Se calienta el plato de la paz

Por Jaime Restrepo Vásquez.

Hablemos de paz, ese concepto tan ajeno a los colombianos. Por ella se han despejado miles de kilómetros, se han volado puentes, torres de energía y cascos urbanos; se han decidido perdones y olvidos y se han justificado como altruistas a los criminales que secuestran, violan, asesinan y desaparecen en su nombre.

Leyendo la propuesta del senador Roy Barreras para modificar la Constitución, en aras de brindar un marco constitucional a la justicia transicional, se observa la prevalencia del sector que considera que la paz se consigue con impunidad y poder político. En este sentido, el Acto Legislativo presentado por Barreras, se encamina a garantizar constitucionalmente que esto sea una realidad. Dice la propuesta:

"De conformidad con los criterios de priorización y selección establecidos para la aplicación de los instrumentos de justicia transicional, el Legislador, por iniciativa del gobierno nacional, podrá ordenar la renuncia a la persecución penal. En tales casos el Legislador deberá ordenar la aplicación de mecanismos colectivos y no judiciales para lograr una adecuada investigación y sanción, el esclarecimiento de la verdad y la reparación de las víctimas".

Esto significa que queda en manos de la Unidad Nacional —gobierno y Congreso— el renunciar a la persecución penal de aquellos que se acojan a un proceso de paz, pues lo importante, señala el proyecto en otro aparte, es entender las causas del conflicto interno colombiano y ofrecer algunos mínimos de justicia que, a fin de cuentas, no tendrán el componente de persecución penal.

Es imposible olvidar las críticas que llovieron sobre la Ley de Justicia y Paz, supuestamente por su laxitud en el castigo a todos y cada uno de los criminales de las AUC. Sin embargo, a la hora de pensar en la aplicación de esas mismas medidas para los que siguen alzados en armas, Justicia y Paz es una carga pesadísima que los “luchadores” del monte no están dispuestos a aceptar: a ellos hay que darles algunas ventajas adicionales y hacerles concesiones si se quiere sentarlos en una mesa de diálogo... ya sabemos, el Caguán lo recuerda, que el único propósito de esa mesa será dilatar los tiempos y fortalecer militarmente a los “insurgentes”.

No obstante, el proyecto de Roy Barreras no se queda en la impunidad en manos de la Unidad Nacional, sino que abre las puertas para que los terroristas tengan la posibilidad de modificar las leyes y gobernar al país. Dice el proyecto que no podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados como servidores públicos, quienes hayan sido condenados, en cualquier tiempo, por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o por narcotráfico en Colombia o en el exterior.

Hasta ahí, todo se ve muy bien. Sin embargo, el texto abre un boquete gigantesco para sumar el poder político a la impunidad que se quiere conceder:

"Cuando por iniciativa exclusiva del gobierno nacional, así lo disponga el Legislador por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de una y otra cámara, esta disposición no se aplicará a los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley que se desmovilicen en el marco de un proceso de paz con el gobierno nacional."

En la justificación de esta excepción, Barreras afirma que “pretende abrir la puerta para que en futuros procesos de paz los miembros de grupos armados al margen de la ley que se desmovilicen puedan acceder a cargos de elección popular, ser elegidos y designados servidores públicos si así lo dispone el legislador por mayoría absoluta. Esta medida se justifica en tanto se trata de una herramienta útil para la terminación del conflicto armado interno y el logro de la paz de cara a posibles procesos de paz futuros”.

¿Quiénes serían los favorecidos con posibles procesos de paz futuros? No hay que llamarse a engaños: esos posibles procesos tienen nombre y destinación propia, a saber, las FARC y el ELN, grupos a quienes se les ofrece impunidad y  posibilidades políticas iguales a las que tiene un ciudadano que jamás ha empuñado un arma.

No obstante, el marco legal que se está tratando de imponer por debajo de la mesa, muestra ciertos aprendizajes del proceso con las AUC. Como los legisladores saben que los palurdos encarcelados tienden a la venganza mediante confesiones y sometimiento al Principio de Oportunidad, y que algunos cuentan con evidencias sobre la relación de políticos con esas bandas terroristas; se han curado en salud y en el proyecto de ley de inteligencia se blindan ante cualquier intento de venganza o denuncia real.

ARTÍCULO 31: El tiempo de la reserva de la información de inteligencia se extiende a treinta (30) años armonizándolo con la normatividad vigente en materia de reserva de los documentos públicos diferentes a los de inteligencia y contrainteligencia.

Así mismo se aprobó que además de la extensión de la reserva, que por quince (15) años que puede hacer el Presidente de la República por motivos de seguridad nacional, ésta se extienda hasta la desmovilización de los grupos armados ilegales.

Así las cosas, no solo la información de inteligencia, sino también la ofrecida en los testimonios y las pruebas documentales judiciales, quedan cubiertas con una reserva cercana al medio siglo, aunque podría ser superior si se toma como punto de partida la desmovilización de los alzados en armas. De esta manera, quedan en la impunidad los nexos de políticos, ONG y colectivos de diversa especie con los grupos que se desmovilizarían en un futuro.

Está servido el plato de la “paz”: impunidad, poder político y reserva sobre los promotores del terrorismo en Colombia.