¿Hasta dónde están dispuestos a llegar?

La intención es clara: aplazar el pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre el referendo para que Uribe no pueda anunciar su aspiración a un nuevo periodo. Sin embargo, las fuerzas uribistas no están dispuestas a ceder terreno y se viene ambientando una nueva reforma que le permita al Presidente anunciar sus intenciones cuando así lo disponga.

Sin duda, el mayor obstáculo para el referendo reeleccionista, a corto plazo, es el tiempo estipulado en los artículos 8 y 9 de la ley 996 de 2005. El primero indica que “la inscripción de los candidatos a la Presidencia de la República con su fórmula vicepresidencial se iniciará con cuatro (4) meses de anterioridad a la fecha de votación de la primera vuelta de la elección presidencial”.

Entre tanto, el artículo 9 es mucho más preciso: ”El Presidente o el Vicepresidente de la República que aspiren a la elección presidencial, de conformidad con las calidades establecidas en la Constitución Política, deberán declarar públicamente y por escrito su interés de presentarse como candidatos, seis (6) meses antes de la votación en primera vuelta.”

Se sabe que el uribismo ya está empeñado en quitar este otro obstáculo legal del camino y si es preciso, harán una reforma urgente a la ley que, si todo les sale bien, estaría lista para el próximo mes de diciembre.

Claro que el uribismo también tiene la mira puesta en el otro obstáculo de gran tamaño: el censo electoral. Actualmente el referendo necesitaría 7.4 millones de votos, pero con una reforma de último momento, la consulta sobre la reelección necesitaría cerca de cuatro millones de votos, pues el umbral no sería calculado con el total de ciudadanos aptos para votar, sino con el número de colombianos que participaron en las últimas elecciones. Básicamente el uribismo justifica esta idea en la “necesidad de depurar el censo electoral”. Curiosamente esa necesidad no surgió durante los últimos ocho años y solo se presenta cuando hay que asegurar el triunfo del referendo.

¡Qué peligro! Si la ley se interpone en el camino, no hay intenciones de acatarla sino de modificarla para beneficio particular. Si hay una regla que impide el atajo, hay que modificarla para que despeje la entrada de par en par.

Si hay algo que genere malestar y conflicto (de la subversión en armas y de toda la violencia que hemos vivido) es el cambio abusivo de las reglas del juego. Cuando surgió la desafortunada idea del referendo para la segunda reelección, y fue presentada ante el Congreso, la norma que regía –y rige aún- es que el candidato tiene que anunciar sus intenciones con seis meses de anticipación, lo que significa que Uribe tendrá que hacerlo antes del 30 de noviembre.

Como los tiempos son cortos, cosa que he sostenido desde hace mucho tiempo, entonces la maquinaria uribista hará los ajustes necesarios (léase cambios abusivos a las reglas del juego) como un atajo que les permita realizar la consulta a como dé lugar.

Tienen razón quienes afirman que la democracia se basa en el respeto y acatamiento sumiso a la ley: no veo cómo se puede progresar en un país cuyos dirigentes hacen cuanta triquiñuela se les ocurre para imponer sus ambiciones a través de la aplastante decisión de las mayorías que dicen representar a los ciudadanos.

Me niego a admitir que la fórmula “redentora” contra la subversión del orden legal sea exactamente igual a la enfermedad que supuestamente va a resolver: ciertamente estamos viviendo una dictadura encabezada por los despreciables magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes acomodan las leyes y los conceptos jurídicos, de acuerdo a los intereses sectarios que los gobiernan. Ese grupúsculo de tiranos togados tiene el enorme poder de decidir sobre la libertad y el buen nombre de los ciudadanos y ejerce su dictadura con total arbitrariedad y acomodándose rápidamente para responder políticamente lo que solo debería abordar desde lo jurídico.

Un ejemplo claro es la última providencia de la Corte Suprema de Justicia, según la cual los congresistas, aunque renuncien a su curul, seguirán siendo investigados por la Sala Penal en el caso de la parapolítica. Una de las tantas justificaciones resulta aterradora: “El cambio de jurisprudencia se debe a que en las decisiones anteriores se había pasado por alto la coyuntura histórica y social del país”.

Hacer ajustes de última hora, cuando muchos ciudadanos han sido autorizados a beneficiarse de una norma, es un exabrupto. Por encima de las presuntas consideraciones coyunturales, en el ejercicio de la justicia, que no se practica en Colombia, prima la igualdad y la equidad.

Sin embargo, es la misma consideración que están exhibiendo los promotores del referendo: la coyuntura histórica y social del país, basada en un enredo denominado el Estado de opinión, clama por la segunda reelección de Uribe. Entonces, bajo esa premisa, hay que cambiar las reglas del juego, modificar la ley y acomodarla de tal manera que el “clamor” sea un mandato.

Surge entonces la pregunta: ¿si es tan mayoritario el clamor, por qué bajar el censo electoral? Es que los amigos de la segunda reelección están sumergidos en un mar de confusiones. El día siguiente a la aprobación de la conciliación en la Cámara, recibí un correo en el que se felicitaban los promotores del referendo y decían que “a pesar de las dificultades y las trampas de la oposición aliadas con sectores de la Corte Suprema, anoche (…) fue aprobada la ley del Referendo.”

¡Qué confusión! Estar en contra de la segunda reelección no significa militar en las filas de la oposición: muchos nos oponemos a la segunda reelección, pero aplaudimos y respaldamos las políticas del Presidente y aspiramos a que sigan siendo aplicadas en Colombia. Pero los promotores están tan confundidos, que intentan mezclar, en el mismo crisol, a los antiuribistas con aquellos que nos oponemos al propósito del referendo, llevando la situación a la radicalización.

Si mi postura contra la segunda reelección es interpretada como antiuribismo, pues que así sea… es preferible el encasillamiento a cohonestar el cúmulo de arbitrariedades que se vienen por cuenta de un capricho caudillista.

Por Jaime Restrepo. Director de Atrabilioso.

La sombra de Chávez aparece sobre el proceso electoral uruguayo

Quedan menos de dos meses para las próximas elecciones presidenciales uruguayas. La campaña electoral, como cabía esperar, está entonces en pleno fragor. Los candidatos que compiten por la presidencia recorren febrilmente el país, desplegando sus propuestas, predicando sus evangelios y, de paso, cruzándose acusaciones, aunque dentro del marco del respeto proverbial del Uruguay, que en los últimos tiempos se ha distinguido notoriamente de la Argentina, enferma de la inmoralidad política que ha sido el resultado inevitable de las administraciones de los Kirchner.

Las encuestas sugieren la existencia de una gran paridad de fuerzas entre la izquierda, representada por el Frente Amplio, encabezado esta vez por el ex tupamaro José Mugica, y las de "centro", conformadas por los tradicionales blancos y colorados que, una vez más, irán juntos a la segunda vuelta que presumiblemente decidirá el resultado final de los comicios que se aproximan. En el "centro", el candidato hoy con más posibilidades es, ciertamente, Luis Alberto Lacalle, el experimentado adalid del Partido Nacional.

Observando lo que sucede, llama poderosamente la atención que uno de los principales movimientos políticos del Uruguay, país reconocidamente democrático, lleve - sin inmutarse, ni estremecerse- como candidato a Presidente a José Mugica, quien en su momento condujera al movimiento guerrillero "Tupamaros"; razón por la cual podría haber sido responsable de la comisión de crímenes de guerra. (Esto es, de delitos de lesa humanidad, imprescriptibles, que fueran cometidos en el conflicto armado interno, que afectara al Uruguay en la década de los 70). Eso, y no otra cosa, fueron los secuestros, asesinatos y atentados que, en centenares, fueron cometidos en los años de plomo uruguayos. Pero las cosas son desgraciadamente así. Para José Mugica, los guerrilleros marxistas caídos en acción en los 70 son héroes y no víctimas. Por ello, dice no buscar revancha, sino querer descubrir la verdad, para lo que debiera estar dispuesto a contribuir con su parte del relato aún desconocido, que permanece en una relativa opacidad. La suya es una visión del pasado reciente diametralmente opuesta a la de la Argentina de los revanchistas Kirchner, aún obsesionados en caminar mirando hacia atrás y no hacia adelante.

Las encuestas sugieren hoy que en segunda vuelta Lacalle podría derrotar a Mugica. Por una diferencia estrecha, seguramente. De esta manera Uruguay, como Chile y, luego, Brasil y Argentina podrían girar políticamente hacia el "centro", descompensando al hoy izquierdista UNASUR. Lo que naturalmente desvela a algunos de los disgustados líderes "bolivarianos" -y a sus compañeros de ruta- dispuestos a manipular las instituciones de la democracia, las mismas que, en su momento, les permitieran llegar al poder, de manera que ellas no los obliguen, de pronto, a tener que dejarlo. De allí que para los "bolivarianos", la definición de democracia no incluya jamás la "alternancia". Peligrosísimo, por cierto. Pero real e inocultable. Las conocidas sombras antidemocráticas "con gusto a Chávez" han aparecido, lamentablemente, también en el proceso electoral uruguayo. Esta vez sin las desfachatadas "valijas de Antonini Wilson" que -repletas de petrodólares caribeños- ayudaran a Cristina Fernández de Kirchner a llegar al poder en la Argentina. Hugo Chávez obra desde la oscuridad, porque es un gigantesco "pianta-votos" -como le consta al peruano Ollanta Humala- razón por la cual acaba de cancelar una visita que tenía previsto hacer al Uruguay.

No es, sin embargo, sorpresivo que se hayan detectado maniobras encubiertas que podrían servir para aportar opacamente fondos a la campaña del Frente Amplio. Ellas están siendo investigadas por la jueza Graciela Gatti, titular del juzgado del crimen organizado. Se trata de exportaciones que se realizan a precios groseramente sobrevaluados. Por ejemplo, una de las empresas que está bajo investigación ha exportado a Venezuela libros escolares impresos en el Uruguay a un costo del orden del medio millón de dólares, recibiendo en pago por ellos un valor total de 32 millones de dólares. El dinero llega al Uruguay abultado, para así abonar la compra realizada y, luego, regresa "vivo" (en las valijas de siempre) al Caribe para ser vendido en el mercado negro con diferencias cambiarias del 200%, o más. Una multiplicación extraordinaria "de los panes", más brillante aún que la bíblica, razón por la cual estos "negocios" han despertado las naturales sospechas, recogidas inmediatamente por los medios.

Con idéntico perfil se han detectado también otras exportaciones que incluyen: cartografía, bolsos de mano y diccionarios y enciclopedias. Todo llama poderosamente la atención. Las empresas exportadoras que se utilizan en estas "ventas" no tienen antecedentes en la materia y estas operaciones milagrosas aparecen justo en tiempos electorales. Conociendo ya la región quien es efectivamente Hugo Chávez, el olor a sucio es muy fuerte. Horrendo, más bien. La oposición uruguaya está alerta y estos episodios no ayudarán a José Mugica, quien por el momento prefiere ni referirse a ellos. Porque juega, naturalmente, al inocente. Al que no sabe nada. Pero su pasado -más allá de su carisma personal- pareciera abonar las sospechas que, una tras otra, se amontonan. No sólo porque la conducta "intervencionista" de Chávez es incorregible. También porque entre los antecedentes de una de las empresas de pronto "exportadoras" (la más importante) aparece extrañamente un primo de la esposa de Mugica, la senadora Lucía Topolansky. Por todo esto nadie se sorprende ante este tipo de ardides, que, en cambio, se presumen. Y no sin razones.

Por Emilio Cárdenas, ex Embajador de la Argentina ante las Naciones Unidas.

UnoAmérica acusa a Chávez ante la CIDH

La Unión de Organizaciones Democráticas de América, UnoAmérica, acusó a Hugo Chávez en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por “hacer apología al delito de rebelión y por promover propaganda a favor de la guerra en contra de los pueblos de Honduras y de Colombia”.

La acusación fue presentada en la sede de la CIDH, ubicada en esta capital, por el venezolano Alejandro Peña Esclusa y por el jurista colombiano Jaime Arturo Restrepo Restrepo (Presidente y Director Jurídico de UnoAmérica, respectivamente) en representación de las ONGs adscritas a esa organización.

La acusación responsabiliza a Chávez por los hechos de violencia acaecidos el pasado 5 de julio en el Aeropuerto de Toncontín (Tegucigalpa), donde murió un joven; y de violar el espacio aéreo hondureño, al enviar un avión piloteado por militares venezolanos.

El documento presentado por UnoAmérica hace un resumen (sustentado con videos) de las agresiones verbales, incitaciones a la violencia, llamados a la insurrección militar y amenazas de guerra proferidas por Chávez contra Honduras, incluyendo la amenaza directa de derrocar al presidente Micheletti.

Seguidamente, el documento hace un recuento (igualmente sustentado) de las agresiones, amenazas y acciones bélicas realizadas contra el pueblo colombiano y el gobierno de Álvaro Uribe Vélez; comenzando en marzo de 2008, cuando Chávez ordenó el envío de tropas a la frontera, hasta la fecha, cuando amenazó con ir a la guerra, luego de que Colombia decidiera firmar un acuerdo con Estados Unidos, para el combate conjunto contra el narcotráfico y el narcoterrorismo.

UnoAmérica acusa a Chávez de poner en práctica “acciones intervencionistas, expansionistas, guerreristas y violentas; con el fin de exportar a otras naciones su modelo, basado en el llamado Socialismo del Siglo XXI“ y exige a la CIDH determinar “la responsabilidad del gobierno venezolano por sus declaraciones y atestaciones guerreristas, incitadoras y determinadoras de hechos de sangre, y de comisión de delitos en demérito de los derechos humanos en Iberoamérica“.

El documento añade, “No se puede permitir que Hugo Chávez Frías haga mal uso de la libertad de expresión y de los medios de comunicación para difundir afirmaciones y pensamientos que, trascendiendo las fronteras venezolanas, hacen propaganda en favor de la guerra, promueven el odio, fomentan la rebelión fratricida entre hondureños, y amenazan con la guerra al hermano pueblo colombiano. Se trata de acciones generadoras de violencia y constituyen una injerencia externa indebida.”

“El presidente de Venezuela Hugo Chávez Frías excede y violenta los postulados de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, toda vez que con su conducta tipifica a todas luces las prohibiciones de que trata el Numeral 5 del Articulo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos; violentando bienes jurídicos tutelados en la Carta de la Convención Americana, que colocan en inminente riesgo la seguridad, la paz, la tranquilidad, los derechos humanos de todo orden y el valor de la democracia en demérito de 43.000.000 de habitantes colombianos y de 7.000.000 de habitantes hondureños.”

En junio pasado, UnoAmérica acusó ante la CIDH al gobierno de Evo Morales por delitos de lesa humanidad, por haber planificado y perpetrado masacres en las localidades de El Porvenir y Cobija, ubicadas en la provincia de Pando (Bolivia). Mañana, los directivos de UnoAmérica irán a la CIDH para presentar nuevas pruebas y elementos de juicio sobre dicha masacre.

UnoAmérica está conformada por más de 200 ONGs provenientes de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Perú, Honduras, Venezuela y Uruguay. También agrupa a organizaciones latinoamericanas radicadas en Estados Unidos y España.

El ensimismamiento colombiano

Todas las discusiones sobre el referendo y la reelección conducen a la cuestión de la indigencia cultural generalizada de los colombianos. Ya explicaré más adelante esa indigencia, pero de momento quiero señalar un punto: la incapacidad de asimilar las palabras con su sentido preciso y de aceptar normas que valgan para todos. Los partidarios de la oposición consideran democráticos, honorables, elevados, respetables y correctos todos los atropellos judiciales que les convienen, mientras que los partidarios del gobierno, en su gran mayoría, dan por sentado que el sentido de "democracia" es "cuando mandan ellos".

Ese ensimismamiento, la incapacidad de atender a las razones ajenas, hace que nadie les haga comprender que los pretextos de la nueva autocracia son idénticos a los que esgrimen los partidarios de Correa y Morales. Exactamente como los matones que intentan linchar a cualquier militar que cae en manos de los jueces colombianos, que no pueden verse como una turba de cobardes que acosa a un hombre indefenso, porque la noción de "justicia" va asociada para ellos a una vindicación propia y a la realización de sueños cuyo nombre preciso es "crimen".

Puede que aludir a la reelección sea perder el tiempo, a mí me parece necesario que recuerden que se les insistió. ¿Qué va a pasar si debido a la obstrucción en el Congreso, que podría darse también en la Corte Constitucional, el referendo no se celebra? Muchos comentaristas señalan que en tal caso los amigos del presidente intentarán forzar la institucionalidad para permitir que la reelección siga de todos modos. ¿Y qué pasaría en tal caso? Mucho me temo que aun así esas mayorías actuales apoyarían esa ruptura, pues sus motivos, y es lo que hace falta entender, son parecidos a los de los mencionados partidarios de Correa y Morales.

Recuerdo una encuesta que publicaron hace unos años en la que salía que la mayoría de los hispanoamericanos se manifestaban dispuestos a prescindir de la democracia si a cambio obtenían una mejora de sus condiciones económicas. Es lo que ha pasado en Venezuela, donde la economía creció durante los últimos años mucho más que la colombiana (a causa de los precios del petróleo), y donde a fin de cuentas ningún candidato le ha ganado a Chávez, mientras que su constitución fue ampliamente apoyada.

Y es lo mismo que ocurre en Colombia, donde la satisfacción con el gobierno y el rechazo a la oposición lleva a la gente a querer prescindir de las formas y a acomodarse a una autocracia en la que continúan, además, los peores vicios de la vieja política nacional. La verdad es que en ese apoyo mayoritario a la reelección se hace verdad el dicho de que "el vivo vive del bobo", pues los miembros de redes asociadas al Estado y a los políticos próximos al presidente o a sus amigos se ahorran la competencia gracias a la fe de los ilusos en que su santo benefactor les va a resolver todos los problemas.

La diferencia es que en lugar de "prescindir de la democracia" llaman a eso "democracia", y entonces esa disposición leguleya, ese primitivismo del colombiano, traduce "democracia" según la etimología, como si alguien fuera a preguntarle al papa cuántos puentes ha construido (pues ése es el sentido de "pontífice"). Fuera de Colombia a nadie se le ocurriría pensar que la democracia es la dictadura de la mayoría (es decir, la supresión de las leyes establecidas, pues siempre se pueden cambiar, como han hecho los gobiernos bolivarianos). Pero en Colombia sólo lo entienden los enemigos del gobierno, ansiosos de ascender socialmente cuando el péndulo cambie y las mayorías se cansen de la desigualdad y de la corrupción y del ritmo lentísimo de reducción de la pobreza y apoye a alguien que traiga la justicia social.

El gobierno de Uribe ha contado con muchísimos apoyos de intelectuales fuera de Colombia. Esos apoyos son decisivos porque contrarrestan las campañas de los terroristas y sus muy numerosos aliados e impiden un aislamiento diplomático del país (nadie debe olvidar que durante el gobierno de Pastrana muchos gobiernos europeos presionaban insistentemente para que el gobierno premiara a las FARC: sin la deslegitimación que significó la denuncia de esos intelectuales libres, perfectamente podrían castigar a Colombia de muchos modos).

Pues figúrense que ninguno de esos intelectuales apoya la reelección de Uribe, sino que más bien la desaconsejan. ¿Creen que alguien fuera de Colombia apoya la reelección de Uribe? Todo el mundo razona inmediatamente que no habrá modo de distinguir a Colombia de Venezuela. Pero en Colombia nadie lo quiere creer porque muchos se figuran que si no está el mesías va a llegar el caos, y eso es puro primitivismo. ¿Por qué no se rigen por gobiernos absolutos los países ricos y desarrollados? ¿Cómo creen que llegaron a tener algo como el periodismo, cuando en Colombia los medios de masas sólo hacen propaganda? A los obtusos que se tapan los oídos no hay modo de hacerlos pensar en eso: van ganando, por tanto pueden prescindir de las normas.

Hay un intelectual colombiano reconocido en todo el continente y en Europa que se ha distinguido por denunciar los crímenes guerrilleros y las políticas de apaciguamiento que permitieron su multiplicación. Plinio Apuleyo Mendoza. En un artículo sobre el tema de la reelección señalaba, aludiendo a Uribe:

Terminado su actual período, su excepcional liderazgo le permitiría salir de su soledad en la Casa de Nariño y del venenoso coro de críticas de prensa que hoy lo asedian, para crear y dirigir una fuerza popular, única en Colombia, capaz de servir de sustento a un sucesor suyo y de asegurar la perdurabilidad de su política. ¿No sería mejor?

Pero ese ensimismamiento impide comprender que las bases del desarrollo son precisamente la rigidez de la ley y el equilibrio institucional. Que la larga dictadura de Somoza fue sólo el preludio de la caída de Nicaragua en manos de los matones, al igual que la de Stroessner (que cada cuatro años celebraba elecciones, y a lo mejor las ganaba realmente). No quieren oír, y esa sordera voluntaria permite ver algo peor: un conformismo que realmente los va poniendo en un bando retrógrado, en el de los que siguen a los Kirchner y a Correa y a Morales.

Los escándalos de las notarías son muy dicientes al respecto. ¿Qué negocio es la notaría? Sencillamente, en Colombia hay más trámites de los necesarios porque el sello autorizado es como una canal que desvía los recursos de los ciudadanos al bolsillo del poderoso que puede cobrarles el peaje. Mientras en otros países se vive de producir manufacturas, en Colombia se vive de poner sellos. ¿Ha cambiado algo con este gobierno? ¿Debería cambiar?

A los reeleccionistas no les importa, como les da igual que el ministro del Interior firmara en otra época un documento que abolía la democracia colombiana para repartirse el poder con las FARC. Lo que el mesías haga estará bien hecho, y si se queda cuarenta años en el poder ellos serán siempre felices, pues habrán triunfado sobre los amigos de las guerrillas, salvo que las cosas vayan mal, y entonces habrán perdido.

Ciertamente, la mayor responsabilidad de esa crisis es del presidente, que en lugar de quedar como el hombre que enderezó la historia colombiana quedará como otro sátrapa de una época que es mejor olvidar. Pero quienes secundan esa iniciativa serán también culpables, pues la larga tragedia colombiana debería haberles advertido de los riesgos del ventajismo y de las diferencias con los sistemas políticos de los países desarrollados.

Por Jaime Ruiz, columnista de Atrabilioso

Bariloche

Sin cuestionar la política "macro" es muy complicado objetar la estrategia que se aplica en particular, pues esta última viene impuesta por el desarrollo de los acontecimientos.

En otras palabras, si estamos de acuerdo en que la droga es dañina para la humanidad; y en que la forma de impedir su consumo no es la educación y la prevención, sino la persecución de quienes la proveen (enfoque en la oferta, no en la demanda), entonces tendremos que aceptar como estrategias válidas la erradicación, la aspersión, la interdicción, la destrucción de laboratorios, la inteligencia, el espionaje, la fuerza y la violencia; como también los acuerdos de Colombia para que los gringos usen nuestras bases aéreas.

Pero resulta que el continente está de acuerdo con la prohibición como política de lucha contra las drogas: todos –según el informe de Colombia– han firmado tratados internacionales respaldándola, sin consideración alguna con los efectos secundarios (la violencia y la corrupción) que conllevan, y el fracaso sistemático de la política observable en los indicadores de éxito (el precio de la droga). Sin embargo objetan la escalada que pretende desenmascarar (o al menos intimidar) al vecindario y forzar su colaboración; y cerrarle todos los caminos al narcotráfico. No es coherente el respaldo a la política con el temor a las estrategias.

La simpatía de dos (tres o cuatro, según se lea) de nuestros vecinos con las FARC –no me cabe duda– proviene de un antiyanquismo que ha prosperado en el continente en la medida en que se crece –como el hijo que se rebela en la pubertad contra la tutela de los padres–; no en su condición de terroristas. La clasificación de terroristas que obtuvo Pastrana para las guerrillas colombianas –recogiendo sus palabras iniciales de que no lo eran– y los eventos del 11 de septiembre en USA, los cogieron ya con las manos en la masa; no pudieron sacudirse, y no intuyeron las consecuencias que ahora temen.

Con la posibilidad de usar bases colombianas, los gringos estarán mas cerca de descubrir posibles alianzas y colaboración de estos países con las FARC: de ahí el temor, las cortinas de humo y las amenazas militares y económicas contra el país. Las presentaciones de Venezuela y Correa en Bariloche, fueron “denuncias” exageradas o inventadas tal vez, completamente desenfocadas del objeto de la reunión (verdaderas cortinas), y Lula bastante molestó lo resaltó: “No se trata de que cada país trate de imponernos su verdad…” dijo.

Que mas quisiera uno que la humanidad entera abandonara el consumo de drogas psicóticas; abandonara el consumo de alcohol, tabaco, etc. Ésas son buenas intenciones; lo que muchos no compartimos, especialmente los colombianos a quienes nos toca la peor parte, es que ese sueño universal se consiga con políticas prohibicionistas y represivas. Ése es el verdadero debate que soslayó Bariloche.

Por otro lado, el gobierno reclama logros medidos en otros indicadores que no apuntan al objetivo de la política de lucha contra las drogas sino a la de lucha contra el terrorismo, cuando éste en Colombia es consecuencia de la política antidroga adoptada: la secuencia de los acontecimientos nos ha mostrado que sin represión no habría violencia ni terrorismo.

La guerrilla es otro cuento, y creo que desactivando el tema de la droga, promoviendo la inversión y el desarrollo económico y social, será más fácil lograr su desmovilización.

Por Miguel Yances Peña. Columnista de El Universal de Cartagena.