El régimen del terror

La Corte Suprema de Justicia avanza imparable por la senda de la ilegitimidad. El abuso de funciones, los bandazos en la jurisprudencia y el sesgo político en el tratamiento de los procesos que aborda, son pasos enormes que acrecientan el malestar y la desconfianza de los ciudadanos en contra de esa cueva de malandrines con toga y muchísimo poder.

El último episodio de ilegitimidad de la Corte ocurrió con la negativa de elegir al nuevo Fiscal General de la Nación. ¿Cuál es la función de la Corte Suprema? Revisar que se cumplan los requisitos y proceder a seleccionar a uno de los postulados. Eso es todo. Atribuirse funciones que no están estipuladas en el marco jurídico es abusar de las funciones y ubicarse en la ilegalidad.

El artículo 249 de la Constitución es claro: “El Fiscal General de la Nación será elegido (…) por la Corte Suprema de Justicia, de terna enviada por el Presidente de la República. Debe reunir las mismas calidades exigidas para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

Sobre este tema, la misma Corte Suprema informó hace algunos meses que los candidatos cumplían con todos los requisitos exigidos por la ley (ver el artículo 232 de la Constitución)… Entonces ¿cuál es la razón legal para la negligencia?

Algunos aseguran que los magistrados tienen derecho a la objeción de conciencia. ¡Cierto! Pero no se puede confundir una posición ética o moral con la militancia política, que es el marco en el que se están desenvolviendo los truhanes togados.

Así Ramiro Bejarano asegure que las razones de los magistrados son de conciencia (para el apoderado de uno de los magistrados de la Corte, todo lo que haga su cliente en complicidad con la caterva es altruista), las evidencias demuestran que en sus decisiones sólo influyen las antipatías y los intereses políticos.

Es que con las largas que la sociedad le está dando a la Corte, los 22 hampones han decidido pasar por encima de sus funciones y descalificar a los candidatos, basados no en la ley sino en las atribuciones absolutas que se han otorgado a la fuerza.

Esta acción particular deja a la Corte en una situación de ilegitimidad de grandes dimensiones y sus efectos pueden ser catastróficos en el tiempo. ¿Los colombianos estamos dispuestos a someternos a los caprichos de una banda de usurpadores de poder? ¿Queremos que sean los magistrados los que rijan los destinos del país mediante la intimidación de enviarnos a las mazmorras por cualquiera de las interpretaciones acomodaticias que hacen de la ley? Es que si las normas no encajan en los intereses de los criminales togados, pues a fuerza de cambios y leguleyadas consiguen sus objetivos.

Otro hecho de ilegitimidad es el cambio de jurisprudencia en el que retoman los procesos contra los congresistas vinculados con grupos paramilitares. El cambio no ha despertado el repudio nacional debido al temor que despierta el ser señalado como favorecedor de los narcotraficantes camuflados en los grupos de autodefensa: cualquier rumor, un anónimo que llegue al escritorio del inquisidor Velásquez o una columna malintencionada son elementos suficientes no sólo para abrir un proceso sino para condenar a cualquier colombiano. Y si la decisión de capturarlo fue un error, no importa, pues a los mafiosos de toga les resulta más fácil condenar sin pruebas que admitir la falla y asumir responsablemente las consecuencias.

Permitir esa intimidación, aprovechada hábilmente por la mafia togada, es un grave error que se está cometiendo en Colombia, pues además de vulnerar principios básicos como la igualdad y la presunción de inocencia, se le está dando luz verde a la persecución política típica de los regímenes totalitarios.

Es que el sesgo político de la Corte Suprema de Justicia es descarado. Van a cumplirse 18 meses de la operación contra el campamento ecuatoriano de alias Raúl Reyes y de la incautación de los computadores. Sin embargo, para la banda criminal de los togados, no resultó válido el peritaje de Interpol y quisieron pedir otra ratificación sobre la validez de esas pruebas. Lo importante es que, hasta el momento, varios terroristas han sido judicializados en Colombia y en otros países, justamente con el material de esos computadores, pero para la mafia suprema de la justicia colombiana, las pruebas no son suficientes para procesar a los políticos involucrados con la banda terrorista.

El futuro es todavía peor

¿Qué puede pasar? Los criminales togados reducirán la velocidad de los expedientes sobre la parapolítica, esperando los resultados de las elecciones de marzo de 2010. Una vez el Congreso sea de mayoría uribista, arremeterán con ferocidad en una nueva cacería que dejará muchas sillas vacías y pondrá en aprietos a los partidos uribistas.

Con eso, de paso, dejarán en jaque a la maltrecha Comisión de Acusación de la Cámara, que intimidada, no cumplirá con sus funciones y permitirá que los dictadores de la Corte Suprema de Injusticia queden en la impunidad.

Negro futuro el que nos espera, a no ser que se tomen decisiones radicales para frenar la embestida de los amigos y compañeros de Raúl Reyes… ¿o no, magistrado César Julio Valencia Copete?

Por Jaime Restrepo. Director de Atrabilioso.