El histórico conciliábulo criminal

Por Jaime Restrepo Vásquez

Nos dijeron que era un asunto de izquierdas y derechas, una elección entre la paz y la guerra. También nos metieron en la cabeza que era una confrontación entre petristas y uribistas. Pero ninguna de esas premisas se sostenía al ser contrastada con la tozudes de la realidad. Quienes hemos sido férreos opositores de todo lo que huela a comunismo sabemos, desde hace mucho, que solo existen dos bandos: el de los que anhelamos la aplicación de la Ley y el de los que quieren el imperio del crimen, con el caos y la anarquía que aquel conlleva.

Además de la presencia de los pensionados de las FARC ––autodenominados Comunes––, la vinculación de los sub iudice Armando Benedetti, Roy Barreras, León Fredy Muñoz, Alex Flórez y Alfonso Prada, entre muchos otros, es la primera evidencia de que la campaña presidencial del narcocomunismo colombiano es un enorme conciliábulo criminal. De igual forma, también han sido convocados los pocos corruptos y asesinos que han sido procesados por la justicia y que se encuentran en la cárcel de La Picota.

Mención aparte merecen las revelaciones sobre Francia Márquez y Piedad Córdoba. En los últimos días, ambas mujeres han estado en el ojo del huracán por cuenta de sus transgresiones mayores. De hecho, Francia Márquez admitió, con el cinismo que caracteriza a los delincuentes, que ella recibió subsidios y ayudas del Sisben, algo a lo cual, afirma, tenía derecho. Evidentemente, la abogada Márquez faltó a las clases de derecho penal, pues al afirmar que vivía en una dirección falsa y mostrarse menesterosa y merecedora de lástima ––justo después de recibir un premio de 200 mil dólares y de comprar una propiedad en una urbanización con piscina–– incurrió en el delito de fraude de subvenciones y, por lo tanto, en un acto de corrupción.

El caso de Piedad Córdoba resulta esclarecedor para entender la forma de operar del narcocomunismo colombiano. ¿Acaso es posible que Gustavo Petro no supiera de las andanzas de la señora del turbante con Alex Saab ni de sus gestiones para manipular la liberación de secuestrados? Desde la operación Fénix ––en la que se dio de baja a alias Raúl Reyes––, todo el país conocía la fetidez que expele el accionar de la Córdoba.

Sin embargo, ahora el candidato del narcocomunismo quiere hacerles creer a sus incautos seguidores que la única persona en el país y en el continente que desconocía las andanzas de la señora Córdoba era él. Entonces, cuando la letrina está a punto de estallar, decide pedirle a Piedad Córdoba que se aparte de la campaña. ¡Qué descaro! Como ya entraron los narcorrecursos chavistas a la campaña ––que ella consiguió––, el candidato la saca porque ya no le es útil. De un momento a otro, sin nuevos crímenes en su haber, la senadora electa entra en desgracia ante Petro, cuando lo cierto es que todos conocíamos el trasegar de la señora Córdoba por el bajo mundo del narcocomunismo latinoamericano.

Abandonar a sus amigos en dificultades es uno de los hábitos de Gustavo Petro. Es bueno recordar que dejó a su suerte a su compinche Samuel Moreno y ahora hace lo propio con Piedad Córdoba. Por supuesto, no es una decisión que surja desde la ética o la moral, sino desde la practicidad estratégica para tratar de satisfacer su desquiciado afán de ser presidente.

Es evidente que todos los escándalos que detonan en el Pacto Histórico tienen el común denominador de la criminalidad y del rechazo al orden jurídico y legal del país. Por eso, en el bando del narcocomunismo cabe Daniel Quintero Calle y su banda de hampones, junto a terroristas como Israel Zúñiga, conocido en el bajo mundo como Benkos Biohó, quien lideró la masacre de Bojayá. También aparecen Francisco el negro Padilla, testaferro político de Bernardo Noño Elías y del clan Besaile; Nubia López y su esposo Freddy Anaya, relacionados con el corrupto clan Aguilar en Santander. En la lista de adhesiones también están inscritos los condenados Bernardo Hoyos, Ricardo Chajin y Lázaro Calderón. De igual forma, hay que mencionar a Sandra Villadiego, esposa de Miguel Ángel Rangel, condenado por parapolítica, y Temístocles Ortega, investigado por corrupción, entre muchísimos otros, todos con asiento y, como es obvio, con ganancias y prebendas en un hipotético gobierno de Gustavo Petro.

El narcocomunismo está apostando en serio. No importa que alguien sea un corrupto, un parapolítico, un terrorista o un asesino, pues lo fundamental es que toda el hampa, de Ernesto Samper y Juan Manuel Santos para abajo, tiene cabida en el Pacto Histórico y debe trabajar ––léase engrasar y costear, así sea con «televisores marca Santrich»–– en la campaña de Petro Presidente.

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El fraude está servido

Por Jaime Restrepo Vásquez

Las reacciones han sido tímidas, casi imperceptibles. Pareciera que no quisiesen incomodar a los autores que perpetraron el fraude del 13 de marzo. Más allá de los acostumbrados lamentos en Twitter, la realidad es que los más interesados, los partidos políticos, miraron para otro lado y aceptaron con docilidad la absurda decisión de los jueces y del poder electoral colombiano.

Aparecieron más de un millón de votos y nadie responde. Desde el Registrador para abajo, todos quieren aparentar que el fraude descarado de marzo fue algo normal o, a lo sumo, una simple anomalía estadística. Sin embargo, resulta más que alarmante que el Congreso de la República, que se posesionará el próximo 20 de julio, cargue, además del acostumbrado descrédito, con el inri de la ilegitimidad y, obviamente, de la ilegalidad. Dirán los beneficiados de la subversión de la democracia que en un país en el que lo ilegal es el pan de cada día, una «picardía» más o una menos no cambia las cosas.

Es que durante el cuatrienio de Duque, la oposición comunista gritó a los cuatro vientos que en 2018 se había producido un fraude y la consigna la repitieron hasta el cansancio, preparando el terreno para lo que se nos viene en mayo, pues convirtieron la palabra «fraude» en moneda de uso corriente, en una situación anómala que poco a poco vamos aceptando sin chistar.

El pasado 13 de marzo, las fuerzas oscuras del narcocomunismo lanzaron una campaña para denunciar el fraude que, según ellos, se estaba cocinando. En el paroxismo del descaro, llegaron a elaborar informes «periodísticos» en los que denunciaban el mecanismo mediante el cual se adulteraría el resultado de las elecciones. Así ocurrió en Pereira, donde el Canal 2 ––que sirvió de plataforma mediática para los terroristas que participaron en la asonada del paro nacional del 28 de abril de 2021–– entrevistó a una presunta trabajadora quien contó que la empresa que transmitiría la información de las mesas manipularía las cifras para otorgarle el triunfo a las fuerzas «uribistas». Con el paso de los días, después de los comicios, quedó en evidencia que el fraude favoreció al narcocomunismo y, por tal motivo, se apagó el escándalo, guardaron el material preparado y se rasgaron las vestiduras cuando se planteó la posibilidad de llevar a cabo un recuento.

Lo que se ha venido anunciando durante los últimos cuatro años es que, a las buenas o a las malas, el narcocomunismo hará lo necesario para llegar al poder: ellos quieren la Casa de Nariño y, gracias a las rentas fabulosas que genera el millón de kilos de cocaína que producen cada año, ese anhelo lo comprarán o lo impondrán a como dé lugar.

El fraude en las presidenciales está cantado. El mecanismo para cometerlo ha sido cuidadosamente engranado. Cuentan con jurados de votación, con funcionarios de la Registraduría, con INDRA ––empresa contratada para el conteo de los votos––, con el Registrador y, por supuesto, con varios magistrados del Consejo Nacional Electoral, además del poder judicial que avalará la tropelía. Este es el escenario al que se está respondiendo con lloriqueos y nada más. Mientras tanto, el presidente Duque hace la vista gorda, como si no le importara lo que está pasando con nuestra democracia.

Para colmo, los electores no tenemos ni el poder ni las herramientas para enfrentar lo que se avecina: saldremos a votar, pero con la sospecha de que ese sufragio será solo la constancia de que hicimos lo que estaba en nuestras manos para defender la libertad y la democracia. Porque lo cierto es que los poderes ejecutivo y judicial son cómplices de la tragedia que se vislumbra en el horizonte. Durante mucho tiempo, el narcocomunismo ha hecho lo que le ha dado la gana con la Ley, con la decencia y con la honradez. No en vano, tiene congresistas que no fueron elegidos, o que están siendo procesados por diferentes delitos, y tal situación ha sido avalada, no por el constituyente primario, sino por los poderes que controlan el Estado.

Tampoco podemos olvidar la desfachatez con la que violan la Ley, como sucede en Medellín con su alcalde, quien de frente viene haciéndole campaña al patrón del mal, convirtiendo el patrimonio de la ciudad en la caja menor del jefe narcocomunista. Además, la obstaculización de la participación ciudadana ––la revocatoria––, gracias al soborno que se evidencia en las torpes decisiones decretadas por el tal magistrado Abreo, son indicadores suficientes para confirmar la existencia de la amenaza que se cierne sobre la libertad y la democracia.

Estamos más que advertidos del fraude. Hay que reconocer que han tenido la gentileza o la desmaña de avisarnos. Ya vimos cómo opera y cómo pueden cambiar los resultados sin que nadie se oponga. Ya padecimos la toma terrorista y los sufrimientos que ocasionaron durante el tal paro nacional. Sabemos quiénes están al servicio de la causa criminal y cómo se financia. Conocemos los nombres de los que guardan un silencio cómplice con el atropello. A juzgar por lo ocurrido el 13 de marzo, solo se puede repetir lo que dijo Julio César antes de cruzar el Rubicón: ¡Alea iacta est!

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La omertà comunista

Por Jaime Restrepo Vásquez

Además del asalto al erario, de la corrupción rampante y empobrecedora y de hacerse los de la vista gorda con respecto al narcotráfico, los comunistas tropicales han implementado una estrategia para asegurarse la lealtad de su entorno, que es muy similar a la que han utilizado las mafias italianas. Se trata del establecimiento de famiempresas con las que se garantizan el silencio y la complicidad de los más cercanos, mientras ejecutan el saqueo desde el poder.

Cuando Daniel Quintero Calle nombró a varios familiares de su pareja en diferentes cargos en la Alcaldía, muchos ciudadanos se sorprendieron. Además de la ineptitud manifiesta y de la ausencia de capacidad intelectual, saltaba a la vista que era una jugada de enroque, tendiente a establecer un círculo de silencio, que sirve de espectador y parapeto para tratar de soslayar el asalto a la ciudad. Para eso llegaron Juan Carlos Upegui y Laura Upegui, encargados de callar y colaborar con las tropelías del alcalde. Como ambas fichas no tenían un peso delictivo suficiente, Quintero le otorgó una inmensa autoridad a su compañera permanente, Diana Osorio, convirtiéndola en el poder detrás del trono. De esta manera, el alcalde logró cerrar el círculo de la famiempresa, tal y como él y su concubina lo reconocieron.

No es nada nuevo eso de las famiempresas comunistas. De hecho, Fidel Castro hizo lo propio y dejó la sucesión de su dictadura a su hermano Raúl Castro, un sujeto oscuro que ha liderado los más importantes negocios de narcotráfico en la isla. De hecho, cuando fue descubierta una de esas redes con Pablo Escobar, los hermanos Castro traicionaron a su general más condecorado, Arnaldo Ochoa, y lo mandaron al paredón de fusilamiento, junto con Tony de la Guardia, Jorge Martínez y Amado Padrón… Así paga el diablo a quien bien le sirve.

Otra famosa famiempresa comunista es la que tiene sometida a Nicaragua. El corrupto violador y guerrillero sandinista Daniel Ortega ha establecido, junto con su esposa Rosario Murillo, una próspera dictadura que no solo convirtió los recursos públicos en una piñata, sino que ha dejado centenares de opositores muertos a lo largo y ancho del país. Los más «afortunados» se encuentran privados de la libertad en las mazmorras del régimen, mientras avanza el obsceno saqueo de los recursos nicaragüenses y, gracias a la ineptitud cómplice de Juan Manuel Santos, también de los recursos colombianos.

Volviendo a Colombia, el máximo líder del comunismo criollo ha trabajado intensamente en la conformación de su propia famiempresa. Cuando fue alcalde de Bogotá, ubicó a Alberto Merlano Alcocer –tío de su más reciente pareja–, en la gerencia de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, mientras que a otros familiares les permitió la construcción de un conjunto en pleno humedal de La Conejera. Más recientemente, la famiempresa se extendió a la Costa Atlántica y fue así como uno de los tantos vástagos del guerrillero, terminó siendo candidato a una gobernación y, al conseguir el segundo lugar en los comicios, obtuvo un puesto en la asamblea departamental. De igual forma, en el «emprendimiento» familiar del candidato han participado ex cónyuges como Mary Luz Herrán, quien incluso fue coordinadora de los Círculos Bolivarianos de Colombia, una organización que ha buscado extender la revolución chavista en nuestro país, mediante el trabajo mancomunado con las narcoguerrillas colombianas.

Claro que el líder del Pacto Histórico no es el único que ha establecido una famiempresa para parasitar y desangrar al Estado. Uno de los casos menos conocidos es el de Iván Cepeda, quien conformó una ONG, la Fundación Manuel Cepeda Vargas, con su pareja Claudia Victoria Girón. Dicha fundación, que en realidad es un «emprendimiento» lucrativo de la familia Cepeda Girón, se constituyó como parte civil dentro del proceso que se adelantó por la masacre de Mapiripán y que nos costó más de siete mil millones de pesos a todos los colombianos. Es bueno recordar que tiempo después, algunas de las presuntas víctimas aparecieron vivas y de otras se demostró que murieron mucho antes del crimen, o tiempo después del desgraciado suceso. En esa estafa al Estado, el abogado principal fue el hoy magistrado del Consejo Nacional Electoral, Luis Guillermo Pérez, protagonista de las persecuciones políticas más infames de la primera década del siglo XXI en Colombia. 

La constitución de famiempresas es una práctica sistemática del comunismo latinoamericano, que copió el modelo de las mafias siciliana y napolitana. Básicamente, establecen una estructura basada en lazos de sangre, con un componente adicional: el de asociar a los cómplices más cercanos, en las actividades de la empresa criminal, de tal manera que, por los vínculos familiares o de amistad, se obligan a cumplir con un código de silencio y de hermetismo. Esta maniobra es conocida como omertà e implica la negativa a declarar o a denunciar las acciones delincuenciales de la organización.

La omertà comunista está plenamente vigente en Colombia. Por desgracia, Medellín fue el laboratorio de pruebas en una operación que busca entronizar a varias famiempresas en el manejo y saqueo de todo el país, tal y como ha ocurrido en Cuba y Nicaragua. Estamos advertidos. Aún estamos a tiempo de evitar el desastre.   

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La paciencia se agotó

Por Jaime Restrepo Vásquez

Hoy, un amigo muy querido me hizo una pregunta: «Jaime, dígame, ¿sí habrá revocatoria?». Esa es la pregunta que muchos nos hacemos en Medellín y en todo el país. Para comenzar a responderla, es necesario dejar en claro que estamos viviendo una estrategia de desgaste, financiada por el narcocomunismo y por la corrupción del orden nacional y local, que son los poderes que sostienen a Daniel Quintero Calle en la alcaldía.

 

¿En qué consiste esa estrategia? En financiar aplazamientos, leguleyadas y engavetadas, de tal manera que el kakistócrata que desgobierna a Medellín se sostenga artificialmente en su posición y logre culminar el saqueo que lidera. Además, esta estrategia de desgaste puede desmotivar a la ciudadanía favorable a la revocatoria, pues en la sociedad medellinense se vive plenamente la cultura microondas en la que todo lo queremos de inmediato.

 

De seguro, ese desgaste ciudadano es el más alarmante en todo este proceso de revocatoria, ya que, al fin de cuentas, es la ciudadanía la que debe salir a votar la defenestración de Quintero Calle y de todo su conciliábulo de gamines corruptos e imbéciles. Es a la ciudadanía a la que debemos mantener avivada y deseosa de revocar al alcalde, conservando la posición de cuestionamiento que se ha logrado, mediante el destape y difusión de las tropelías que cometen a diario desde La Alpujarra.

 

Puede que, en algún momento, los ciudadanos se hastíen o se acostumbren a las denuncias y crean que eso es normal. No obstante, a pesar de la torpeza y lentitud del aparato judicial y disciplinario, las evidencias e investigaciones tendrán que parir decisiones punitivas, no solo contra Quintero Calle, sino también contra sus corruptos conmilitones. Lo fundamental es que esas denuncias se sigan difundiendo, de tal manera que se conserve encendida la llama de la inconformidad en el electorado medellinense.

 

Es necesario insistir en que estamos enfrentando una fuerza económica y política poderosa, cuyos líderes ––especialmente Gustavo Petro, con el entramado nacional e internacional que lo rodea, y César Gaviria–– acordaron el favorecimiento del amoral e inescrupuloso Daniel Quintero Calle, para que fuera la cabeza de playa en una operación de destrucción con la que pretenden llevarlo a la Casa de Nariño en unos cuantos años. Por tal motivo, es indispensable mostrar la verdad: que el actual alcalde no tiene virtud alguna, ni cualidad medianamente destacable, que lo hagan digno de una posición de poder en nuestra sociedad. En otras palabras, es fundamental seguir demostrando que él es el resultado de una maduración artificial y mediática que se contradice con la realidad.

 

Justamente la palabra «realidad» es la que debe estar en el lenguaje de quienes pretendemos revocar al kakistócrata, pues es la primera herramienta que se contrapone a las falacias y a los artificios creados para inflar a Quintero Calle. De hecho, él es la sumatoria de narrativas mentirosas y su vida, aquella que han difundido durante varios años, es una colección de ficciones que van desde San Andrés hasta Bogotá, pasando por el Tricentenario y la Universidad de Antioquia. Así las cosas, el alcalde es un mitómano que quiere sostenerse, también a punta de pseudología fantástica, en la silla que a mala hora le asignaron unos cuantos despistados medellinenses.

 

El desespero y la inconformidad están haciendo mella en la revocatoria. Esa sensación de estancamiento es real y no la podemos soslayar. Sin embargo, en lugar de bajar la guardia, se requiere un liderazgo osado, que busque poner en jaque a la insignificante pero poderosa jauría demencial, criminal y antidemocrática que defiende a Quintero Calle. No podemos olvidar que está en juego la democracia y que se está erosionando, una vez más, un mecanismo de participación ciudadana, mediante las prácticas más abyectas y malvadas de la narcopolitiquería que quiere entronizarse, definitivamente, en nuestro país.

 

La paciencia se agota, y aunque sabemos que la revocatoria sigue viva, el tiempo es un factor que juega contra el proceso. Medellín quiere ir a las urnas y ni los corruptos, ni los clientelistas ––ni mucho menos los narcotraficantes–– van a impedirlo.

 

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31 de agosto de 1999

Por Jaime Restrepo Vásquez.

Eran las siete de la noche.  De repente recibí una llamada en la que me informaban que mi padre había sido asesinado por las FARC, cuando se dirigía hacia Bogotá para celebrar con mi madre, ese mismo día, el aniversario de matrimonio. 

En ese momento, el país estaba sumergido en un caótico paro nacional, mientras se “avanzaba” en el proceso de San Vicente del Caguán. No voy a narrar las peripecias que tuvo que hacer mi familia para recibir el cadáver y trasladarlo a Bogotá, pues nadie con sentido común recorría la vía que comunicaba a la capital del país con los Llanos Orientales. Era la época de las pescas milagrosas en esa carretera, controlada por los terroristas al mando de ‘Romaña’.

Varios años después se presentó la ocasión de hablar con el asesino de mi padre, un joven oriundo de Puerto Rico, Meta. Nos sentamos y comenzamos a conversar sobre tonterías que fueran despejando el ambiente para abordar el tema que teníamos en común.

Las preguntas estaban atoradas en mi garganta.  Sin embargo, lancé la más obvia de todas: ¿por qué lo mataron? Es que la incertidumbre era total, pues no sabía si la orden había surgido simplemente porque mi padre era militar retirado o por algún tema de la finca que él poseía en los Llanos. 

Finalmente me enteré que la orden la precipitó la vanidad, pues había desafiado las órdenes del narcoterrorista ‘John 40’.  Es que mi padre llegó incluso a la necedad de buscarlo durante varios días hasta encontrarlo en su campamento. En esa reunión, mi padre le dijo, a grito herido, que no le pagaría vacuna alguna, que si lo tenía a bien, se llevara la casa, el ganado, las gallinas, los gansos y hasta los perros; y que después volviera y sacara la tierra y que en ese hueco, él se quedaría a vivir sin dejarse extorsionar.

El asunto es que, según relató el asesino,  semejante reto no fue pronunciado en privado, sino delante del harem de niñas adolescentes que tenía el tal ‘Jhon 40’, al que llamaba su guardia personal. 

Sorprendido ante la estupidez “heroica” de mi padre, el terrorista no tuvo reflejos suficientes para entender de inmediato, el golpe dado a su vanidad.  Pero en la mente del jefe de las FARC, y gran capo del narcotráfico en los Llanos, quedó la imagen de ese anciano que deambuló varios días por trochas y potreros, a lomo de mula y sin un alfiler para defenderse; solo para decirle en su cara que no estaba dispuesto a entregar la cuota anual que las FARC cobraban a través de la Junta de Acción Comunal de la vereda en la que estaba ubicada la finca.

La conversación se extendió por varios minutos, en los que el sujeto me decía que él había asesinado a mi padre, cumpliendo órdenes de su jefe. Ese hombre disminuido, encerrado y sin el poder de un fusil, me movió más a la lástima que al rencor. Al finalizar el encuentro, estrechamos nuestras manos y debo confesar que sentí un alivio inmenso, el mismo que se vive cuando despertamos de una pesadilla: ¡Lo perdoné!

Sin embargo, durante toda la conversación no pasó por mi mente el discutir con el asesino los negocios de mi padre, ni acordar con él la forma como administro mis finanzas, ni mucho menos pensé en debatir algún aspecto relacionado con las reglas y normas acordadas en mi hogar… Era el asesino de mi padre, logré perdonarlo, pero de ahí a entregarle algún poder o influencia sobre mi vida o sobre mi familia, hay una distancia infinita y un cúmulo de impedimentos morales y éticos.

Tampoco pensé en premiarlo con dinero, o contratarlo como encargado de la finca –de la que finalmente se posesionó el capo ‘John 40’–, aunque ese día salí convencido de no hacerme parte civil dentro del proceso que se adelantaba por la muerte de mi padre.

Han pasado muchos años.  Es de Perogrullo decir que el 31 de agosto es un día distinto, que marca en mi vida principios y finales.  Justo en esta fecha tengo que decir que este es el último post de Atrabilioso: después de siete años la redundancia se vuelve habitual y he llegado a un punto en el que debo escoger entre señalar la tragedia nacional que nos imponen o concentrarme en mis creencias de tal forma que pueda erradicar de mis palabras –habladas o escritas– la maldición que significa narrar la cotidianidad del país.

A todos los que hicieron posible esta temeridad, a los que contribuyeron con sus escritos, su trabajo y sus opiniones en Atrabilioso; a los pocos o muchos que nos leyeron, mi gratitud perenne.