Amenazas y sicariato moral

Indignan, por decir lo menos, las presuntas amenazas contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El solo hecho de considerar que pueden ser víctimas de los violentos es una afrenta no sólo contra los individuos, sino también contra toda la sociedad.

Sigo pensando que los magistrados de la Corte Suprema son, en su mayoría, prevaricadores de oficio que deberían ser procesados con todo el peso de la ley, siguiendo el ejemplo del Tribunal Supremo de España, que avanza en el expediente contra Baltasar Garzón.

La aspiración a la justicia es una premisa fundamental de la democracia, y ésta se basa en el apego estricto a la Constitución y a la ley. Entonces, en contravía de las arbitrariedades que han cometido la mayoría de magistrados de la Corte Suprema, se espera que los encargados de impartir justicia castiguen los delitos y desmadres que han liderado los prevaricadores togados.

El tema de las amenazas resulta complejo. Una semana antes de las elecciones, la Corte Suprema denuncia la vulnerabilidad de sus integrantes en materia de seguridad, después de la captura de dos individuos armados, en inmediaciones de la residencia de tres magistrados. Unas horas después, los dos individuos son judicializados por el delito de porte ilegal de armas. Uno de los sindicados se declara culpable y es liberado, mientras el otro proclama su inocencia y continúa en la cárcel.

Resulta esclarecedor este episodio, pues los presuntos sicarios fueron procesados únicamente por el delito de porte ilegal de armas, lo que demuestra que no existe prueba alguna que implique a los capturados en un complot para asesinar a los tres togados.

Pero eso no importa: la Corte Suprema de Justicia, en contubernio con la Fiscalía General, aprovechó la captura y armó un escándalo con intenciones netamente políticas. En un comunicado, el máximo tribunal exigió que cesen todos los embates contra sus actuaciones, mostrando que sus decisiones tienen el halo de la infalibilidad y que cualquier crítica es sinónimo de amenaza.

Nada como una presunta amenaza para tratar de mover al público a favor de los desmanes judiciales a una semana de las elecciones parlamentarias. Ellos quieren refrendar la imagen de adalides justicieros que están luchando contra las mafias enquistadas en el poder, lo que no incluye, claro está, a los criminales altruistas que desde el poder han favorecido a las Farc y se han alineado con el proyecto totalitario latinoamericano.

El episodio de la Corte recuerda una antigua práctica mafiosa. A finales de la década de los 80, los individuos emergentes que querían mostrarse poderosos, llevaban tras de sí un séquito de escoltas, con lo que buscaban posicionarse como socialmente importantes. Eso de llevar dos motos abriendo vía, con varias camionetas detrás de un vehículo, era de lo más chic para los nuevos ricos —léase narcotraficantes, políticos en ascenso, etc.—. Parece que las costumbres mafiosas quedaron como fijación en las mentes de algunos funcionarios —paranoicos, además— que buscan tener sus propios ejércitos de guardaespaldas.

El gobierno tiene razón en suministrarles toda la parafernalia de seguridad. Hay que evitar a toda costa que de repente una amenaza sea cierta y termine en un atentado.

Sin embargo, la denuncia de amenazas es uno de los deportes nacionales que da más estatus. Recuerdo a una bloguera que denunciaba cada rato amenazas en su contra. Esa misma mujer sostenía que en Colombia no podíamos vivir los uribistas con los “progres” y que deberíamos irnos del país de inmediato.

La comunidad venía denunciando el cúmulo de irregularidades cometidas en la reestratificación impuesta en Bogotá. Como el agua le estaba llegando al cuello, la Secretaria de Planeación armó un alboroto enorme por una supuesta amenaza. Total: los medios, muy juiciosos, dedicaron su atención a la amenaza y no a la arbitraria decisión de la Alcaldía. A Daniel Coronell supuestamente lo amenazaron y huyó del país. Un tiempo después, con el mismo gobierno y con la misma situación de seguridad, regresó y vive cómodamente en Colombia… la amenaza le dio estatus y visibilidad, como ocurrió con el “decente” Felipe Zuleta y Gustavo Petro.

El sicariato

Existe una gran preocupación por el sicariato físico en nuestro país. No es para menos, pues esa es una forma de terrorismo que está resurgiendo peligrosamente en Colombia.

No obstante, la ciudadanía parece dormida frente a otra expresión del terrorismo: el sicariato moral. Es de tal magnitud el asunto, que cualquier cobarde, escudado en el anonimato que permite la internet o en un cargo judicial, asesina la honra de un individuo, en un acto aberrante que es ejercido con total impunidad.

Un fallo tendencioso de la justicia, o una afirmación de algún mequetrefe que esconde su cobardía en un seudónimo, son suficientes para destruir la honra de un ciudadano y de su familia. Ante tal situación, la víctima no puede defenderse y la aspiración a la justicia es sólo una quimera que se diluye con el paso de las horas.

Abundan los ejemplos de esta forma de sicariato. El magistrado auxiliar Iván Velásquez quiso destruir la honra de Germán Vargas Lleras. Para tal fin, emborrachó a uno de los supuestos testigos y finalmente no consiguió nada.

Daniel Coronell emitió una entrevista al paramilitar Francisco Villalba en la que denunciaba que Álvaro Uribe Vélez había participado en la masacre de El Aro. En dicha entrevista, Villalba aseguró que tenía pruebas y que las entregaría oportunamente. Lamentablemente el paramilitar fue asesinado y las pruebas jamás aparecieron. Si Coronell tuviera una gota de ética, la entrevista habría salido al aire siempre y cuando el medio hubiese tenido acceso a las evidencias, pues una premisa del ejercicio periodístico es el contraste de las fuentes y otorgarles credibilidad con base en las evidencias que aportan.

Es una tragedia: la creciente presencia de los sicarios, en moto o detrás de un escritorio, se convierte en una amenaza que deja a los ciudadanos en un estado creciente de vulnerabilidad que deteriora seriamente la aspiración de un verdadero Estado de Derecho.

Por Jaime Restrepo.