Una patrulla de policía transita por una calle de la ciudad. En un lote, los uniformados observan algo que les llama la atención: un individuo está sujetando a una joven mientras ella, con todas sus fuerzas, intenta liberarse.
Los policías llegan al sitio de los hechos. La mujer grita mientras el agresor intenta huir. Al capturarlo, el sujeto manifiesta que es un alto funcionario judicial y por tal motivo no lo pueden detener, ni procesar, pues él tiene fuero y la policía no tiene competencia para siquiera ponerle las esposas.
La víctima de la agresión instaura la denuncia y lleva los certificados de Medicina Legal que acreditan que las lesiones coinciden con las que se producen en el forcejeo de una violación. ¿Acaso las pruebas y los testimonios pueden ser descartados porque los policías no tienen competencia para investigar al funcionario?
Esto es lo que viene ocurriendo con algunos miembros de las altas cortes: en una investigación por narcotráfico y lavado de activos surgieron los nombres de varios magistrados. Con esas evidencias se decidió profundizar la indagación para establecer si los juristas aparecían accidentalmente o tenían relaciones comerciales con el investigado.
Después de las pesquisas se determinó que existen méritos para que la justicia investigue penalmente al presidente del Consejo de Estado, Rafael Ostau de Lafont; al magistrado de la Corte Yesid Ramírez; al magistrado del Consejo Superior de la Judicatura José Alfredo Escobar Araújo, y al ex magistrado Carlos Isaac Nader.
Un comunicado de la Presidencia informó que la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) estudió los Reportes de Operaciones Sospechosas de algunos ciudadanos y sus posibles vínculos con personas relacionadas con actividades ilícitas donde podrían verse involucrados algunos magistrados.
Más claro: los Reportes de Operaciones Sospechosas se basan en los formularios que se diligencian al abrir una cuenta en un banco, o un CDT, o para adquirir acciones, o seguros, o se va a realizar alguna transacción que supere un monto determinado. Desde el año 2000 esos formularios, más la información que tienen que suministrar los bancos sobre movimientos de altas sumas de dinero; son procesados por la UIAF.
Esa información, que además es cruzada con el Sistema Muisca, permite determinar la procedencia y destinación de activos. Incluso la UIAF ha logrado establecer conexiones financieras entre delincuentes, políticos y empresas pertenecientes a gobiernos extranjeros.
La respuesta al comunicado de la UIAF resulta esclarecedora. El presidente de la Corte Suprema de Justicia habló de competencia y extralimitación de funciones. Ciertamente la Carta del 91 dice que el juez natural de los magistrados es el Congreso. ¿Acaso la UIAF los condenó? No. Al contrario: realizó una investigación en la que salen unos vínculos cruzados y una vez verificó el material, lo puso a disposición de las autoridades competentes.
Resulta absurdo pensar que si un magistrado atropella y mata a un peatón, y Medicina Legal con la Policía de Tránsito hacen la recaudación de pruebas, el funcionario judicial o sus compañeros salgan ante los medios a cuestionar la competencia sobre el acopio de evidencias.
El escándalo que intentan desatar tiene una razón de ser: si las pesquisas de la UIAF son contundentes, los motivos que tenía el DAS para hacer los seguimientos a los magistrados tendrían validez, pues se estaban indagando los nexos de un sospechoso de narcotráfico y lavado de activos con algunos personajes que a pesar del cargo que ostentan, no pueden olvidar que son y serán ciudadanos con derechos y deberes.
No obstante, la evidencia del cinismo judicial queda plasmada en las declaraciones de la presidenta de la Comisión Interinstitucional de Justicia, María Mercedes López, quien aseguró que frente a las denuncias de presuntos actos sospechosos de algunos magistrados, se les debe respetar la presunción de inocencia.
¡Caramba! Ahora, cuando el agua los toca a ellos si salen a dar alaridos por la presunción de inocencia. Sin embargo, cuando en sus fallos han enlodado a terceros con señalamientos que no han sido demostrados en un tribunal, ahí si no opera la cacareada presunción… ¿O es que el ministro Diego Palacio ya fue vencido en juicio?
Es más: la señora López pide diplomacia y prudencia para manejar la información… Intentémoslo: uno de los investigados, el magistrado Yesid Ramírez es el jefe del magistrado auxiliar Iván Velásquez, el intocable de los expedientes fantasma, experimentado buscador de testigos en cantinas y experto en descartar testigos que desmientan sus “investigaciones” o beneficien a su presa. ¿Funciona así la diplomacia pedida por la m,agistrada?
A su turno, los magistrados que se escudan en el muro de las togas y muestran una delictiva solidaridad de cuerpo, deberían aceptar que se adelante cualquier investigación y no recurrir a descalificaciones leguleyas para impedir que el país conozca el proceder torcido, corrupto, y las intenciones prevaricadoras de algunos de sus compañeros: eso, más que los fueros y privilegios inmerecidos, sí beneficia a la democracia.
Por Jaime Restrepo. Director de Atrabilioso.
Los policías llegan al sitio de los hechos. La mujer grita mientras el agresor intenta huir. Al capturarlo, el sujeto manifiesta que es un alto funcionario judicial y por tal motivo no lo pueden detener, ni procesar, pues él tiene fuero y la policía no tiene competencia para siquiera ponerle las esposas.
La víctima de la agresión instaura la denuncia y lleva los certificados de Medicina Legal que acreditan que las lesiones coinciden con las que se producen en el forcejeo de una violación. ¿Acaso las pruebas y los testimonios pueden ser descartados porque los policías no tienen competencia para investigar al funcionario?
Esto es lo que viene ocurriendo con algunos miembros de las altas cortes: en una investigación por narcotráfico y lavado de activos surgieron los nombres de varios magistrados. Con esas evidencias se decidió profundizar la indagación para establecer si los juristas aparecían accidentalmente o tenían relaciones comerciales con el investigado.
Después de las pesquisas se determinó que existen méritos para que la justicia investigue penalmente al presidente del Consejo de Estado, Rafael Ostau de Lafont; al magistrado de la Corte Yesid Ramírez; al magistrado del Consejo Superior de la Judicatura José Alfredo Escobar Araújo, y al ex magistrado Carlos Isaac Nader.
Un comunicado de la Presidencia informó que la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) estudió los Reportes de Operaciones Sospechosas de algunos ciudadanos y sus posibles vínculos con personas relacionadas con actividades ilícitas donde podrían verse involucrados algunos magistrados.
Más claro: los Reportes de Operaciones Sospechosas se basan en los formularios que se diligencian al abrir una cuenta en un banco, o un CDT, o para adquirir acciones, o seguros, o se va a realizar alguna transacción que supere un monto determinado. Desde el año 2000 esos formularios, más la información que tienen que suministrar los bancos sobre movimientos de altas sumas de dinero; son procesados por la UIAF.
Esa información, que además es cruzada con el Sistema Muisca, permite determinar la procedencia y destinación de activos. Incluso la UIAF ha logrado establecer conexiones financieras entre delincuentes, políticos y empresas pertenecientes a gobiernos extranjeros.
La respuesta al comunicado de la UIAF resulta esclarecedora. El presidente de la Corte Suprema de Justicia habló de competencia y extralimitación de funciones. Ciertamente la Carta del 91 dice que el juez natural de los magistrados es el Congreso. ¿Acaso la UIAF los condenó? No. Al contrario: realizó una investigación en la que salen unos vínculos cruzados y una vez verificó el material, lo puso a disposición de las autoridades competentes.
Resulta absurdo pensar que si un magistrado atropella y mata a un peatón, y Medicina Legal con la Policía de Tránsito hacen la recaudación de pruebas, el funcionario judicial o sus compañeros salgan ante los medios a cuestionar la competencia sobre el acopio de evidencias.
El escándalo que intentan desatar tiene una razón de ser: si las pesquisas de la UIAF son contundentes, los motivos que tenía el DAS para hacer los seguimientos a los magistrados tendrían validez, pues se estaban indagando los nexos de un sospechoso de narcotráfico y lavado de activos con algunos personajes que a pesar del cargo que ostentan, no pueden olvidar que son y serán ciudadanos con derechos y deberes.
No obstante, la evidencia del cinismo judicial queda plasmada en las declaraciones de la presidenta de la Comisión Interinstitucional de Justicia, María Mercedes López, quien aseguró que frente a las denuncias de presuntos actos sospechosos de algunos magistrados, se les debe respetar la presunción de inocencia.
¡Caramba! Ahora, cuando el agua los toca a ellos si salen a dar alaridos por la presunción de inocencia. Sin embargo, cuando en sus fallos han enlodado a terceros con señalamientos que no han sido demostrados en un tribunal, ahí si no opera la cacareada presunción… ¿O es que el ministro Diego Palacio ya fue vencido en juicio?
Es más: la señora López pide diplomacia y prudencia para manejar la información… Intentémoslo: uno de los investigados, el magistrado Yesid Ramírez es el jefe del magistrado auxiliar Iván Velásquez, el intocable de los expedientes fantasma, experimentado buscador de testigos en cantinas y experto en descartar testigos que desmientan sus “investigaciones” o beneficien a su presa. ¿Funciona así la diplomacia pedida por la m,agistrada?
A su turno, los magistrados que se escudan en el muro de las togas y muestran una delictiva solidaridad de cuerpo, deberían aceptar que se adelante cualquier investigación y no recurrir a descalificaciones leguleyas para impedir que el país conozca el proceder torcido, corrupto, y las intenciones prevaricadoras de algunos de sus compañeros: eso, más que los fueros y privilegios inmerecidos, sí beneficia a la democracia.
Por Jaime Restrepo. Director de Atrabilioso.
6 comentarios:
Aunque quizas la ventilacion de tantos problemas e irregularidades continue por un tiempo largo, y que quizas no es exclusivo a Colombia, uno puede adelantar una conclusion que es consistente a traves del tiempo:
Se necesitan normas y responsabilidades como parte del derecho a vivir y convivir en sociedad. La justicia tiene sentido de existencia en ese contexto.
Lo otro es que obviamente los medios se han posicionado en el palco principal que en una forma u otra rige todo: tanto en lo economico, social, judicial, y hasta legal.
Entonces eso muestra la necesidad que tienen las sociedades (a cualquier grado de 'avance') de tener administracion y etica, en las instituciones que sean, y que cada cual por su lado, sin ley y haciendo lo que le de la gana (en total libertad?) no conduce sino a caos.
No se si eso lo promocionan, o quieren propagar, bajo alguna corriente politica, o si es equivalente a lo que Ruiz y otros llaman 'libertario', o libertinaje.
No son exigencias de mandar a otro, son necesidades que han demostrado producen benficios realmente comunes.
Su tema de justicia es interesante.
Mt
Jaime, efectivamente la conducta de la Corte es el colmo del cinismo, exactamente lo que se espera de unos malhechores dedicados a lucrarse de negocios criminales. Eso ya se evidenció con ocasión del caso Tasmania, cuando todos se pusieron de parte del magistrado acusado a pesar de que era evidente que la reunión con el sicario era ilícita y por eso no se levantaron actas.
Cada vez más la CSJ es el refugio del crimen, la institución dedicada a asegurar que los secuestradores sigan secuestrando y los traficantes de cocaína sigan traficando. La versión de los "colombianos y colombianas por la paz" incrustada en la zona más sensible del Estado y dedicada a asegurar la continuidad de los negocios criminales.
Ojalá el próximo gobierno piense seriamente en convocar una Constituyente que permita sacar del Estado a esa caterva de asesinos y rateros. Si no, la posibilidad de retorno del infierno de las décadas pasadas es altísima.
MARY T:
Hay varias cosas que me parecen urgentes: ciertamente las normas son necesarias, pero ocurre un fenómeno muy complicado y es el de las interpretaciones. Hablamos en este post del fuero constitucional, es decir, de un privilegio que tienen ciertos personajes para ser JUZGADOS por solo una instancia.
Lo peor es la interdependencia absurda que existe entre juez y sindicado, pues los papeles los asume algunas veces la Corte y otras, la Comisión de Acusación. Eso es un adefesio jurídico que no da más.
Ciertamente la ley es indispensable, pero también lo es que aquellos que la administran, no se sientan intocables o se despojen de la solidaridad de cuerpo que se evidencia hoy por hoy.
Un abrazo.
JAIME RUIZ:
Este caso, que es el más reciente escándalo, configura todos los males que hacen presencia en las cortes y en la justicia en general.
Ahora que están comenzando a ambientar una Constituyente, es importante que al margen de la segunda reelección, se aborden problemas realmente serios en el país, como la administración del poder judicial.
Un abrazo.
La que se extralimitó fue la Corte cuando trató a través de Iván Velásquez investigar al ex senador Vargas Lerras.
ANÓNIMO:
Es interesante lo que usted afirma y vale la pena aclararlo: no es la investigación en sí... es la forma como Velásquez estaba recaudando las pruebas, el emborracharse con testigos y todas las anomalías que ese personaje INTOCABLE ha cometido en la persecusión política en la que él hace los mandados de sus jefes.
Eso es lo más grave: que a Vargas Lleras lo investigue el que quiera, pero solo lo puede judicializar una institución... estoy seguro que él no tiene deudas pendientes de índole judicial, pero los excesos cometidos por el magistrado Velásquez si son tremendos.
Un abrazo.
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