Justicia enemiga

Por Jaime Restrepo V.

Las presiones han sido intensas. Cada denuncia que llega a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes contra Álvaro Uribe, se convierte en un rifirrafe en el que se busca garantizar la condena del ex presidente a toda costa.

No importa si hay que recusar a todos los miembros de la Comisión. Tampoco interesa la ausencia del equilibrio que implica el concepto de justicia. Lo fundamental para los perseguidores es lograr que el investigador sea un contradictor político del denunciado, o que pertenezca a un partido rabiosamente antiuribista o que su campaña haya sido financiada por un enemigo declarado de Uribe.

Ésa es la situación del proceso que se le adelanta al ex presidente en la Comisión de Acusación, por cuenta del escándalo de las “chuzadas”. El Representante–investigador Augusto Posada, a quien inicialmente le correspondía adelantar las pesquisas en el proceso, fue recusado por Piedad Córdoba, por una denuncia que interpuso contra la ex senadora en abril de 2008.

Sin embargo, la recusación resulta esclarecedora: la denuncia contra Piedad Córdoba termina siendo sinónimo de afinidad total con Uribe y por tal motivo, sugiere que nadie por fuera del uribismo puede ver a la ex senadora como una criminal denunciable. Además, la recusación de Posada deja en evidencia la persecución contra el ex presidente: mientras los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son aplaudidos por prejuzgar ante los micrófonos a sus procesados, al investigador del escándalo de las “chuzadas” lo obligan a salir de la investigación por denunciar a una de las presuntas “víctimas” de tal situación.

En medio de la patraña, no sólo le aceptaron a Posada el impedimento, sino que quieren adjudicarle a un congresista de Apertura Liberal, José Rodolfo Pérez Suárez, miembro del partido que fue financiado por David Murcia Guzmán, la cabeza visible de DMG, la misión de investigar. Por si fuera poco, es importante recordar que muchos de los políticos que resultaron beneficiados con los delitos de DMG, pertenecen a lo más cercano del samperismo, como los hermanos Berrío Villarreal.

Así las cosas, a Uribe lo tienen que juzgar sus enemigos más enconados y de ser posible, los aliados jurídicos y políticos de las FARC, o de Hugo Chávez, o de Ernesto Samper: ¡Ésa es la justicia garantista que ofrecen! Una farsa en la que se cumplen algunas formalidades, aunque los veredictos ya están decididos de antemano y el fallo es sólo un requisito de trámite. A lo anterior se suman las amenazas de los más encarnizados críticos de Uribe, quienes han planteado que si los congresistas declaran inocente al ex presidente, la Corte Suprema de Justicia los investigaría por "prevaricadores". Curiosamente, nadie se pronuncia contra semejante mecanismo de intimidación que blanden los enemigos de Uribe, y el silencio de los habladores magistrados de la CSJ sólo confirma que la amenaza cuenta con su aprobación y apoyo. ¿Acaso tal amenaza, en lo formal, no es una intromisión en la justicia?

No tengo dudas: a Uribe lo van a acusar ante la plenaria de la Cámara de Representantes, no por las pruebas, sino por la persecución política que concretará el anhelo de procesar judicialmente al ex presidente.

Y mientras tanto, el gobierno del mejor amigo de Hugo Chávez observa impávido los acontecimientos, y seguramente tendrá la osadía de advertir que “respeta la independencia de la justicia”. ¿Cuál independencia? Los miembros de la Comisión de Acusación son políticos, miembros de partidos que llegan al Congreso y se les asigna la misión de oficiar de jueces sin serlo.

En el pasado, la Comisión de Acusación actuó de acuerdo a las evidencias y en la plenaria de la Cámara de Representantes, el criminal investigado repartió puestos y prebendas que compraron su absolución, a través de personajes como Heyne Sorge Mogollón, demostrando que ese proceso es una farsa exclusivamente política.

Semejante cúmulo de irregularidades y la falta de garantías en los diferentes ámbitos de la justicia, son motivos suficientes para plantear, una vez más, la urgencia de convocar una Asamblea Constituyente que establezca, entre otros asuntos, un Tribunal de fuero que se encargue de la judicialización de los funcionarios que son cobijados por esa prerrogativa.

Es que resulta absurdo que la Comisión de Acusación sea la encargada de procesar a los magistrados de las altas cortes y a su vez, el juez natural de los congresistas, incluidos los Representantes de la Comisión de Acusación, sea la Corte Suprema de Justicia. En su momento, este enredo fue aprovechado por Ernesto Samper y sus secuaces, como el mediocre que encabeza las amenazas contra los investigadores de Uribe; para sacar del problema a muchos congresistas que decidieron exonerar al ex presidente del 8 mil.

Además, esa figura nefasta ha profundizado la tradicional impunidad en Colombia: ¿Qué congresista está dispuesto a denunciar e investigar a los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Es que algunos de los togados podrían estar incursos en delitos como el prevaricato cometido durante el proceso de elección de Fiscal y el abuso de función pública en el que pudieron incurrir al modificar la figura de la extradición, usurpando el poder presidencial, tal y como lo expresó una magistrada en un salvamento de voto. ¿Algún Representante estaría dispuesto a investigar a su juez natural por la impunidad de Piedad Córdoba o Gloria Cuartas? ¿Se dará un ejercicio de repetición en la segura demanda que interpondrá Carlos García Orjuela por la persecución inclemente que lo privó de la libertad durante tanto tiempo, incluyendo modificaciones de la jurisprudencia y desconocimiento de fallos judiciales?

El modelo de justicia colombiano es nefasto, pues está diseñado para garantizar la "infalibilidad" de los magistrados, lo que termina convirtiéndose en una patente para delinquir. La solución a semejante aberración es una Asamblea Constituyente que reforme totalmente la operación de la justicia, exigiendo que la carrera judicial sea la única posibilidad de acceder a los cargos de mayor poder en la justicia: hay que desbaratar el modelo mafioso que se apoderó de la justicia, rescatando también la operación judicial de las garras siniestras del chavismo y de la politiquería en general.