Chuzadas e inteligencia: el borroso límite de la legalidad

Por Jaime Restrepo.

El Procurador ha tomado decisiones importantes que merecen respeto y acatamiento. Lo de Bernardo Moreno no puede ser visto como una persecución en contra del anterior gobierno, ni tampoco resulta sensato interpretar la medida como un intento de equilibrar la balanza, después de la andanada procaz que recibió pocos días antes por la destitución de Piedad Córdoba.

Sin embargo, a raíz del caso de Bernardo Moreno, vale la pena que en el seno de la sociedad colombiana se plantee un debate serio sobre el tema de la intimidad y la gravedad que puede tener la vulneración de ese derecho en términos reales.

Es que resulta que ahora en Colombia es muchísimo más grave violar la intimidad de un magistrado que vulnerar la privacidad del Presidente de la República: lo primero merece atención y eficiencia judicial, mientras que lo segundo es una pilatuna encargada y pagada con fines “altruistas”. En el mundo al revés, la pléyade se rasga las vestiduras por las interceptaciones ilegales contra sujetos que podrían ser delincuentes o conspiradores disfrazados de magistrados u opositores. No obstante, esa misma pléyade guardó silencio ante las chuzadas a las que fueron sometidas algunas sedes diplomáticas de Colombia en Venezuela, pues en su fuero interno, si son medianamente coherentes, aplauden la arbitrariedad de la dictadura chavista.

De otro lado, llama la atención la propensión de la justicia colombiana, y de los medios de comunicación, a catalogar la intimidad como un derecho absoluto, sobre todo cuando su presunta vulneración se le atribuye al gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Dicho absoluto, fundamentalista a más no poder, permite desdibujar el concepto y amañarlo a las interpretaciones que le quiera atribuir el sujeto político, simple cliente de las mafias que se apoderaron de la operación judicial, que normalmente obra como juez.

El debate debería comenzar por la precisión del término intimidad, definido por la RAE como “zona espiritual íntima y reservada de una persona o de un grupo, especialmente de una familia”. Difícilmente un seguimiento, o una interceptación “ilegal”, pueden desentrañar la zona espiritual íntima de un individuo.

Es más: en los países avanzados, la intimidad es asumida como el derecho de un ciudadano a tener una expectativa razonable sobre la preservación de  algunos límites que lo protegen de intromisiones. Aquí entran en juego las decisiones de movilización que toma un individuo y el canal por el que se ejecuta una comunicación. 


Sobre el asunto de la movilización, parte de la decisión del Procurador señala que se hicieron seguimientos "ilegales".  Pero eso termina en una zona oscura, pues si el esquema de seguridad es suministrado por un organismo del Estado, inevitablemente la información sobre los desplazamientos y las reuniones estarán en poder de policías o de funcionarios del DAS.  Y esto se explica en las funciones de coordinación y supervisión que deben ejercer los encargados de la protección de dignatarios.  ¿Si por falta de verificación se presentara un atentado contra esos personajes, el coordinador de la seguridad no sería investigado (y condenado) por el descuido de sus funciones?  


Un mínimo sentido común indica que no puede existir una expectativa de confidencialidad en los desplazamientos de un sujeto que es protegido por escoltas del Estado, pues ellos deben informar sus movimientos, coordinar rutas y verificar si el desarrollo de la agenda cruza por un sector de amenaza. 


¿Y si la reunión es con un peligroso delincuente?  En el mundo al revés, el magistrado puede sentarse a manteles con un criminal y no se siente obligado ni legal ni moralmente a reportarlo.  Es más: si uno de sus escoltas, o cualquiera que tenga relación con el dispositivo, enciende las alarmas; resulta que el delincuente es quien cumple con la orden constitucional de denunciar y la "víctima" es el encubridor, beneficiario o cómplice del criminal.


En cuanto a las "chuzadas", ¿alguien en Colombia puede pensar que la línea telefónica, como canal comunicacional, merece una expectativa razonable de intimidad? Es bueno recordar que el entonces candidato Andrés Pastrana hizo uso de unas interceptaciones ilegales en las que se daba cuenta de la cercanía de su contendor con el cartel de Cali. Finalmente esa información fue la génesis del proceso ocho mil y también, hay que decirlo, de la compra masiva de congresistas para que votaran a favor de la preclusión del proceso contra Samper Pizano.

Aunque en esa época todos los delitos eran bien vistos, dos ministros de la terrorífica época de Ernesto Samper fueron chuzados y procesados por el famoso escándalo del miti-miti. En aquel entonces nadie protestó por las condenas y mucho menos se cuestionó la procedencia de esas "chuzadas". Curiosamente, la revelación del miti-miti estuvo a cargo de la revista Semana, la misma que inició el escándalo de las “chuzadas” y se ha usufructuado de la difusión de conversaciones, obtenidas ilegalmente, de personajes como Álvaro Uribe y Fernando Londoño, entre muchos otros.

En términos prácticos, lo que hace la diferencia entre las “chuzadas” y las interceptaciones legales es la autorización de un juez de la República. Esto significa que en cabeza de un funcionario está la potestad de arrasar con el derecho a la intimidad e incluso convertir las prácticas privadas en pruebas procesales.

Si se aplica lo anterior a las “chuzadas” contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, esto significa que un juez era el único que podía aprobar las interceptaciones y los seguimientos. Más claro: un subalterno era el único que podía ordenar que destrozaran la intimidad de su patrón. ¿Es sensato esperar que, en la actual estructura de operación judicial, un juez vulnere el derecho a la intimidad de un magistrado? Es bueno recordar que ese juez depende indirectamente de dicho magistrado, quien incluso investigado, puede acabar de tajo con la carrera del funcionario.

Al anterior panorama hay que agregar dos hechos fundamentales: el gobierno tenía información sobre la vinculación de algunos magistrados con dos personajes presumiblemente cercanos al narcotráfico: Giorgio Sale y Ascencio Reyes; y además, disponía de datos relevantes para sospechar de un magistrado muy cercano a alias ‘Raúl Reyes’. Con semejante situación, ésta si gravísima para la seguridad nacional y para la estabilidad del país, el asunto pudo obligar a escoger entre adelantar la investigación a motu proprio o realizar la gestión ante un juez, corriendo el riesgo de que se filtraran las sospechas, y el investigado tomara precauciones adicionales; o peor aún: que el individuo le ordenara a su subalterno que procediera a rechazar la solicitud.

Ante semejantes obstáculos para neutralizar una amenaza, lo normal es hacer uso de las herramientas de inteligencia que posee el Estado. Ninguna labor de inteligencia, por lo menos una efectiva, se hace sin rebasar la línea que separa lo bueno de lo malo, en términos normativos. Por tal motivo, las legislaciones más avanzadas del mundo les otorgan una patente de impunidad a sus agentes de inteligencia, pues se considera que la información recaudada es mucho más valiosa que la obligada vulneración de la línea que divide lo legal y de lo ilegal.

Desde el año 2002, Colombia decidió combatir al terrorismo y eso, aunque algunos idealistas lo quieran negar, sólo es posible con acciones de inteligencia que permitan detectar a sus favorecedores, auspiciadores y beneficiarios disfrazados de civiles (políticos, periodistas y magistrados). Sería interesante saber si la mayoría de los ciudadanos están dispuestos a sacrificar una porción de intimidad, con tal de librarse de los más recalcitrantes promotores de la violencia. Este debate ya está abierto en los Estados Unidos, país en el cual los ciudadanos se resignaron a la reducción de algunas porciones no sólo de intimidad sino de libertad, con tal de alejar la amenaza terrorista.

AL CIERRE: Recomendado el último escrito de Jacques Thomet titulado La gangrena narco-terrorista sigue minando las bases de la democracia colombiana. Aquí está la traducción del escrito.



AL CIERRE II: ¿Quién pagó la fiesta de cumpleaños de una funcionaria de la Alcaldía Mayor de Bogotá, amiga para más señas de Gloria Cuartas? La celebración incluyó cinco conjuntos musicales, botella de whisky o aguardiente por tarjeta de invitación y un opíparo banquete.  ¿Austeridad?