Falsos positivos: ¿Más o menos sistemáticos?

Lo fundamental de la investigación sobre los falsos positivos debería ser el indagar si la presunta víctima fue ajusticiada o fue abatida en combate y si tenía o no vínculos con las FARC. Lo demás son arandelas políticas tendientes a reducir la operatividad del Ejército y darles oxígeno a los terroristas.

El informe preliminar del Relator Especial de Naciones Unidas para ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias y sumarias contiene inexactitudes y propaganda generalizadora de baja laya. Evidentemente Philip Alston desconoce la realidad del país y fue sometido, durante 10 días, al bombardeo de los sectores malquerientes de la Seguridad Democrática.

Dice el Relator que “las cantidades mismas de casos, su repartición geográfica y la diversidad de unidades militares implicadas, indican que éstas fueron llevadas a cabo de una manera más o menos sistemática, por una cantidad significativa de elementos dentro del Ejército”.

Veamos: ¿Cuáles son las bases para la afirmación de una acción sistemática? La cantidad de denuncias, la ocurrencia de los hechos en diferentes partes del país y como consecuencia de lo segundo, la cantidad de batallones implicados.

El primer elemento es un engaño: ¿cuántas denuncias intentan generarle un problema al Ejército, por la muerte en combate de un terrorista? Que ese criminal tuviera madre, hermanos o esposa que lo extrañen debería ser accesorio, y la manida descripción del niño bueno, o del inocente campesino que fue asesinado por los monstruos militares, no podría influir en las investigaciones sobre el deceso. ¿Cuántos de esos “angelitos”, en el Dermotest, tenían rastros de pólvora en sus manos? Nadie lo sabe, pues se hace mucho ruido con el número de denuncias, pero no se dice nada de los avances en las investigaciones de las presuntas víctimas.

Desde hace décadas, las FARC han recurrido a la práctica de mimetizarse entre los campesinos y así desviar las investigaciones haciendo que otros señalen a sus combatientes, no como terroristas, sino como inocentes campesinos que son víctimas de la demencia militar. Ocurre que ahora esas prácticas han sido reforzadas y tiene escenarios de divulgación y esbirros para difundirlas o hacer montajes probatorios.

En este orden de ideas, la ubicación geográfica de las denuncias por “falsos positivos” en Antioquia, Arauca, Valle del Cauca, Casanare, Cesar, Córdoba, Huila, Meta, Norte de Santander, Putumayo, Santander, Sucre y Vichada, coincide con el mapa de los lugares de mayor presencia terrorista o de vecindad con regímenes afines a las FARC y por ende, de mayor número de combates entre el Ejército y el terrorismo… Debe ser por lo anterior que el Relator habló de acciones más o menos sistemáticas.

Sin embargo esa acusación es inexacta: Según el DRAE, sistemático es algo que sigue o se ajusta a un sistema, es decir, a un conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a determinado objeto.

Se ha dicho que los “falsos positivos” se dieron para intercambiar cadáveres por vacaciones, permisos e incluso dinero. Para que se dé la condición de sistemático, los que cometieron los falsos positivos de Soacha deberían estar interesados e involucrados con las prebendas que ganarían los militares acusados de “falsos positivos” en Antioquia o Putumayo. ¿Qué ganaban los de Norte de Santander con las acciones en otras jurisdicciones? Nada.

Tampoco podrán demostrar que había una organización clandestina con cobertura nacional, que cometía sus atrocidades a lo largo y ancho del país, para beneficiar a un gran número de unidades militares o ayudarles a cumplir un objetivo criminal determinado por los altos mandos. El mismo relator desestima lo sistemático de los hechos cuando señala que “no encontró pruebas que indiquen que las ejecuciones fueron producto de una política oficial del Gobierno o que se hicieron con conocimiento del presidente o de otros funcionarios… "

No existen los menores combatientes, ni son peligrosos

La desinformación y el sesgo del Relator no paran ahí: en uno de los apartes del informe preliminar dice que “pese a que las autoridades en muchos de los casos argumentaron que esas muertes correspondían a miembros de la guerrilla, las pruebas revelaron que no es así y entre los "peligrosos guerrilleros" había adolescentes de 16 y 17 años”.

Unas pocas horas le hubieran servido al Relator de la ONU para enterarse del reclutamiento forzado de menores de edad por parte de las FARC. Que los caídos en combate tengan 16 o 17 años es apenas lógico, pues son los niños los que han sido utilizados como carne de cañón por los jefes del terrorismo.

A Philip Alston no le contaron que el artículo 54 de los estatutos de las FARC indican que “cualquier joven mayor de 15 años está capacitado cabalmente para empuñar las armas” y que centenares de niños han sido secuestrados por el grupo terrorista (lo llaman reclutamiento forzado) para estructurar su primera línea de combate y para otros menesteres como la satisfacción sexual de los depravados comandantes de las FARC.

Es lógico que a Alston no le hayan contado ese detalle, pues ningún “entusiasta humanitario” se ha quejado, ni les ha escrito a las FARC para que dejen de reclutar menores y devuelvan a sus hogares a los que han incorporado a la fuerza.

Así le parezca una fantasía, la realidad es que los guerrilleros de 16 y 17 años son peligrosos, pues cuentan con el factor psicológico que los hace sentir inmortales y que solo con portar un fusil, están protegidos de la guerra: los menores combatientes son osados y rara vez miden las consecuencias de sus acciones “heroicas”.

Si el informe del Relator va a incluir deducciones ignorantes como la descrita anteriormente, al país le tocará comenzar a responder nacional e internacionalmente por los terroristas caídos en combate, erigirles esculturas y ofrecer disculpas públicas a sus familiares… eran matones y criminales de la peor calaña, pero en medio de un combate, los soldados tenían que dejarse asesinar para no ser inculpados de cometer un falso positivo.

No se puede desconocer que si se han presentado los falsos positivos, pero el sesgo ideológico y los intereses políticos han exagerado la atrocidad hasta convertirla en un gigantesco manto que finalmente perjudicará a las verdaderas víctimas y dejará al país, y a sus Fuerzas Armadas, maniatadas para combatir al terrorismo… ¡Eso es lo que quieren, y lo están logrando!

AL CIERRE: Por el mismo camino se dirigía la Ley de Víctimas: al Estado le tocaba indemnizar, por vía administrativa, a los familiares de terroristas y criminales, pues no importaba lo que estuvieran haciendo, o los delitos cometidos, sino el dolor de sus familiares y que habían caído por acción de las Fuerzas de seguridad del Estado… nada de raro que, siguiendo la doctrina ecuatoriana, tocara reparar a la familia de ‘Raúl Reyes’.

Por Jaime Restrepo. Director de Atrabilioso.