Por Jaime Restrepo.
En el caso de las “chuzadas”, toda la atención se ha concentrado en el supuesto conocimiento que tenía el presidente Uribe de las acciones de inteligencia emprendidas por diferentes dependencias del DAS.
La misma funcionaria que declaró que un ex director del organismo le había dicho que le daba informes periódicos a Uribe Vélez, también habló de otras situaciones que el sesgo mediático ha ocultado como información irrelevante.
En su declaración, Martha Leal habló de dos grupos especiales de inteligencia denominados Venus y Bahía, cuya finalidad era investigar actividades irregulares e ilegales realizadas en Colombia, por agentes de los gobiernos de Venezuela y Cuba. Y tales actividades no son ficción. En noviembre de 2009, en La Guajira, fue detenido y expulsado del país el sargento mayor Wilmer José Gamardo Barreto, quien en el momento de la captura portaba armamento en territorio colombiano. El militar venezolano, según el DAS, entregó información sensible sobre las actividades de espionaje que realiza la dictadura del vecino país en Colombia.
Dos meses después fueron capturados y deportados dos espías del régimen chavista que portaban grabaciones y otro tipo de material de inteligencia en el momento de la detención. Uno de los espías, José Vicente Márquez, se desempeñaba como asesor de la secretaría de seguridad del gobierno chavista de Zulia, mientras que el otro, identificado como Diego José Palomino, es oficial activo de la guardia venezolana.
Sin embargo, uno de los casos más sonados se registró en Bogotá durante la marcha del 4 de septiembre contra Hugo Chávez. En esa oportunidad fue capturado el espía venezolano Pedro José Carreño, quien estaba documentando, con fotografías y videos, a los participantes en la marcha.
Resultados importantes
En la declaración de Martha Leal hay un apartado significativo:
"Con base en las investigaciones que estos grupos adelantaban, (Venus y Bahía para detectar movimientos sospechosos en las embajadas de Venezuela y Cuba) el doctor Peñate conoció información de la senadora Piedad Córdoba y del senador Gustavo Petro, así como de la ex esposa de éste último en la cual se indicaba la relación que estas personas tenían con funcionarios del gobierno de Venezuela y Cuba aquí en Colombia, quienes estaban interesados en implantar en el territorio nacional, la revolución bolivariana, bandera del presidente Hugo Chávez, así como los presuntos dineros que estarían ingresando por parte del gobierno de Venezuela para apoyar las candidaturas al senado y a la presidencia de Piedad Córdoba y Gustavo Petro, respectivamente.”
Los entusiastas detractores de Uribe han guardado silencio sobre estos hallazgos de los grupos de inteligencia del DAS. La relación de los “progres” Gustavo Petro (quien parece un semáforo que pasará de amarillo a verde) y Piedad Córdoba con las embajadas de regímenes forajidos como Cuba y Venezuela son situaciones que en su momento ameritaban un esfuerzo más contundente de inteligencia.
La relación antiética de esos autoproclamados "demócratas" con dos dictaduras, y sobre todo el contenido y orientación de dichos vínculos, eran (léase son) en realidad una amenaza para la estabilidad del país: en la anterior campaña a la Presidencia de la República, Gustavo Petro se vendió como un apóstata del chavismo, cuando la información disponible indicaba a todas luces que oficiaba como un esbirro del dictador de Miraflores.
Por otro lado, la mediación de Piedad Córdoba, aprobada en mala hora por Uribe, no era una patente de Corso para hacer lo que le diera la gana e incluso recibiera financiación extranjera sin control alguno, pues en su justificación, la señora Córdoba aseguró que el dinero estaba destinado a las relaciones públicas del acuerdo “humanitario”. No obstante, esos recursos pudieron ir a parar a la cuenta personal de la ahora defenestrada senadora. ¿Quién ejercía algún control sobre esos dineros? ¿Acaso en nombre de la paz, un congresista en ejercicio puede recibir financiación extranjera?
De igual forma, el activismo “bolivariano” de la ex esposa de Gustavo Petro, para implantar la robolución chavista en nuestro país, no es cosa menor, pues se podría considerar como un conjunto de acciones con el propósito de desestabilizar al Estado.
Ya que han hecho tanta alharaca con la presunta vinculación de Uribe al escándalo de las “chuzadas”, valdría la pena que el país conociera un poco más de los hallazgos de las gestiones de inteligencia, los que validan por sí mismos las labores de seguimiento e interceptación contra individuos que sólo utilizaron la fachada de opositores para esconder sus nefastos propósitos comunistas, que maquillan con el rimbombante eufemismo de "socialismo del siglo XXI".
No hay comentarios.:
Publicar un comentario