Los hechos, y no las palabras, están comprobando que Colombia vive una etapa de post-conflicto. Lamentablemente la demostración se da con el resurgimiento del sicariato, el asesinato de colombianos y el enfrentamiento entre ejércitos privados al servicio del narcotráfico.
Bogotá y Medellín vienen registrando el incremento del sicariato, recordando los difíciles momentos que vivió el país durante el accionar de Pablo Escobar. En las últimas semanas el problema se ha agravado y las autoridades locales y nacionales parecen impotentes para enfrentar el problema.
Frente a cada acción sicarial, las autoridades se apresuran a anunciar que el móvil fue el ajuste de cuentas, justificación propagandística, mediática y falaz, pues tal afirmación debería ser el resultado de una investigación y no el pronunciamiento en caliente de los funcionarios. Colombia está acostumbrada a comprar la culpabilidad de un sector violento o de un reconocido criminal, a quien se le atribuyen todos los males de la sociedad.
El país vivió la época en que todo lo malo era culpa de Pablo Escobar, o después de las FARC o últimamente de los paramilitares. Si bien es cierto que los mencionados han ocasionado grandes males en Colombia, lo importante no deberían ser los señalamientos calenturientos frente a un micrófono, sino los anuncios de los resultados de una investigación que aclare los hechos y condene a los responsables.
Sin embargo, no se puede ocultar que en la actualidad Colombia es el epicentro de la confrontación entre narcotraficantes de menor valía quienes buscan apoderarse de rutas, laboratorios y terrenos de los grandes capos que fueron extraditados o están en la cárcel.
Ese reacomodamiento de los criminales genera guerras urbanas de baja intensidad cuyas batallas se resuelven con asesinatos de personas claves dentro del clan rival.
La situación de violencia en las ciudades se explica en que todo ese accionar criminal, esos recorridos de sangre y muerte, cuentan con una mano de obra disponible, calificada y desesperada: los ex combatientes de las AUC y de las FARC, quienes no han podido reincorporarse a la vida civil y tampoco han recibido el apoyo de una sociedad indolente como la colombiana que sale a gritar a los cuatro vientos que quiere la paz, pero cuando debe comprometerse con la reinserción de los violentos, se llena de pánico y les da la espalda.
Durante la administración de Sergio Fajardo, Medellín fue la ciudad que recibió el mayor número de excombatientes en proceso de reinserción. El trabajo del entonces alcalde fue extraordinario al ejecutar programas para otorgarles otras alternativas de vida distintas a la violencia. En menor medida, Bogotá y Cali fueron receptoras de reinsertados, aunque en estas ciudades los programas locales y el compromiso ciudadano con esta causa, prácticamente brillaron por su ausencia.
Con los golpes propinados por las autoridades al narcotráfico, mandos medios de esas organizaciones criminales han entrado a disputarse el poder y para tal fin, ofrecen altas sumas de dinero a sus “soldados”, muchos de los cuales ceden a la tentación de recibir mayores ingresos, así su destino sea la cárcel o el cementerio… finalmente el asunto para muchos de ellos es retomar aquello que se abandonó en un proceso de paz que no les permitió reincorporarse efectivamente a la vida civil.
En las calles hay miles de ex combatientes buscando una oportunidad para conseguir ingresos, ya sea trabajando honradamente o haciendo “vueltas” para aquellos que intentan convertirse en los nuevos patrones del narcotráfico.
Colombia está viviendo una etapa de post-conflicto paralela al combate contra el terrorismo y contra los ejércitos privados del narcotráfico que han denominado bandas criminales, lo que nos ubica en una situación que no se ha vivido en otros países y obliga tanto al Gobierno como a la sociedad a plantear soluciones que aborden la compleja realidad que vivimos.
Concentrar los esfuerzos de inteligencia únicamente en las FARC es, hoy por hoy, desacertado y riesgoso, pues la percepción de seguridad se ve afectada por el accionar de las bandas emergentes, los sicarios y la amenaza que implica la ambición de aquellos que quieren apoderarse de los feudos que dejaron abandonados los que ahora están judicializados.
Además, los servicios de inteligencia deben trabajar fuertemente en la detección de estos focos violentos para desactivarlos y ponerlos a buen recaudo. Y esta acción requiere rapidez y efectividad, pues si hoy están en proceso de conformación, mañana serán realidades tremendamente difíciles de combatir.
Sin embargo, esto no será posible si los excombatientes de los grupos armados ilegales no encuentran oportunidades reales de reinserción a la vida civil. Algunos de ellos, inevitablemente, retornarán al accionar violento; pero la mayoría, con un proyecto de vida laboral, personal y social, renunciará permanentemente al uso de las armas.
Por Jaime Restrepo. Director de Atrabilioso.
Bogotá y Medellín vienen registrando el incremento del sicariato, recordando los difíciles momentos que vivió el país durante el accionar de Pablo Escobar. En las últimas semanas el problema se ha agravado y las autoridades locales y nacionales parecen impotentes para enfrentar el problema.
Frente a cada acción sicarial, las autoridades se apresuran a anunciar que el móvil fue el ajuste de cuentas, justificación propagandística, mediática y falaz, pues tal afirmación debería ser el resultado de una investigación y no el pronunciamiento en caliente de los funcionarios. Colombia está acostumbrada a comprar la culpabilidad de un sector violento o de un reconocido criminal, a quien se le atribuyen todos los males de la sociedad.
El país vivió la época en que todo lo malo era culpa de Pablo Escobar, o después de las FARC o últimamente de los paramilitares. Si bien es cierto que los mencionados han ocasionado grandes males en Colombia, lo importante no deberían ser los señalamientos calenturientos frente a un micrófono, sino los anuncios de los resultados de una investigación que aclare los hechos y condene a los responsables.
Sin embargo, no se puede ocultar que en la actualidad Colombia es el epicentro de la confrontación entre narcotraficantes de menor valía quienes buscan apoderarse de rutas, laboratorios y terrenos de los grandes capos que fueron extraditados o están en la cárcel.
Ese reacomodamiento de los criminales genera guerras urbanas de baja intensidad cuyas batallas se resuelven con asesinatos de personas claves dentro del clan rival.
La situación de violencia en las ciudades se explica en que todo ese accionar criminal, esos recorridos de sangre y muerte, cuentan con una mano de obra disponible, calificada y desesperada: los ex combatientes de las AUC y de las FARC, quienes no han podido reincorporarse a la vida civil y tampoco han recibido el apoyo de una sociedad indolente como la colombiana que sale a gritar a los cuatro vientos que quiere la paz, pero cuando debe comprometerse con la reinserción de los violentos, se llena de pánico y les da la espalda.
Durante la administración de Sergio Fajardo, Medellín fue la ciudad que recibió el mayor número de excombatientes en proceso de reinserción. El trabajo del entonces alcalde fue extraordinario al ejecutar programas para otorgarles otras alternativas de vida distintas a la violencia. En menor medida, Bogotá y Cali fueron receptoras de reinsertados, aunque en estas ciudades los programas locales y el compromiso ciudadano con esta causa, prácticamente brillaron por su ausencia.
Con los golpes propinados por las autoridades al narcotráfico, mandos medios de esas organizaciones criminales han entrado a disputarse el poder y para tal fin, ofrecen altas sumas de dinero a sus “soldados”, muchos de los cuales ceden a la tentación de recibir mayores ingresos, así su destino sea la cárcel o el cementerio… finalmente el asunto para muchos de ellos es retomar aquello que se abandonó en un proceso de paz que no les permitió reincorporarse efectivamente a la vida civil.
En las calles hay miles de ex combatientes buscando una oportunidad para conseguir ingresos, ya sea trabajando honradamente o haciendo “vueltas” para aquellos que intentan convertirse en los nuevos patrones del narcotráfico.
Colombia está viviendo una etapa de post-conflicto paralela al combate contra el terrorismo y contra los ejércitos privados del narcotráfico que han denominado bandas criminales, lo que nos ubica en una situación que no se ha vivido en otros países y obliga tanto al Gobierno como a la sociedad a plantear soluciones que aborden la compleja realidad que vivimos.
Concentrar los esfuerzos de inteligencia únicamente en las FARC es, hoy por hoy, desacertado y riesgoso, pues la percepción de seguridad se ve afectada por el accionar de las bandas emergentes, los sicarios y la amenaza que implica la ambición de aquellos que quieren apoderarse de los feudos que dejaron abandonados los que ahora están judicializados.
Además, los servicios de inteligencia deben trabajar fuertemente en la detección de estos focos violentos para desactivarlos y ponerlos a buen recaudo. Y esta acción requiere rapidez y efectividad, pues si hoy están en proceso de conformación, mañana serán realidades tremendamente difíciles de combatir.
Sin embargo, esto no será posible si los excombatientes de los grupos armados ilegales no encuentran oportunidades reales de reinserción a la vida civil. Algunos de ellos, inevitablemente, retornarán al accionar violento; pero la mayoría, con un proyecto de vida laboral, personal y social, renunciará permanentemente al uso de las armas.
Por Jaime Restrepo. Director de Atrabilioso.
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