La derrota de la candidata chavista, Balbina Herrera, frente al empresario Ricardo Martinelli, en las recientes elecciones presidenciales de Panamá, marca el principio del fin del Foro de Sao Paulo (FSP) en América Latina.
Hace una década, los candidatos del FSP representaban una esperanza para sus naciones, sobre todo debido al fracaso de los partidos tradicionales. Prometían un cambio benéfico; ofrecían justicia social, acabar con la corrupción, y resolver los problemas de hambre y desempleo.
Pero luego de años gobernando, los resultados de sus gestiones han sido francamente desastrosos. No han resuelto ninguno de los problemas cruciales de la región y, por el contrario, los ha agravado sensiblemente. En algunos casos, han conculcado las libertades, destruido la democracia y violado flagrantemente los derechos humanos.
La derrota del Foro de Sao Paulo en Panamá es la primera de muchas otras que se avecinan. Difícilmente el Frente Amplio pueda repetir un triunfo en Uruguay, sobre todo con un candidato tan malo como el ex Tupamaro José “Pepe” Mugica. Sebastián Piñera tiene amplias posibilidades de ganar las próximas elecciones presidenciales en Chile. La precandidata del Partido de los Trabajadores (PT), Dilma Rousseff, no levanta cabeza. Los Kirchner se vieron obligados a adelantar las elecciones regionales en Argentina, para tratar de evitar un descalabro.
Los radicales del FSP —entre ellos Chávez, Morales y Ortega— están en serios problemas, debido a su incapacidad para lidiar con los efectos de la crisis económica mundial. Intentan mantenerse en la Presidencia radicalizándose, cometiendo fraude electoral, persiguiendo ferozmente a la oposición y aprobando leyes que les dan un poder omnímodo; pero ya no cuentan con el respaldo popular suficiente para mantener la gobernabilidad. Y en cuanto a las FARC, miembros fundadores del Foro de Sao Paulo, es evidente que tienen los días contados.
Otros del FSP que sí ganaron elecciones —Funes en El Salvador y Correa en Ecuador— están seriamente limitados para gobernar, por la combinación de polarización política y crisis económica. Si llegan al final de sus respectivos períodos, pueden considerarse afortunados.
Sin duda, soplan vientos de cambios en América Latina. Pero no hay que cantar victoria. Los radicales del Foro de Sao Paulo harán cualquier cosa —incluso recurrir al apoyo del fundamentalismo islámico y del terrorismo internacional— para aferrarse irracionalmente a sus cargos.
Urge crear una nueva corriente política en nuestro continente, capaz de llenar el vacío que está dejando el FSP y de elaborar programas de gobierno que resuelvan el problema de fondo de la región, como la pobreza y el subdesarrollo.
Evo Morales está ejecutando un golpe de Estado
A raíz de la presencia en Santa Cruz de una presunta “célula terrorista”, desmantelada por el gobierno boliviano de manera irregular y bastante sospechosa, Evo Morales está aprovechando para iniciar una feroz cacería de brujas contra los líderes cruceños.
El gobierno recurre todo tipo de artimañas, e incluso a testigos falsos con amplio prontuario policial, para incriminar a empresarios, líderes políticos, dirigentes cívicos y activistas de derechos humanos, en una presunta "conspiración internacional" para escindir el departamento del territorio boliviano.
Previamente, se enviaron contingentes militares a Santa Cruz, tal como se hizo en septiembre del año pasado en la provincia de Pando, donde el oficialismo depuso ilegalmente a las autoridades departamentales y llevó a la cárcel injustamente al prefecto Leopoldo Fernández.
Pero mientras el miedo cunde en la población cruceña y los dirigentes se ven obligados a invertir su tiempo en defenderse de las falsas acusaciones, Evo Morales ejecuta un golpe de Estado. El golpe consiste en:
Primero, descabezar a la Corte Suprema de Justicia, comenzando con su presidente, el magistrado Eddy Fernández;
Segundo, aprovechar la renuncia del presidente de la Corte Nacional Electoral, José Luis Exeni, para tomar el control absoluto del sistema electoral boliviano;
Tercero, desconocer los referendos autonómicos realizados el año pasado, argumentando que autonomía equivale a secesión;
Cuarto, convocar a un “pacto antiterrorista” entre las Fuerzas Armadas, las policías y los factores oficialistas, para forzar a las instituciones nacionales a alinearse con Evo Morales frente a la presunta “conspiración terrorista” de la oposición; y
Quinto, eliminar la propiedad privada, mediante un decreto que permitiría incautar los bienes de los supuestos “terroristas“ y “secesionistas”; es decir, de todos los opositores.
El objetivo de Evo Morales es instaurar una dictadura, antes de que salga a la luz su responsabilidad en la masacre de Pando y antes de que los efectos de la crisis económica global debiliten aún más a su gobierno.
Esperamos que las instituciones nacionales -particularmente las Fuerzas Armadas- no se dejen chantajear por la propaganda del gobierno, y que obliguen a Morales a retroceder en sus pretensiones totalitarias.
En cuanto al desmantelamiento de la presunta “célula terrorista”, urge iniciar una investigación seria e imparcial, dejando a un lado el uso político que el gobierno pretende darle.
Por Alejandro Peña Esclusa. Columnista de Atrabilioso.
Hace una década, los candidatos del FSP representaban una esperanza para sus naciones, sobre todo debido al fracaso de los partidos tradicionales. Prometían un cambio benéfico; ofrecían justicia social, acabar con la corrupción, y resolver los problemas de hambre y desempleo.
Pero luego de años gobernando, los resultados de sus gestiones han sido francamente desastrosos. No han resuelto ninguno de los problemas cruciales de la región y, por el contrario, los ha agravado sensiblemente. En algunos casos, han conculcado las libertades, destruido la democracia y violado flagrantemente los derechos humanos.
La derrota del Foro de Sao Paulo en Panamá es la primera de muchas otras que se avecinan. Difícilmente el Frente Amplio pueda repetir un triunfo en Uruguay, sobre todo con un candidato tan malo como el ex Tupamaro José “Pepe” Mugica. Sebastián Piñera tiene amplias posibilidades de ganar las próximas elecciones presidenciales en Chile. La precandidata del Partido de los Trabajadores (PT), Dilma Rousseff, no levanta cabeza. Los Kirchner se vieron obligados a adelantar las elecciones regionales en Argentina, para tratar de evitar un descalabro.
Los radicales del FSP —entre ellos Chávez, Morales y Ortega— están en serios problemas, debido a su incapacidad para lidiar con los efectos de la crisis económica mundial. Intentan mantenerse en la Presidencia radicalizándose, cometiendo fraude electoral, persiguiendo ferozmente a la oposición y aprobando leyes que les dan un poder omnímodo; pero ya no cuentan con el respaldo popular suficiente para mantener la gobernabilidad. Y en cuanto a las FARC, miembros fundadores del Foro de Sao Paulo, es evidente que tienen los días contados.
Otros del FSP que sí ganaron elecciones —Funes en El Salvador y Correa en Ecuador— están seriamente limitados para gobernar, por la combinación de polarización política y crisis económica. Si llegan al final de sus respectivos períodos, pueden considerarse afortunados.
Sin duda, soplan vientos de cambios en América Latina. Pero no hay que cantar victoria. Los radicales del Foro de Sao Paulo harán cualquier cosa —incluso recurrir al apoyo del fundamentalismo islámico y del terrorismo internacional— para aferrarse irracionalmente a sus cargos.
Urge crear una nueva corriente política en nuestro continente, capaz de llenar el vacío que está dejando el FSP y de elaborar programas de gobierno que resuelvan el problema de fondo de la región, como la pobreza y el subdesarrollo.
Evo Morales está ejecutando un golpe de Estado
A raíz de la presencia en Santa Cruz de una presunta “célula terrorista”, desmantelada por el gobierno boliviano de manera irregular y bastante sospechosa, Evo Morales está aprovechando para iniciar una feroz cacería de brujas contra los líderes cruceños.
El gobierno recurre todo tipo de artimañas, e incluso a testigos falsos con amplio prontuario policial, para incriminar a empresarios, líderes políticos, dirigentes cívicos y activistas de derechos humanos, en una presunta "conspiración internacional" para escindir el departamento del territorio boliviano.
Previamente, se enviaron contingentes militares a Santa Cruz, tal como se hizo en septiembre del año pasado en la provincia de Pando, donde el oficialismo depuso ilegalmente a las autoridades departamentales y llevó a la cárcel injustamente al prefecto Leopoldo Fernández.
Pero mientras el miedo cunde en la población cruceña y los dirigentes se ven obligados a invertir su tiempo en defenderse de las falsas acusaciones, Evo Morales ejecuta un golpe de Estado. El golpe consiste en:
Primero, descabezar a la Corte Suprema de Justicia, comenzando con su presidente, el magistrado Eddy Fernández;
Segundo, aprovechar la renuncia del presidente de la Corte Nacional Electoral, José Luis Exeni, para tomar el control absoluto del sistema electoral boliviano;
Tercero, desconocer los referendos autonómicos realizados el año pasado, argumentando que autonomía equivale a secesión;
Cuarto, convocar a un “pacto antiterrorista” entre las Fuerzas Armadas, las policías y los factores oficialistas, para forzar a las instituciones nacionales a alinearse con Evo Morales frente a la presunta “conspiración terrorista” de la oposición; y
Quinto, eliminar la propiedad privada, mediante un decreto que permitiría incautar los bienes de los supuestos “terroristas“ y “secesionistas”; es decir, de todos los opositores.
El objetivo de Evo Morales es instaurar una dictadura, antes de que salga a la luz su responsabilidad en la masacre de Pando y antes de que los efectos de la crisis económica global debiliten aún más a su gobierno.
Esperamos que las instituciones nacionales -particularmente las Fuerzas Armadas- no se dejen chantajear por la propaganda del gobierno, y que obliguen a Morales a retroceder en sus pretensiones totalitarias.
En cuanto al desmantelamiento de la presunta “célula terrorista”, urge iniciar una investigación seria e imparcial, dejando a un lado el uso político que el gobierno pretende darle.
Por Alejandro Peña Esclusa. Columnista de Atrabilioso.
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