Santos lo tiene todo… ¿será capaz?

Por Jaime Restrepo.

El horizonte de Juan Manuel Santos se vislumbra razonablemente despejado, pues inaugura su mandato con una especie de conjunción de todos los astros en la casa de la fortuna.

El capital político de Santos es invaluable: A los 9 millones de votos obtenidos el 20 de junio hay que añadir la coalición del Gran Acuerdo de Unidad Nacional en la que prácticamente todos los sectores convergen en el favorecimiento del nuevo gobierno.

Esa convergencia ya mostró el primer resultado: el recontra uribista Armando Benedetti fue elegido Presidente del Senado con 101 votos a favor y uno, solo uno en contra. Semejante unanimidad, a la que evidentemente también se apuntaron el Polo Democrático y el Partido Verde, dejan el Congreso con una oposición prácticamente inexistente, lo que le puede conceder a Santos la facilidad de impulsar algunas de las reformas que planteó durante su campaña.

El único voto en contra de Benedetti fue el del senador Jorge Robledo, quien minutos antes de la elección había anunciado oficialmente que el Polo, del que fungió como vocero, se declaraba en oposición del gobierno Santos. Pero esa oposición, a juzgar por el resultado de la votación de la Mesa Directiva del Senado, sólo alcanzó para el discurso incendiario y en los hechos quedó triturada. Sin embargo, con una oposición mezquina, soberbia y desesperada como la demostrada por el Polo durante los 8 años de gobierno Uribe, no es mucho lo que se pierde con su ausencia práctica.

Aunque semejante unanimidad del legislativo le permite a Santos avanzar rápidamente en muchos temas, también demuestra la fragilidad de la estructura democrática colombiana, pues indica que el nuevo presidente arranca con la unificación del poder ejecutivo y legislativo en torno a su corriente política, lo que se presenta como una prueba que demostrará el talante y la responsabilidad de Santos como estadista. Claro está que lo de Benedetti es fruto de los pactos para la repartija de cargos en el Congreso, pero no se puede despreciar la hasta ahora desconocida capacidad de negociación y entendimiento de todos los sectores políticos representados en el legislativo.

Al tren del Gran Acuerdo de Unidad Nacional llegaron pasajeros de todas las vertientes, incluido César Gaviria, viudo de poder quien apostó a los dos caballos que disputaron la segunda vuelta: con un discurso mockusiano, Gaviria adhirió a Santos, presionado por las clientelas liberales hambrientas, que fueron excluidas de la burocracia durante tres cuatrienios. Es más: hasta el furibundo antisantista Ernesto Samper se ha visto mesurado con Juan Manuel, no sea que por alguna impertinencia, sus huestes sigan en la calle y sólo puedan seguirse manteniendo gracias a las limosnas que les arroja el dictador a través de Monómeros.

Otro hecho importante es que Uribe le despejó el camino a Santos para que trate con Venezuela: arranca de cero y en el establecimiento de un nuevo escenario bilateral, la presencia amparada de terroristas colombianos en el virreinato cubano de la pequeña Venecia será un elemento latente que ni Chávez ni Santos podrán evadir.

En cuanto a lo económico, las proyecciones de crecimiento para este año son alentadoras, y el anuncio de las perspectivas en materia de hidrocarburos para el próximo año, hacen pensar que Santos tendrá un amplio margen de maniobra para ejecutar sus planes en materia social, incluyendo la generación de empleo y el ajuste de sus “locomotoras” que halen el tren de la prosperidad democrática.

Si se miran por separado, las fortalezas del próximo gobierno se pueden interpretar como amenazas, pues 9 millones de votantes endosados por Uribe pueden convertirse en una masa electoral difícil de complacer, sobre todo si el futuro Presidente decidiera atender las súplicas desesperadas de algunos que quieren a toda costa presenciar un distanciamiento radical entre Santos y Uribe. No obstante, semejante aspiración es producto de los delirios que no se compadecen con la astucia que Santos ha demostrado a lo largo de su carrera política: si satisface al electorado, tendrá una buena mano para presentarse a la reelección en 2014.

Otra fortaleza que se podría vislumbrar como amenaza es el unanimismo no solo del legislativo sino de casi la totalidad del aparato político colombiano. Evidentemente, el ingreso al Gran Acuerdo de Unidad Nacional implica transacciones y tajadas burocráticas que le resultará difícil de satisfacer. Pero ese unanimismo tiene que conformarse con una realidad: La U y el partido Conservador cuentan con mayorías aplastantes en el Congreso y los demás podrían aparecer como simples números que unidos o separados, no alcanzan para conquistar la mayoría en el legislativo. Entonces, las aspiraciones pueden ser enormes, pero la realidad electoral implica que sus ambiciones aterrizarán y se ubicarán en sus justas proporciones.

La fortaleza económica se ve bien, pero algunas aves de mal agüero han presagiado la enfermedad holandesa. Con lo que se niegan a contar es con el conocimiento de Santos en materia económica, que unido al excelente equipo que lo acompañará, seguramente espantará cualquier asomo de esta enfermedad en la economía nacional.

Sin embargo, sería torpe abordar por separado las fortalezas del próximo gobierno: unas equilibran a las otras y eso le permitirá a Santos enfrentar los primeros tiempos sin muchas dificultades.

Pero no nos engañemos: no importa el nombre del presidente, ni los apoyos políticos que tenga, ni el número de votos obtenido, ni el desempeño económico del país… la gran amenaza del país, esa que desfigura cualquier buena gestión, es la creciente dictadura de los jueces. Mientras no se enfrente la crisis judicial colombiana, con voluntad e incluso con la disposición de sacrificar algún capital político, difícilmente algún gobierno alcanzará las metas propuestas.

No es posible hablar de democracia, cuando el ciudadano del común siente, con justificación, una enorme desconfianza por los operadores judiciales. Tampoco se puede hablar de independencia de poderes, cuando dichos operadores se atribuyen funciones legislativas e incluso ejecutivas, plasmadas en decisiones irresponsables que afectan al país.

Ya que Uribe perdió la oportunidad histórica de emprender una revolución judicial, la tarea le queda a Santos, a ver si es capaz de enfrentar ese monstruo deforme y corrupto, con una reforma real a la operación judicial colombiana. Las cortes y los tribunales no pueden seguir como burladeros en los cuales, algunos políticos mediocres pasan el tiempo hasta alcanzar la edad de jubilación. Tampoco puede continuarse con una justicia que acomoda las leyes a sus intereses y pugnas de poder.

Si Santos realmente quiere pasar a la historia como el generador del desarrollo nacional, tendrá que emprender la revolución judicial, prestando oídos sordos a las presiones políticas nacionales e internacionales, para reformar la Constitución del 91 y estructurar un aparato judicial decente y respetable, que de verdad cumpla con la premisa de pronta y oportuna justicia mediante una estructura de méritos que solo permita a los mejores asumir la responsabilidad de impartir justicia.

Eso no se arregla con componendas ni acuerdos que perpetúen a los ineptos que ocupan la mayoría de los cargos en el poder judicial: muchos sectores del país, comenzando por abogados respetables, claman por una revolución judicial que permita confiar en la justicia y creer en la majestad de los fallos por el convencimiento de la ecuanimidad y de la sabiduría de los jueces, lo que permitirá desterrar la impunidad promovida por la mediocridad de los operadores y sobre todo, inaugurar en Colombia la concreción de la justicia como un elemento fundamental de convivencia, bienestar y democracia.

AL CIERRE: Uno de los testigos de los “falsos positivos”, quien declararía que presenció la participación de algunos de los asesinados de Soacha en actos delictivos, fue asesinado hace pocos días. Otros testigos, y los abogados defensores de los militares, han sido amenazados. Algunos queremos conocer la verdad sin sesgos y sin la injerencia de los palurdos que asesinan a aquellos que pueden dejar en evidencia el montaje elaborado por sus patrones contra las Fuerzas Armadas.