Sorprende el terremoto que ha sacudido a Colombia con la decisión de dos jueces de excarcelar a varios militares implicados en los denominados falsos positivos.
Los alaridos de algunos sectores sobre las excarcelaciones, incluyendo la convicción de que ya es un caso para la Corte Penal Internacional, sugiere que quieren utilizar la amenaza de la CPI para amedrentar tanto a los funcionarios judiciales como a los defensores de los implicados.
¿Desde cuándo un vencimiento de términos —que es el motivo de la excarcelación— es tránsito a cosa juzgada? Que los militares procesados hayan recuperado alguna porción de libertad (siguen confinados en los cuarteles) no equivale a que la justicia decidiera abandonar las investigaciones o los declarara inocentes.
Esos sectores que amenazan con la CPI son los mismos que exigen respeto por la Corte Suprema de Justicia, que la ensalzan y destacan como el último bastión de la democracia y de la verdad en Colombia… ¿Acaso al invocar la presencia de la CPI no están proclamando también la ineptitud de todo el aparato judicial, incluyendo por supuesto a la Corte Suprema de Justicia?
Es de Perogrullo afirmar que la justicia colombiana presenta enormes vacíos, mediocridad en el grueso de sus funcionarios, alineamiento ideológico y un alto grado de politización en sus decisiones. Pero no todos los males se le pueden achacar al poder judicial: el favorecimiento desmedido de la ley y de la constitución colombiana a los victimarios es un factor que influye decididamente en la precariedad del sistema judicial vigente.
Así mismo, los operadores de las primeras fases de los procesos que atiende el Sistema Penal Acusatorio han demostrado un enorme desconocimiento de las normas y protocolos tanto en las capturas como en la recolección de las pruebas: policías, agentes del CTI, detectives del DAS e incluso los militares, han dejado en evidencia la falta de capacitación para enfrentar los retos del sistema.
El gobierno: ¿Una cajita de resonancia del terrorismo?
La reacción del presidente Uribe, asegurando que “en el caso de las Fuerzas Armadas, cuando el vencimiento de términos da libertad a terroristas desestimula el sacrificio de militares y policías que los capturaron”, muestra que el apresuramiento inicial del gobierno para denunciar los llamados falsos positivos, fue el inicio de una cadena de errores que hoy están pasando factura.
Ciertamente es positivo que el Primer Mandatario asuma una posición crítica frente al tema de la inoperancia judicial, pues deja claro que el Estado no está promoviendo la impunidad. Sin embargo, el mismo gobierno impulsó la bola de nieve de los falsos positivos, aceptando como válida una presunta investigación del ahora Inspector General del Ejército, general Carlos Arturo Suárez Bustamante.
El gobierno conocía los serios cuestionamientos que giran en torno al general Suárez Bustamante y sin embargo, dio como verdad revelada el confuso informe elaborado por el oficial y que terminó con la salida del Ejército de más de 25 militares, quienes en su gran mayoría no han sido llamados por la Fiscalía ni siquiera a rendir testimonio, lo que muestra la fragilidad del reporte del general Suárez.
Un informe publicado por Ricardo Puentes Melo deja al descubierto una serie de cuestionamientos contra el general Suárez que, por lo menos, el gobierno debería tener en cuenta a la hora de tomar decisiones.
El escrito difundido por Puentes Melo enumera varios interrogantes sobre la carrera militar del general Suárez Bustamante, desde su ascenso a subteniente hasta su llegada a la Brigada contra el narcotráfico, pasando por graves denuncias sobre presuntas reuniones con jefes de las Autodefensas en el Magdalena Medio y sindicaciones por presuntos actos de corrupción en diferentes puestos de comando.
Esos interrogantes, de ser esclarecidos y comprobados, podrían explicar la persecución que encabezó Suárez Bustamante, pues estos señalamientos en manos de políticos y organizaciones oportunistas y alineadas ideológicamente con las FARC, son suficientes para chantajear y presionar decisiones de carácter político contra el Estado y contra las Fuerzas Armadas.
El gobierno Uribe no puede seguir haciéndose el desentendido frente a los señalamientos contra el general Suárez, según los cuales se vanagloria diciendo que es él quien ha hecho retirar al mayor número de oficiales y suboficiales del Ejército en toda su historia, como si se tratara de una cacería de brujas y no de una delicadísima misión de investigación con repercusiones nacionales e internacionales.
Es que el retiro de tres generales cuyas carreras y méritos los ubicaban como serios candidatos para llegar a las máximas dignidades de la jerarquía castrense, se ha interpretado en las filas del Ejército como una oportuna limpieza en el camino a la cúpula del general Suárez, lo que evidentemente afecta la moral de los oficiales de la Institución.
Uribe asegura que el vencimiento de términos desestimula el sacrificio de militares y policías, pero la realidad es que el procesamiento sesgado y la guerra jurídica contra los uniformados se constituyen en las armas más poderosas para frenar las acciones de las Fuerzas Armadas en contra del terrorismo: eso, a la postre, daría al traste con la seguridad democrática.
AL CIERRE: Benedicto XVI está muy preocupado por las víctimas de los curas pedófilos en Irlanda y Estados Unidos, y ha manifestado su solidaridad con ellas. ¿Será que las víctimas colombianas de los sacerdotes depredadores no merecen las mismas consideraciones del Sumo Pontífice?
Por Jaime Restrepo.
Los alaridos de algunos sectores sobre las excarcelaciones, incluyendo la convicción de que ya es un caso para la Corte Penal Internacional, sugiere que quieren utilizar la amenaza de la CPI para amedrentar tanto a los funcionarios judiciales como a los defensores de los implicados.
¿Desde cuándo un vencimiento de términos —que es el motivo de la excarcelación— es tránsito a cosa juzgada? Que los militares procesados hayan recuperado alguna porción de libertad (siguen confinados en los cuarteles) no equivale a que la justicia decidiera abandonar las investigaciones o los declarara inocentes.
Esos sectores que amenazan con la CPI son los mismos que exigen respeto por la Corte Suprema de Justicia, que la ensalzan y destacan como el último bastión de la democracia y de la verdad en Colombia… ¿Acaso al invocar la presencia de la CPI no están proclamando también la ineptitud de todo el aparato judicial, incluyendo por supuesto a la Corte Suprema de Justicia?
Es de Perogrullo afirmar que la justicia colombiana presenta enormes vacíos, mediocridad en el grueso de sus funcionarios, alineamiento ideológico y un alto grado de politización en sus decisiones. Pero no todos los males se le pueden achacar al poder judicial: el favorecimiento desmedido de la ley y de la constitución colombiana a los victimarios es un factor que influye decididamente en la precariedad del sistema judicial vigente.
Así mismo, los operadores de las primeras fases de los procesos que atiende el Sistema Penal Acusatorio han demostrado un enorme desconocimiento de las normas y protocolos tanto en las capturas como en la recolección de las pruebas: policías, agentes del CTI, detectives del DAS e incluso los militares, han dejado en evidencia la falta de capacitación para enfrentar los retos del sistema.
El gobierno: ¿Una cajita de resonancia del terrorismo?
La reacción del presidente Uribe, asegurando que “en el caso de las Fuerzas Armadas, cuando el vencimiento de términos da libertad a terroristas desestimula el sacrificio de militares y policías que los capturaron”, muestra que el apresuramiento inicial del gobierno para denunciar los llamados falsos positivos, fue el inicio de una cadena de errores que hoy están pasando factura.
Ciertamente es positivo que el Primer Mandatario asuma una posición crítica frente al tema de la inoperancia judicial, pues deja claro que el Estado no está promoviendo la impunidad. Sin embargo, el mismo gobierno impulsó la bola de nieve de los falsos positivos, aceptando como válida una presunta investigación del ahora Inspector General del Ejército, general Carlos Arturo Suárez Bustamante.
El gobierno conocía los serios cuestionamientos que giran en torno al general Suárez Bustamante y sin embargo, dio como verdad revelada el confuso informe elaborado por el oficial y que terminó con la salida del Ejército de más de 25 militares, quienes en su gran mayoría no han sido llamados por la Fiscalía ni siquiera a rendir testimonio, lo que muestra la fragilidad del reporte del general Suárez.
Un informe publicado por Ricardo Puentes Melo deja al descubierto una serie de cuestionamientos contra el general Suárez que, por lo menos, el gobierno debería tener en cuenta a la hora de tomar decisiones.
El escrito difundido por Puentes Melo enumera varios interrogantes sobre la carrera militar del general Suárez Bustamante, desde su ascenso a subteniente hasta su llegada a la Brigada contra el narcotráfico, pasando por graves denuncias sobre presuntas reuniones con jefes de las Autodefensas en el Magdalena Medio y sindicaciones por presuntos actos de corrupción en diferentes puestos de comando.
Esos interrogantes, de ser esclarecidos y comprobados, podrían explicar la persecución que encabezó Suárez Bustamante, pues estos señalamientos en manos de políticos y organizaciones oportunistas y alineadas ideológicamente con las FARC, son suficientes para chantajear y presionar decisiones de carácter político contra el Estado y contra las Fuerzas Armadas.
El gobierno Uribe no puede seguir haciéndose el desentendido frente a los señalamientos contra el general Suárez, según los cuales se vanagloria diciendo que es él quien ha hecho retirar al mayor número de oficiales y suboficiales del Ejército en toda su historia, como si se tratara de una cacería de brujas y no de una delicadísima misión de investigación con repercusiones nacionales e internacionales.
Es que el retiro de tres generales cuyas carreras y méritos los ubicaban como serios candidatos para llegar a las máximas dignidades de la jerarquía castrense, se ha interpretado en las filas del Ejército como una oportuna limpieza en el camino a la cúpula del general Suárez, lo que evidentemente afecta la moral de los oficiales de la Institución.
Uribe asegura que el vencimiento de términos desestimula el sacrificio de militares y policías, pero la realidad es que el procesamiento sesgado y la guerra jurídica contra los uniformados se constituyen en las armas más poderosas para frenar las acciones de las Fuerzas Armadas en contra del terrorismo: eso, a la postre, daría al traste con la seguridad democrática.
AL CIERRE: Benedicto XVI está muy preocupado por las víctimas de los curas pedófilos en Irlanda y Estados Unidos, y ha manifestado su solidaridad con ellas. ¿Será que las víctimas colombianas de los sacerdotes depredadores no merecen las mismas consideraciones del Sumo Pontífice?
Por Jaime Restrepo.
1 comentario:
Apreciado Atrabilioso: Como en su nota de cierra nos has dejado una pequeña puertica para "colarnos" te comento: El Papa en verdad si esta muy dolido por los niños de Irlanda, por los de USA, tal vez por los de Mexico, pero por los de Colombia? NO!, para él no existimos, para este señor y toda su Cohorte no somos nada, tal vez no somos ni seres humanos; para nosotros los que fuimos y para los que son, " carne de diversión" de los "padrecitos" solo nos espera el INFIERNO, por seducir a tan Santos y Castos seres, que como dice la propaganda de las "Vocaciones Sacerdotales" el sacerdote es ".....un hombre, tomado de entre los hombres, para SERVICE a los niños, (perdon por el error), para servicio de los hombres" A nosotros las victimas, que dicho sea de paso ahora somos LOS VICTIMARIOS DE ESTOS SANTOS,PUROS, CASTOS E IMPOLUTOS SACERDOTES, tan solo nos esperan los Juicios ante Fiscales ( en algunos casos fiscales Filigresas del Sacerdote acusado), la deshonra,el marginamiento, la amenaza, el chantaje y la violación aún mayor de la intimidad de la familia.
Roma está muy lejos y aqui, en esta parte del mundo, aun prima la AUTORIDAD DE LAS SOTANAS, en Colombia aún prima el "respeto" por esta necrofaga figura del cura.
Que verguenza siento al ver que estamos solos los que hemos sido victimas de estos "depredadores con alzacuello", no nos unimos por verguenz, por temor y por no vernos expuestos en la Picota Pública,no solo nosotros si no tambien nuestras familias, y todo debido a que estos Buitres se asesoran de "abogados" carentes de ETICA, sin conciencia y sin ningún temor a Dios y no les importa que sea verdad o no, tan solo llenar sus bolsillos con los dineros que recibe......que similitud con el caso de JUDAS ISCARIOTE!, ojala no terminen sus dias tambien colgados de un arbol, pero en el infierno.
Gracias y que Dios nos perdone a todos.
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