¿Comenzó la judicialización de la farcpolítica en Antioquia?

Se ha suscitado un gran escándalo en Medellín por cuenta de la reapertura de un proceso penal contra el Polo Democrático Alternativo, la Alianza Social Indígena y algunas organizaciones que presumen de ser defensoras de derechos humanos, por sus nexos con el Partido Comunista Clandestino PC3.

El informe, que sirve de base para la judicialización, señala que la estructura del PC3 (engendro de las FARC lanzado por ‘Alfonso Cano’) tiene como brazo político al PDA y a la Alianza Social Indígena (ASI), movimiento que ha respaldado a Sergio Fajardo en sus diversas aspiraciones políticas, incluyendo la actual candidatura a la Presidencia de la República. Es bueno recordar que en su calidad de alcalde de Medellín, Fajardo llevó a la junta directiva de EPM a Freddy Escobar Moncada, ideólogo del frente Jacobo Arenas de las FARC.

Además de los partidos, el informe señala a ONGs, sindicatos y movimientos juveniles como parte de la estructura del PC3. A una de las organizaciones implicadas en la investigación, el Instituto Popular de Capacitación, le parece inaudito que se ordene la reapertura del proceso penal que la misma Fiscalía había descartado por falta de pruebas que respaldaran la presunción de la actividad rebelde. La reapertura se dio por la declaración de dos testigos, que denuncia el IPC, ya habían sido “utilizados” en otros procesos y cuya credibilidad, dicen, ha sido siempre cuestionada.

¿Acaso esto no recuerda la reapertura de procesos contra el coronel Alfonso Plazas y el del general Rito Alejo del Río? ¿Será que son menos válidos los cuestionamientos a la credibilidad de los testigos utilizados en el proceso del Palacio de Justicia o en las investigaciones de la parapolítica?

Al IPC le parece “particular” que los testigos ratifiquen los informes de inteligencia militar. Esta afirmación tiene un alto grado de cinismo, pues si los testigos coinciden con los informes de inteligencia, en materia judicial simplemente hay un respaldo probatorio que se suma a los testimonios. Es más: el IPC asegura que los documentos de inteligencia adicionales están sustentados en declaraciones de desertores de las FARC, es decir que diferentes fuentes ratifican los hechos denunciados: ¿Eso qué tiene de particular?

Desde el pasado 3 de abril y por cuenta de la reapertura del proceso penal han sido vinculadas 13 personas, de ellas cuatro comparecieron libremente para definir su situación jurídica. Otras cuatro han sido capturadas en las últimas semanas. Todos están sindicados del delito de rebelión.

La respuesta de la facción
Las organizaciones investigadas sostienen que la Fiscalía y los organismos de seguridad “pretenden estructurar procesos penales” mediante “temerarios informes de inteligencia”. Esto, aseguran, con el propósito de criminalizar el ejercicio de la libertad de opinión, de expresión, de conciencia y de participación. También se quejan por una investigación previa y sostienen que ese mecanismo ha limitado derechos constitucionales de las personas incriminadas y de sus defensores:

”Aunque en esta investigación previa la Fiscalía vinculó a varios integrantes de organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y no gubernamentales debidamente identificados, nunca a estas personas se les informó de dichas actuaciones, lo que impidió que ejercieran de manera oportuna el derecho de la defensa y la posibilidad de controvertir las pruebas incriminatorias que venían siendo recopiladas por la inteligencia militar.”

Pero hay un número que puede aclarar este asunto: el 26.625. Este es el expediente fantasma que ha venido elaborando el magistrado auxiliar Iván Velásquez para incorporar todas las pruebas o montajes para procesar a los implicados en la parapolítica. El 26.625 es un expediente que ha limitado los derechos constitucionales de los incriminados y no ha tenido control de un Juez de Garantías. Sin embargo, la gran diferencia es que el expediente de la parapolítica ha sido nutrido no solo con testimonios de personas que liban junto al magistrado investigador, sino que además excluye las declaraciones que pueden favorecer al perseguido, como se desprende de la conversación entre Nancy Patricia Gutiérrez y Juan Carlos Díaz Rayo, investigador de la Corte Suprema de Justicia:

- NG: ¿Y qué es el proceso 26.625?
- JCD: Es un proceso que es general (...) Es un proceso madre que llaman, sin previo. De allí se va desprendiendo todo.
- NG: ¿Y contra quién es ese proceso?
- JCD: Contra nadie. Son las previas generales. Si hubiera sindicado, ya no serviría. Por eso, los abogados no tienen acceso a ese... Por eso es que no tienen entrada y es algo muy moral o éticamente reprochable, pero jurídicamente... Tendrían que probarnos que alguna vez... Que uno ya sabría de qué hablar y en qué condiciones iba a hablar ese señor (un testigo)...
- NG: Pero ustedes ya lo saben.
- JCD: Eso uno ya lo sabe, pero eso sería muy difícil de probar, casi imposible.
- NG: ¿Quién maneja el 26.625?
- JCD: El doctor Iván (Velásquez). Él hace y deshace en cada uno, va para donde quiere, busca investigadores. Si no hay informes, busca los informes.
- NG: A mí, por ejemplo, me han contado que llegan a una cárcel a buscar un testigo y, si no dice nada, lo desechan y buscan otro.
- JCD: Ah pues sí, claro (...) Si yo estoy tratando de cogerla a usted y no me dicen nada de usted, yo para qué voy...

Frente al expediente 26.625 no se encuentra ni un solo pronunciamiento de las ONGs que ahora son procesadas con el mismo mecanismo que ha venido utilizando la Corte Suprema de Justicia en la denominada parapolítica. Hasta hace unos meses, el procedimiento de los expedientes preliminares era aceptable, plausible y casi un acto heroico del abusivo magistrado, pues beneficiaba a la facción profariana. La extralimitación judicial no mereció ni una palabra frente a una flagrante violación a los derechos humanos. Pero ahora, cuando el mecanismo es utilizado en contra de algunos elementos con nexos con las FARC, llega el llanto y el rechinar de dientes.

Sin embargo, que las ONGs se quejen por el mismo mecanismo utilizado por la Corte para actuar en la parapolítica es un síntoma de la deformidad de la estructura judicial y del peligro que representa el libertinaje ético y moral de los intocables jueces colombianos. Entonces estamos ante un mecanismo de inquisidores jurídicos, quienes desatan cacerías para colgar las cabezas de sus perseguidos como trofeos infames.

Volviendo a la carta, las organizaciones de Medellín señalan que el proceso se basa en la “reedición de testimonios desestimados en su credibilidad en otras investigaciones penales”… como no recordar a Rafael García, el testigo estrella de la parapolítica, o a alias ‘Pitirri’, alojado cómodamente en Canadá con toda su familia, gracias a los servicios prestados no solo a la justicia sino a Gustavo Petro. Ambos han sido cuestionados en su credibilidad y sin embargo, cuando los jueces así lo deciden, pasan a ser los testigos más sinceros de los que se tenga noticia. También en estos casos, los presuntos defensores de derechos humanos no musitaron palabra, por conveniencia manifiesta, y ahora son plañideras que lanzan alertas mundiales por lo que ellos mismos cohonestaron con su silencio.

La culpa es de… ¡Uribe!
La visión mesiánica, que padecen la izquierda y la oposición en general con respecto al Presidente, los lleva al extremo de culpar a Uribe de todo lo que pasa en Colombia y en el mundo.

Dicen las organizaciones de Medellín que ellos han ejercido la “promoción y defensa de los derechos (…) de las comunidades y de las víctimas (…), situación que ha conllevado a la estigmatización desde las altas esferas del gobierno, la cual es replicada por integrantes de la inteligencia militar y de la fiscalía”.

Además de la ligereza en que incurren, esta si temeraria, de proclamarse perseguidos por la defensa de los derechos humanos y no por las calumnias, las alianzas, los respaldos y la manipulación originada en la militancia política e ideológica a favor de las FARC; olvidan que en el pasado reciente incumplieron con los supuestos propósitos de defensa de los derechos humanos: como las víctimas de los expedientes previos no pertenecían a la facción profariana, entonces eran buenos y necesarios para la cruzada justiciera que han intentado adelantar… pero ahora, cuando los expedientes previos los tocan, se convierten por arte de magia en una persecución fruto de la estigmatización.

A renglón seguido, los denunciantes señalan que el Presidente los estigmatizó al hablar de los “abogados pagados por organizaciones internacionales, con sesgos ideológicos que les impiden examinar el cotejo de las conductas y el ordenamiento jurídico imparcialmente, y que lo hacen con odio y carga ideológica.”

Según la denuncia, que el Presidente hable de sesgos ideológicos es una estigmatización y eso ha llevado a que el Ejército y la Fiscalía los procese por diferentes delitos. No obstante, los ahora denunciantes olvidan que a causa de los sesgos ideológicos y de la vocación profariana que han profesado desde siempre; han desatado una persecución inclemente contra el Gobierno y contra las Fuerzas Armadas, a quienes, los que ahora posan de víctimas, han estigmatizado nacional e internacionalmente. ¿Pero eso qué tiene que ver con una investigación de inteligencia que tiene méritos para ser procesada por la Fiscalía? Nada. Los denunciantes eluden el debate de las pruebas y no se toman la molestia de defender su accionar… se saben culpables y no víctimas de estigmatización: a lo sumo, si fueran honrados, podrían asumir su responsabilidad como victimarios.

Sin embargo, siempre hay espacio para el humor. Las ONGs dicen insistir "en la validez del principio de imparcialidad e independencia del órgano judicial que se ve cuestionado con la injerencia del poder militar en la dirección de las investigaciones criminales"… ¡Patético! La culpa no es del órgano judicial –ni más faltaba que fueran a responsabilizar a miembros de Asonal- sino de quienes investigan para dejar en evidencia el maridaje entre las FARC y un sector importante de la sociedad civil.

Por Jaime Restrepo. Director de Atrabilioso.