Resulta imposible la aspiración a la justicia, si los operadores de esa rama del poder llegan al extremo de llevar a juicio a un acusado con testimonios comprados o sin respetar el derecho universal de confrontar a los acusadores.
24 años después de la toma del Palacio de Justicia, en un acto de revisionismo judicial, el único oficial del Ejército que dio la cara en medio de la catástrofe del Palacio, el coronel Alfonso Plazas Vega, es el chivo expiatorio de una estrategia que pretende neutralizar a los militares mediante la intimidación judicial que desarrolla un grupo de feroces inquisidores liderados por el Colectivo de Abogados Alvear Restrepo. Atrabilioso tuvo acceso a piezas importantes del expediente que dejan serias dudas sobre el proceso que se adelanta contra Plazas Vega.
El testigo que nunca ha sido confrontado
El primer falso testigo, un fantasma que nunca ha hecho presencia física ni en las audiencias, ni durante la investigación, ni en el juicio; aparece como Edgar Villarreal. Sin embargo, la cédula de ciudadanía 13’452.278 y la firma corresponden a Edgar Villamizar Espinel, el verdadero nombre del testigo, quien además si está registrado en los archivos del Ejército.
Edgar Villamizar, alias Edgar Villarreal, trabajó como investigador del CTI de la Fiscalía hasta el 2003. Efectivamente Villamizar es Cabo retirado, pero nunca perteneció a la Escuela de Caballería, de acuerdo a los archivos del Ejército.
El 6 de noviembre de 1985, Villamizar estaba adscrito a una unidad militar ubicada en Granada, Meta, lo que hace imposible que participara en el operativo del Palacio de Justicia. Además, dentro de las pruebas que aportó la defensa del Coronel Plazas Vega hay una declaración en la cual, un militar que estaba asignado a la unidad de Granada, recuerda que Edgar Villamizar Espinel lo atendió, durante los primeros 15 días de noviembre de 1985, en el dispensario de la unidad. En este sentido, el declarante afirma que recuerda incluso que Villamizar le prestó un dinero para comprar una moto. ¿Villamizar tiene el don de la ubicuidad?
Sin embargo, el nombre de Edgar Villamizar surge solo en el año 2006, cuando sorprende con una declaración escrita en la Escuela de Caballería. Curiosamente la diligencia en la que aparece el testigo Villamizar se realizó sin la presencia de los abogados de la defensa, ni del acusado, lo que ratifica a la imposibilidad del Coronel de confrontar a sus acusadores, una constante en el proceso contra el militar retirado.
El testigo presencial que estaba en la cárcel
El segundo testigo “estrella” del proceso contra Plazas Vega es Tirso Sáenz, un Cabo retirado del Ejército que no aparece en los archivos como participante en la operación del Palacio de Justicia. Es que no puede aparecer, pues como consta en una resolución del 27 de febrero de 1985, Tirso Sáenz estaba privado de la libertad por el delito de hurto.
Unos meses después, Sáenz fue condenado por hurto y sentenciado a 18 meses de prisión por un juez penal militar: ¿Cómo hizo para estar en la cárcel y en el Palacio al mismo tiempo? ¿Acaso no fue el Comandante de la Escuela de Caballería quien ratificó la sentencia contra Sáenz?
En la actualidad, Sáenz paga varias condenas que suman 102 años de prisión por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, falsedad en documento, hurto agravado y lesiones personales. 
Hasta hace poco, el condenado purgaba su pena en la cárcel de Cómbita, Boyacá, pero hizo un acuerdo con la Fiscalía para atestiguar en contra de Plazas Vega a cambio, entre otras cosas, de que fuera trasladado a La Picota en Bogotá. Claro que, según una carta escrita de su puño y letra, además de los favores jurídicos, también se incluían algunos beneficios económicos. ¿Quién le ofreció dinero, protección y residencia en el exterior?
Lo anterior podría configurar un soborno, descrito por la ley como el acto en el cual incurre quien entregue o prometa dinero u otra utilidad a un testigo para que falte a la verdad o la calle total o parcialmente en su testimonio.
De hecho, Tirso Sáenz no aparece en los reportes entregados por el coronel Plazas Vega sobre las tripulaciones de los tanques Cascabel que participaron en la operación y que fueron radicados unos días después de la tragedia. Resultaría curioso, por lo menos, que en el informe aparecieran los nombres de los militares integrantes de las tripulaciones excepto el de Tirso Sáenz.
Las más de 260 víctimas rescatadas del Palacio de Justicia merecen la verdad y la vindicación de que sus victimarios estén tras las rejas. Los nueve magistrados, sus escoltas y los militares y policías inmolados en el acto terrorista deberían recibir el homenaje de un aparato judicial dispuesto a condenar a los criminales, así sean candidatos a la presidencia de la República.
Por Jaime Restrepo. Director de Atrabilioso.
