrich en las elecciones generales. Ademas es de esperar que la sustancia de Gingrich en los debates sea más efectiva en combatir la demagogia de promesas vacías de Obama.

No hay que dejarse llevar por la pérdida de impulso de Gingrich en la Florida después de haber ganado en Carolina del Sur. Mientras las encuestas desfavorecen a Gingrich en la Florida, lo favorecen actualmente a nivel Nacional. Esto se debe al ataque mediático de muchos millones que Romney le montó. Una interpretación de este fenómeno es que la Florida ve a Gingrich a través de una deformada realidad de publicidad sucia, mientras que el país se empieza a formar detrás de él por sus capacidades por encima de su irrelevante vida y apariencia personal.

Republicanos y demócratas que prefieren a Romney tienen un temor en común: Gingrich causará problemas en Washington. Esto indica que el apoyo popular republicano a un controversial Gingrich revela la percepción generalizada de que el problema es la clase política y oligárquica de Washington, entonces quien les cause problemas debe ser lo más parecido a una solución.

Lo mucho que Obama ha hecho retroceder a este país no se puede recuperar con la moderación de Romney, un candidato que con su historial de comprometerse políticamente con los demócratas ha hecho que el país ceda paulatinamente y lentamente al deterioro social que el socialismo causa. Esos pasos retrocedidos solo pueden ser recuperados por la irreverencia y habilidad política de Gingrich que pondrían a temblar a Washington como no se ha visto desde que los británicos los invadieron y quemaron la capital en 1814. Gingrich es el candidato que busca evitar otra reconquista y no busca subir a la presidencia por la escalera de compromisos políticos que se adquiere durante toda una vida en Washington y que amordaza y maniata a cualquier presidente que llega a la Casa Blanca por esos medios.

Curiosamente Gingrich hizo su carrera en Washington y Romney no. A pesar de esto, Gingrich mantuvo sus lealtades por el país mientras Romney las mantuvo con el partido. Esto ha hecho de Gingrich una figura más controvertida y despreciada entre sus políticamente poderosos colegas, pero una esperanza entre los electores cuyo único poder equivale a un voto.

Obama ha abierto la posibilidad de que Europa reconquiste a los Estados Unidos, ya no imponiendo reinos y religión, sino infiltrando socialismo y guerras de clases en nuestra sociedad. Esto con la iniciativa de los demócratas y la ineptitud del Partido Republicano tradicional. Florida y Puerto Rico, que solían pertenecer al antiguo reino español, y parecen haber perdido a sus dos políticos más prominentes ante la fuerza del establecimiento ¿caerán nuevamente esta vez ante un yugo diferente? Esto ocurrirá de no prevalecer quien pueda frenar no solo a Obama sino también a republicanos y demócratas establecidos en Washington, que prefieren beneficiarse personalmente de las mieles del desastre que orquestan antes de tomar medidas difíciles para corregir el curso del país. Si Newt Gingrich gana la nominación sin la ayuda de las maquinarias políticas, nuestros sueños de inmigrantes renacerán y Estados Unidos seguirá siendo el país de un gran sueño y de oportunidades donde incluso se puede llegar a ser presidente por mérito propio.