Por Erika Salamanca
La semana pasada, en Nueva York, salió el informe de la Comisión Global de Políticas sobre Drogas, en el cual participaron intelectuales como el peruano Mario Vargas Llosa y el mexicano Carlos Fuentes, ex presidentes como César Gaviria, de Colombia, Ernesto Zedillo, de México y Fernando Cardoso, de Brasil, ex funcionarios de organismos multilaterales como Koffi Annan, Ex secretario general de las Naciones Unidas y empresarios como Richard Branson, fundador del Grupo Virgin y confundador de The Elders, del Reino Unido, entre otros. En dicho informe, propusieron al gobierno de Barack Obama, cambiar el modelo de represión y prohibición de las drogas, por uno de despenalización y legalización de las mismas.
Encontrar dentro de este grupo de destacados al ex presidente colombiano no deja de dar sorpresa. Durante el gobierno Gaviria, Colombia fue, como hasta ahora, defensora de la misma política antidroga que lidera Estados Unidos. A pesar de haber caído en algunas componendas con la cabeza principal del Cartel de Medellín, Pablo Escobar, nunca conocimos durante el mandato de Gaviria posición contraria a combatir a dichas mafias, pues fueron los grandes carteles de la época los que propiciaron los mayores dolores de cabeza a ese gobierno y quienes fueron protagonistas de una de las épocas de mayor violencia y derramamiento de sangre en el país. Los actos de terrorismo de entonces fueron financiados cien por ciento por el narcotráfico. Por eso, que el ex presidente Gaviria hoy defienda una política antidroga encaminada a la despenalización es ridículo.
Tal vez hoy no tengamos los carteles de la droga de los ochenta y noventa, pero tenemos grupos guerrilleros y paramilitares que se financian del narcotráfico, y quienes no sólo no se conforman con la producción y la comercialización sino que usan las tierras de las campesinos colombianos para desplazar y asesinar a todos aquellos que no estén dispuestos a servir de alguna manera a la actividad ilícita implícita de este negocio. Cada kilo de coca, o cada cigarrillo de marihuana que fume un ciudadano cualquiera estará manchado de sangre, y ello no cambiará por el simple hecho de no penalizarlo.
La lucha antidroga no ha sido del todo exitosa, fundamentalmente por dos factores: primero, porque los países consumidores no han sido lo suficientemente fuertes en disminuir los índices de consumo, y segundo, porque a pesar de haber países comprometidos, como en el caso de Colombia, con la erradicación de cultivos y la disminución evidente de la producción de los últimos años, también hay países que se prestan a la cooperación delincuencial. Venezuela, por ejemplo, no es reconocido por cultivar coca ni marihuana, pero en cambio, si es bien sabido que su territorio es usado en las principales rutas del narcotráfico.
El informe señala que la verdadera lucha contra las drogas debe enmarcarse en la despenalización, educando y tratando médicamente. Sobre este particular, comparto la idea de rehabilitar al adicto, pues éste finalmente es una víctima más del flagelo; pero, sobre todo, es necesario llevar a la sociedad campañas de prevención que garanticen la disminución en los índices de adicción.
Dicen los que están a favor del informe, que hemos superado la legalización del tabaco y del licor, pero preguntémonos, ¿ha demostrado nuestra sociedad ser responsable con el uso del tabaco y de el licor? Hemos garantizado el no acceso a los menores de edad? En teoría, la venta de cigarrillos y licores a menores está prohibida, pero ¿quién regula?, ¿quién audita?, ¿quién penaliza? Nadie. Hagan la prueba, envíen a sus hijos de catorce o quince años a una licorería, pídanles que compren una botella de vino y un paquete de cigarrillos, se darán cuenta de que volverán a casa con la misión cumplida.
Y entonces, con base en nuestra propia experiencia, ¿pretendemos dejar abierta la posibilidad de que nuestros niños tengan a la mano drogas? No se trata de dejar la responsabilidad de educar a los hijos al Estado, pero la construcción de una sociedad sana y próspera debe darse de la mano de los padres de familia y también del Estado. Podemos enseñar a nuestros niños los peligros de caer en esa clase de vicios, educarlos para que llegado el día sepan decir no, pero hemos visto casos documentados en los que muy a pesar de la buena educación de la familia, los adolescentes terminan cayendo en esas redes de las que luego es muy difícil que salgan.
Hoy en día el microtráfico es llevado a los colegios, los jóvenes encuentran fácilmente a los expendedores de droga, los padres y miembros de la comunidad denuncian, pero dado que los vendedores no llevan en sus bolsillos más que la dosis personal, no pueden ser judicializados. ¿Cómo cambiaría este panorama si legalizamos? Simplemente dejaremos de denunciar, pero ¿dónde dejamos el futuro de los pequeños?
Dice el informe: “Esto nos recuerda que las políticas de drogas inicialmente se desarrollaron e implementaron con la esperanza de alcanzar resultados en términos de una reducción de los daños a los individuos y la sociedad, menos crimen, mejor salud, y más desarrollo económico y social…”. ¿Será entonces que legalizando desarrollaremos la estrategia perfecta para reducir los daños a la sociedad? ¿Se reducirá el número de crímenes? ¿Gozaremos de mejor salud? ¿Vendrá con ello más desarrollo económico y social?
Finalmente, y en el caso de que se tomen en serio el informe, no acabará el flagelo si legalizan o despenalizan únicamente en un país, no se puede dejar a potestad de cada nación el criminalizar o no. No se puede llegar a esta decisión sin que antes el mundo haya hecho verdaderos programas de educación y prevención y sobre todo sin que se hayan tomado verdaderas medidas judiciales contra quienes irresponsablemente incitan a los menores de edad al consumo de cualquier sustancias prohibida para ellos.
