El atajo tributario de Mockus

Por Jaime Restrepo.

Cuando un gobernante anuncia que aumentará los impuestos, está enviando varios mensajes sobre su gestión.

El primero, parece de Perogrullo, es que los recaudos no alcanzan para cubrir las necesidades del Estado. Sin embargo, el asunto no es tan simple. En Colombia se viene insistiendo en la amenaza que implica la corrupción para las finanzas públicas y su nefasta influencia tanto en el deterioro de la redistribución, como en el rezago del país en términos de infraestructura, inversión social, educación y salud. Básicamente se afirma, con mucha razón, que el Estado podría tener un mejor desempeño, de no ser por la devoradora corrupción que nos agobia.

Todo lo anterior significa que los recursos sí existen, pero se desvían y agotan dejando sin financiación las labores mínimas del Estado. También implica que el Estado tendría más recursos disponibles si se combatiera la evasión (que es una forma atroz de corrupción) y se trabajara con ahínco en la recuperación de las deudas a favor del Estado. Ante esta disyuntiva, el gobernante tiene dos alternativas: combate la corrupción o acude a la decisión facilista de incrementar los impuestos.

Cuando Mockus habla de subir los impuestos mediante una radical reforma tributaria, está aceptando que sus proclamas sobre el combate a la corrupción y la legalidad son simples arengas electorales que carecen del peso suficiente para enfrentar ese monstruo, pues lo que pretende es conseguir más recursos para emprender su “programa de gobierno”, sin tocar la tajada que se roba la corrupción.

El candidato verde asegura que hay que incrementar el impuesto de renta y el predial, porque según él, medio país los tiene rezagados; reducir la cantidad de tarifas de IVA y elevarlas y suprimir exenciones. Luego, Mockus anuncia que hay que “conseguir más recursos para invertir al menos la mitad del gasto público en corregir desigualdades” y puntualiza: “La carga tributaria está entre el 16 y el 18 % del PIB […] Yo creo que hay que elevarla, por lo menos, al 23 %”.

La propuesta de Mockus muestra un gran desprecio por los colombianos que efectivamente tributan, al tiempo que evidencia su intención de no tocar los elementos estructurales que permiten la difícil situación tributaria en Colombia.

Antes de subir impuestos, la primera decisión de un gobernante responsable, difícil porque requiere voluntad política, estrategias y equipos sólidos; es que el Estado emprenda la tarea de combatir la evasión de impuestos, al tiempo que asume la misión de recuperar la cartera morosa en materia tributaria.

Ciertamente lo anterior es titánico, pero es más honrado que meter la mano en los bolsillos de los contribuyentes cumplidos, que muchas veces tienen que hacer grandes sacrificios para pagar los impuestos. Según los cálculos del Banco de la República, la tasa de evasión tributaria de personas naturales se ubica alrededor del 35 % y en el caso del IVA la evasión es del 32 %.

Sobre el particular, Sergio Clavijo escribió un trabajo titulado Tributación, equidad y eficiencia en Colombia, en el que sostiene que “solo a través de una mayor transparencia y equidad tributaria será posible equilibrar la frágil estructura de recaudos que se tiene hoy día”.

En el documento, Clavijo asegura que “solo cerca de 700 mil personas declararon renta, lo que significa que menos del 5 % de los trabajadores enfrenta una revisión potencial de sus cuentas tributarias con el Estado". Además, agrega Clavijo, “los asalariados del sector formal enfrentan un sistema ineludible y, además, lleno de inequidades”.

Otro asunto al que un gobernante responsable y escrupuloso le daría prioridad, mucho antes de aumentar los impuestos, es el tema de la nefasta estructura tributaria para las pensiones, pues es una fuente de evasión y corrupción. En 2004, el gobierno Uribe propuso una tabla de gravámenes que solo afectaba las pensiones que superaran los cinco salarios mínimos, quedando excluidos del gravamen el 80% de los pensionados de Colombia. Sobre el particular, los cálculos indicaban que de los 800 mil pensionados existentes, menos de 160 mil se verían afectados con la medida y de estos, tan sólo mil (¡sí, sólo mil, o el 1 %!) podría verse afectado por tasas de gravamen superiores al 23%, por el hecho de superar los 25 salarios mínimos legales.

¿Por qué no prosperó esta medida? Por la corrupción que evidentemente Mockus no quiere tocar. Esta corrupción la explica Sergio Clavijo:

“Lo que ha ocurrido es que dentro de esta minoría –los de 25 salarios mínimos legales– se encuentran principalmente congresistas, altos magistrados y altos ex funcionarios públicos que se verían afectados, pero que indudablemente deberían tener el ánimo de contribuir a mejorar la distribución del ingreso, así el total de recaudos por esta vía no supere el 0,2 % del PIB.”

El tema de la evasión no sólo surge del ciudadano. Otro gran aporte lo hacen las instituciones judiciales como la Corte Constitucional, que impidió reportar a los deudores morosos con la DIAN, en las centrales de riesgo.

Todo lo anterior, concluye Clavijo, “indica que Colombia tiene un gran potencial de recaudo si llegara a afinar sus controles tributarios y moderara sus generosos e inequitativos alivios tributarios”.

¿Si Colombia tiene un gran potencial de recaudo, simplemente afinando los controles y moderando los alivios, cuáles son los motivos de Mockus para proponer una durísima alza de impuestos?

Las reformas tributarias no mejoran los recaudos

En 2001, la Contraloría General de la República señaló que las últimas 12 reformas tributarias realizadas entre 1970 y 2000, solo incrementaron el recaudo tributario en dos puntos como porcentaje del PIB, lo que demuestra que dichas reformas no han logrado un crecimiento sostenido del recaudo, suficiente para financiar el gasto.

En un excelente trabajo titulado Los métodos para medir la evasión de impuestos: una revisión, publicado por el Observatorio de la Economía Latinoamericana, los autores sostienen que el bajo recaudo se explica por “la evasión de aquellos contribuyentes que no encuentran ningún incentivo para tributar (bien sea porque no lo consideran su deber, porque no están dispuestos a financiar al Estado o porque no esperan ser descubiertos y sancionados), por la evasión como estrategia para competir con quienes evaden, por los efectos negativos de las altas tarifas y además por la pérdida de recaudo generada en las múltiples exenciones. Todo esto se refleja en una baja disposición de los contribuyentes a cumplir voluntariamente”.

Cartera morosa

En Colombia, la cartera morosa con el Estado llegó, en 2009, a 23.8 billones de pesos, según la Contaduría General de la República. El informe señala que mientras las deudas morosas a favor del Estado aumentaron, su promedio mensual de recuperación por parte de las distintas entidades del Estado disminuyó en un 74.92 %. Es más: en total 357.543 personas naturales le adeudan al Estado $16.9 billones de pesos, en tanto que 76.543 personas jurídicas le adeudan $ 6.9 billones de pesos, para un total de $ 23.8 billones de pesos.

En la DIAN, la lista de morosos también es larga. Las obligaciones vencidas, que corresponden al pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto de Renta, Retención en la Fuente y tributos aduaneros suman en total 2,5 billones de pesos.

Mockus no habla de la evasión, ni de las pensiones exentas, ni de la enorme cartera morosa: él propone aumentar los ingresos por la vía de una reforma tributaria, que seguramente será una más de las muchas que se han hecho en Colombia y que no han funcionado.

En el fondo, la receta Mockus es un atajo para tener más recursos y disimular el enorme desfalco que comete la corrupción contra el erario.

La legalidad democrática

Por Jaime Restrepo.

¿Extraditaría al presidente Uribe si Ecuador lo solicita? Una pregunta simple, como aquella que les formularon en su momento a Andrés Pastrana y a Horacio Serpa entre la primera y la segunda vuelta de 1998. Mientras Serpa dijo que si extraditaría a Ernesto Samper, Pastrana negó categóricamente esa posibilidad.

Ahora, 12 años después, resurge la especulación sobre la extradición de un Presidente, esta vez por cuenta del absurdo proceso que adelantan las autoridades ecuatorianas por el bombardeo al campamento del terrorista ‘Raúl Reyes’.

A la pregunta, el candidato favorito Antanas Mockus respondió que si la Constitución lo obligaba, y la justicia determinaba la viabilidad, él extraditaría a Uribe Vélez.

Inmediatamente, uno de los periodistas le informó a Mockus que la decisión de extraditar o no a un colombiano es potestad del Presidente de la República, y que la determinación de la Corte Suprema de Justicia no es vinculante, es decir, puede o no ser acatada por el ejecutivo.

El asunto no es de poca monta: aunque Mockus quiere posar como el máximo representante del apego a la ley, parece que eso, en el mejor de los casos, es una aspiración que puede reñir con la realidad.

¿Un Presidente de la República se puede ceñir estrictamente a una ley que desconoce? Está bien que para algunos ciudadanos, los mecanismos de extradición de colombianos les sean ajenos. Sin embargo, alguien medianamente informado de lo que ha ocurrido con la extradición, desde el siglo pasado, conoce las generalidades de este procedimiento. Por tal motivo, resulta altamente preocupante que un candidato a la Presidencia ignore los pormenores de un tema tan espinoso.

¿Cómo es posible que Mockus se proclame como el adalid de la legalidad, cuando desconoce la ley? El concepto de legalidad es inherente a todo aquello que está prescrito por la ley. Por lo tanto, es de Perogrullo, si un presidente ignora la generalidad de las normas, no podrá aproximarse con éxito a la anhelada legalidad.

Con el anuncio de extraditar a Uribe, apegándose supuestamente a la Constitución, Mockus mostró que su eslogan de campaña es una frase vendedora que no tiene ni contenido, ni respaldo en las toldas verdes.

Curiosamente, el mismo ignorante de la ley formó parte del equipo que elaboró el contrato con ICA en 1997, el adefesio descrito en días pasados en este blog, que le costó a la ciudad más de 50 mil millones de pesos en pérdidas… ¡Con razón el descalabro!

Es que el tema de la legalidad, desde la perspectiva del ejecutivo, no puede circunscribirse al buen comportamiento, a las pretendidas intenciones honradas y al sentido común. El desconocimiento de las normas, muchas de las cuales no se relacionan con el sentido común, genera un alto riesgo de ilegalidad en la gestión del poder ejecutivo.

Si fuera por el sentido común, los bogotanos llegarían todos los días en sus vehículos a trabajar: si pagan impuestos, si mantienen bien su carro, si respetan las señales de tránsito, ¿desde la sensatez, por qué no pueden utilizar el automóvil todos los días? Bueno, porque hay una norma que supera el sentido común y restringe la circulación de vehículos particulares, lo que se sale de la lógica del simple buen comportamiento: el ciudadano tiene que conocer la norma para cumplirla, pues de lo contrario, incurrirá en una ilegalidad.

Por lo visto hasta ahora, el de Mockus sería el gobierno de la ilegalidad democrática… a todos nos afectaría por igual.

El desgobierno de Antanas Mockus

Por Jaime Restrepo.

Uno de los grandes “logros” de Antanas Mockus como alcalde de Bogotá, en su primer periodo, fue el atesoramiento de los recursos del Distrito. Mockus decidió no gastarse la platica y dejarla más bien en los bancos.

El atesoramiento condujo a una pobre gestión que fue rematada con dos hechos vergonzosos: la renuncia de Mockus a la Alcaldía y la elaboración de un contrato leonino en el que según los cálculos más conservadores, a Bogotá se le perdieron más de 50 mil millones de pesos de la época. No obstante, la cifra puede ser muy superior.

Si bien es cierto que la historia de Bogotá está atravesada por la desidia frente a la infraestructura, esos tres años perdidos, más la decisión, a última hora, de elaborar un contrato de mantenimiento que no se cumplió, han contribuido decididamente al inmenso rezago de la ciudad en material vial y en movilidad.

El contrato fallido, elaborado y defendido por Antanas, le entregaba el mantenimiento de toda la malla vial de la ciudad a una sola empresa. Mockus diseñó el contrato que finalmente fue firmado por Paul Bromberg.

ICA: la historia de un contrato atroz

En 1997 se anunció el contrato con la mexicana Ingenieros Civiles Asociados ICA, que contemplaba la reparación de 9.9 millones de metros cuadrados de vías por un valor de 111 mil millones de pesos. Sin embargo, ese contrato leonino no se cumplió y por el contrario, terminó en una disputa jurídica que sólo fue resuelta a finales de marzo de este año.

El contrato con ICA fue un adefesio de principio a fin. Un informe publicado por El Tiempo en 1999 indicaba que “el retraso en inversión en el contrato llegaba al 52,8 por ciento. Es más: por la misma época, “en algunas áreas de las vías intervenidas por ICA, como la avenida Primero de Mayo y la carrera 7, se descubren tramos en mal estado.”

Seis meses después de iniciada la ejecución del contrato con ICA, el IDU reportaba un incumplimiento del 34 % de las metas. En enero de 2000, la Contraloría abrió investigación fiscal contra ICA por presunto detrimento patrimonial de $117 millones en la repavimentación de un tramo de la Primero de Mayo y unos días más tarde, el IDU se negó a recibir nueve de los diez segmentos de la Avenida Primero de Mayo, alegando que estaban en mal estado.

Pese a las evidencias sobre el mal trabajo de ICA, el contrato fue tan mal elaborado que el Distrito tuvo que pagar una multa por 24 mil millones de pesos a favor de ICA, lo que representó un sobrecosto del 20 %.

Sin embargo, pese a las multas, a los incumplimientos, a los problemas jurídicos y a la amenaza para las finanzas de Bogotá, en su segunda administración, Mockus defendió el modelo de contratación que él concibió en su primera Alcaldía. Sostuvo que era mucho mejor que el sistema obsoleto que se aplicaba antes, aunque afirmó que no era un contrato para ponerlo de ejemplo.

No obstante, en 2001, Mockus se lavó las manos frente al adefesio y sólo dijo que el ayudó a concebir el contrato y que ya en la etapa de las obras él no tuvo nada que ver… Pues ¿cómo podía tener relación con la ejecución, si renunció y dejó a Bromberg para que terminara el periodo?

Es importante destacar que el contrato elaborado por el filósofo-matemático, que en la Alcaldía también ofició como abogado improvisado, duró casi una década en los estrados judiciales y fue solucionado finalmente el pasado 22 de marzo.

En el acuerdo, logrado por la actual Alcaldía de Bogotá, ICA se comprometió a pagar 1.5 millones de dólares, de un contrato cuyo costo rondaba los 85 millones de dólares (de acuerdo a la cotización del dólar en diciembre de 1997).

Dice un comunicado de Samuel Moreno, que “la actual Administración fue la única que logró arreglar este pleito jurídico que durante 10 años amenazó los intereses de la ciudad y sus habitantes.

¡Increible! Un alcalde inepto, Samuel Moreno, enderezó el entuerto de la administración Mockus… ¿Si un inepto le soluciona los problemas a otro, cómo podemos llamar a ese otro?

Lo que Mockus dice que estuvo bien hecho

Antanas Mockus ha señalado que “la concepción del contrato fue muy buena” y aseguraba, por allá en diciembre de 2000, que estaba en paz con su conciencia. Veamos los silencios que guardaba la conciencia de Mockus a principios de siglo…

En su momento, la revista Dinero sostuvo que “la ciudad se quedó con $50.000 millones embolatados y con los huecos en espera de ser tapados, mientras resuelve el lío jurídico con ICA”.

Es más: de los casi 10 millones de m2 contratados, ICA abandonó 5.7 millones de m2 de vías, es decir, la empresa mexicana incumplió el 57 % del contrato. Además, de los 42 meses que se suponía durarían las obras, ICA invirtió casi el 67 % del tiempo en la recuperación de 4,2 millones de m2.

Pasada la administración Mockus-Bromberg, cuando Peñalosa quiso reaccionar, sencillamente encontró que los recursos asignados al contrato con ICA no alcanzaban para terminar las vías que faltaban.

Y ojo: las vías pendientes no eran calles de barrio. Para Peñalosa eran prioritarias la Avenida Rojas, la calle 134, la carrera 10ª, la calle 85, la carretera a Usme y la vía Quiba, abandonadas por la empresa mexicana. Lo anterior sin contar con que ni Peñalosa, ni ICA, ni nadie, le prestaron atención a vías como las calles 92, 100, 106, 116 y la carrera 13.

Para colmo de males, si se quería recuperar estas vías, el Distrito no podía utilizar los recursos destinados a ICA, por tener destinación específica. Tampoco había una salida jurídica expedida para poder entregar las obras inconclusas a un nuevo contratista, por las cláusulas contractuales entre el Distrito e ICA.

Dice Dinero sobre las responsabilidades del descalabro: “La administración Mockus-Bromberg, concentró el riesgo en una sola empresa y dejó un contrato sujeto a múltiples interpretaciones (…) El primer gran error fue poner todos los huevos en la misma canasta”.

Además, a partir de la formulación de las condiciones del contrato, surgió el segundo error: se adjudicó con base en un criterio simplista como el de los costos de ejecución. Cualquier precio que no vaya acompañado de especificaciones precisas en torno a las tareas por hacer es irrelevante, y abre el espacio para reclamaciones posteriores.

Además, el contrato le daba la posibilidad al contratista de elegir las vías y el orden en que iba a intervenirlas, quitándole poder de decisión al Distrito sobre las prioridades en el arreglo de la malla vial. Todo lo anterior implica que el contrato no fue bien concebido como dice Mockus.

Es más: según Dinero, “la redacción del contrato generó vacíos e inconvenientes como el manejo y precio de las multas por incumplimiento, dejando abierta la posibilidad de que el contratista e interventor decidieran el precio cuando hubiera dudas sobre el tipo de intervención”.

El contrato fue tan mal elaborado que ni siquiera se buscó la intervención de una banca de inversión con experiencia, que ayudara al diseño del acuerdo. Tampoco se fijaron condiciones contundentes para las pólizas de cumplimiento, lo que concentró los riesgos en las finanzas distritales.

Así las cosas, la conciencia de Mockus, de ser honesta, debería recordarle el descalabro monumental del contrato cuya autoría reconoce. De igual forma, sus seguidores deberían ubicar a su candidato en un plano más terrenal y dejar de imaginar a Mockus como un arcángel sin mácula.