28 de enero de 2011

Comunicado de los Altos Mandos de la Reserva Activa

AL : Doctor Juan Manuel Santos
Presidente de la República

DE : Ex Comandantes de las Fuerzas Militares y del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, Presidentes de las Asociaciones de Militares y de la Policía de la Reserva Activa, en todos los grados y jerarquías.

Ante la imposibilidad de obtener una audiencia con el señor Presidente, distanciado del país por urgentes asuntos de su cargo, y urgidos de exteriorizar ante la opinión pública el pensamiento y la ansiedad justificada de miles de integrantes de la Reserva Activa, de sus familias y de los militares recluidos en prisiones especiales autorizadas por las leyes con base en la Constitución Nacional, sobre la suerte que les espera después de escuchar tales pronunciamientos públicos hechos desde los más altos niveles del Estado, nos permitimos hacerle llegar el texto de la carta que quisimos entregarle personalmente, antes de darla a la publicidad, en la audiencia que resultó irrealizable con la prontitud requerida por una materia escandalosamente difundida por los medios de comunicación y por la resonancia que le dieron precipitadamente funcionarios del gobierno, pero que la disciplina militar del Alto Mando les impide emprender una defensa pública de las instituciones armadas bajo su responsabilidad, merecedora de nuestra comprensión y aplauso, tiene que hallar intérpretes en quienes fuimos comandantes y hoy lideramos entidades y agrupaciones de antiguos servidores de la República en su Reserva Activa.

Respetado Señor Presidente:

Nos dirigimos a nuestro Comandante Constitucional en calidad de ex Comandantes de las Fuerzas Militares y del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, Presidentes de las Asociaciones de Militares y de la Policía de la Reserva Activa de la Nación, para exponerle nuestras indignadas preocupaciones ante declaraciones públicas de altos funcionarios de su gobierno por posible desconocimiento de la ley 65 de 1993, que en su artículo 27 establece con precisión lo pertinente al régimen penitenciario y carcelario aplicable a los hechos bochornosos acaecidos en la guarnición de Tolemaida, que somos los primeros en repudiar, en momentos en que políticos movidos por intereses electorales, medios informativos, congresistas en busca de notoriedad y hasta intelectuales, atacan al sistema carcelario castrense con efectos nocivos para las instituciones armadas.

La generalización toma cuerpo una vez más. Acusaciones ofensivas obran en demérito de los estamentos militares y policiales, en forma que lastiman su autoestima, lesionan el honor y hieren los sentimientos patrios de hombres y mujeres, que se desmoralizan al ver cómo desde elevadas posiciones del Estado se cuestiona la dignidad y el decoro de sus veneradas instituciones.

No es ecuánime y en nada contribuye a la salud pública, que se magnifiquen actuaciones punibles aisladas de miembros de las Fuerzas Armadas y se anuncien remedios que resultarían peores que el mal, cuando aún cursan investigaciones aclaratorias y se carece de suficientes elementos de juicio. Nuestros ejércitos de tierra, mar, aire y las fuerzas policiales, cumplen gigantesca tarea que requiere apoyo de todas las entidades gubernamentales y de la, un tanto voluble, opinión pública. Las fallas de algunos no deben enlodarlos. El Comandante del Ejército emprendió con encomiable diligencia las investigaciones y emitió las órdenes que condujeron a la captura del oficial evadido y a la destitución de los responsables inmediatos de las irregularidades ocurridas.

Abolir las prisiones militares equivale a que nuestros hombres de armas compartan cárceles comunes con la profusa ralea de maleantes que las congestionan y se desconozca que los establecimientos carcelarios especiales tienen basamento constitucional y legitimidad consagrada en la Ley. Si se estima impropio que antiguos subalternos custodien en algunos casos a quienes fueron sus jefes, más lo sería que soldados y policías compartieran la promiscuidad de cárceles comunes con asesinos, subversivos, “paramilitares” y terroristas a quienes combatieron a riesgo de sus vidas. Numerosos han sido los casos de vejámenes y maltratos sufridos por militares, encarcelados muchas veces en forma injusta, con ocasional participación o connivencia de guardas del INPEC.

Al alto mando castrense se le ataca con dureza porque militares condenados por delitos atroces no se hallen purgando las penas en cárceles ordinarias. No lo están porque tales sentencias se hallan pendientes de fallos, que por recursos ante instancias superiores, podrían ser modificadas o anuladas. A ningún ciudadano, porte uniforme o no, se le puede negar el debido proceso. Si el fallo final favorece al sindicado, se cometería inicuo atropello sometiéndolo por anticipado a humillaciones lesivas de su honor, buen nombre y situación familiar que nada podrá compensar, mucho menos reparar.

En mérito de lo expuesto, le solicitamos, señor Presidente, en forma tan encarecida como respetuosa, obtener de los miembros de su ilustrado gobierno, que se abstengan de pronunciar declaraciones públicas improvisadas y anunciar medidas no bien estudiadas, que puedan repercutir en forma nociva sobre las instituciones armadas que usted y nosotros valoramos en su exacta dimensión histórica y en los ingentes sacrificios implícitos en la defensa de la democracia y del Estado de Derecho que sin ellas habrían dejado de existir en Colombia.

Soldados y policías de diferentes grados y jerarquías, víctimas muchos de ellos de la “combinación de todos los medios de lucha”, más intensos cuanto más inminente aparezca la victoria militar, esperan y confían en que su Comandante Supremo, miembro eximio de la Reserva Activa de la patria, sea el primero en defender con su prestigio y aceptación nacional a sus Fuerzas Armadas, de la generalización y la injusticia. Si militares y policías delinquen, que se les investigue y juzgue con la severidad del caso, pero con imparcialidad, rectitud y sujeción al debido proceso, sin condenas anticipadas ni admisión de influencias adversas al estamento militar y policial.

Acepte, señor Presidente, las reiteradas seguridades de respeto, espíritu de colaboración y lealtad, de la Reserva Activa que presidimos y representamos.


FIRMAN
CUERPO DE GENERALES Y ALMIRANTES DE LA RESERVA ACTIVA FF.MM.
GR. RAFAEL SAMUDIO MOLINA
Presidente
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POR LOS EX COMANDANTES GENERALES DE LAS FUERZAS MILITARES

GR. CAMILO ZÚÑIGA CHAPARRO
GR. HAROLD BEDOYA PIZARRO
GR. JORGE MORA RANGEL

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POR LOS EX COMANDANTES DEL EJÉRCITO NACIONAL

GR. ALVARO VALENCIA TOVAR
GR. GUILLERMO JARAMILLO BERRÍO
GR. HERNÁN GUZMÁN RODRÍGUEZ
GR. MARIO GALÁN RODRÍGUEZ
GR. REINALDO CASTELLANOS TRUJILLO
GR. OSCAR GONZÁLEZ PEÑA

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POR LOS EX COMANDANTES DE LA ARMADA NACIONAL

ALM. MANUEL AVENDAÑO GALVIS
ALM. HERNANDO GARCÍA RAMÍREZ

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POR LOS EX COMANDANTES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA

GR. ALFREDO ORTEGA CAICEDO
GR. MANUEL SANDOVAL BELALCÁZAR

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CONFEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES DE RETIRADOS DE LA FUERZA PÚBLICA (CONFECORE)

MG. JUAN SALCEDO LORA
Presidente

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ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES RETIRADOS DE LA POLICÍA (ACORPOL)

CO. PEROZA ARTEAGA
Presidente

1 comentario:

@Urreajuan dijo...

Es impresionante como el que se las daba de aliado de la defensa Nacional ahora solo busca proteger su imagen