Por Jaime Restrepo Vásquez
El mensaje ha sido enviado: cualquier juez o fiscal que se atreva a actuar en derecho —en los casos contra algún representante del “uribismo”— será perseguido con saña y sin compasión.
Esa es la intención de la denuncia interpuesta por Iván Cepeda Castro y Germán Navas Talero contra la jueza Johanna Rodríguez: intimidar a los operadores judiciales para que no se salgan del redil de la persecución, no importa si para tal fin deben hacer interpretaciones acomodadas de la ley o emitir fallos carentes de lógica jurídica, pues al fin de cuentas, serán elogiados por los inquisidores del “pacifismo altruista” y su poderosa máquina de propaganda.
Tanto Cepeda como Navas Talero denunciaron a la jueza Rodríguez por los delitos de abuso de autoridad, omisión de denuncia y prevaricato, después de escarbar, con pinzas y microscopio, el pronunciamiento de la funcionaria en el que dejó sin efecto la medida de aseguramiento contra Luis Carlos Restrepo.
Los “pacifistas” diseccionaron cada frase hasta que finalmente encontraron lo que buscaban: la jueza habló del mercado negro de armas que se mueve en Bogotá y no denunció los hechos.
Según Cepeda Castro, la funcionaria “sostuvo que tuvo contacto con traficantes de armas en el que ella pudo verificar que el costo de las armas era inferior al de la elaboración de armas falsas. Si la juez tuvo contacto con traficantes de armas, se enteró de las circunstancias de tiempo, modo y lugar y no puso en conocimiento está incurriendo en un prevaricato por omisión”.
Los denunciantes buscaron algo de qué aferrarse para obligar a la justicia a reversar la anulación de la orden de captura contra Restrepo. Al no encontrarlo, llenos de inquina, escarbaron para encontrar aquello que les permitiera vengarse de la funcionaria que, por lo menos de manera temporal, echó a perder el plan de destruir moralmente a una figura de las entrañas del expresidente Uribe.
La medida favorable a Restrepo —un golpe mediático contra la trituración del “uribismo”— sacó nuevamente a flote el comportamiento mafioso de los acuciosos escudriñadores, quienes emprendieron una vendetta para encontrar algo que permitiera castigar a la funcionaria por la osadía cometida.
Sin embargo, la jueza Johanna Rodríguez es solo el chivo expiatorio, la mensajera que transmitirá el mensaje de venganza e inquina de los “pacifistas altruistas”: el verdadero destinatario es el nuevo Fiscal General Eduardo Montealegre, a quien le advierten que debe sumarse a la cruzada criminal contra el “uribismo” o se condenará al mismo destino de la jueza.
Es increíble que si los jueces fallan a favor de los intereses de los “pacifistas”, reciben los aplausos de la tribuna y sus decisiones —por absurdas e ilegales que sean— son justificadas a rabiar. Así ocurrió cuando el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla, se declaró víctima de María del Pilar Hurtado al tiempo que pedía que se presentara ante su juez natural —la Corte que él presidía— para la judicialización respectiva.
En aquel momento el abogado Luis Guillermo Pérez, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, señaló con cinismo que Arrubla Paucar y los demás magistrados tenían razón al prejuzgar a la señora Hurtado: ¿acaso ser juez y parte es una conducta acorde con la aspiración de justicia? ¡No importaba! Lo fundamental era que la cúpula del poder judicial estaba bien alineada con los intereses mezquinos del “pacifismo altruista” y por tal razón, tanto los inquisidores como sus cajas de resonancia —los medios capitalinos— aplaudieron el contrasentido.
Ahora, cuando una jueza decide en contra de los planes de la aplanadora “pacifista”, es denunciada y su pronunciamiento es objeto de amenazas de tutela por parte de los mismos que elogian los comportamientos antijurídicos y totalitarios de las altas esferas del poder judicial.
El esperpento de la venganza y de la inquina contra el “uribismo” puede ser vulgar, pero la advertencia de un fusilamiento moral, enredando al disidente en la telaraña de un proceso judicial manipulado políticamente para sepultar la ley cuando conviene a los mandamases del “pacifismo”, es suficiente disuasión para aquellos que se quieran apartar de los burdos montajes elaborados por los mismos que se usufructuaron de los muertos vivientes de la masacre de Mapiripán.
De seguro el aviso ya le llegó a Montealegre… está servida la injusticia.
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