Santos, el gran desastre

Por Jaime Restrepo Vásquez

Parece que la ineptitud es heredable y se incrusta hasta lo más profundo de la genética de algunas familias. Así pasa con algunos miembros del clan Santos. Durante la campaña a la presidencia, Juan Manuel Santos citaba con frecuencia a su tío-abuelo, Eduardo Santos, mostrándolo como uno de los más grandes estadistas en la historia nacional.

Sin embargo, al revisar la gestión de Eduardo Santos, lo primero que se destaca es la descripción que hace la historia de su gobierno: la gran pausa. Después del vertiginoso gobierno de López Pumarejo, llegó Santos a dirigir los destinos de la nación y los resultados de su gestión fueron menos que modestos. Llama la atención, sin embargo, una “obra” de su mandato: la demolición de la iglesia de Santo Domingo, lo que terminó siendo una gran pérdida para el patrimonio arquitectónico de Bogotá.

Más de medio siglo después, otro Santos lidera un gran proceso de demolición, ya no de una iglesia taciturna en el centro de Bogotá, sino de todo un país.  De hecho, son impredecibles las consecuencias del desastre ocasionado por la reforma a la justicia, acompañada hasta el último minuto por el gobierno, con fe de erratas y todo.

De hecho, la demolición de la reforma  se hizo con la picardía tramposa del tahúr empedernido, además sin necesidad alguna, dicen los constitucionalistas, pues el presidente tenía a su alcance el artículo 213 de la Constitución, que le servía para conjurar la tragedia que él y sus compinches impulsaron con entusiasmo. 

Pero Juan Manuel Santos tenía que ser fanfarrón y hacer las cosas por el camino más difícil e inconstitucional, sacar al oportunista que lleva dentro, y al ignorante en materia legal y al que no se sabe rodear; para tratar de obtener provecho propagandístico de la debacle. De paso, con su accionar, Santos demostró que desconoce el día a día del país por estar pendiente de viajes y honores y no de hacer lo que tiene que hacer, es decir gobernar. 

Es que en poco menos de dos años, Colombia pasó del estilo de gobierno detallado e inmiscuido en todo, a un mandato acéfalo, distante y aislado de la realidad nacional.

Ahora el país vive una de las más graves crisis de las últimas décadas, pues el hundimiento de la reforma a la justicia es solo el inicio de un desmoronamiento institucional de incalculables dimensiones, que de seguro traerá una avalancha de demandas, denuncias, desfile de congresistas por las altas cortes, rupturas políticas y varios avivatos pescando en río revuelto, promoviendo un referendo absurdo que incluye la legalización constitucional del narcotráfico y hasta la prohibición de las corridas de toros.

Lo que pocos dicen en voz alta es que, aunque el Congreso haya hundido la reforma, eso no significa nada, hasta que la Corte Constitucional no decida sobre el particular y el Consejo de Estado no dictamine que el procedimiento para hundir la reforma fue legítimo. ¿Cómo percibirán semejante situación los inversionistas de sectores distintos al energético? 

Por estar de aeropuerto en aeropuerto, Juan Manuel Santos no cumplió con sus deberes, confió plenamente en los recomendados del otro monumental desastre, Ernesto Samper, y ahora se le vino el mundo encima: las encuestas ya no van en descenso sino en barrena, mientras un alto porcentaje de ciudadanos manifiesta una creciente percepción de inseguridad que podría traducirse en un rechazo a las negociaciones que viene adelantando Santos con las FARC.

Es que después de la aprobación del Marco para la impunidad, se han registrado más de una docena de atentados terroristas por parte de las FARC, quienes han asesinado niños y mujeres en embarazo y han revivido la voladura de torres y oleoductos, todo en aras de la “justicia social” y de la “paz negociada”.

Y claro: la relección, tan apetecida por Juan Manuel Santos, está cada vez más embolatada, no solo por cuenta de las trampas para aceitar a los poderes legislativo y judicial a través de una supuesta reforma a la justicia; sino también por el cúmulo de deficiencias en la gestión.

Y todavía falta la llegada de El Niño (¿será que también lo maldice ante los medios?), para cuyo manejo seguramente buscará la asesoría de César Gaviria y del jefe del clan Nule, con gran experiencia en racionamientos, barcazas y cambios de horario; y el inevitable golpe que sufrirá la economía por cuenta de la crisis europea.

Viendo las cosas en perspectiva, por lo menos lo de Eduardo fue una gran pausa y no un gran desastre como lo ha sido el desgobierno de su sobrino-nieto, Juan Manuel.

AL CIERRE: Si en Colombia llueve, en Bogotá no escampa. El pasado 9 de mayo, Víctor Raúl Ayalde se posesionó como director administrativo de la Caja de Vivienda Popular. Ayalde está condenado y es prófugo de la justicia, por el delito de enriquecimiento ilícito. Ahora dirán que, al mejor estilo de Simón Gaviria, los funcionarios del Distrito, empezando por el twitteralcalde, no saben leer o lo hacen por encimita, cuando se trata del Certificado de antecedentes judiciales de Policía, que señalaba que Ayalde tenía orden de captura vigente, y tampoco se inmutaron al leer la anotación de inhabilidad penal que registraba el Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría… menos mal que Petro es el adalid de la lucha contra la corrupción, pues de lo contrario, ¿a qué clase de ratones pondría a cuidar el queso?