Por Jaime Restrepo.
Iván Cepeda ha pedido protección internacional, debido a la respuesta del presidente Uribe a la exigencia de pedirle perdón por el asesinato de su padre, el congresista de la UP Manuel Cepeda Vargas.
En la polémica han terciado Andrés Felipe Arias y José Obdulio Gaviria, señalando que Iván es un personero de las FARC y que su padre era un entusiasta colaborador del grupo terrorista.
Lo primero que hay que decir es que en Colombia no existe la pena de muerte y por lo tanto eso de las ejecuciones extrajudiciales es un absurdo de enormes dimensiones: son condenables tanto el asesinato de Manuel Cepeda Vargas como la impunidad en el caso y como tal el Estado sí es responsable por no haber protegido la vida de un ciudadano. Además, la exoneración que profirió el Tribunal Superior de Bogotá, a favor de Carlos Castaño, es una de las tantas vergüenzas que producen las decisiones de los operadores judiciales colombianos.
Sin embargo, el Estado también es responsable por la impunidad de un individuo que, desde posiciones políticas, era un “hombre importante” de las FARC. Así como el propio Iván Cepeda Castro reclamó credibilidad para las declaraciones que ofrecen los paramilitares, la sociedad colombiana puede exigir la misma credibilidad para los testimonios de Carlos Castaño, consignados en el libro Mi confesión, Carlos Castaño revela sus secretos, escrito por Mauricio Aranguren Molina:
"Manuel Cepeda pertenecía a las FARC y al que le quede duda alguna, averigüe el nombre del frente urbano de la guerrilla en Bogotá: Frente Manuel Cepeda Vargas. Los hombres que realizaron la ejecución no se encuentran detenidos. Fueron un policía retirado de nombre Pionono Franco y otro muchacho que ejecutó la guerrilla tiempo después.
Me fue posible reaccionar rápido tras la muerte del general Carlos Julio Gil Colorado, porque Manuel Cepeda trabajaba para las FARC en la legalidad. Siempre lo mantuve vigilado. Interceptaba sus llamadas y escuchaba sus conversaciones. Todo el tiempo lo tuve en la mira para responder al juego sucio o para retenerlo y lograr un canje por un secuestrado clave. Manuel Cepeda no ocupaba un cargo dentro de las FARC, pero era uno de sus hombres importantes. Fundó las Juventudes Comunistas y formó los cuadros políticos más relevantes de la guerrilla."
¿Por qué el Estado no investigó y judicializó a Manuel Cepeda Vargas? ¿Sabían los gobiernos de la época que Cepeda Vargas era un “hombre importante” de las FARC y no tomaron medidas legales al respecto? Es que si el asesinato de Manuel Cepeda Vargas es un crimen de Estado, ejecutado por Carlos Castaño, pues esto implica que dicho Estado tenía acceso a las pruebas que Castaño dijo tener en contra de Cepeda Vargas.
En ese orden de ideas, esa posible impunidad de Cepeda Vargas puede ser también un crimen de Estado que se materializó en la muerte de centenares de colombianos, víctimas del grupo terrorista cuyo “hombre importante” no fue investigado y judicializado como debe ocurrir con cualquiera que trabaje –como afirmó Castaño- con las FARC.
Así como Iván Cepeda exige que le pidan perdón, y aprovechando su maquillaje de defensor de las víctimas, debería extender esa petición para que las víctimas de las FARC reciban esa reivindicación del Estado al haber cohonestado durante décadas, la falta de investigación para determinar los vínculos reales de Manuel Cepeda Vargas con las FARC.
Ciertamente el Estado es culpable por la impunidad en el asesinato del senador, pero también es culpable por la posible impunidad del senador asesinado.
12 comentarios:
Lo que faltaba, que los Colombianos de bien tengan que pagar por la vida de cualquier delincuente y cuando digo "cualquier" me refiero a que no importa a cual grupo de delincuencia pertenezca. Eso solo se ve pasar en Colombia. Imaginense la familia del chacal demandando indemnizacion al estado por su muerte!!!...los pajaros tirandole a las escopetas.
Quien pudo haber votado por Manuel Cepeda II para senador?...los miembros de las FARC?...quien mas, si no!.
REALISTA:
En aquellos tiempos, Manuel Cepeda era un congresista sin cuentas pendientes ante la justicia, es decir, ante los ojos del Estado y de la sociedad, era un ciudadano tan respetable como usted o como yo. Por esa razón, el asesinato es un crimen que debe ser reparado.
Es más: si se hubiesen dado las investigaciones y pocos minutos antes de proferirse un fallo de culpabilidad lo hubieran asesinado, también era un crimen para ser reparado.
La única posibilidad que tenía y tiene el Estado, en el caso de un criminal, es el procesamiento judicial, lo que además evita la nefasta tentación de tomar justicia con mano propia.
En cuanto a los votantes de Iván Cepeda, pues pujó con Piedad por los sufragios que otorga Colombianos por la "paz".
Un abrazo.
Yo sigo sin entender qué es lo que es atribuible al "Estado" respecto de ese crimen. De hecho, ¿qué es el Estado?
No se puede decir que cualquier crimen cometido por funcionarios públicos sea un crimen de Estado, pues no sería difícil probar que las masacres terroristas son encargadas por profesores de la Universidad Nacional, como los compañeros de Manuel Cepeda en el comité Central del PCC. En tal caso, el Estado sería responsable de los crímenes cometidos contra el Estado. De hecho, aun suponiendo que haya militares involucrados en el asesinato de Cepeda, también sería un crimen contra el Estado, contra un cargo público elegido. Y no un crimen "del Estado".
Pero más bizarra y extraña es la culpabilidad que describe el último párrafo del post:
Ciertamente el Estado es culpable por la impunidad en el asesinato del senador, pero también es culpable por la posible impunidad del senador asesinado.
Esa impunidad es el resultado de la inoperancia de la rama judicial, inoperancia que es el resultado del dominio que tienen en ella las mafias de traficantes de cocaína, especialmente las FARC y sus socios políticos. De ese modo, el Estado es responsable de que sus enemigos, que lo controlan por dentro, hayan permitido la impunidad de un crimen precisamente para que esa abstracción increíble resulte condenada.
Creo que no se hará nada contra los terroristas mientras no se salga de su marco conceptual. El Estado que indemniza a la familia de Iván Cepeda son los ciudadanos que no delinquen y eligen gobernantes en las urnas, mientras que las víctimas de ese Estado, culpable porque los terroristas del aparato judicial permiten la impunidad de los crímenes, resultan siendo los asesinos y traficantes de cocaína.
Todavía más curioso es que todo el mundo acepte la autoridad de esa corte, elegida por los jueces nombrados por Chávez y compañía.
Aunque las paradojas terminan describiendo una realidad: quien paga la indemnización y favorece más asesinatos y más campañas de los terroristas es el contribuyente, el "constituyente primario", y no es tan absurdo que sea así, la indolencia, la falta de higiene, permite que prosperen toda clase de alimañas.
Sólo es que uno espera que un hecho como esa sentencia y la campaña subsiguiente de los medios, un crimen en sí, sirva para que la gente se pellizque, y al parecer ocurre lo contrario, que todo el mundo termina aceptando la culpabilidad del "Estado".
Ahora Íngrid Betancur también va a demandar al Estado. En lugar de indemnizar al Estado por todo lo que se gastó en liberarla, es el Estado el que debe indemnizarla a ella. Es la misma doctrina, el Estado da para todo y se le puede atribuir todo, las mismas personas que pudieron tener que ver en el asesinato de Cepeda están encantadas de que al final no se las castigue, sino que pague "el Estado".
JAIME RUIZ:
El Estado, cuya dirección la asume el gobierno elegido, tiene como función primordial la protección de sus asociados y en este caso, pese a las amenazas contra Cepeda Vargas, y las advertencias sobre la necesidad de brindarle un esquema de protección, el Estado no tomó las medidas para garantizar su seguridad.
De igual forma, parte del Estado es el poder judicial que perpetuó la impunidad del asesinato, incluyendo la absolución a Carlos Castaño por parte del Tribunal Superior de Bogotá, y por lo tanto existe, desde mi perspectiva, dicha culpabilidad. Así mismo, ese poder judicial, parte del Estado, que profundizó la posible impunidad de Cepeda Vargas, es culpable por la negligencia y la complicidad con el crimen altruista o la combinación de todas las formas de lucha.
Ahora bien: fíjese que evidentemente la impunidad es el resultado de la inoperancia de la rama judicial, como usted bien describe, y por ende existe una responsabilidad del Estado en la situación. ¿Qué ha hecho el Estado, gobierno y asociados, para neutralizar la atrocidad del poder judicial colombiano? Nada. Y la desidia también genera responsabilidad.
Un abrazo.
El estado no es todo poderoso y por lo tanto esta extralimitado en su obligaciones de protección por falta de recursos humanos y financieros.
Somos 44 millones y si se sienta el precedente que por cepeda hay que pagar, hagamos fila que todo colombiano puede encontrar una forma de demandar el estado, se los aseguro.
Hay que dibujar una linea pues muchas de estas demandas son frívolas por la forma en que responsabilizan al estado.
El estado no es ángel de la guarda. Donde queda la responsabilidad del ciudadano para protegerse a si mismo?
Es hora que definamos el limite de lo que el estado puede hacer por nosotros, no en el papel o la constitución, sino en la realidad o lo practico. No podemos seguir llevándonos por opiniones a este respecto.
NOEL CARRASCAL:
Ya se sentó el precedente y en este momento las demandas podrían costar 95 billones de pesos. Además, muy poco se puede hacer contra esas demandas, pues se entablan en el marco jurídico internacional.
Pero hay una situación difícil: los colombianos vamos a tener que asumir la negligencia histórica al elegir y al permitir las arbitrariedades e ineptitudes del poder judicial.
Coincido con usted: el marco se debe modificar. Sin embargo, en el caso de la condena por Cepeda, la modificación pasaría por renunciar a un tratado internacional, como el que consagra las funciones y aplicación de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Un abrazo.
Entonces hay que cambiarle algo a la constitucion o a la ley pues ahora hasta Ingrid B. quiere reparacion...Los politicos como sea la ven ganar, Colombianos mueren a diario en manos de las guerrillas, narcos o criminales y resulta que el estado solo esta obligado a pagar por los hij. politicos!. Para mi, o se paga por todo el mundo o no se paga por nadie!, pues en un conflicto como el nuestro, todo el mundo esta expuesto.
Y para el caso pongo un ejemplo: en los EEUU un ciudadano puede demandar al estado si un puente se le viene encima, en Quebec-Canada un puente se vino abajo aplastando varios carros y personas y aqui no pudieron demandar al estado, pues esta provincia ya estaba cubierta legalmente contra esa ley, la cual aun rige en USA (y no quiero decir con esto, que este de acuerdo con lo sucedido). Pero en Colombia se volvio pan de cada dia hacer pagar a los Colombianos de bien por las maldades de los demas.
REALISTA:
El asunto es complejo, pues aquí, internamente, podríamos cambiar las leyes y evitar el desangre por las reparaciones. Sin embargo, en el caso de Cepeda Vargas, la reparación fue ordenada por una corte internacional y esas decisiones están más allá del ordenamiento jurídico nacional.
Entiendo y comparto la indignación por las reparaciones económicas, pero hay que tener cuidado: el próximo gobierno se comprometió con el partido Liberal a promover la Ley de víctimas que incluye la reparación económica para todo aquel que se sienta afectado por una acción delincuencial: Uribe la rechazó por cuestión presupuestal.
No me gusta que se indemnice a Iván Cepeda por la muerte de su padre, hombre importante de las FARC. Pero son los costos que el país tendrá que pagar por la ceguera política, las malas decisiones y la profundización de elegir congresos ineptos.
Un abrazo.
Ahora Ingrid tambien quiere indemnizacion!!!, habra que cambiar la ley para inmunizar al estado (es decir a todos los que pagan impuestos) de la "viveza criolla" de estos politicos y sus descendientes chupasangres...algo asi como "guerra avisada no mata soldado", de manera tal que sepan que son responsables de sus propias decisiones, pues en ultimas piden a los Colombianos pagar por los errores de sus decisiones (casos tipicos: Ingrid y Manuel C. pusieron sus vidas al servicio de la delincuencia y ahora a nosotros nos toca pagar por sus decisiones...me lleva el que me trajo!).
Y quien indemniza a miles de Colombianos inocentes que mueren anualmente por causas similares?...NADIE!, pues no son politicos de m.
No me consta qué vinculación orgánica pudiera tener Cepeda con las FARC. Sé que sus posturas públicas eran cuando menos políticamente incorrectas al respecto. El nombre de un frente puede ser fuente de sospecha pero no es prueba suficiente, la guerrilla también ha bautizado frentes con nombres de próceres de la independencia. Ahora, una corte dio un fallo en unos términos y Uribe maliciosamente lo dio por cumplido en medio de evasivas retóricas y descalificaciones.
El Estado colombiano ya había que tenido que reconocer su responsabilidad por medio de su vocero. Samper lo hizo con los hechos de Trujillo, ocurridos mayoritariamente en los gobiernos precedentes al suyo. Uribe, que se ufana de ser el primero en corregir todo aquello que no denunció en sus años precedentes de figura política y funcionario público; debería dar ejemplo de seriedad y acatar completamente el fallo o rebelarse contra él si es que le parece que la razón lo asiste. Recurrir a las evasivas retóricas y a la inmunidad de su imagen mediática revela la verdadera naturaleza ladina del personaje.
ANÓNIMO:
No me baso en el nombre del frente de las FARC para señalar como sospechoso a Manuel Cepeda Vargas. Por favor lea y encontrará el origen del señalamiento y los motivos para darle alguna credibilidad.
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