¿Hasta dónde están dispuestos a llegar?

La intención es clara: aplazar el pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre el referendo para que Uribe no pueda anunciar su aspiración a un nuevo periodo. Sin embargo, las fuerzas uribistas no están dispuestas a ceder terreno y se viene ambientando una nueva reforma que le permita al Presidente anunciar sus intenciones cuando así lo disponga.

Sin duda, el mayor obstáculo para el referendo reeleccionista, a corto plazo, es el tiempo estipulado en los artículos 8 y 9 de la ley 996 de 2005. El primero indica que “la inscripción de los candidatos a la Presidencia de la República con su fórmula vicepresidencial se iniciará con cuatro (4) meses de anterioridad a la fecha de votación de la primera vuelta de la elección presidencial”.

Entre tanto, el artículo 9 es mucho más preciso: ”El Presidente o el Vicepresidente de la República que aspiren a la elección presidencial, de conformidad con las calidades establecidas en la Constitución Política, deberán declarar públicamente y por escrito su interés de presentarse como candidatos, seis (6) meses antes de la votación en primera vuelta.”

Se sabe que el uribismo ya está empeñado en quitar este otro obstáculo legal del camino y si es preciso, harán una reforma urgente a la ley que, si todo les sale bien, estaría lista para el próximo mes de diciembre.

Claro que el uribismo también tiene la mira puesta en el otro obstáculo de gran tamaño: el censo electoral. Actualmente el referendo necesitaría 7.4 millones de votos, pero con una reforma de último momento, la consulta sobre la reelección necesitaría cerca de cuatro millones de votos, pues el umbral no sería calculado con el total de ciudadanos aptos para votar, sino con el número de colombianos que participaron en las últimas elecciones. Básicamente el uribismo justifica esta idea en la “necesidad de depurar el censo electoral”. Curiosamente esa necesidad no surgió durante los últimos ocho años y solo se presenta cuando hay que asegurar el triunfo del referendo.

¡Qué peligro! Si la ley se interpone en el camino, no hay intenciones de acatarla sino de modificarla para beneficio particular. Si hay una regla que impide el atajo, hay que modificarla para que despeje la entrada de par en par.

Si hay algo que genere malestar y conflicto (de la subversión en armas y de toda la violencia que hemos vivido) es el cambio abusivo de las reglas del juego. Cuando surgió la desafortunada idea del referendo para la segunda reelección, y fue presentada ante el Congreso, la norma que regía –y rige aún- es que el candidato tiene que anunciar sus intenciones con seis meses de anticipación, lo que significa que Uribe tendrá que hacerlo antes del 30 de noviembre.

Como los tiempos son cortos, cosa que he sostenido desde hace mucho tiempo, entonces la maquinaria uribista hará los ajustes necesarios (léase cambios abusivos a las reglas del juego) como un atajo que les permita realizar la consulta a como dé lugar.

Tienen razón quienes afirman que la democracia se basa en el respeto y acatamiento sumiso a la ley: no veo cómo se puede progresar en un país cuyos dirigentes hacen cuanta triquiñuela se les ocurre para imponer sus ambiciones a través de la aplastante decisión de las mayorías que dicen representar a los ciudadanos.

Me niego a admitir que la fórmula “redentora” contra la subversión del orden legal sea exactamente igual a la enfermedad que supuestamente va a resolver: ciertamente estamos viviendo una dictadura encabezada por los despreciables magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes acomodan las leyes y los conceptos jurídicos, de acuerdo a los intereses sectarios que los gobiernan. Ese grupúsculo de tiranos togados tiene el enorme poder de decidir sobre la libertad y el buen nombre de los ciudadanos y ejerce su dictadura con total arbitrariedad y acomodándose rápidamente para responder políticamente lo que solo debería abordar desde lo jurídico.

Un ejemplo claro es la última providencia de la Corte Suprema de Justicia, según la cual los congresistas, aunque renuncien a su curul, seguirán siendo investigados por la Sala Penal en el caso de la parapolítica. Una de las tantas justificaciones resulta aterradora: “El cambio de jurisprudencia se debe a que en las decisiones anteriores se había pasado por alto la coyuntura histórica y social del país”.

Hacer ajustes de última hora, cuando muchos ciudadanos han sido autorizados a beneficiarse de una norma, es un exabrupto. Por encima de las presuntas consideraciones coyunturales, en el ejercicio de la justicia, que no se practica en Colombia, prima la igualdad y la equidad.

Sin embargo, es la misma consideración que están exhibiendo los promotores del referendo: la coyuntura histórica y social del país, basada en un enredo denominado el Estado de opinión, clama por la segunda reelección de Uribe. Entonces, bajo esa premisa, hay que cambiar las reglas del juego, modificar la ley y acomodarla de tal manera que el “clamor” sea un mandato.

Surge entonces la pregunta: ¿si es tan mayoritario el clamor, por qué bajar el censo electoral? Es que los amigos de la segunda reelección están sumergidos en un mar de confusiones. El día siguiente a la aprobación de la conciliación en la Cámara, recibí un correo en el que se felicitaban los promotores del referendo y decían que “a pesar de las dificultades y las trampas de la oposición aliadas con sectores de la Corte Suprema, anoche (…) fue aprobada la ley del Referendo.”

¡Qué confusión! Estar en contra de la segunda reelección no significa militar en las filas de la oposición: muchos nos oponemos a la segunda reelección, pero aplaudimos y respaldamos las políticas del Presidente y aspiramos a que sigan siendo aplicadas en Colombia. Pero los promotores están tan confundidos, que intentan mezclar, en el mismo crisol, a los antiuribistas con aquellos que nos oponemos al propósito del referendo, llevando la situación a la radicalización.

Si mi postura contra la segunda reelección es interpretada como antiuribismo, pues que así sea… es preferible el encasillamiento a cohonestar el cúmulo de arbitrariedades que se vienen por cuenta de un capricho caudillista.

Por Jaime Restrepo. Director de Atrabilioso.

La sombra de Chávez aparece sobre el proceso electoral uruguayo

Quedan menos de dos meses para las próximas elecciones presidenciales uruguayas. La campaña electoral, como cabía esperar, está entonces en pleno fragor. Los candidatos que compiten por la presidencia recorren febrilmente el país, desplegando sus propuestas, predicando sus evangelios y, de paso, cruzándose acusaciones, aunque dentro del marco del respeto proverbial del Uruguay, que en los últimos tiempos se ha distinguido notoriamente de la Argentina, enferma de la inmoralidad política que ha sido el resultado inevitable de las administraciones de los Kirchner.

Las encuestas sugieren la existencia de una gran paridad de fuerzas entre la izquierda, representada por el Frente Amplio, encabezado esta vez por el ex tupamaro José Mugica, y las de "centro", conformadas por los tradicionales blancos y colorados que, una vez más, irán juntos a la segunda vuelta que presumiblemente decidirá el resultado final de los comicios que se aproximan. En el "centro", el candidato hoy con más posibilidades es, ciertamente, Luis Alberto Lacalle, el experimentado adalid del Partido Nacional.

Observando lo que sucede, llama poderosamente la atención que uno de los principales movimientos políticos del Uruguay, país reconocidamente democrático, lleve - sin inmutarse, ni estremecerse- como candidato a Presidente a José Mugica, quien en su momento condujera al movimiento guerrillero "Tupamaros"; razón por la cual podría haber sido responsable de la comisión de crímenes de guerra. (Esto es, de delitos de lesa humanidad, imprescriptibles, que fueran cometidos en el conflicto armado interno, que afectara al Uruguay en la década de los 70). Eso, y no otra cosa, fueron los secuestros, asesinatos y atentados que, en centenares, fueron cometidos en los años de plomo uruguayos. Pero las cosas son desgraciadamente así. Para José Mugica, los guerrilleros marxistas caídos en acción en los 70 son héroes y no víctimas. Por ello, dice no buscar revancha, sino querer descubrir la verdad, para lo que debiera estar dispuesto a contribuir con su parte del relato aún desconocido, que permanece en una relativa opacidad. La suya es una visión del pasado reciente diametralmente opuesta a la de la Argentina de los revanchistas Kirchner, aún obsesionados en caminar mirando hacia atrás y no hacia adelante.

Las encuestas sugieren hoy que en segunda vuelta Lacalle podría derrotar a Mugica. Por una diferencia estrecha, seguramente. De esta manera Uruguay, como Chile y, luego, Brasil y Argentina podrían girar políticamente hacia el "centro", descompensando al hoy izquierdista UNASUR. Lo que naturalmente desvela a algunos de los disgustados líderes "bolivarianos" -y a sus compañeros de ruta- dispuestos a manipular las instituciones de la democracia, las mismas que, en su momento, les permitieran llegar al poder, de manera que ellas no los obliguen, de pronto, a tener que dejarlo. De allí que para los "bolivarianos", la definición de democracia no incluya jamás la "alternancia". Peligrosísimo, por cierto. Pero real e inocultable. Las conocidas sombras antidemocráticas "con gusto a Chávez" han aparecido, lamentablemente, también en el proceso electoral uruguayo. Esta vez sin las desfachatadas "valijas de Antonini Wilson" que -repletas de petrodólares caribeños- ayudaran a Cristina Fernández de Kirchner a llegar al poder en la Argentina. Hugo Chávez obra desde la oscuridad, porque es un gigantesco "pianta-votos" -como le consta al peruano Ollanta Humala- razón por la cual acaba de cancelar una visita que tenía previsto hacer al Uruguay.

No es, sin embargo, sorpresivo que se hayan detectado maniobras encubiertas que podrían servir para aportar opacamente fondos a la campaña del Frente Amplio. Ellas están siendo investigadas por la jueza Graciela Gatti, titular del juzgado del crimen organizado. Se trata de exportaciones que se realizan a precios groseramente sobrevaluados. Por ejemplo, una de las empresas que está bajo investigación ha exportado a Venezuela libros escolares impresos en el Uruguay a un costo del orden del medio millón de dólares, recibiendo en pago por ellos un valor total de 32 millones de dólares. El dinero llega al Uruguay abultado, para así abonar la compra realizada y, luego, regresa "vivo" (en las valijas de siempre) al Caribe para ser vendido en el mercado negro con diferencias cambiarias del 200%, o más. Una multiplicación extraordinaria "de los panes", más brillante aún que la bíblica, razón por la cual estos "negocios" han despertado las naturales sospechas, recogidas inmediatamente por los medios.

Con idéntico perfil se han detectado también otras exportaciones que incluyen: cartografía, bolsos de mano y diccionarios y enciclopedias. Todo llama poderosamente la atención. Las empresas exportadoras que se utilizan en estas "ventas" no tienen antecedentes en la materia y estas operaciones milagrosas aparecen justo en tiempos electorales. Conociendo ya la región quien es efectivamente Hugo Chávez, el olor a sucio es muy fuerte. Horrendo, más bien. La oposición uruguaya está alerta y estos episodios no ayudarán a José Mugica, quien por el momento prefiere ni referirse a ellos. Porque juega, naturalmente, al inocente. Al que no sabe nada. Pero su pasado -más allá de su carisma personal- pareciera abonar las sospechas que, una tras otra, se amontonan. No sólo porque la conducta "intervencionista" de Chávez es incorregible. También porque entre los antecedentes de una de las empresas de pronto "exportadoras" (la más importante) aparece extrañamente un primo de la esposa de Mugica, la senadora Lucía Topolansky. Por todo esto nadie se sorprende ante este tipo de ardides, que, en cambio, se presumen. Y no sin razones.

Por Emilio Cárdenas, ex Embajador de la Argentina ante las Naciones Unidas.