La omertà comunista

Por Jaime Restrepo Vásquez

Además del asalto al erario, de la corrupción rampante y empobrecedora y de hacerse los de la vista gorda con respecto al narcotráfico, los comunistas tropicales han implementado una estrategia para asegurarse la lealtad de su entorno, que es muy similar a la que han utilizado las mafias italianas. Se trata del establecimiento de famiempresas con las que se garantizan el silencio y la complicidad de los más cercanos, mientras ejecutan el saqueo desde el poder.

Cuando Daniel Quintero Calle nombró a varios familiares de su pareja en diferentes cargos en la Alcaldía, muchos ciudadanos se sorprendieron. Además de la ineptitud manifiesta y de la ausencia de capacidad intelectual, saltaba a la vista que era una jugada de enroque, tendiente a establecer un círculo de silencio, que sirve de espectador y parapeto para tratar de soslayar el asalto a la ciudad. Para eso llegaron Juan Carlos Upegui y Laura Upegui, encargados de callar y colaborar con las tropelías del alcalde. Como ambas fichas no tenían un peso delictivo suficiente, Quintero le otorgó una inmensa autoridad a su compañera permanente, Diana Osorio, convirtiéndola en el poder detrás del trono. De esta manera, el alcalde logró cerrar el círculo de la famiempresa, tal y como él y su concubina lo reconocieron.

No es nada nuevo eso de las famiempresas comunistas. De hecho, Fidel Castro hizo lo propio y dejó la sucesión de su dictadura a su hermano Raúl Castro, un sujeto oscuro que ha liderado los más importantes negocios de narcotráfico en la isla. De hecho, cuando fue descubierta una de esas redes con Pablo Escobar, los hermanos Castro traicionaron a su general más condecorado, Arnaldo Ochoa, y lo mandaron al paredón de fusilamiento, junto con Tony de la Guardia, Jorge Martínez y Amado Padrón… Así paga el diablo a quien bien le sirve.

Otra famosa famiempresa comunista es la que tiene sometida a Nicaragua. El corrupto violador y guerrillero sandinista Daniel Ortega ha establecido, junto con su esposa Rosario Murillo, una próspera dictadura que no solo convirtió los recursos públicos en una piñata, sino que ha dejado centenares de opositores muertos a lo largo y ancho del país. Los más «afortunados» se encuentran privados de la libertad en las mazmorras del régimen, mientras avanza el obsceno saqueo de los recursos nicaragüenses y, gracias a la ineptitud cómplice de Juan Manuel Santos, también de los recursos colombianos.

Volviendo a Colombia, el máximo líder del comunismo criollo ha trabajado intensamente en la conformación de su propia famiempresa. Cuando fue alcalde de Bogotá, ubicó a Alberto Merlano Alcocer –tío de su más reciente pareja–, en la gerencia de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, mientras que a otros familiares les permitió la construcción de un conjunto en pleno humedal de La Conejera. Más recientemente, la famiempresa se extendió a la Costa Atlántica y fue así como uno de los tantos vástagos del guerrillero, terminó siendo candidato a una gobernación y, al conseguir el segundo lugar en los comicios, obtuvo un puesto en la asamblea departamental. De igual forma, en el «emprendimiento» familiar del candidato han participado ex cónyuges como Mary Luz Herrán, quien incluso fue coordinadora de los Círculos Bolivarianos de Colombia, una organización que ha buscado extender la revolución chavista en nuestro país, mediante el trabajo mancomunado con las narcoguerrillas colombianas.

Claro que el líder del Pacto Histórico no es el único que ha establecido una famiempresa para parasitar y desangrar al Estado. Uno de los casos menos conocidos es el de Iván Cepeda, quien conformó una ONG, la Fundación Manuel Cepeda Vargas, con su pareja Claudia Victoria Girón. Dicha fundación, que en realidad es un «emprendimiento» lucrativo de la familia Cepeda Girón, se constituyó como parte civil dentro del proceso que se adelantó por la masacre de Mapiripán y que nos costó más de siete mil millones de pesos a todos los colombianos. Es bueno recordar que tiempo después, algunas de las presuntas víctimas aparecieron vivas y de otras se demostró que murieron mucho antes del crimen, o tiempo después del desgraciado suceso. En esa estafa al Estado, el abogado principal fue el hoy magistrado del Consejo Nacional Electoral, Luis Guillermo Pérez, protagonista de las persecuciones políticas más infames de la primera década del siglo XXI en Colombia. 

La constitución de famiempresas es una práctica sistemática del comunismo latinoamericano, que copió el modelo de las mafias siciliana y napolitana. Básicamente, establecen una estructura basada en lazos de sangre, con un componente adicional: el de asociar a los cómplices más cercanos, en las actividades de la empresa criminal, de tal manera que, por los vínculos familiares o de amistad, se obligan a cumplir con un código de silencio y de hermetismo. Esta maniobra es conocida como omertà e implica la negativa a declarar o a denunciar las acciones delincuenciales de la organización.

La omertà comunista está plenamente vigente en Colombia. Por desgracia, Medellín fue el laboratorio de pruebas en una operación que busca entronizar a varias famiempresas en el manejo y saqueo de todo el país, tal y como ha ocurrido en Cuba y Nicaragua. Estamos advertidos. Aún estamos a tiempo de evitar el desastre.   

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