¡Estalló el júbilo! Casi al unísono, centenares de personas celebraron a rabiar la decisión de la jueza Johanna Rodríguez de revocar la medida de aseguramiento contra Luis Carlos Restrepo: ¿Será una victoria o la confirmación de las asechanzas de los operadores judiciales contra la democracia?
Es que ante semejante algarabía, se pensaría que finalmente se alcanzó la aspiración de justicia. Pero no es así. Al revisar la decisión de la jueza se encuentra que revocó la medida de aseguramiento “por no existir inferencia razonable de coautoría, ni en los delitos de peculado a favor de terceros ni en el delito de tráfico de armas y municiones de uso privativo, ni en el delito de fraude procesal”.
En plata blanca: según la jueza, no hay pruebas, ni elementos que permitan concluir que Luis Carlos Restrepo cometió o participó en la comisión de los delitos que le fueron imputados por la Fiscalía General de la Nación. Entonces, si no existen pruebas, ¿por qué el comisionado de paz del gobierno Uribe sigue vinculado al proceso?
Contrario a la celebración por la decisión judicial, la sensación debería ser de absoluta repulsión por tamaña injusticia… Y también debería generar aprehensión, pues queda demostrado que, en Colombia, cualquiera puede ser implicado y atado a un proceso judicial sin pruebas que ameriten la vinculación, simplemente por la feroz persecución política manejada desde las altas esferas del poder.
Me perdonan los que celebran, pero lo anterior es una monstruosidad gigantesca que debería despertar la indignación y no el entusiasmo triunfalista de ganar una batalla que en términos prácticos puede ser una gran derrota. Es cierto que la jueza Rodríguez criticó la exagerada credibilidad que le da la Fiscalía al criminal Salvatore Mancuso.
Es más: resulta sensato el discurso de la funcionaria cuando afirma que "este despacho encuentra que el señor Salvatore Mancuso lo que está haciendo es una circunstancia de retaliación frente al Gobierno Nacional, y no es sólo contra el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, sino contra el presidente Santos y frente a la Corte Suprema de Justicia”.
Pero lo anterior es solo la zanahoria antes del garrote. No se puede celebrar una celada que tiene la intención de aparentar unas garantías judiciales, de tal forma que se cierre el círculo en contra de Restrepo, pues con la decisión, al antiguo comisionado de paz le resultará mucho más difícil demostrar la persecución política y solicitar asilo o refugio en cualquier país del mundo.
No hay que perder de vista que la jueza Johanna Rodríguez sostiene que no hay pruebas y que la investigación de la Fiscalía es un mar de conjeturas sin sustento. Sin embargo, en el mismo pronunciamiento, la jueza le pide a Restrepo que regrese al país o de lo contrario se puede proceder con una orden de captura: ¿En qué se basaría la orden, si no existen pruebas en contra del funcionario del gobierno Uribe? ¿Se justifica la amenaza simplemente para garantizar la presencia del señalado a las diligencias de un proceso sin evidencias?
La sospecha de una celada se fortalece aún más cuando la jueza señala:”Me parece injusto que se cuestione un proceso de desmovilización de la guerrilla y no se cuestionen los procesos de las Autodefensas Unidas de Colombia, porque un proceso de la guerrilla sí debe ser llamado a juicio, sí tiene que cuestionarse, cuando los que se han generado y se han cuestionado realmente son los de las AUC y no ha habido una formulación de imputación por ello”.
Este aparte parece una orientación para que la Fiscalía rectifique el rumbo y emprenda la búsqueda de evidencias en las desmovilizaciones de los grupos paramilitares, los que según la jueza, sí han sido realmente cuestionados.
Así las cosas, la suspicacia se anida fuertemente y crece la convicción de que la decisión envía un mensaje aterrador: como no hay pruebas en lo de la guerrilla, entonces levantamos la orden de captura… ¡Fiscales, escarben en los procesos con los paramilitares! Mientras tanto, venga “Doctor ternura”, confíese de las garantías para que, en cualquier momento, lo podamos encerrar con un montaje orquestado con los presos de las AUC.
Puede ser que todo lo anterior sea una colección de inquietudes implacables, pero resulta sospechoso que en un país con un aparato judicial altamente politizado y sesgado, se emita una decisión que en unos deja un inexplicable sabor de victoria, mientras que a favor de los otros no solo se fortalece la imagen internacional sino que le resta fuerza al argumento de la persecución política.
No tengo motivos para desconfiar de la buena fe de la jueza Johanna Rodríguez, pero sí de las maquinaciones y manipulaciones de sus superiores jerárquicos y de los sicarios morales que manejan la opinión ciudadana y “cocinan” al que tome decisiones inconvenientes para los mandamases de las FARC.
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