La conversación entre el ex ministro Fernando Londoño y el general Rito Alejo del Rio causó controversia en el país. Como tenía que ser, el medio especializado en adquirir interceptaciones telefónicas (¿cómo lo hace y cuánto le cuesta?), consiguió una comunicación entre Londoño y el general del Río, en la que hablan de unas denuncias contra la ONG Comisión intereclesial de justicia y paz.
Estos son algunos apartes de la conversación interceptada:
Las denuncias contra la ONG efectivamente fueron hechas por un grupo de habitantes de Cacarica, ubicada en el bajo Atrato. Curiosamente Noticias Uno tuvo acceso a los denunciantes pero no publicó absolutamente nada. El Tiempo, entre gallos y media noche, subió un video de la entrevista en la que se hacen graves denuncias.
Los “negritos” a los que hace referencia el general Rito Alejo del Río manifestaron que en febrero del 97 fueron desplazados por la guerrilla y por ese motivo se refugiaron en Turbo, en la región de Urabá. Cuentan que una semana después apareció la ONG Comisión Intereclesial Justicia y paz, para hacerles un supuesto acompañamiento.
Los denunciantes aseguran que han pasado 10 años desde la llegada de la ONG que ha recibido, según ellos, “cualquier cantidad de millones a nombre de las comunidades: la ONG Justicia y paz recibe mucha plata a nombre de nuestras comunidades, pero no hemos recibido beneficios de ellos… nunca se ve nada”.
Así mismo, los “negritos” del General denuncian que están amenazados de muerte nada menos que por la ONG Justicia y paz y sostienen que está pidiendo que los investiguen porque supuestamente son paramilitares. Los ciudadanos de Cacarica rematan diciendo que la ONG no quiere que se investigue ni se conozca la verdad.
¿Qué piensa Justicia y paz?
La ONG Comisión Intereclesial Justicia y paz tiene una visión particular sobre el significado de la violación de derechos humanos. Dice, en su página web:
El sesgo de la ONG del cura Javier Giraldo es enorme, pues de plano Justicia y paz excluye las violaciones de Derechos Humanos que cometen a diario las Farc y el terrorismo en general. Para esta ONG solo se pueden considerar violaciones a dichos derechos, los abusos y tropelías que han cometido los paramilitares y algunos miembros de las Fuerzas Armadas, pues lo otro deben ser crímenes altruistas: la incineración de Machuca, la masacre de Bojayá, o de Tacueyó, o el atentado contra el club El Nogal, entre muchas otras, quedan excluidas de la particular definición que tiene Justicia y paz sobre la violación de los derechos humanos.
¿Puede tener credibilidad una ONG que muestra semejante sesgo a favor del terrorismo? Además, porque esa justificación tácita a las Farc sugiere que cualquier acción que se emprenda contra la organización terrorista, será percibida como una violación de derechos humanos, pues a Justicia y paz, según sus propios enunciados, solo le interesa vigilar las acciones del Estado para combatir las amenazas terroristas y no considera en ningún momento la barbarie que ha desatado la guerrilla en todo el país.
Sin embargo, la Comisión Intereclesial Justicia y paz no se va por las ramas en pregonar sus simpatías por el terrorismo. La quinta razón que justifica la existencia de la ONG es contundente:
Justicia y paz habla del ejercicio del Derecho de Guerra, lo que a simple vista se podría interpretar como la aplicación de las diferentes normas internacionales establecidas en las Convenciones de Ginebra. Pero la realidad demuestra que los protegidos de la ONG NUNCA se han acogido al DIH, mantienen campos de concentración con secuestrados, asesinan, extorsionan y en general, cometen crímenes de lesa humanidad. Pareciera que Justicia y paz reclama algo mucho más simple: que las Farc, y el terrorismo en general, tienen derecho a cometer crímenes altruistas, justificados en “imperativos éticos” como la pobreza, la exclusión y la inequidad… tres factores a los que las Farc y sus socios han contribuido decididamente.
Sin embargo, esta adhesión no es gratuita y por lo tanto, aquellos miles y miles de colombianos que han sido víctimas de las Farc, solo pueden contar con Justicia y paz como un apéndice del grupo terrorista. Esto explica la persecución a los voceros de la comunidad de Cacarica, pues dicha comunidad fue víctima de las Farc y al ser justificados los delitos y el desplazamiento que cometió la guerrilla contra ellos, y a la luz de la particular definición de violación de derechos humanos, los ciudadanos de Cacarica no son objeto de protección, ni de derechos, ni de simpatías por parte de la ONG.
No obstante, la Comisión Intereclesial Justicia y paz no se detiene en la adhesión, sino que enumera las acciones del terrorismo que, a su juicio, son comprensibles y justificables, como la financiación y reclutamiento ilegal –incluyendo, claro está, el reclutamiento de menores y el dinero del narcotráfico-, las emboscadas, la destrucción de infraestructura –que Justicia y paz llama símbolos del Estado y de la sociedad- como torres de electricidad, puentes, etc.- y técnicas de bajo costo como los cilindros bomba y minas antipersona. Todo lo anterior no solo lo comprende la ONG, sino que lo valida en su exposición de motivos, en su razón de ser.
En otro aparte de sus motivaciones, la Comisión Intereclesial de Justicia y paz quiere contribuir a “la transformación de las estructuras militares, de su ideología y de sus privilegios económicos”, acogiéndose a un viejo modelo que funcionó en Venezuela. Después de la dictadura de Pérez Jiménez, el Estado venezolano inició un proceso de modificación de sus estructuras militares desde las academias de instrucción. Fue así como se dio paso a la formación de cuadros de mando mediante el nombramiento de instructores políticos de izquierda. Con el tiempo, uno de los frutos de esa transformación militar intentó un golpe de Estado en 1992 y unos años después llegó a la presidencia.
Las razones expuestas por la ONG Justicia y paz son las mismas que han definido a las Farc desde sus inicios y demuestran que hay más que coincidencias entre la ONG y el terrorismo colombiano. Es evidente la unidad de propósitos y el trabajo mancomunado para alcanzar los fines que se han propuesto: llegar al poder y estructurar un sistema totalitario que les permita cobrar las utilidades de la defensa a ultranza del terrorismo. Aunque, según los testigos, ya se han pagado unas cuantas cuotas con las donaciones y el dinero recaudado a nombre de las comunidades que no han recibido beneficio alguno de la militancia pro-terrorista de la Comisión Intereclesial Justicia y paz.
Por Jaime Restrepo. Director de Atrabilioso.
Estos son algunos apartes de la conversación interceptada:
General Rito Alejo del Río: Doctor buenos días...
Fernando Londoño: Hola mi General, ¿qué ha habido?
GRAdR: Yo creo que después de que salgan estos negritos voy a salir por el único medio que estaba pensando que es por el suyo.
FL: Pues General, muchas gracias y muy complacido. Usted me dice cuando y yo estoy listo.
GRAdR: Estos negros están dando con toda y están contando la realidad y ayer se despacharon, yo no creí que fueran tan frenteros estos verracos. Se despacharon, pero muy duro, sin tocara nada del nombre mío, únicamente hablaron de lo que es “Justicia y paz” allá. Es decir, es una verraquera esa vaina. Esos negritos me cogieron vara porque hablaron con una claridad pero tremenda.
FL: ¿Y eso nos dará pie para denunciar penalmente al cura?
GRAdR: Si, claro, claro.
FL: Recójame todo esto y nos vamos lanza en ristre.
GRAdR: Pa ponerlo hablar a uno de ellos por lo menos unos quince minuticos.
FL: El lunes en la tarde, por ahí a las cinco de la tarde.
GRAdR: Entonces a las 5 de la tarde y que preparen todo para el martes, y no importa yo hablo con ellos para que se queden y se vayan el martes por la tarde.
¿Sería para prepararlos el martes?
Las denuncias contra la ONG efectivamente fueron hechas por un grupo de habitantes de Cacarica, ubicada en el bajo Atrato. Curiosamente Noticias Uno tuvo acceso a los denunciantes pero no publicó absolutamente nada. El Tiempo, entre gallos y media noche, subió un video de la entrevista en la que se hacen graves denuncias.
Los “negritos” a los que hace referencia el general Rito Alejo del Río manifestaron que en febrero del 97 fueron desplazados por la guerrilla y por ese motivo se refugiaron en Turbo, en la región de Urabá. Cuentan que una semana después apareció la ONG Comisión Intereclesial Justicia y paz, para hacerles un supuesto acompañamiento.
Los denunciantes aseguran que han pasado 10 años desde la llegada de la ONG que ha recibido, según ellos, “cualquier cantidad de millones a nombre de las comunidades: la ONG Justicia y paz recibe mucha plata a nombre de nuestras comunidades, pero no hemos recibido beneficios de ellos… nunca se ve nada”.
Así mismo, los “negritos” del General denuncian que están amenazados de muerte nada menos que por la ONG Justicia y paz y sostienen que está pidiendo que los investiguen porque supuestamente son paramilitares. Los ciudadanos de Cacarica rematan diciendo que la ONG no quiere que se investigue ni se conozca la verdad.
¿Qué piensa Justicia y paz?
La ONG Comisión Intereclesial Justicia y paz tiene una visión particular sobre el significado de la violación de derechos humanos. Dice, en su página web:
"Por violación de Derechos Humanos debe entenderse toda conducta positiva o negativa mediante la cual un agente directo o indirecto del Estado vulnera, en cualquier persona y en cualquier tiempo, uno de los derechos denunciados y reconocidos por los instrumentos que conforman el Derecho Internacional de los Derechos Humanos".
El sesgo de la ONG del cura Javier Giraldo es enorme, pues de plano Justicia y paz excluye las violaciones de Derechos Humanos que cometen a diario las Farc y el terrorismo en general. Para esta ONG solo se pueden considerar violaciones a dichos derechos, los abusos y tropelías que han cometido los paramilitares y algunos miembros de las Fuerzas Armadas, pues lo otro deben ser crímenes altruistas: la incineración de Machuca, la masacre de Bojayá, o de Tacueyó, o el atentado contra el club El Nogal, entre muchas otras, quedan excluidas de la particular definición que tiene Justicia y paz sobre la violación de los derechos humanos.
¿Puede tener credibilidad una ONG que muestra semejante sesgo a favor del terrorismo? Además, porque esa justificación tácita a las Farc sugiere que cualquier acción que se emprenda contra la organización terrorista, será percibida como una violación de derechos humanos, pues a Justicia y paz, según sus propios enunciados, solo le interesa vigilar las acciones del Estado para combatir las amenazas terroristas y no considera en ningún momento la barbarie que ha desatado la guerrilla en todo el país.
Sin embargo, la Comisión Intereclesial Justicia y paz no se va por las ramas en pregonar sus simpatías por el terrorismo. La quinta razón que justifica la existencia de la ONG es contundente:
Comprendemos que las expresiones de rebelión armada a través de las guerrillas existentes en Colombia han nacido en convicciones éticas y políticas de transformación de una sociedad estructuralmente injusta, excluyente, antidemocrática.Esto parece más una declaración de adhesión a las Farc, que un compromiso de una ONG, o de cualquier organización, para preservar los derechos humanos. Ni más ni menos, Justicia y paz está justificando y reivindicando la violencia terrorista, apegándose al derecho de guerra y a la rebelión armada como argumentos para validar el accionar demencial de las Farc, del Eln y de sus secuaces.
La existencia de diversas organizaciones armadas guerrilleras son la expresión del ejercicio del Derecho a la Guerra, a la Rebelión Armada reconocida en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en los Derechos de los Pueblos, en tratados de humanistas y de iglesias en el mundo.
En su historia, los grupos guerrilleros en Colombia, por los imperativos éticos que los inspiran, han construido modos y mecanismos de exigencia interna y externa de su actuación con la población, que le son obligantes y les han diferenciado del Estado al que pretenden transformar.
Justicia y paz habla del ejercicio del Derecho de Guerra, lo que a simple vista se podría interpretar como la aplicación de las diferentes normas internacionales establecidas en las Convenciones de Ginebra. Pero la realidad demuestra que los protegidos de la ONG NUNCA se han acogido al DIH, mantienen campos de concentración con secuestrados, asesinan, extorsionan y en general, cometen crímenes de lesa humanidad. Pareciera que Justicia y paz reclama algo mucho más simple: que las Farc, y el terrorismo en general, tienen derecho a cometer crímenes altruistas, justificados en “imperativos éticos” como la pobreza, la exclusión y la inequidad… tres factores a los que las Farc y sus socios han contribuido decididamente.
Sin embargo, esta adhesión no es gratuita y por lo tanto, aquellos miles y miles de colombianos que han sido víctimas de las Farc, solo pueden contar con Justicia y paz como un apéndice del grupo terrorista. Esto explica la persecución a los voceros de la comunidad de Cacarica, pues dicha comunidad fue víctima de las Farc y al ser justificados los delitos y el desplazamiento que cometió la guerrilla contra ellos, y a la luz de la particular definición de violación de derechos humanos, los ciudadanos de Cacarica no son objeto de protección, ni de derechos, ni de simpatías por parte de la ONG.
No obstante, la Comisión Intereclesial Justicia y paz no se detiene en la adhesión, sino que enumera las acciones del terrorismo que, a su juicio, son comprensibles y justificables, como la financiación y reclutamiento ilegal –incluyendo, claro está, el reclutamiento de menores y el dinero del narcotráfico-, las emboscadas, la destrucción de infraestructura –que Justicia y paz llama símbolos del Estado y de la sociedad- como torres de electricidad, puentes, etc.- y técnicas de bajo costo como los cilindros bomba y minas antipersona. Todo lo anterior no solo lo comprende la ONG, sino que lo valida en su exposición de motivos, en su razón de ser.
En otro aparte de sus motivaciones, la Comisión Intereclesial de Justicia y paz quiere contribuir a “la transformación de las estructuras militares, de su ideología y de sus privilegios económicos”, acogiéndose a un viejo modelo que funcionó en Venezuela. Después de la dictadura de Pérez Jiménez, el Estado venezolano inició un proceso de modificación de sus estructuras militares desde las academias de instrucción. Fue así como se dio paso a la formación de cuadros de mando mediante el nombramiento de instructores políticos de izquierda. Con el tiempo, uno de los frutos de esa transformación militar intentó un golpe de Estado en 1992 y unos años después llegó a la presidencia.
Las razones expuestas por la ONG Justicia y paz son las mismas que han definido a las Farc desde sus inicios y demuestran que hay más que coincidencias entre la ONG y el terrorismo colombiano. Es evidente la unidad de propósitos y el trabajo mancomunado para alcanzar los fines que se han propuesto: llegar al poder y estructurar un sistema totalitario que les permita cobrar las utilidades de la defensa a ultranza del terrorismo. Aunque, según los testigos, ya se han pagado unas cuantas cuotas con las donaciones y el dinero recaudado a nombre de las comunidades que no han recibido beneficio alguno de la militancia pro-terrorista de la Comisión Intereclesial Justicia y paz.
Por Jaime Restrepo. Director de Atrabilioso.
18 comentarios:
La Entrevista
“Me convertí en una mujer incómoda”
Gloria Cuartas, la mujer que presenció los horrores de la violencia en Urabá y levantó la voz para denunciar sin ser escuchada y sí satanizada por quienes han sido objeto de sus denuncias, rompe el silencio.
Por Margarita Vidal
Hace doce años, durante una visita a Cali, cuando era alcaldesa de Apartadó, Gloria Cuartas, quien acababa de recibir un reconocimiento mundial de la Unesco por su trabajo en pro de la paz en el Urabá antioqueño, se emocionó hasta las lágrimas cuando los estudiantes del Colegio Berchmans no sólo la acogieron y le manifestaron su apoyo, sino que la aplaudieron a rabiar durante su exposición, inscrita en los actos de paz que se realizaban en Cali.
Gloria pedía a los caleños aprovechar la capacidad de convocatoria, frente a los procesos de pacificación, del obispo monseñor Isaías Duarte Cancino, quien se había destacado por su heroica gestión en la mencionada zona bananera de Antioquia. El prelado sería asesinado seis años después cuando salía de celebrar una misa en la parroquia del Buen Pastor, del barrio Ricardo Balcázar.
Gloria, una mujer hecha de garra y valor, que presenció los horrores de la violencia en Urabá, que levantó la voz para denunciar y señalar sin ser escuchada, que ha sido satanizada y estigmatizada por quienes han sido objeto de sus denuncias, que ha sido perseguida y amenazada de muerte, que levantó cientos de cadáveres en su condición de alcaldesa, es una sobreviviente.
Ella ha afrontado estoicamente las duras consecuencias por su decisión de ser la voz de las víctimas y por librar sucesivas batallas en contra de la impunidad de los victimarios. Hoy continúa su labor comunitaria en la capital y ve cómo se cumple esa ley no escrita, pero inexorable de que “el pasado no perdona”: la Fiscalía General de la Nación ordenó la captura del General (r) Rito Alejo del Río, quizás el militar más cuestionado en la historia reciente del ejército colombiano y cuyo nombre aparece en varios informes de organismos internacionales sobre violaciones a los derechos humanos.
Considerado por ONG como símbolo del terrorismo de Estado, el general Rito Alejo ha sido aclamado por algunos como el héroe que logró la pacificación de Urabá, a través de su gestión al frente de la XVII Brigada. Sólo que, según numerosas denuncias, ésta se hizo en alianza con los paramilitares.
Gloria Cuartas y el sacerdote jesuita Javier Giraldo, vocero de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, han sido llamados a declarar en este nuevo proceso, luego de años en que sus voces han clamado en el desierto. ¿En vano? La justicia lo dirá.
Sé que ha tenido años de un proceso durísimo, ¿cómo llegó a Bogotá?
Vine a Bogotá porque la Red Nacional de Mujeres me acogió ya que era difícil llegar por muchas razones: por mi posición política, por mi manera de ver la situación del país, porque a veces me convertí en una mujer incómoda.
Entonces me decían: me alegra mucho verte, que buena tu valentía, pero aquí no hay trabajo. Pasé cinco años en situaciones muy difíciles, acompañando procesos comunitarios, más por opción personal que por vínculos laborales.
¿Quiere eso decir que su valerosa actitud de denuncia le pasó cuenta de cobro?
Todo tiene un costo. Podría haber optado por el silencio y la comodidad aquí o fuera del país.
Pude haber aceptado cargos por fuera o haberme acomodado en una estructura donde no pasara nada. Hoy tengo 48 años, y los últimos 13 los he pasado batallando, porque Apartadó cambió mi vida.
¿En qué sentido?
Todo lo que yo había hecho en diferentes partes del país como trabajadora social dentro de una posición política y ética se define en Apartadó. Haber sido testigo de 1.200 crímenes, ver decenas de mujeres violadas y asesinadas, de presenciar cómo le cortaban la cabeza a un niño y me la tiraban a mí, de ver como mataban ancianos, me indicó, en un momento determinado, que ya no tenía nada qué perder y que iría hasta el final, fuera como fuera y sin importar escaseces.
En el momento en que le quitan la cabeza a César Augusto, un niño de doce años, estudiante de una vereda, Victoria, otra niña que estaba conmigo, me indica que nos escondamos debajo de una cama y me dice: Los niños de la escuela no la vamos a dejar matar. Entendí que yo tenía que asumir una actitud hacia el futuro y que ese futuro no dependía de estar allá.
Aunque tuviera que salir de la zona, por muchísimas razones, tenía que seguir trabajando para que se esclareciera la situación de la región, para que se supiera qué ocurrió allí entre 1995 y 1997 y que el país no ha querido afrontar.
Era la época de la ‘pacificación’. ¿Cómo analiza usted esa estrategia que, entre otras cosas, ha vuelto a poner en la picota al general Rito Alejo del Río?
Yo me posesioné el 1 de enero de 1995, a través de un acuerdo básico que se llamaba Consenso por la Paz, donde estaban todas las fuerzas sociales y políticas de la zona. Por un lado se hablaba del acuerdo regional humanitario encaminado, supuestamente, a buscar nuevas salidas políticas en la zona y, por el otro lado, se veía venir el diseño de una política, de un plan estructurado, planificado y pensado para eliminar a la izquierda.
En esa época se hablaba de la Operación Génesis, ¿qué fue?
Un plan, una estrategia de exterminio. Operación Génesis no arranca necesariamente en el 95, ya estaba pensada desde mucho antes y se puso en marcha en ese año porque es el momento en que se transforma el uso del suelo en la región de Urabá.
¿Era un plan para eliminar a la izquierda y facilitar el retorno de los partidos liberal y conservador a la zona? ¿Se trataba de acabar con la guerrilla sin negociación y para ello había que empezar en un campo experimental como el de Urabá? Yo venía de hacer un acompañamiento de la Unión Patriótica, en la que muchos veían como una nueva oportunidad política para el país, pero todo se había ido derrumbando.
Era una situación terrible. Los concejales de Urabá me decían que trabajara por el acueducto, el alcantarillado, la energía y que no me metiera en los asuntos de orden público porque eso estaba a cargo del gobernador, que era Álvaro Uribe Vélez.
Hoy puedo afirmar que todo ese proceso no se trató de acciones aisladas, ni que a un general se le ocurriera hacer alianzas con Carlos Castaño o que Pedro Juan Moreno, por opción personal, le diera personería jurídica a Papagayo, la cooperativa de las Convivir o que al azar se estuvieran consolidando las nuevas políticas de la zona. Allí había un plan pensado, estructurado y ejecutado con precisión.
Pero también la acción de las guerrillas era aterradora...
Claro, las acciones de las Farc o del Epl en la región del Urabá fueron muy graves, pero no creo que la decisión de eliminar a la población civil como una forma de eliminar a la guerrilla, haya sido la acertada. Yo creo que hubo una decisión política de eliminar todo el movimiento social del Urabá y hablo especialmente de Apartadó. Las masacres se sucedían unas a otras y veinte mil hectáreas de tierra fueron desalojadas.
Tuvimos registro oficial de cientos de familias despojadas, hombres, mujeres y niños, y todo lo fuimos documentando con el Comité de Medicina Legal que se estableció con distintas entidades y todo quedó debidamente certificado.
Yo creo que la captura de Rito Alejo del Río hoy tiene implicaciones muy serias que el país no alcanza a dimensionar ni siquiera cuando yo misma asumo la responsabilidad de plantear que cualquier investigación al general Rito Alejo, la que sea, necesariamente toca al Presidente de la República, porque Rito Alejo era el comandante de la XVII Brigada y Álvaro Uribe era el Gobernador de Antioquia.
Bien lo dice Fernando Londoño en alguna de sus columnas: “Gracias a la decisión del presidente Uribe, gobernador en ese entonces, Rito Alejo logró pacificar la zona”.
¿Qué cree que pasará con Rito Alejo?
Hicimos un derecho de petición al Fiscal General en el que le decimos que es muy importante que asuma personalmente el caso, porque no puede volver a suceder que lo dejen libre por errores de procedimiento.
Usted nombró la cooperativa de las Convivir, ‘Papagayo’, ¿qué tuvo que ver con el tema de la violencia de Urabá?
Tengo este documento firmado por el gobernador Álvaro Uribe Vélez, Resolución No.42360 de noviembre de 1996, reconociendo la Personería Jurídica a la entidad denominada Asociación Convivir Papagayo, con domicilio en el municipio de Carepa, Antioquia. Como recordará, Papagayo fue la que recibió los recursos de Chiquita Brands para montar la estructura que desencadenó en la región del Urabá antioqueño la eliminación sistemática de las personas. Cuando a mí me dicen muestre una prueba, yo muestro ésta. Es una prueba material. El Heraldo de Urabá, un periódico local que cubría todos los conflictos regionales, registró todos los hechos para que los interpretara la historia y si hoy uniéramos esos textos a las versiones de HH, a las mías y a las de tantos otros, en la Fiscalía podrían armar el rompecabezas. La gran pregunta es: ¿Quién se atreve a armar ese rompecabezas?
Podría ser el Fiscal, porque de lo contrario, ¿por qué ha abierto el caso de Rito Alejo?
Yo creo que se hará hasta lo imposible para depositar la culpabilidad de todo en Rito Alejo del Río. Y quiero manifestar esa preocupación porque el responsable no es única y exclusivamente el general del Río.
Suponiendo que ocurriera nuevamente -y supuestamente en contraevidencia- una exoneración del general del Río, queda de todas maneras una instancia más alta que es la Corte Penal Internacional, que tiene la lupa sobre Colombia.
¿Estaría dispuesta a ir hasta allá?
Pues claro. Lo que yo le digo es que hay un grupo de abogados que me acompañan y que no vamos a desistir. El tiempo me ha enseñado que esto es largo y que hay que tener paciencia.
Han pasado 13 años y yo cada día recuerdo el nombre de las víctimas y veo que en San José de Apartadó hay hoy, nuevamente, una estructura paramilitar que tiene el control económico, político y social de la región. Esa es una realidad actual.
El periodista Daniel Coronel hace un año hizo una denuncia pidiendo explicaciones para la “racha inexplicable y fatal” que ha ido acabando a quienes se han atrevido a atestiguar en contra del General Rito Alejo del Río y se refiere, entre otros, a Oswaldo de Jesús Giraldo...
Sí. Los abogados que acompañaron ese proceso están en Bogotá y son testigos de que ya estaba toda la denuncia lista. El CTI estaba al tanto, pero llega un miembro del equipo de abogados del general Rito Alejo y lo amenaza diciendo que si no se retracta acaban con su familia. Fue tanta la presión que él advierte que lo van a matar, y a su familia, y que él se retracta. Así lo hizo y sin embargo al salir de la cárcel lo mataron.
Está, por ejemplo, el caso de Pedro Juan Moreno, que había empezado a contar cosas en su periódico La Otra Verdad. Yo estoy segura de que Pedro Juan fue eliminado por las estructuras que rodean al presidente Uribe.
¿Pero por qué?
No es que él no esté implicado. Está implicado. Y le digo que si algo ha caracterizado al presidente Uribe es la capacidad absoluta de borrar pruebas. Entonces siempre aparece impecable, inocente, como el padre protector que trae el orden, pero de él no se sabe nada. Por eso, que Gloria Cuartas diga cosas, que denuncie y que acuda a las instancias judiciales, sólo significa que habla mucho o que está loca. No se le da credibilidad a mis palabras y a las experiencias que viví. Pero resulta que lo mismo que yo he dicho siempre lo estaba publicando también Pedro Juan y cuando empieza a hacerlo, en su periódico La Otra Verdad, muy convenientemente se muere. Yo no creo en el accidente de Pedro Juan. Él podía morirse de cualquier otra manera, pero no por un problema de seguridad.
¿A qué le apunta usted ahora?
Vamos a trabajar muy duro en el tema de la justicia en las instancias nacional e internacional porque todos los casos los cerraron por falta de pruebas- entre comillas- Ni siquiera cupo la responsabilidad por omisión.
Era sencillamente imposible que hubiera sucedido lo que sucedió cuando había más de 16 mil hombres en las Brigadas Móviles de la región del Urabá, a menos de media hora entre Carepa y Apartadó y que se hubiera presentado un cuadro criminal como el que sucedió.
A esto añádale el maltrato a las autoridades locales, la arrogancia del ejército, la creación de las zonas especiales de orden público. Para mí, Urabá fue el laboratorio de lo que se conoce como Política de Seguridad Democrática”.
¿Dónde entra Uribe?
Álvaro Uribe como gobernador hizo tres cosas: la zona especial de orden público –entregar a los militares el control de zonas, pasando por encima de los alcaldes y los concejales elegidos por el pueblo–. Un poder militar por encima de todo. En segundo lugar, las Convivir: legalización del paramilitarismo antes de la Ley de Justicia y Paz. Una de ellas autorizada por él, y tres: instalar todo un discurso de fuerza en la zona como vía para encontrar la llamada pacificación de entonces.
Ese modelo lo que hizo fue replegar de la zona a la guerrilla, reordenar el uso del suelo en una zona en la que, aún en los días mas críticos, hubo la más alta rentabilidad económica. En fin, es una larga y triste historia que tiene que aclararse. Por eso creo que la vía Rito Alejo del Río puede conducir a otro infierno. Allí están implicados empresarios, tal como ocurrió en otras regiones del país, cuyos nombres tienen que revelarse.
¿Dónde están hoy los políticos de la zona? ¿Dónde están los responsables? Yo por eso no creo en la Ley de Justicia y Reparación. Algo muy endeble e improvisado que de todas maneras sufrió un golpe de muerte con la conveniente extradición de los 14 jefes paramilitares. Las víctimas piden justicia y la única manera de conseguirla y de que el país empiece a sanar de unas heridas tan horrendas, es que se sepa la verdad.
El episodio del niño al que le arrancaron la cabeza, ¿cómo sucedió?
Fue entre julio y agosto del 96 en la Escuela La Cadena, César Augusto, un niño de 12 años, vio que los paramilitares pintaban consignas en la pared. Cuando yo llegué con el resto de los niños me contaron que César Augusto había sido testigo de la acción de los paramilitares.
Cuando miré hacia atrás de la escuela los paramilitares habían cogido al niño y delante de nosotros le quitaron la cabeza y nos la arrojaron. Yo permanecí allí como 5 horas con los niños, en medio de una balacera, porque la Cruz Roja Internacional no entró dizque porque no había condiciones.
El general Rito Alejo dijo después: “Eso no pasó. Esas son visiones suyas. Usted va a tener que buscar ayuda”. Decirme eso a mí que había visto a la mamá con el cuerpo del niño y a su hermanita con la cabeza. No. Ni fueron visiones, ni estuve, ni estoy loca. Lo que vi lo vi.
Todo sucedía mientras yo le insistía al general Rito Alejo que hiciera algo porque los paramilitares estaban acabando con todo. “Haga algo General”, le decía yo. Mientras tanto él se reunía con ellos en la finca de Augura, en el Club Social, en San Pedro de Urabá
ANÓNIMO:
¿Y qué razones tiene Gloria Cuartas para no hablar, por ejemplo, de la masacre de La Chinita en Apartadó? Más de 30 ex combatientes de Esperanza, Paz y Libertad fueron asesinados por las Farc. Pero eso se tapa, se deja de lado, para incomodar a unos y no tocar a los otros.
La entrevista resulta esclarecedora en ese sentido.
Gracias por el copy-paste.
Maravilloso el "y tú más"
El manejo que Noticias Uno le dio a la conversación de Londoño con Del Río da para hacer toda una antología de la manipulación mediática en nombre de los que "luchan contra la manipulación mediática".
Y que puede denunciar una delincuente como Gloría Cuartas que salió en un video pidiendo libertad para los camaradas simón y sonia?
yo propongo que creemos una ong para denunciarlos delitos de la farc y sus esbirros.
Atrabilioso,
me disculpo por no comentar directamente sobre el tema. Es mas, quise leer y dar opinion en un tema que es hasta mejor no andar opinando. Y la pregunta es, para que?
Bueno, para que tener libertad, orden, justicia, leyes, civilization, educacion, caramba la siempre valiosa ciencia (para aquellos no tan mercaderes de esta, sobretodo), valores familiares y valores humanos?---ONG's ejemplo, o abogados e infraestructura de educacion, pagar impuestos, policias, y las siempres romanticas guerrillas para los extranjeros, y contraguerrilas o ilegales drogas que necesitan de cooperacion internacional, y el muy eficiente ataque de 'tu mama'.
Ademas, tenemos toda una elaboracion de almidonados miembros de organismos internacionales, tipo ONU. Con sus respectivos galardones, seguramente que en mayoria bien ganados, ejemplo esta la paz que vemos hoy el mundo disfruta y la bonanza de tecnologia que cualquierita puede disfrutar desde un cafe de internet, y que puede ser pagado con un pequeño atraco, sin dejar ni un rasguño.
Y la tan apreciada por tantos comunicacion, particularmente la high tech en la que los cerebros mas inteligentes plasman su elevado IQ.
ETC.
... respiro...
El desmotivante es el ultimo capitulo en la asombrosa evolucion de la politica y su marketing... el video de las politicas mujeres gringas... me recuerda el de la Yidis.
Pero aun ASI.... NO, no nos vamos a la guerra.
Parece que ya hay mucho daño sicologico para recibir mas, y pensar que si las esperanzas estan siendo cifradas en tres o cuatro generaciones menos que el actual liderazgo, pues creo que las consecuencias no permitiran que ellos funcionen.
Estan matando la mente de la gente dentro del utero terrenal... licencia artista para expresar mi mas profundo disgusto y rechazo a aquellos locos de high IQ que hoy se limpian su inutil trasero/delantero con la dignidad humana.
Asi no debe permitirse hacer politica o vota.
Gracias por leerme.
MTR
A saber de donde sale todo esto, y las razones reales.
Yo digo que del servicio de la inteligencia, seleccionada como high IQ, al servicio exclusivo de la maldad.
Es una falla que no debe repetirse nunca mas.
Algo que es obvio es que esta desplazando a las mujeres de todo role en el puede aportar en forma que precisamente evitaria la repeticion de este high tech holocausto.
No importa cuantas pongan ahi de pantalla, seguramente calificadas altamente bajo el standard que misteriosamente no hace match con lo que se dice.
El precio es altisimo, inaceptable, sicologicamente aberrante y que seleccionara lo indeseable.
Es una subespecie humana, ojala y sea dilueble.
Sigan financiado lo inutil....
DIEGOTH:
Sigo preguntándome: ¿cómo obtienen el resultado del delito de interceptación telefónica sin orden legal? ¿Por qué no han publicado la conversación del magistrado del Caquetá César Julio Valencia Copete con el Presidente que demuestra que el jurista sí incurrió en calumnia? Hay más que manipulación mediática: hay un interés económico definido como lo denunció en su momento la revista La Otra Verdad.
Gracias por sus comentarios.
CAMILO:
En lo personal no tengo ningún problema con que las denuncias las haga un delincuente, pues son ellos, y no los monjes de clausura, los que conocen perfectamente el entorno criminal, aunque evidentemente el testimonio no debería ser suficiente y por lo tanto se requieren pruebas que confirmen lo denunciado. Pero no puedo olvidar lo que ocurrió con la muerte del ciudadano de apellido Bolívar en San José de Apartadó, y la movilización que ella y el cura Giraldo hicieron para evitar que una comisión de la Fiscalía entrara al lugar de los hechos e incluso, cuando la comisión salía de la zona, fue atacada y un policía fue asesinado. En esa oportunidad, Cuartas y Giraldo promovieron una prohibición para que la gente hablara. Lo que usted recuerda en su comentario va en concordancia con la denuncia que hago contra la ONG, pues gente que tiene semejantes sesgos, difícilmente puede otorgar un testimonio creíble.
Gracias por sus comentarios.
MARY T:
Bueno… interpreto su primera molestia por los abusos que se han visto contra la señora Palin. Ayer hablaba con un grupo de mujeres, muy valiosas y valerosas por demás, y les planteaba que me parecía inconveniente para ellas que por ley, por decreto, se ordene que tienen que ocupar el 30% de los cargos, etc. Me parece inconveniente porque a la larga eso envía un mensaje desalentador para las mujeres que están creciendo: ocuparás un cargo por ser mujer y no por destacarte o por ser profesional en algo. De igual forma les están dando otro mensaje nefasto: como no “puedes” lograr ser elegida, entonces por decreto llegarás al cargo público. Para mí, eso es simple machismo y me parece que niega las reales capacidades de la mujer, sus conocimientos y calidades para desempeñarse con éxito en cualquier ámbito.
Me gusta mucho la figura del útero terrenal y coincido con usted en el disgusto.
Un abrazo.
Antes que nada quería hacer algunas precisiones al artículo: no se puede decir que las FARC violen los derechos humanos porque las FARC son una organización criminal y no una autoridad que protege derechos. Los derechos humanos en últimas sólo los tienen los ciudadanos respecto de las autoridades estatales, y los crímenes de los guerrilleros no tienen relación con esos derechos como no los tienen los de ningún atracador. En esa confusión ya parece haber penetrado en la mente la percepción de las FARC como un ente de derecho distinto a cualquier banda de asaltantes.
Y me parece que después de regalarles esa categoría se le hace otro regalo a Javier Giraldo y compañía, como corolario del anterior error: no se les puede reprochar que no defiendan los derechos humanos de los habitantes de Bojayá, porque esos derechos no entraron en conflicto con el Estado. No se puede exigir a una organización de defensa de los derechos humanos que se ocupe de otra cosa que de vigilar la conducta del Estado respecto de los ciudadanos, incluso de los ciudadanos que delinquen. Suponer que no pueden existir sólo para eso es como suponer que algún delincuente no tuviera derecho a contratar un abogado defensor.
Y tampoco se puede decir que la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz aprueba hechos como los de Machuca y Bojayá, o como los secuestros, el reclutamiento de niños y demás crímenes de las guerrillas que entran en la categoría de delitos según el Derecho Internacional Humanitario. Siempre podrían declarar que sí los condenan y demostrarlo. Es más: un canalla de la revista virtual Equinoxio (autores del borrado de varios blogs hace ahora un par de años) escribió hace años que con los guerrilleros que tenían ideales políticos se negociarían reformas políticas y a los responsables de crímenes de lesa humanidad se los castigaría. Todos ellos no tienen ningún problema: hay unos cálculos de Javier Giraldo (y de toda la Compañía de Jesús, pues ¿cómo es que nadie lo desaprueba públicamente?) y del Partido Comunista, de la familia Santos, de Santodomingo y de esa clase de personajes de sacar provecho del poder de las guerrillas en una negociación y como ese poder requiere atrocidades pues después le cargan las atrocidades a los peones. Para eso proclaman el DIH.
Pero todo eso tampoco es responsabilidad exclusiva de esos criminales (Giraldo y los demás mencionados): ¿qué ocurre con los demás colombianos? Durante los seis años de Uribe ha surgido una corriente de opinión que desaprueba la rebelión política y el intento de destruir las instituciones a punta de asesinatos, pero antes la norma en la prensa y en cualquier conversación con cualquier colombiano era distinguir entre delitos políticos y delitos comunes, distinción que está muy clara en la Constitución. Bueno, yo también creo que hay que distinguir: los delitos comunes son atentados de particulares contra particulares o contra el Estado en un aspecto particular. Los delitos políticos lo son contra la libertad y contra los derechos políticos de la gente, y son en rigor más graves que los delitos comunes.
Pero eso no es lo que dicen las autoridades judiciales colombianas ni lo que dicen las leyes colombianas ni lo que aceptan la mayoría de los colombianos. Respecto a esas opiniones corrientes se podría ir muy lejos, pues no va a hacer falta ninguna guerrilla ni ningún crimen para que esté definido el problema. Como si alguien que va a pie atraviesa borracho y sin mirar la autopista del Norte en Bogotá: si no lo atropella un carro es por pura suerte, lo normal es que lo atropellen. Lo normal en un país en el que salir a matar soldados es respetable es que se maten civiles y en cantidades crecientes. Pero así como se aprobó la impunidad y legalidad de la guerra civil, las muestras de una forma de obrar y razonar de los colombianos que sin remedio conducen al imperio del crimen son muchísimas.
Hoy escribe Fernando Londoño en El Tiempo sobre las interceptaciones y la publicación de su conversación. ¿Cómo es que no hay muestras de solidaridad? ¿Dónde se han visto muestras de rechazo a la conducta de Coronell y compañía? ¿Recuerdan la denuncia contra Alfredo Molano por decir que la familia Araújo traficaba con marihuana? Montones de muestras de solidaridad con el infractor de casi todos los columnistas de la prensa. Ni hablar de los demás ciudadanos.
Pongamos el caso de la entrevista a Gloria Cuartas: ¿a quién se le ocurre que la periodista no mencione el episodio de la entrevistada en Venezuela pidiendo la libertad de Ricardo Palmera y Sonia? ¿Y las relaciones de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó con las FARC? Todo eso se oculta. Pero ¿por qué?
La guerrilla es la esencia de Colombia, la turba de asesinos que asegura el negocio de unas elites de patricios en las ciudades y la dominación sobre los esclavos. Por eso la unanimidad de esos poderosos: jueces, periodistas, profesores, políticos, funcionarios, etc. Prácticamente todos están en el bando de Molano, Giraldo y Cuartas. Pero nadie lo quiere ver, todos siguen creyendo en un poder al que combaten unos campesinos rebeldes corrompidos en sus ideales por el vil metal.
Es lo primero, lo que me parece imprescindible para entender a Colombia, la guerrilla como resistencia de un orden social profundo, arraigado y omnipresente. En cuanto se admite que la Compañía de Jesús y tal vez toda la jerarquía de la Iglesia católica han estado apostando a sacar partido de los crímenes guerrilleros, que la prensa los ha justificado y alentado durante décadas, que un viejo promotor de las guerrillas como Roberto Pombo, ex periodista de Alternativa y visitante del Caguán, GRACIAS A ESO llegó al primer puesto periodístico del país, que más del 90 % de los profesores de universidades públicas del país apoyan al partido que no quiere que las FARC y el ELN desistan de su intento de destruir la democracia, y muchos otros datos que remiten a ese mismo statu quo, entonces sí es interesante evaluar la TAREA CRIMINAL de una organización como Justicia y Paz, tarea que es plenamente complementaria a las de las FARC y el ELN y que en un país menos deforme conduciría a prisión a los dirigentes de esa ONG.
Por ejemplo, ¿qué es un "agente indirecto" del Estado? Es la lógica terrorista. Un raponero acecha a la anciana para robarle el bolso, pero otro raponero se le anticipa. Ese raponero es un agente de su enemigo, la policía, pues le ha impedido alcanzar su fin. El intento de Justicia y Paz no es impedir ningún atropello funcionarial, sino convertir toda oposición a sus patrocinados en responsabilidad del Estado. Es lo mismo que hacen AI, HRW y demás organizaciones de comunistas reciclados. Se trata de legitimar la acción armada con toda clase de pretextos, no de proteger a nadie de abusos.
Pero ¿existe alguien que ponga en duda que esas ONG son complementarias de los terroristas? Sí: LOS PARTIDARIOS DE LAS FARC. No quieren que se sepa, y les ayudan los demás colombianos, la inmensa mayoría, convencidos de que son ángeles que tienen ratones en su vivienda y de que no están untados de la mierda que pulula, que siempre ha pululado, que no tiene otro nombre que ESCLAVITUD y que mancha a casi todo el mundo. Todo el mundo sabe que el PDA es lo mismo que las FARC, pero el PDA son los superiores sociales de la mayoría de los colombianos, de modo que los demás se figuran que todo son esos rústicos tan antipáticos y arrogantes.
Una de las mentiras que más conviene evaluar es ésta: ¿qué es el Estado? Cuando se dice que "el Estado" ha cometido atrocidades, ¿cómo se entiende que una abstracción semejante vaya a pagar? Es posible que haya funcionarios estatales (militares y policías) que hayan cometido atrocidades, cosa por lo demás comprensible (pero no justificable) en un país en el que matarlos es prácticamente legal. ¿Cómo está en deuda "el Estado" con sus opositores? ¿O con las víctimas? En el segundo supuesto, pongamos que haya que indemnizar a las víctimas por esas atrocidades, cosa que NO SE PUEDE evaluar porque los jueces son parte de la conjura, como comprobamos todos los días. Esa indemnización que paga "el Estado" lo hace con la plata de los demás colombianos: de las escuelas y los hospitales y las carreteras. Pero conforme, los demás colombianos aceptan pagar con sus recursos esos costos. Puede no haber solución. Lo interesante es el agravio a quienes combaten al Estado matando soldados y policías. ¿Cómo los indemniza el Estado? ¿Qué es el Estado?
En ese caso "el Estado" son las urnas. Como se ha hecho a esa abstracción responsable de crímenes, pero esa abstracción depende de unas autoridades elegidas por la gente, esa gente debe sacrificar sus derechos políticos para compensar los delitos que puedan haber cometido unas personas concretas. De eso se trata.
La verdad, cansa un poco explicar tantas veces algo tan obvio. Como el burro filósofo de Estanisla Zuleta que se quejaba de la crueldad de las águilas, que no comían hierba como él. Los problemas de quien no considera a Javier Giraldo un criminal de peor categoría que Tirofijo son casi psicológicos. Se pretende tapar lo obvio (la simpatía con el comunismo, con Castro y el Che, al lado de los cuales Tirofijo y Javier Giraldo son calamidades menores) con embelecos leguleyos y de apariencia. Esto es sumamente interesante: varios cientos de miles de colombianos se han lucrado directamente de la actividad de las guerrillas, consciente y deliberadamente, si se piensa en el poder de la CUT y los privilegios de los empleados estatales, obtenidos gracias al poder de las bandas de asesinos, ya no serían varios cientos de miles sino varios millones, la inmensa mayoría del 20 % de colombianos más ricos. La guerra real es por esos privilegios, y por eso la unanimidad en creer que las FARC son algo ajeno, genuino y unánimemente condenado.
Y esos millones de cómplices sólo irán degradándose, como los que se lucraron del Holocausto en la Alemania nazi, porque la mentira en que viven les resultará cada vez más difícil de sostener.
Bueno,
lecciones aprendidas son: si quiere aspirar ya sabe lo que le espera, independiente de partido o campo de trabajo.
La mayoria son mujeres, de tres razas, y son las que mas devengan en la dificil situacion economica.
Entonces, se concluye: ni que estudie y aprenda escaparia el filtro ultramoderno, y si quiere mas dinero solo tiene una opcion optima. Sera que hay que inventarse un quita cayo sexual? ja! adelante a aquellos benficieriarios de ese inventico.
Vea ve...
Esto debería bastar para entender a Colombia. La prensa del potentado se felicita de que las personas que investigan a un grupo de revoltosos sean descubiertas, al tiempo que el gobierno local condena que se investigue. ¿Qué piensan los demás? NUNCA ha sido más claro que todo está en la mente de cada uno, pues ellos no ocultan su apoyo a la violencia política.
Si Sr Ruiz, disculpenme, el lugar de aquellos con organos femeninos y XX es otro.
Y todo esto es una falsa realidad que se esfuma desde este segundo en adelante.
MTR
JAIME RUIZ:
Me voy a referir a los tres primeros párrafos de su comentario, que de paso sea dicho, son los únicos que quiero debatir, pues con lo demás estoy de acuerdo.
Usted dice que no se puede decir que las Farc violen los derechos humanos porque son una organización criminal y no una autoridad que protege derechos. Ese argumento aislado de las demás razones expuestas por la ONG, sería válido. Pero resulta que ellos reivindican el derecho de guerra para las Farc y esa justificación pone, por lo menos a la luz de los mismos postulados de Justicia y paz, al mismo nivel a las Farc y a las autoridades del Estado, pues el derecho de guerra reconoce dos contendores enfrentados y con sus principios, Justicia y paz hace ese reconocimiento. Por lo tanto, denunciar que la ONG está incurriendo en un sesgo enorme en ese sentido, no me parece ningún favor, pues ellos son los que hablan de conflicto armado, de guerra y de derecho de guerra, por lo cual es incoherente que no involucren en la definición de derechos humanos a las Farc.
Evidentemente para algunos colombianos, las Farc son una banda delincuencial, pero eso no es lo que dice Justicia y paz y por lo tanto esa ONG es incoherente en la exposición de motivos.
En cuanto a lo que usted considera un segundo error, de acuerdo a lo que ellos consagran como razones para su existencia, si se les puede y debe exigir el acompañamiento y defensa de las víctimas de violación de derechos humanos por parte de las Farc.
Así mismo, las razones que expone Justicia y paz demuestra que si aprueban esos hechos: Comprenden “la guerra de guerrillas a través de mecanismos, métodos y una filosofía que hace referencia en a la población empobrecida, excluida, marginada, y los cambios estructurales de la sociedad, con la financiación de su armamento, tecnología y personal en modos ilegales; desarrollo de acciones sorpresas, de emboscadas, enfrentamientos en tiempo cortos y medianos, y de relativos enfrentamientos sostenidos de larga duración; con operaciones de saboteo a símbolos del Estado y de la sociedad que se quiere transformar; con el desarrollo de técnicas de bajo costo en lo militar para el enfrentamiento armado; con estrategias de comunicación y publicidad clandestina a través de diversos medios electrónicos.”
Lo anterior no es una condena sino un listado de lo que ellos comprenden como mecanismos para lucha y ciertamente una adhesión de esta naturaleza no podría ser presentada, ni aún por los fanáticos propagandistas del totalitarismo, como una muestra de condena o rechazo a los abusos de las Farc y de sus patronos.
Gracias por sus comentarios.
BRABONEL.
Se a dejado pasar por alto los ultimos editoriales del periodico el tiempo. Esta gente es la que organisa todos los movimientos de la izquierda en momentos duros y descordinados por los golpes fuertes resibidos a las Farc por la incautacion de computadores valiosisimos y el temor a que les esten haciendo seguimiento. Hoy la informacion y las ordenes se envian abiertamente.
El editorial del periodico el tiempo donde hacia ver a los indigenas como gente de paz y al gobierno como descarado estimatisador parecia estar fuera de lugar. Los indigenas comensaron con protestas violentas entonces ¿como es que un editorial los felicita por su comportamiento ordenado y sus mensajes de pasificacion? El editorial no estaba describiendo unos hechos reales ni estaba tratado de manipular la realidad ¿no existen cadenas de tv que hicieron seguimiento desde el principio mostrando realmente los acontecimientos? Y como se dise: una imajen vale mas que mil palabras, se estaba dando ordenes directas a los indigenas de como se debian comportar. Pero no solo para ellos, luego las centrales "obreras" acturan a consecuencias de las ordenes y cuando extallaron los petardos el periodico regaña fuertemente a las Farc en otro editorial.
La cuestion es que los actos violentos les estan haciendo daño y yo no sè si las Farc le haran caso a los jefes de quedarse calladitas hasta nuevas ordenes como pide el editorial. Esa gente se crecio durante el caguan-estubieron cerquitas de lograr una gran tajada- y quedarse quietos es perder poder en la coalicion.
Se desorganisaron y los medios aliados estan tratando de hacer tareas que antes no les corespondian: buscando una opcion de centro-por lo menos en apariencia- atacando con mas fuerza y abiertamente al Gobierno Uribe: leer la entrevista de cambio al Señor Vivanco, ocultando las cosas para que solo exista un solo lente: el que mira el paramilitarismo no importando que le den fuertes argumentos a quienes atacan a la prensa y a las onges por estar balanceados a favor de las guerrillas, como el caso de Londoño o que HRW no se queje que la CSJ valla muy lento en los casos de las guerrillapolitica o por que sus fallos son politisados y buscan hacerle daño al gobierno.
Ahora las ongs haran lo que les digan las directivas de los medios aliados en sus columnas editoriales ecetera igual que los indigenas y los polistas. Lo que no estoy seguro es que los jefes guerrilleros les sigan por que como dije antes eso seria perder fuerza en la coalicion y envejecerse en el monte para a ultimas servir de adorno es perder todo.
BRABONEL:
Me resulta particularmente interesante el caso Vivanco y yo voy a entrar, de alguna manera, a defenderlo.
Cuando leí el informe de HRW me pareció estar leyendo el documento que redactó la plenaria de la Corte Suprema de Justicia, cuando se pidió investigarlos por algunas anomalías.
¿Quiénes son las fuentes de HRW? Son los mismos que hoy integran la oposición y que saben manejar muy bien la entrega de información y los recortes de prensa que hacen pasar por documentos. Es obvio que Vivanco no va a buscar las posiciones oficiales sino lo que a su juicio son fuentes que hablan la verdad de lo que ocurre en el país. Es más: si la oposición colombiana fuera madura, si no tuvieran intereses enormes en imponer un proyecto totalitario, si Hugo Chávez y el Foro de Sao Paulo no estuvieran detrás; si no se beneficiaran de una tropa de rústicos en el monte y de sus tropelias, pues deberían tener un grado de credibilidad importante.
Pero hay otro hecho que no es culpa de Vivanco: la terquedad de Uribe de mantener a Fabio Valencia Cossio en el cargo, pues él era el llamado a defender la reforma a la justicia, a explicarla hasta con plastilina, y a debatirla en los medios de comunicación... pero nada de esto ocurrió, pues el penoso problema del hermano, lo dejó en fase defensiva y prácticamente anuló la capacidad de maniobra política que era FUNDAMENTAL para explicar la reforma.
Total: los colombianos nos quedamos con una imagen negativa de la reforma y es la misma que plasma Vivanco en su informe.
Entonces, creo que lo que dice Vivanco es un llamado de atención al gobierno y la primera factura que se pasa por mantener a Valencia Cossio en el cargo.
Un abrazo y gracias por sus comentarios.
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