18 de mayo de 2009

¿Comenzó la judicialización de la farcpolítica en Antioquia?

Se ha suscitado un gran escándalo en Medellín por cuenta de la reapertura de un proceso penal contra el Polo Democrático Alternativo, la Alianza Social Indígena y algunas organizaciones que presumen de ser defensoras de derechos humanos, por sus nexos con el Partido Comunista Clandestino PC3.

El informe, que sirve de base para la judicialización, señala que la estructura del PC3 (engendro de las FARC lanzado por ‘Alfonso Cano’) tiene como brazo político al PDA y a la Alianza Social Indígena (ASI), movimiento que ha respaldado a Sergio Fajardo en sus diversas aspiraciones políticas, incluyendo la actual candidatura a la Presidencia de la República. Es bueno recordar que en su calidad de alcalde de Medellín, Fajardo llevó a la
junta directiva de EPM a Freddy Escobar Moncada, ideólogo del frente Jacobo Arenas de las FARC.

Además de los partidos, el informe señala a ONGs, sindicatos y movimientos juveniles como parte de la estructura del PC3. A una de las organizaciones implicadas en la investigación, el Instituto Popular de Capacitación, le parece inaudito que se ordene la reapertura del proceso penal que la misma Fiscalía había descartado por falta de pruebas que respaldaran la presunción de la actividad rebelde. La reapertura se dio por la declaración de dos testigos, que denuncia el IPC, ya habían sido “utilizados” en otros procesos y cuya credibilidad, dicen, ha sido siempre cuestionada.

¿Acaso esto no recuerda la reapertura de procesos contra el coronel Alfonso Plazas y el del general Rito Alejo del Río? ¿Será que son menos válidos los cuestionamientos a la credibilidad de los testigos utilizados en el proceso del Palacio de Justicia o en las investigaciones de la parapolítica?

Al IPC le parece “particular” que los testigos ratifiquen los informes de inteligencia militar. Esta afirmación tiene un alto grado de cinismo, pues si los testigos coinciden con los informes de inteligencia, en materia judicial simplemente hay un respaldo probatorio que se suma a los testimonios. Es más: el IPC asegura que los documentos de inteligencia adicionales están sustentados en declaraciones de desertores de las FARC, es decir que diferentes fuentes ratifican los hechos denunciados: ¿Eso qué tiene de particular?

Desde el pasado 3 de abril y por cuenta de la reapertura del proceso penal han sido vinculadas 13 personas, de ellas cuatro comparecieron libremente para definir su situación jurídica. Otras cuatro han sido capturadas en las últimas semanas. Todos están sindicados del delito de rebelión.

La respuesta de la facción
Las organizaciones investigadas sostienen que la Fiscalía y los organismos de seguridad “pretenden estructurar procesos penales” mediante “temerarios informes de inteligencia”. Esto, aseguran, con el propósito de criminalizar el ejercicio de la libertad de opinión, de expresión, de conciencia y de participación. También se quejan por una investigación previa y sostienen que ese mecanismo ha limitado derechos constitucionales de las personas incriminadas y de sus defensores:

”Aunque en esta investigación previa la Fiscalía vinculó a varios integrantes de organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y no gubernamentales debidamente identificados, nunca a estas personas se les informó de dichas actuaciones, lo que impidió que ejercieran de manera oportuna el derecho de la defensa y la posibilidad de controvertir las pruebas incriminatorias que venían siendo recopiladas por la inteligencia militar.”

Pero hay un número que puede aclarar este asunto: el 26.625. Este es el expediente fantasma que ha venido elaborando el magistrado auxiliar Iván Velásquez para incorporar todas las pruebas o montajes para procesar a los implicados en la parapolítica. El 26.625 es un expediente que ha limitado los derechos constitucionales de los incriminados y no ha tenido control de un Juez de Garantías. Sin embargo, la gran diferencia es que el expediente de la parapolítica ha sido nutrido no solo con testimonios de personas que liban junto al magistrado investigador, sino que además excluye las declaraciones que pueden favorecer al perseguido, como se desprende de la conversación entre Nancy Patricia Gutiérrez y Juan Carlos Díaz Rayo, investigador de la Corte Suprema de Justicia:

- NG: ¿Y qué es el proceso 26.625?
- JCD: Es un proceso que es general (...) Es un proceso madre que llaman, sin previo. De allí se va desprendiendo todo.
- NG: ¿Y contra quién es ese proceso?
- JCD: Contra nadie. Son las previas generales. Si hubiera sindicado, ya no serviría. Por eso, los abogados no tienen acceso a ese... Por eso es que no tienen entrada y es algo muy moral o éticamente reprochable, pero jurídicamente... Tendrían que probarnos que alguna vez... Que uno ya sabría de qué hablar y en qué condiciones iba a hablar ese señor (un testigo)...
- NG: Pero ustedes ya lo saben.
- JCD: Eso uno ya lo sabe, pero eso sería muy difícil de probar, casi imposible.
- NG: ¿Quién maneja el 26.625?
- JCD: El doctor Iván (Velásquez). Él hace y deshace en cada uno, va para donde quiere, busca investigadores. Si no hay informes, busca los informes.
- NG: A mí, por ejemplo, me han contado que llegan a una cárcel a buscar un testigo y, si no dice nada, lo desechan y buscan otro.
- JCD: Ah pues sí, claro (...) Si yo estoy tratando de cogerla a usted y no me dicen nada de usted, yo para qué voy...

Frente al expediente 26.625 no se encuentra ni un solo pronunciamiento de las ONGs que ahora son procesadas con el mismo mecanismo que ha venido utilizando la Corte Suprema de Justicia en la denominada parapolítica. Hasta hace unos meses, el procedimiento de los expedientes preliminares era aceptable, plausible y casi un acto heroico del abusivo magistrado, pues beneficiaba a la facción profariana. La extralimitación judicial no mereció ni una palabra frente a una flagrante violación a los derechos humanos. Pero ahora, cuando el mecanismo es utilizado en contra de algunos elementos con nexos con las FARC, llega el llanto y el rechinar de dientes.

Sin embargo, que las ONGs se quejen por el mismo mecanismo utilizado por la Corte para actuar en la parapolítica es un síntoma de la deformidad de la estructura judicial y del peligro que representa el libertinaje ético y moral de los intocables jueces colombianos. Entonces estamos ante un mecanismo de inquisidores jurídicos, quienes desatan cacerías para colgar las cabezas de sus perseguidos como trofeos infames.

Volviendo a la
carta, las organizaciones de Medellín señalan que el proceso se basa en la “reedición de testimonios desestimados en su credibilidad en otras investigaciones penales”… como no recordar a Rafael García, el testigo estrella de la parapolítica, o a alias ‘Pitirri’, alojado cómodamente en Canadá con toda su familia, gracias a los servicios prestados no solo a la justicia sino a Gustavo Petro. Ambos han sido cuestionados en su credibilidad y sin embargo, cuando los jueces así lo deciden, pasan a ser los testigos más sinceros de los que se tenga noticia. También en estos casos, los presuntos defensores de derechos humanos no musitaron palabra, por conveniencia manifiesta, y ahora son plañideras que lanzan alertas mundiales por lo que ellos mismos cohonestaron con su silencio.

La culpa es de… ¡Uribe!
La visión mesiánica, que padecen la izquierda y la oposición en general con respecto al Presidente, los lleva al extremo de culpar a Uribe de todo lo que pasa en Colombia y en el mundo.

Dicen las organizaciones de Medellín que ellos han ejercido la “promoción y defensa de los derechos (…) de las comunidades y de las víctimas (…), situación que ha conllevado a la estigmatización desde las altas esferas del gobierno, la cual es replicada por integrantes de la inteligencia militar y de la fiscalía”.

Además de la ligereza en que incurren, esta si temeraria, de proclamarse perseguidos por la defensa de los derechos humanos y no por las calumnias, las alianzas, los respaldos y la manipulación originada en la militancia política e ideológica a favor de las FARC; olvidan que en el pasado reciente incumplieron con los supuestos propósitos de defensa de los derechos humanos: como las víctimas de los expedientes previos no pertenecían a la facción profariana, entonces eran buenos y necesarios para la cruzada justiciera que han intentado adelantar… pero ahora, cuando los expedientes previos los tocan, se convierten por arte de magia en una persecución fruto de la estigmatización.

A renglón seguido, los denunciantes señalan que el Presidente los estigmatizó al hablar de los “abogados pagados por organizaciones internacionales, con sesgos ideológicos que les impiden examinar el cotejo de las conductas y el ordenamiento jurídico imparcialmente, y que lo hacen con odio y carga ideológica.”

Según la denuncia, que el Presidente hable de sesgos ideológicos es una estigmatización y eso ha llevado a que el Ejército y la Fiscalía los procese por diferentes delitos. No obstante, los ahora denunciantes olvidan que a causa de los sesgos ideológicos y de la vocación profariana que han profesado desde siempre; han desatado una persecución inclemente contra el Gobierno y contra las Fuerzas Armadas, a quienes, los que ahora posan de víctimas, han estigmatizado nacional e internacionalmente. ¿Pero eso qué tiene que ver con una investigación de inteligencia que tiene méritos para ser procesada por la Fiscalía? Nada. Los denunciantes eluden el debate de las pruebas y no se toman la molestia de defender su accionar… se saben culpables y no víctimas de estigmatización: a lo sumo, si fueran honrados, podrían asumir su responsabilidad como victimarios.

Sin embargo, siempre hay espacio para el humor. Las ONGs dicen insistir "en la validez del principio de imparcialidad e independencia del órgano judicial que se ve cuestionado con la injerencia del poder militar en la dirección de las investigaciones criminales"… ¡Patético! La culpa no es del órgano judicial –ni más faltaba que fueran a responsabilizar a miembros de Asonal- sino de quienes investigan para dejar en evidencia el maridaje entre las FARC y un sector importante de la sociedad civil.

Por Jaime Restrepo. Director de Atrabilioso.

6 comentarios:

Camilo A. Mosquera dijo...

http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/tabares-y-lagos-negaron-chuzadas-y-seguimientos-a-magistrados-de-la-corte-suprema-ante-la-fiscalia_5207982-1

http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/apartes-de-lo-que-carlos-alberto-lagos-y-fernando-tabares-le-dijeron-a-la-fiscalia_5208307-1

Después de leer estos artículos en El Tiempo, no me queda duda que la revelación de Semana sobre las interceptaciones ilegales del Das a magistrados fueron un burdo montaje de esta revista Criminal...

Pero eso usted y yo ya lo sabíamos, desde que la misma revista dijo que habían destruido el material probatorio... Fue un burdo montaje. Basados en el afán de comprar información a criminales de los cuales esta revista bogotana es muy amiga. La actuación de la fiscalía en este proceso es algo ridículo y mediática.-

Ahora, la versión mentirosa de los medios de comunicación sobre lo que dijo Lagos sobre José Obdulio Gaviria y sobre su petición de protección en la fiscalía también se cayó por la misma declaración de él ante la fiscalía. Osea que el afán de chiva, los llevó a sacar esa noticia mentirosa.

Por otro lado, los miserables que acusaron a José Obdulio de ser el autor de las chuzadas deben retractarse inmediatamente, comenzado por Rafael Pardo y -Héctor Elí Rojas. Definitivamente le PL no dá pie con bola.

Y OTRA cosa sumamente importante, es que se debe distinguir SOBRE LAS INTERCEPTACIONES DE 2006 A LA CAMPAÑA PRESIDENCIAL Y LAS QUE MENCIONÓ LA REVISTA CRIMINAL DE SEMANA.

Saludos.

Camilo A. Mosquera dijo...

Sobre la farcpolítica me gusta mucho este artículo: http://www.polodemocratico.net/La-bancada-del-Polo-Democratico

Ahí firman los senadores del Polo:

JESÚS A. BERNAL AMOROCHO: Medida de aseguramiento por malversación de fondos.

PARMENIO CUELLAR BASTIDAS: No conozco nada contra él.

NESTOR IVAN MORENO ROJAS : Corrupción en la alcaldía de Bucaramanga.

LUIS CARLOS AVELLANEDA TARAZONA.: No conozco nada contra él.

GLORIA INÉS RAMÍREZ RIOS: Investigada por Farcpolítica.

JORGE ELIECER GUEVARA: No conozco nada contra él.

JORGE ENRIQUE ROBLEDO: No conozco nada contra él.

ALEXANDER LÓPEZ: Presuntos vínculos con los paramilitares y las farc.

GUSTAVO PETRO: Tráfico y compra de testigos.

Así de honorable es la bancada del polo.

Atrabilioso dijo...

CAMILO ANDRÉS:
No puedo hablar del asunto como un montaje, sino como la acomodación de hechos criminales, para golpear políticamente. Es que Semana y Noticias Uno se han usufructuado de las interceptaciones ilegales y la mayoría de colombianos las hemos escuchado e incluso presenciado los escándalos levantado con esos materiales criminales.

Entonces, es evidente que existen las interceptaciones, que era un negocio criminal de espionaje que aprovechaba la infraestructura del Estado para desarrollarlo y que el fruto de ese negocio era ofrecido al mejor postor.

Gracias por sus aportes.

Anónimo dijo...

YO NO SÈ POR QUE LA CSJ LOS PARTIDOS DE IZQUIERDA Y LA PRENSA ME PRODUCEN ASCO.

Anónimo dijo...

BRABONEL.

Desde hace mucho se debería estar hablando claro. Todos los "argumentos" de la oposición se concentra en calumnias y montajes perversos (hoy el editorial del periódico económico portafolio lo llama la “mala hora” ¡por favor que sinismo tan horripilante!) el cuestionamiento debería centrarse en que si ya no se pasaron de la ralla y todo el engranaje de los partidos de oposición y el poder mediático que los apoya esta hiendo mas lejos al hecho de utilizar todas las armas para tratar de debilitar al Gobierno. Ya esto se paso de la ralla y de montaje en montaje de juicio en juicio se esta tratando de fortalecer al terrorismo.

El fatídico y diabólico Ex presidente Samper hablo de la necesidad de institucionar la seguridad democrática en un acuerdo partidista. Parece ilógico que de donde se esta atacando a la política de seguridad democrática con montajes jurídicos políticos y mediáticos se puede conservar la misma. La declaración de Samper va más en la dirección de cortarle argumentos a quienes vemos una confabulación contra la seguridad democrática para fortalecer al terrorismo en el escenario político.

Por lo menos un miembro de la ideología modernista vio por donde venia la cosa y denuncio a medios de comunicación por obtener información de primera mano de las chuzadas del DAS quedando claro la evidencia que el DAS pudo ser infiltrado fácilmente por ordenes de la oposición para hacerle daño al Gobierno. También se debería acusar a los medios de comunicación por infamia y calumnia por el caso de la zona franca donde aparecen los hijos del presidente ¿Cómo es que no se ha comprobado delito alguno pero los medios y sectores poliliticos enjuiciaron y encontraron culpables a los hijos de Uribe? pero eso es lo mas leve por que el no andar con la farcpolitica y correr el la parapolitica además de que todos los juicios se hacen con testigos pagados y pruebas montadas, de igual forma ocurre con los llamados falsos positivos y el caso del palacio de justicia. Si nadie de peso denuncia la cruzada política terrorista su avance será inevitable ¡es hora de actuar energéticamente! Por que esto se paso de la ralla y ya no hay excusas para no ver que es una cruzada en contra de la política de seguridad y por ende del resurgir del terrorismo en todas sus formas.

Atrabilioso dijo...

BRABONEL:

Aquí el asunto es que ya hay un expediente que está generando resultados en lo relacionado con la farcpolítica y que tiene muy, pero muy nerviosos a los de la facción.

Un abrazo.