Por Jaime Restrepo.
Resulta espeluznante ver lo acostumbrados que estamos los colombianos a la ineptitud del aparato judicial. Las aberraciones de jueces, fiscales y magistrados ni siquiera conmueven a la ciudadanía, seguramente en un ejercicio de resignación que pareciera estar incorporado al mapa genético de la nacionalidad.
Es la misma resignación que se vivía hace dos décadas frente al terrorismo de Pablo Escobar y por desgracia, es la misma que los ciudadanos asumimos hace escasos 10 años ante las tropelías de las FARC.
En un solo día, una fiscal dejó en libertad a un hombre que confesó el asesinato de su esposa con el argumento de que no tenía orden de captura y un juez decidió que un grupo de terroristas de las FARC, reconocidos ampliamente por la víctima, eran inocentes del atentado cometido contra un comerciante: es que la Fiscalía no fue rigurosa, dice el juez, y los testigos no fueron contundentes. Sin embargo, con testigos alejados de la contundencia y proclives a las contradicciones, como Rafael García y Yidis Medina, en nuestro país han sido condenados varios ciudadanos. Entonces ¿cuál es la medida de la contundencia? ¿Acaso será la presión política y mediática la que determina dicha contundencia?
Para completar, otra fiscal, esta vez una delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, anuló el proceso que se adelantaba contra alias ‘El Indio’ y contra el empresario Felipe Sierra, por vínculos con paramilitares y narcotraficantes de Córdoba y Antioquia. De paso, seguramente es cuestión de días para que caiga también el proceso contra Guillermo León Valencia Cossio, no por falta de méritos, tampoco por ausencia de evidencias, sino por ineptitud de los fiscales que no protegen sus casos de tecnicismos.
Son tres noticias judiciales conocidas en menos de 24 horas. No puede ser que Colombia se sumerja nuevamente en el letargo que mostró durante lustros frente al terrorismo, llegando prácticamente a la rendición, y ahora se someta a la arbitrariedad, a la ignorancia y a la absoluta insensatez de fiscales, jueces y magistrados.
Me aterra confirmar la profunda desconfianza que existe en Colombia en torno a las decisiones judiciales: ¡Nadie les cree! Mientras el transfigurado de los resentimientos, el ministro del Interior Germán Vargas Lleras negocia con las cortes la recomposición de las parcelas de poder, manteniendo intacta la imposibilidad de que alguien de la carrera judicial pueda, con opciones reales, llegar a la cúspide del poder jurisdiccional; los abogados que día a día tienen que enfrentarse al litigio, presentan propuestas para encontrar el camino para cumplir con la aspiración de una justicia pronta y eficaz. Tal es el caso del jurista santandereano Óscar Humberto Gómez Gómez, quien en un escrito titulado Debate a la justicia sostiene lo siguiente:
“Ya dejé de ser el joven abogado idealista que hablaba […] sobre la majestad de la justicia y del derecho, y pregonaba que toda decisión judicial debía merecer nuestro inquebrantable respeto. Hoy, con los pies puestos sobre la tierra, en cuanto a merecimientos ya tengo perfectamente claro que no son pocos los jueces y magistrados que no merecen el cargo que ocupan y que, al contrario, no sólo deberían estar por fuera de él, sino en la cárcel. Y en cuanto a la respetabilidad, tengo igualmente claro que no todo lo que decidan los jueces y magistrados de este país tiene por qué merecerme el mismo respeto. Más aún […]: hay decisiones judiciales que, definitivamente, no me merecen respeto alguno. Uno las acata porque no hay más remedio. Pero eso no significa que las respete.”
En el escrito, Gómez Gómez enumera algunos de los vicios que ha detectado en su extensa práctica como abogado litigante: el clientelismo que se da porque la justicia se ha convertido en el “escampadero de personajes mediocres” que utilizan los cargos judiciales para llegar a una jugosa pensión de jubilación y el leguleyismo en el que se rinde culto “a los más absurdos formalismos o, peor aún, aduciendo enrevesadas y erradas interpretaciones de la ley procesal”.
Pero los vicios descritos por Óscar Humberto Gómez Gómez no paran ahí: habla de la crisis de la imparcialidad que se evidencia, dice, “en el uso que se le está dando a la facultad para decretar pruebas de oficio, la cual no se utiliza para ahondar en la búsqueda de la verdad, sino para ayudar a algunos y perjudicar a otros, según simpatías o antipatías personales”.
Otro de los vicios es la inseguridad jurídica. Dice Gómez Gómez al respecto: “Cambia tanto la jurisprudencia y en tan poco tiempo, que ya nadie sabe a qué atenerse. Se han dado cambios de blanco a negro en apenas unos cuantos días.”
Todo lo anterior afianza mi posición: No le creo a la Corte Suprema de Justicia. Lo mismo les pasa a muchos colombianos que ven los atropellos y la ineptitud de los que deberían ser los más ilustres juristas. Los devaneos políticos y la intención de concretar el viejo anhelo del gobierno de los jueces son situaciones abominables que el país debería rechazar en pleno.
También tengo que decirlo: una camarilla de mediocres que tiene en sus manos la libertad, la vida, la honra y los bienes de los ciudadanos; es una amenaza mucho más aterradora y siniestra que los carros-bomba del terrorismo: ¡Qué susto caer en sus manos!
