El fraude está servido

Por Jaime Restrepo Vásquez

Las reacciones han sido tímidas, casi imperceptibles. Pareciera que no quisiesen incomodar a los autores que perpetraron el fraude del 13 de marzo. Más allá de los acostumbrados lamentos en Twitter, la realidad es que los más interesados, los partidos políticos, miraron para otro lado y aceptaron con docilidad la absurda decisión de los jueces y del poder electoral colombiano.

Aparecieron más de un millón de votos y nadie responde. Desde el Registrador para abajo, todos quieren aparentar que el fraude descarado de marzo fue algo normal o, a lo sumo, una simple anomalía estadística. Sin embargo, resulta más que alarmante que el Congreso de la República, que se posesionará el próximo 20 de julio, cargue, además del acostumbrado descrédito, con el inri de la ilegitimidad y, obviamente, de la ilegalidad. Dirán los beneficiados de la subversión de la democracia que en un país en el que lo ilegal es el pan de cada día, una «picardía» más o una menos no cambia las cosas.

Es que durante el cuatrienio de Duque, la oposición comunista gritó a los cuatro vientos que en 2018 se había producido un fraude y la consigna la repitieron hasta el cansancio, preparando el terreno para lo que se nos viene en mayo, pues convirtieron la palabra «fraude» en moneda de uso corriente, en una situación anómala que poco a poco vamos aceptando sin chistar.

El pasado 13 de marzo, las fuerzas oscuras del narcocomunismo lanzaron una campaña para denunciar el fraude que, según ellos, se estaba cocinando. En el paroxismo del descaro, llegaron a elaborar informes «periodísticos» en los que denunciaban el mecanismo mediante el cual se adulteraría el resultado de las elecciones. Así ocurrió en Pereira, donde el Canal 2 ––que sirvió de plataforma mediática para los terroristas que participaron en la asonada del paro nacional del 28 de abril de 2021–– entrevistó a una presunta trabajadora quien contó que la empresa que transmitiría la información de las mesas manipularía las cifras para otorgarle el triunfo a las fuerzas «uribistas». Con el paso de los días, después de los comicios, quedó en evidencia que el fraude favoreció al narcocomunismo y, por tal motivo, se apagó el escándalo, guardaron el material preparado y se rasgaron las vestiduras cuando se planteó la posibilidad de llevar a cabo un recuento.

Lo que se ha venido anunciando durante los últimos cuatro años es que, a las buenas o a las malas, el narcocomunismo hará lo necesario para llegar al poder: ellos quieren la Casa de Nariño y, gracias a las rentas fabulosas que genera el millón de kilos de cocaína que producen cada año, ese anhelo lo comprarán o lo impondrán a como dé lugar.

El fraude en las presidenciales está cantado. El mecanismo para cometerlo ha sido cuidadosamente engranado. Cuentan con jurados de votación, con funcionarios de la Registraduría, con INDRA ––empresa contratada para el conteo de los votos––, con el Registrador y, por supuesto, con varios magistrados del Consejo Nacional Electoral, además del poder judicial que avalará la tropelía. Este es el escenario al que se está respondiendo con lloriqueos y nada más. Mientras tanto, el presidente Duque hace la vista gorda, como si no le importara lo que está pasando con nuestra democracia.

Para colmo, los electores no tenemos ni el poder ni las herramientas para enfrentar lo que se avecina: saldremos a votar, pero con la sospecha de que ese sufragio será solo la constancia de que hicimos lo que estaba en nuestras manos para defender la libertad y la democracia. Porque lo cierto es que los poderes ejecutivo y judicial son cómplices de la tragedia que se vislumbra en el horizonte. Durante mucho tiempo, el narcocomunismo ha hecho lo que le ha dado la gana con la Ley, con la decencia y con la honradez. No en vano, tiene congresistas que no fueron elegidos, o que están siendo procesados por diferentes delitos, y tal situación ha sido avalada, no por el constituyente primario, sino por los poderes que controlan el Estado.

Tampoco podemos olvidar la desfachatez con la que violan la Ley, como sucede en Medellín con su alcalde, quien de frente viene haciéndole campaña al patrón del mal, convirtiendo el patrimonio de la ciudad en la caja menor del jefe narcocomunista. Además, la obstaculización de la participación ciudadana ––la revocatoria––, gracias al soborno que se evidencia en las torpes decisiones decretadas por el tal magistrado Abreo, son indicadores suficientes para confirmar la existencia de la amenaza que se cierne sobre la libertad y la democracia.

Estamos más que advertidos del fraude. Hay que reconocer que han tenido la gentileza o la desmaña de avisarnos. Ya vimos cómo opera y cómo pueden cambiar los resultados sin que nadie se oponga. Ya padecimos la toma terrorista y los sufrimientos que ocasionaron durante el tal paro nacional. Sabemos quiénes están al servicio de la causa criminal y cómo se financia. Conocemos los nombres de los que guardan un silencio cómplice con el atropello. A juzgar por lo ocurrido el 13 de marzo, solo se puede repetir lo que dijo Julio César antes de cruzar el Rubicón: ¡Alea iacta est!

Conversemos en Twitter: @atrabilioso.