El complot

Por Jaime Restrepo Vásquez.

¡Qué palabra tan de moda! De tiempo atrás, todo parece o es descrito como complot. En la última versión “libre” de Salvatore Mancuso, la palabra volvió a aparecer, esta vez para describir lo que a juicio de muchos es una nefasta persecución contra la Corte Suprema de Justicia.

Cuando el criminal explicó el tal complot, contó que lo contactaron para que buscara pruebas sobre los nexos entre el magistrado Yesid Ramírez y el narcotraficante Giorgio Sale. En otras palabras: el gobierno Uribe —así lo sugirió el paramilitar— estaba conspirando contra la Corte al indagar la vinculación de algunos magistrados con personajes sub judice.

Es curioso que, según Mancuso, los paramilitares hubieran infiltrado todas las esferas del poder en Colombia con excepción del poder judicial: ni al criminal le preguntan, ni él se preocupa por dar a conocer los motivos para evitar la cooptación de la cúpula de la justicia nacional.

¿Acaso los operadores judiciales eran los únicos inmunes a la infiltración? Pues no. Entre Giorgio Sale y Salvatore Mancuso hay una relación de “negocios” de vieja data, en la que salen involucrados familiares y hasta empresarios del fútbol internacional. Así las cosas, la relación de Sale con magistrados de las altas cortes cobra especial relevancia, pues ese es un camino por el que el paramilitarismo y el narcotráfico pudieron acceder al control de altos operadores judiciales.

Es que en el complot comentado por Mancuso, lo que resulta claro es que existía preocupación o información por confirmar, en manos del alto gobierno de la época, que comprometía a magistrados de las altas cortes con el narcotráfico y que la ratificación de tales vínculos solo podía surgir de los socios de los criminales, es decir, de los paramilitares. Es bueno recordar que esa sospecha es la génesis del escándalo de las chuzadas, tema en el cual algunos se rasgan las vestiduras por la violación de la privacidad de los aliados de la mafia, pero no se inmutan por la destrucción de la justicia, es decir de la democracia, por parte de los amigos de Sale.

Aquellos que insisten en lo nefasto del “complot” contra la Corte, pasan por alto un aspecto fundamental: los hechos comprobados en los cuales la mafia agasajaba a los togados y les pagaba viajes en primera clase. Esos son hechos suficientes para dejar por el piso la tal majestad de la justicia colombiana y poner en tela de juicio las decisiones adoptadas por las cortes.

No se trata de una intención criminal de desprestigiar a los “ilustres” togados, pues son sus actuaciones las que se han encargado de enlodar su buen nombre: la vergonzosa e ilegal elección de Viviane Morales es solo un ejemplo del suicidio moral y de la prepotencia impune de los que controlan el poder judicial en Colombia.

Pero vamos más allá. Con la ilegítima elección de Morales como Fiscal General, se profundizó el complot para dejar en la oscuridad el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, pues la Fiscalía ha conservado el estatus de impunidad en ese caso, pese a las evidencias sobre falsos testimonios, manipulaciones y desviaciones judiciales que se han presentado durante la investigación del magnicidio, como se comprueba en el libro “¿Por qué lo mataron?”, escrito por Enrique Gómez Hurtado.

Aceptemos, sin embargo, que la palabra complot se ajusta a la descripción de los hechos. Entonces surgen varias preguntas: ¿Cuándo Iván Cepeda indaga con los criminales sobre los presuntos vínculos de Uribe con los paramilitares, no es acaso también un complot? ¿No es un complot la versión “libre” de Mancuso, cuando habla, sin pruebas de respaldo, de la financiación de los paramilitares a la campaña de Uribe en 2002? ¿Cómo se puede calificar el hecho de que el único testigo de esa financiación, mencionado por el criminal, sea Pedro Juan Moreno, quien obviamente no puede contradecir o ratificar la versión?

Ahora todo es un complot: Petro asegura que hay una conspiración en su contra, los magistrados se sienten perseguidos por un complot orquestado por Uribe y sus muchachos; Juan Manuel Santos habla de una conjura de las manos negras para torpedear sus leyes y se insiste en una conspiración militar contra el actual gobierno... que buenas cortinas de humo para ocultar la ineptitud, mediocridad y ausencia de liderazgo de todas las "víctimas" de las conspiraciones colombianas.

Un país descarrilado

Por Jaime Restrepo Vásquez

¿Será que no se da cuenta? ¿Estará dando lo mejor de él, pero no obtiene los resultados que se esperan? Al observar la crisis por la que atraviesa el país, algunos podrían plantear estas preguntas candorosas para tratar de entender la ausencia de liderazgo del presidente Santos.

Para donde se mire, la situación es alarmante. En materia de seguridad, al tiempo que las FARC anuncian que no realizarán más “retenciones”, el ELN secuestra a nueve ciudadanos en Arauca, como en una carrera de relevos en la cual, el testigo que se pasan los grupos terroristas es la vida y la libertad de los colombianos: mientras unos avanzan en las negociaciones secretas con el gobierno, los otros hacen demostraciones de fuerza de tal manera que puedan ser dignos sucesores del salvajismo de las FARC, lo que les permitirá convertirse en protagonistas de los "esfuerzos pacifistas" de los "altruistas" de Colombianos por la paz.

Adicionalmente, el departamento del Chocó lleva más de una semana sumido en la parálisis total, gracias a un paro armado de las FARC, situación que no se vivía desde hace muchos años. Otra vez, como ocurría antes de 2002, la voladura de oleoductos, el desabastecimiento de amplias regiones, la incineración de vehículos y la extorsión se han vuelto pan de cada día.

Mientras esto ocurre, Juan Manuel Santos parece vivir en otro planeta y en lugar de gobernar –trabajo para el que fue elegido y por el que le pagamos– se dedica a congraciarse con el comunismo nacional e internacional y para tal fin viajó a La Habana: allí se arrodilló ante los asesinos Fidel Casiano y Raúl Modesto, y su monstruoso apéndice Hugo Rafael; para negociar, solo en apariencia, su ausencia en la Cumbre de las Américas, pues obviamente en la cabeza de Santos es más importante mantener las relaciones internacionales que atender las “minucias” domésticas, como la crisis del Chocó, del Cauca, de Arauca y del Putumayo.  Sin embargo, el periodista Nelson Bocaranda asegura que el propósito del viaje era avanzar en el alistamiento de la sede para las negociaciones con las FARC en el extranjero.

Antes de viajar, Santos sostuvo que hay que hablar con los buenos amigos –refiriéndose a los Castro y a Chávez– para solucionar las dificultades… todo en aras de alejar la terrible sombra del “aislamiento internacional” al que nos sometieron Uribe y su séquito. Es que el Presidente todavía cree que rechazar abiertamente el patrocinio otorgado por algunos países al terrorismo nos aísla del mundo –para Santos y su teórica Laura Gil, mundo significa el vecindario inmediato–, cuando lo cierto es que el apaciguamiento es el mayor aislante que evita el contacto con los verdaderos protagonistas globales.

De otro lado, la salida de Viviane Morales de la Fiscalía es un durísimo golpe para la ya deteriorada imagen que el mundo tiene del poder judicial colombiano, pues el actual gobierno, en contubernio con la Corte Suprema de Justicia, cometió una barbaridad leguleya en el proceso de elección de la Fiscal al señalar que era lícito incumplir las normas por una sola vez.

Aunque no sorprende, sí aterra la prepotencia de los magistrados que tomaron semejante decisión al saberse propietarios absolutos de la impunidad: ¿En manos de qué tipo de sujetos está la justicia colombiana? Resulta angustioso, por decir lo menos, que los máximos jueces de la República justifiquen su cinismo y el irrespeto a la ley, asegurando que si lo hacen una sola vez, eso está bien.

A lo anterior se suma la apertura de una investigación sobre el carrusel de las pensiones en las distintas cortes, al punto que la Comisión de Acusación alista más de 200 citaciones para los próximos meses.

No es que se espere mucho de la Comisión, pero tal decisión ocurre justo en el momento en que quedó en evidencia, una vez más, el proceder ilegal de la cúpula judicial y del gobierno nacional, por lo cual se profundiza la ilegitimidad de la operación de la justicia en Colombia y se camina al borde del punto de no retorno.

Al ver este panorama, superficial por supuesto, parece oportuno volver a las preguntas sobre el actual Presidente: ¿Será que no se da cuenta? ¿Estará dando lo mejor de él, pero no obtiene los resultados que se esperan? Las respuestas no son halagadoras: sí se da cuenta, pero no le importa, porque sus objetivos “superiores” son personalistas y de ser necesario, se encumbrará sobre un pedestal de cadáveres para obtener un sitial de honor en el panorama internacional.

En ese proyecto ciertamente está dando lo mejor de él y ha logrado obtener los resultados que espera, pues es el amigo de todos los enemigos del país, el apaciguador incansable que trata de complacer a su auditorio y si toma una decisión incómoda, basta con un pequeño alboroto y de inmediato, presa de la cobardía, la retira de la mesa, no sea que la osadía afecte su decreciente popularidad.

Utilizando el lenguaje presidencial, la locomotora del país se descarrila apresuradamente, mientras el maquinista se dedica a jugar póquer en el vagón de la tiranía continental.

Las curvas de Santos

Por Jaime Restrepo Vásquez.

De tiempo atrás, se da por sentado que Juan Manuel Santos es un sujeto mediático, dedicado a proteger y promover su imagen a como dé lugar.

Sin embargo, las cosas no le están saliendo bien al Presidente. En la última encuesta publicada por Gallup, algunos indicadores demuestran desconfianza o confusión de la ciudadanía frente al gobierno. Si se observa el gráfico sobre el comportamiento histórico de la opinión en relación con la situación del país, el 42 % considera que en este momento las cosas están peor y el 40 % cree que la situación va mejorando, lo que deja a los pesimistas como mayoría. Adicionalmente, este resultado es la evidencia de una naciente polarización ciudadana frente al gobierno.

Además, pese a los esfuerzos del actual gobierno y de los medios de comunicación -unificados en la tarea de neutralizar cualquier impacto contra su imagen- en mayo de 2011, Santos obtuvo un 54 % de colombianos que pensaban que las cosas estaban empeorando, cifra record de pesimismo durante los últimos 10 años. Es importante anotar que su antecesor, Álvaro Uribe, analizados sus dos periodos, registró un porcentaje máximo del 46 % de ciudadanos que pensaban que las cosas no estaban bien, mientras que ostenta el mínimo nivel de pesimismo desde 1994, registrado en julio de 2008, con un 14 %.

Al observar la gráfica y ver el comportamiento del pesimismo colombiano, sobre todo durante las nefastas administraciones de Samper y Pastrana –con niveles negativos del 78 y 84 %- y comparar dichas cifras con las obtenidas durante la administración Uribe, resulta evidente que el gobierno anterior despertó el optimismo de los colombianos: de 44 mediciones realizadas durante los 8 años de gobierno, 35 mostraron que la mayoría pensaba que las cosas estaban mejorando en el país.

Como las comparaciones son odiosas, nada mejor que hacerlas con los antecesores de Uribe. Durante el periodo de Ernesto Samper, solo una de 16 mediciones mostró algún grado de optimismo en los encuestados. El resto, 15 en total, rara vez bajaron del 60 % de pesimismo. Cuatro años después, el gobierno Pastrana arrancó con un 36 % de ciudadanos que pensaba que las cosas no estaban bien y rápidamente se encumbró al 65 % para llegar, en abril de 1999 al vergonzoso 84 % de pesimismo, la cifra record de desesperanza en la historia reciente del país. Luego de este resultado, el gobierno Pastrana se mantuvo por encima del 70 % prácticamente hasta el final, cuando bajó al 53 %.

Es más: durante el mandato de Andrés Pastrana, ninguna de las mediciones mostró el optimismo por encima del pesimismo y la cifra de los que pensaban que las cosas estaban mejorando nunca subió del 15 %.

En cuanto al gobierno actual, ciertamente comenzó con el impulso optimista que venía de la anterior administración y llegó, solo dos meses después, al 61 % de colombianos que pensaban que las cosas estaban mejorando. De ahí en adelante, los bandazos de Santos, los mensajes erráticos, su incapacidad gubernamental y las malas compañías, fueron determinantes para infundir el pesimismo en los ciudadanos.

Otro aspecto llamativo de la encuesta Gallup es la opinión favorable o desfavorable del Presidente. De hecho, el actual mandatario tiene un 28 % de imagen negativa –solo un punto por debajo de la máxima obtenida por Uribe durante sus ocho años de mandato- y la curva descendente de su favorabilidad muestra una tendencia a encontrarse con la curva ascendente de la opinión desfavorable que tienen los colombianos de Juan Manuel Santos.

Si se mira el comportamiento estadístico de los gobiernos de Samper y Pastrana, la imagen negativa estuvo muy por encima de la curva que mostraba la opinión favorable de esos mandatarios. Es más: durante el mandato de Pastrana solo en una oportunidad, la favorabilidad estuvo por encima de la opinión en contra del gobierno… y solo por dos puntos porcentuales.

No obstante, el asunto más llamativo es la opinión ciudadana sobre la forma como el Presidente está manejando el asunto de la guerrilla. Es evidente que el tema no fue bien visto durante los ocho años de Samper y Pastrana: en el primer caso se llegó al 78 % de rechazo, mientras que Pastrana, quien alcanzó la cumbre del 87 % de desaprobación en ese campo, conservó por encima del 80 % los niveles de rechazo a sus conductas “pacifistas”, dialogantes y entreguistas; desde julio del 99 hasta julio de 2002.

Luego llegó Uribe y la aprobación a la forma como manejó el tema de la guerrilla comenzó en un 62 % y al finalizar su segundo periodo alcanzó el 82 % de aprobación.

Más allá de la opinión favorable o desfavorable, lo cierto es que durante los gobiernos de Samper, Pastrana y Uribe se observa una posición definida de los ciudadanos frente al tema. Pero eso no ocurre con Juan Manuel Santos. De hecho, el actual Presidente comenzó con una aprobación del 69 % al manejo dado al tema de la guerrilla y luego alcanzó el 81 %. Sin embargo, ya en diciembre de 2010, los mensajes equívocos, el comportamiento errático, la incoherencia conceptual y las señales favorables al terrorismo, comenzaron a minar la aceptación al apaciguamiento con los grupos guerrilleros.

Durante el último mes de 2010, Santos llegó al 70 % de aprobación para luego iniciar un descenso vertiginoso que llegó en agosto de 2011 al 51 % de rechazo. En noviembre logró nuevamente un respiro al ubicarse en un 66 % de aceptación, aunque no sirvió de mucho, pues en diciembre de 2011 regresó la tendencia decreciente con un 42 % de aprobación contra el 55 % de rechazo en febrero de este año.

Todo lo anterior contrasta con la opinión favorable de los ciudadanos en temas como las relaciones internacionales, la educación y la economía: aunque en esos aspectos, Santos sale muy bien librado, el conjunto de todas las acciones de gobierno han generado una percepción negativa en la ciudadanía. Incluso, si se compara el tema de las relaciones internacionales con el manejo del terrorismo, ubicando en la mitad el gráfico de la imagen del Presidente, se podría pensar que la gente se siente menos “aislada” internacionalmente, pero que eso se ha logrado a costa de la seguridad y del embeleco de negociar la ley con los criminales altruistas.

Lo cierto es que las principales curvas no le favorecen a Santos: los colombianos lo perciben errático, confundido y complaciente… todo un pelmazo.

¿Y después de Chávez, qué?

Por Jaime Restrepo Vásquez.

Aunque las restricciones a la información que impone la dictadura venezolana hacen difícil precisar si el coronel-paracaidista está tan enfermo como aparenta, lo cierto es que el régimen chavista tiene amenazada su continuidad ya sea por el padecimiento del caudillo o por las elecciones de octubre próximo.

Es difícil registrar la tendencia de los “ni-ni” para las elecciones de octubre, aunque los durísimos golpes a la población general –incluido el segmento de los indiferentes políticos- como el desabastecimiento, la inseguridad, el acelerado deterioro económico de toda la nación, la persecución a la libre empresa, la mordaza autoritaria y la corrupción rampante; de repente motivarán a votar en octubre, a esa franja de venezolanos apáticos que pensaban hace 14 años que no pasaría nada con Hugo Chávez en la presidencia y sostenían que daba lo mismo votar por el golpista que por Irene o por Henrique Salas.

A pesar de las marrullas del oficialismo para tratar de mantener la dictadura en el vecino país, lo cierto es que hay un evidente desgaste en la imagen del tirano –y de sus esbirros, por supuesto- que puede generar, en las urnas, un movimiento contrario al chavismo.

Adicionalmente, cada intento de mostrar vigoroso al caudillo, termina produciendo el efecto contrario: se le ve demacrado, hinchado y con gestos esporádicos de dolor. Seguramente el propósito, además de tratar de aparentar la fortaleza de Chávez, es generar la compasión popular por el sufrido dictador en desgracia… y eso, piensan los chavistas, suma votos en las urnas. No obstante, la decadencia natural del tirano después de casi tres lustros al mando de Venezuela, puede neutralizar la lástima y llevar a los electores a mirar en otra dirección.

Sin embargo, no se debe perder de vista que en noviembre de 2010, el general Henry Rangel, ahora ministro de Defensa de Venezuela, dijo que era inaceptable que llegara a la presidencia de su país cualquier otro que no fuera Hugo Chávez.

Esta declaración no puede tomarse como aislada, ni como un testimonio de adulación al caudillo. De hecho, como lo manifestó el vicealmirante Mario Carratú en distintos escenarios internacionales, los grupos de izquierda asumieron algunas cátedras claves en las escuelas militares venezolanas desde la década del 60 y el resultado ha sido una alta dosis de ideologización que se materializó primero en Chávez y los golpistas de 1992 y luego se extendió –algunos por conveniencia- a gran parte del estamento castrense venezolano.

Así las cosas, el chavismo cuenta con la lealtad, por convicción o interés, de un sector importante de las FAN, cuya sola posición puede intimidar a los electores el próximo 7 de octubre, ante la sospecha de una insurrección de sables en caso de que el candidato opositor obtenga la victoria.

En este sentido, el temor a las armas oficiales puede motivar una estampida de los “ni-ni”, que percibirían con horror -¡cómo no!- una situación de enfrentamiento y polarización entre un gobierno no chavista y las Fuerzas Armadas.

Y no es para menos: una de las primeras decisiones que debería tomar Henrique Capriles Radonski –de ser elegido- sería llamar a calificar servicio a toda la cúpula militar, reestructurar las unidades militares y revisar en detalle la formación castrense que se está impartiendo en Venezuela… y eso no va a ser bien recibido en los cuarteles, aunque es de suponer que la oposición ya tiene la cuenta de los militares que apoyarán y defenderán la transición de la dictadura a la democracia.

A la amenaza anterior se suma la enorme capacidad armada de los grupos chavistas, quienes han señalado con insistencia, que solo reconocen a Hugo Chávez como presidente de Venezuela. Las bandas paramilitares del chavismo cuentan con poderosos arsenales y han sido financiados directamente por la Presidencia, generando ruedas sueltas de violencia a lo largo y ancho del país.

Estos grupos, como La Piedrita y las Fuerzas Bolivarianas de Liberación, más los órganos paramilitares que funcionan en el 23 de enero en Caracas –entre otros-, pueden ser la génesis de movimientos insurgentes que desestabilizarán la renaciente democracia. Para tal fin, esas bandas tienen la asesoría y estrecha colaboración de las FARC, cuya experiencia de medio siglo en la clandestinidad y en la sevicia terrorista, servirán de inspiración para los rebeldes que sigan con las armas al momento de regresar la democracia al país vecino.

En caso de ganar Capriles Radonski, de seguro esos grupos protagonizarán disturbios y asonadas en toda Venezuela, y solo serán confrontados, en un primer momento, por los cuerpos de policía de algunos estados, a quienes de paso sea dicho, ya les fue limitado el armamento por la dictadura. Si a esto se suma la incertidumbre militar, resulta sombrío el panorama de la transición y en cualquier caso, parece inevitable el destino de Venezuela durante los próximos meses: la guerra civil.

Santos: ¿A tapar el sol con un dedo?

Por Jaime Restrepo Vásquez.

Nada más alarmante que un gobierno a la defensiva, pues esto indica que hay una crisis en pleno desarrollo que no puede ser ocultada con cortinas de humo.

En esas anda el gobierno de Juan Manuel Santos. En días pasados el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón se reunió con los alcaldes y gobernadores del país y les solicitó prudencia para no magnificar la información relacionada con la barbarie terrorista.

Unas horas más tarde, el propio presidente de la República llamó “idiotas útiles” a los que supuestamente hacen política con la escalada terrorista que viene afrontando el país. Santos, ya sin su sonrisa socarrona, aseguró que “tenemos unos idiotas útiles que para hacer política quieren magnificar los efectos del terrorismo y le están haciendo juego al terrorismo”.

Llama la atención que sea el propio Santos el que llama “idiotas útiles” a los que hacen política con el accionar terrorista: ¿Acaso él mismo no usufructuó las banderas de la contrainsurgencia y las ondeó sin miramientos durante su campaña política?

Pues bien: haciendo cuentas, un “idiota útil” descrito por Santos es su propio Ministro de la Defensa, quien reconoció que en enero de este año se incrementaron los ataques con elementos explosivos en el país… ¡Muy sutil el ministro! Esos ataques con explosivos dejaron un saldo de más de 150 policías, militares y civiles asesinados por las FARC, la cifra más alta en una década.

¿Cómo ocultar semejante masacre? Según se puede interpretar de la actitud defensiva del gobierno, hay que guardar silencio frente al accionar terrorista, pues divulgarlo o tratar de contextualizarlo, resulta siendo un acto de magnificación de la barbarie.

Santos y sus muchachos se equivocan de cabo a rabo. En primer lugar, porque la información es el resultado de hechos comprobables, y son esos hechos los que han crecido en intensidad y sevicia. En este sentido, culpar al mensajero —sea un actor político o un medio de comunicación— de la escalada terrorista demuestra el desespero del gobierno nacional y su impotencia para lidiar con lo que él mismo generó.

Ahí viene la segunda demostración de lo perdido que está el gobierno, pues es el apaciguamiento, el ánimo negociador y la condescendencia con las FARC lo que ha propiciado el escenario de violencia que vive el país, ya que ningún gobierno en Colombia puede desconocer que la sola mención de una posibilidad de establecer una mesa de diálogo, lleva a los terroristas a exhibir su poder para llegar más fuertes a la negociación.

Adicionalmente, el amiguismo entreguista del gobierno Santos con aquella tiranía que les brinda refugio territorial a las FARC, no solo reduce la posibilidad de avanzar en el desmantelamiento de la organización terrorista, sino que les otorga cierto grado de tranquilidad. Basta observar la rapidez con la que actúa la dictadura venezolana para deportar al cabecilla de una banda criminal y contrastarla con la cantidad de obstáculos que el chavismo ha interpuesto para evitar la extradición de ‘Julián Conrado’, el cantante de las FARC: ahí sí el gobierno de Venezuela se convierte en un ente que respeta el orden legal y la división de poderes, aunque solo sea la excusa para no devolver a Colombia a un terrorista que es, para Chávez y sus esbirros, un “hermano bolivariano”.

Ante el cinismo de la dictadura, el gobierno de Santos guarda silencio, es extremadamente prudente y se hace el de la vista gorda, para no incomodar al mejor amigo del presidente colombiano. Es más: frente al contraste entre la rauda efectividad y la obstaculización leguleya, un pronunciamiento sería lo mínimo que un mandatario de verdad, o una Canciller menos preocupada por su apariencia y más concentrada en su trabajo, harían ante la evidencia aplastante.

Sin embargo, no solo es ‘Julián Conrado’ el que sigue disfrutando de la protección de la dictadura venezolana: también está el ex jefe de prensa de Ernesto Samper, el periodista William Parra, quien se refugió en el vecino país ante la orden de captura internacional por vínculos con las FARC.

Curiosamente, mientras el gobierno Santos no se inmuta por la situación de Parra y ‘Conrado’, otro gallo canta cuando se trata de colombianos que no están en la línea pro FARC del santismo: hay que ver los esfuerzos de la Canciller contra María del Pilar Hurtado, por ejemplo, para que Panamá viole las normas internacionales y le retire la condición de asilada política.

Que Santos no se engañe: es el propio gobierno el que ha magnificado la barbarie al hacerle el juego a los terroristas, ya sea a los palurdos del monte o a sus jefes vestidos de civil; hablando de paz y de negociación y siendo indiferente ante la arremetida judicial que busca destruir a las fuerzas de seguridad del Estado, reduciendo en dos terceras partes, la capacidad operativa del Ejército y de la Policía Nacional… Esos son hechos descritos por el propio ministro de la Defensa y ocultarlos solo le hace bien al desesperado e inepto gobierno de ‘Memel’ y su combo.

El atraco de la televisión colombiana

Por Jaime Restrepo Vásquez.

Fue en una noche fría, de esas en las que solo dan ganas de saltar de canal en canal para buscar algún programa que no sea tan aburrido y que permita pasar el tiempo mientras llega la hora de dormir.

En el proceso apareció Canal Capital con un par de mujeres que hablaban de la persecución inclemente que realizó el DAS en su contra. Al final del programa "Contravía" aparecieron los créditos respectivos: el director era Hollman Morris y el jefe de producción era su hermano, Juan Pablo Morris. Al cierre se leía un aviso importante: Morris Producciones, 2012.

Las peroratas de las entrevistadas pasaron a un segundo plano mientras que el año de producción llamó de inmediato mi atención: ¿Acaso Hollman no es el Gerente de Canal Capital desde enero de 2012? Se supone que un funcionario tiene limitantes, entre ellas, las que le impiden ser contratista o beneficiario de ayudas mientras ejerza su cargo. ¿Y entonces, por qué Morris puede seguir elaborando programas de televisión con su propia productora, al tiempo que ostenta la gerencia de un canal público y es, por consiguiente, funcionario del Distrito? ¿La relación de "Contravía" con Canal Capital es económica o de solo difusión del contenido? ¿Es un tema que se paga con dinero o con poder?

A lo anterior debemos sumar que Juan Pablo Morris, hermano de Hollman y socio de Morris Producciones, es miembro principal de la Junta Directiva de la Empresa de Teléfonos de Bogotá, situación que, por lo menos, genera suspicacias con respecto a la elaboración de programas de televisión que, a juzgar por la fecha, son producidos y emitidos al mismo tiempo que es miembro principal de la Junta Directiva de la ETB. ¿Será lícito que un productor de contenidos para la televisión pública, hermano del Gerente del Canal público del Distrito, tenga un cargo en el que decidirá las políticas de convergencia de la ETB con Canal Capital? ¿Acaso la Junta de la ETB no tendrá que ver con los contratos y con el control de gestión del Canal?

¿Qué dirá la Personería de Bogotá al respecto? Me temo que guardará prudente silencio, sobre todo si se tiene en cuenta que una de las candidatas más firmes al cargo es la “flamante” ex fiscal Ángela María Buitrago, la misma protagonista de la condena contra Plazas Vega, quien está tan convencida de su nombramiento, que llegó al Concejo de Bogotá a regañar a los concejales porque no le prestaban atención. Ella, entrevistada en "Contravía", no será la que cuestione a sus compinches y mucho menos será quien ensucie con alguna denuncia a sus protegidos del M-19, ahora disfrazados de Progresistas.

Tampoco será Adriana Córdoba, la segura veedora ciudadana, quien señale las maromas de la famiempresa Morris, pues como lo señaló Paul Bromberg recientemente, Mockus y su esposa Adriana tienen una famiempresa política que se acomoda a cualquier circunstancia y se mueve de izquierda a derecha y viceversa, sin miramientos ni incomodidad alguna. Así las cosas, como no existe competencia entre las famiempresas de los Morris y de los Mockus, la solidaridad de gremio la llevará a guardar silencio.

Sin embargo, lo de Canal Capital es solo una anécdota de indelicadezas y situaciones que deberían ser investigadas por las autoridades, pues es solo un caso menor en medio del asalto a las finanzas que cometen los canales públicos nacionales y el consolidado monopolio que creen tener los canales privados del país.

Desde el 20 de diciembre del año pasado, el Canal del Congreso comenzó a emitir un aviso con los deseos del legislativo para el año que estaba a punto de comenzar. Luego, ya entrado el 2012, el aviso cambió por el logo del Canal. La transmisión del aviso nunca se interrumpía, salvo alguna repetición transmitida entre gallos y media noche.

Por la misma época, el Canal Institucional comenzó a transmitir su programación “educativa” en la que mostraban a unos jóvenes del Sena haciendo robots y cocinas inteligentes. Pero bueno, por lo menos se veía la intención de cumplir con la parrilla de programación y no como ocurre durante casi todo el año, cuando se “encadena” con el Canal del Congreso para transmitir las sesiones de Cámara y Senado.

¿Para qué dos canales emitiendo la misma señal en simultánea? ¿Acaso no es suficiente el Canal del Congreso para dar a conocer la “actividad” del legislativo? Esto no es de poca monta: esos canales se sostienen, en buena medida, con los dineros que el Estado destina a la televisión pública, lo que da como resultado un despilfarro sustancial del erario.

Otro canal que se sostiene con recursos públicos es el Canal Uno. ¡Hay que ver su contenido! Los únicos adjudicatarios de espacios en ese canal –programadoras- que relativamente cumplen con las condiciones pactadas son CM&, Jorge Barón y NTC. Pero cumplir no significa que sean una opción de calidad para competir con la mediocridad de los canales privados: CM&, además del noticiero de más de dos horas, ocupa sus espacios con videos musicales y nada más. Jorge Barón llena buena parte de la programación con su noticiero y con "El Show de las Estrellas" y NTC amplió su “noticiero” durante los fines de semana.

Sin embargo, los demás espacios asignados están ocupados por subarrendatarios de diversa laya: hay brujos, pastores y demonios, promotores de televentas, impulsadores de amuletos y lectores de cartas: cualquiera que pueda pagar cerca de 2 millones de pesos por el espacio de media hora semanal, tendrá acceso al Canal Uno, pues lo importante es el negocio de las programadoras y no el contenido que transmitan. Todo eso ocurre, mientras el Estado subsidia a esas empresas y hasta les paga arbitramentos por caídas en la señal, como ocurrió hace unos años con NTC.

Entre tanto, los canales privados siguen ostentando el monopolio del negocio de la televisión. Mientras el gobierno Uribe respetó esos feudos, RCN era, según algunos, Radio Casa de Nariño. Pero solo bastó el anuncio de la convocatoria para un tercer canal para que RCN se transformara en un medio de ferviente oposición contra Uribe. Caracol, un poco más moderado en su “uribismo”, se radicalizó en contra el gobierno de entonces, alineándose perfectamente con los otros dos medios en cuya composición accionaria aparecen los Santodomingo: El Espectador y Caracol Radio.

Las excusas y leguleyadas brillaron en todo su furor: que faltó una firma, que la torta publicitaria no da para tanto, que el comisionado Noriega dijo o no dijo… en fin, toda la difusión posible para obstaculizar la llegada de un tercer canal privado de televisión.

Y tienen razón en temer: con la programación babosa e insultante que transmiten a diario, un nuevo canal con algo de criterio en la elaboración de la parrilla y en la producción de sus contenidos se convierte en una amenaza para el poder hegemónico de los dueños de RCN y Caracol, pues a fin de cuentas los competidores resultan siendo socios en otros sectores de la actividad empresarial como SabMiller.

Así está la televisión en Colombia… Por eso, los canales internacionales siguen creciendo en audiencia, pues compiten con calidad y algunos no ofenden al televidente con basura que ni entretiene ni divierte. Pero tal situación no importa: a la larga la estructura de poder que da la posesión de un canal se mantiene intacta y permite ejercer la presión que requieran sus dueños, pues son la única fuente que consultan la gran mayoría de los colombianos.

La campaña soñada de la repatriación de terroristas

Por Jaime Restrepo Vásquez.

Era una llamada urgente. A juzgar por el rostro desencajado de sus asesores, parecía un asunto de seguridad nacional, igual o peor a la amenaza nuclear iraní. Al finalizar la comunicación, Hillary Clinton miró desconcertada a quienes estaban a su alrededor y suspendió su agenda para concentrarse en la gigantesca crisis internacional desatada por las FARC, tras el anuncio de una campaña para repatriar a dos terroristas procesados por la justicia estadounidense.

¿Qué hacer?, se preguntaba la señora Clinton al leer una y otra vez el anuncio dado a conocer por una influyente política colombiana, cuyas andanzas y poder se conocen de sobra en la Secretaría de Estado. Lo más grave, pensaba Clinton, era el respaldo a la campaña de un respetado expresidente, cuya voz y liderazgo han sido acatados con sumisión en todo el planeta.

Justo en ese momento, Piedad Córdoba despertó, se incorporó y compartió la visión con sus colegas de Colombianos por la Paz. Un momento después buscó su celular y se comunicó con Ernesto Samper para darle los detalles de la campaña que requería del apoyo de un peso pesado de la política mundial como el expresidente, enumerándole las “seguras” repercusiones que tendría la campaña en Washington.

Mientras tanto, Gloria Cuartas pensaba que ahora sí se sacudiría el imperio, pues una mujer cuyo reconocimiento nacional e internacional es incomparable, unida a la voz de voces de Ernesto; lograrían de inmediato el anhelado reencuentro con el “churro” de ‘Simón Trinidad’… Es que esto puede poner en jaque la reelección de Obama, cavilaba Cuartas mientras oía la conversación entre Piedad y Ernesto.

Pero los sueños de los parroquianos con complejo de superioridad; solo quedan en eso, en quimeras que se estrellan contra la realidad. Una defenestrada y un expresidente, tan cuestionado que le fue cancelada la visa para viajar a los Estados Unidos, son los portaestandartes de la campaña de repatriación de los terroristas ‘Sonia’ y ‘Simón Trinidad’, condenados por narcotráfico en los Estados Unidos.

Piedad y Ernesto quieren de regreso a alias Sonia y a ‘Simón Trinidad’, porque su condena en Estados Unidos, palabras más, palabras menos; es un obstáculo para la paz. Así lo decidieron los impolutos Colombianos por las FARC, después del aquelarre del domingo 29 de enero, en el que analizaron el comunicado de un terrorista –grabado cómodamente en un bosque similar a los que se observan en las montañas de Caracas- en el que dice que los acercamientos con el gobierno Santos deben pasar por la repatriación de los dos condenados.

En muchas ocasiones, los colombianos hemos querido que los Estados Unidos nos tomen en serio. Sin embargo, con Piedad y Ernesto liderando una campaña para favorecer a dos condenados por narcotráfico, solo se puede esperar que en Washington hayan leído la información y se desternillaran de la risa por varios minutos. Después de las carcajadas, algún funcionario se tomó el asunto un poco más en serio —dentro de lo posible, si se considera que la campaña la protagonizan los amigos del creador de Macondo— y tomó algunas decisiones.

A los pocos minutos de darse a conocer el anuncio de la campaña para el retorno de dos extraditados de las FARC, la embajada de los Estados Unidos en Bogotá envió un comunicado de prensa en el que anunció que un líder de las FARC fue condenado a más de 24 años de prisión.

En el comunicado, la Embajada señaló que “Ignacio Leal García, alto dirigente de la organización narcoterrorista FARC, fue sentenciado el 27 de enero de 2012 a 24 años en prisión por concierto para importar varias toneladas de cocaína a Estados Unidos”.

Más adelante, el informe señala que junto a Leal García fueron condenados

Gerardo Aguilar Ramírez, Jorge Enrique Rodríguez Mendieta, Erminso Cuevas Cabrera y Juan José Martínez Vega; todos miembros de las FARC.

¡Qué crueldad con los macondianos Piedad y Ernesto! Ellos todos ilusionados con el golpe contundente contra el imperio, y los estadounidenses salen con un comunicado en el que anuncian la condena de varios miembros de las FARC… ¡No hay derecho! Ya Hugo, Evo y Daniel estaban listos para respaldar la campaña y Enrique ya había impartido instrucciones precisas para que su hermanito ‘Memel’ cerrara la boca.

Es que no se justifica que a los parroquianos de Macondo les den semejante totazo, restregándoles por la cara cinco nombres sobre los que no musitan palabra, cuando también son terroristas de las FARC, fueron extraditados y posteriormente condenados por narcotráfico. El comunicado de la Embajada pregunta sin referirse al tema: ¿cuál es la diferencia entre Leal, Aguilar, Rodríguez, Cuevas y Martínez con alias Sonia y ‘Simón Trinidad’? ¿Por qué unos despiertan la solidaridad de Colombianos por la Paz y otros no son nombrados siquiera por los líderes de la campaña, ni por el alto mando terrorista que despacha sus peroratas desde Venezuela?

Una simple información de prensa dejó en evidencia la patraña propagandística de Colombianos por las FARC, resultado de un trabajo bien sincronizado entre los palurdos cómodamente instalados en los “montes” de Caracas y sus jefes del colectivo liderado por Piedad y sus secuaces.

Seguramente Piedad tendrá pesadillas —ésas sí realistas— en las que esos imperialistas se burlan de su campaña pro FARC, para rescatar a esos dos símbolos de la revolución y del terrorismo. Al llegar las primeras luces, Córdoba despertará sudorosa y se preguntará airada, ¿por qué no me toman en serio?

¡Otra vez!

Por Jaime Restrepo Vásquez.

Vicky Dávila estaba participando con tanto entusiasmo en la demolición del uribismo, que no se percató del momento en el que le cambiaron la agenda por una de sangre, destrucción y muerte.

Poco a poco las denuncias de los antiuribistas fueron perdiendo protagonismo, todo por cuenta del terrorismo de las FARC: de la prioridad de emitir desinformación política, pasaron a dar cuenta de los civiles, militares y policías asesinados a diario por el grupo terrorista.

Ahora, con la máquina de terror a toda marcha, los noticieros de televisión tienen que dedicarle media hora de emisión a los ataques en los departamentos del Cauca, Norte de Santander, Valle y Tolima.

La noticia para Vicky Dávila, Darío Arizmendi y Gustavo Gómez, entre muchos otros, es que con el pasar de los días, ya no serán 20 o 30 minutos los que tendrán que dedicar a la agenda de “orden público”, pues las FARC —palurdos y jefes vestidos de civil— están decididas a mostrar fortaleza y doblegar al país para imponer una nueva negociación.

Seguramente ellos, y todos los áulicos de la solución política y negociada al conflicto, tienen perfectamente claro lo que se viene y se están preparando para someter al país a la presión que lleve a los colombianos a ceder ante el chantaje terrorista: día, tarde y noche repetirán que la salida para evitar los ataques es el diálogo y comenzarán a exhibir, sin el menor asomo de pudor, la palabra paz como el anhelo que se alcanzará al negociar las leyes con los terroristas.

Una de las desgracias de Colombia es su corta memoria. Los gamonales de los medios lo saben y por eso tratarán de despertar aquellos anhelos de paz que llevaron a la presidencia a Andrés Pastrana y permitieron sumergir al país en el pantano infecto de los diálogos del Caguán.

Claro que antes de exigir con mayor fortaleza la claudicación del Estado ante el terrorismo, los áulicos de la paz deberían considerar que el mapa es diferente al que teníamos en 1998. De hecho en aquel tiempo se afirmaba que la guerra estaba en tablas y que ni la guerrilla ni el Estado podían ganarla. No obstante, los hechos demostraron que la voluntad política de pasar por encima del concepto de guerra asimétrica, permitió desbalancear el asunto y golpear con acierto a los terroristas.

Es más: la situación se tornó tan complicada para las FARC, que la única alternativa que tuvieron —y que funcionó— fue trasladar su retaguardia a Venezuela, para no ser tocados por las fuerzas del Estado. Ese reducto protegido por Hugo Chávez, unido a las jóvenes promociones de “insurgentes” entrenados por ETA, son la punta de lanza de la estrategia de las milicias terroristas que no necesitan de grandes movilizaciones para dar un golpe, generar miedo y enviar el mensaje de presión para alcanzar la “paz”.

En 1998, los cabecillas del terrorismo morían de viejos y existía el mito de que las Fuerzas Armadas no podían dar de baja a ningún comandante guerrillero. Nuevamente los hechos han demostrado que el Estado no solo los puede ubicar y dar de baja, sino también que los ha localizado en territorio venezolano, descansando y hablando ante las cámaras sobre los requisitos para la paz que desde Caracas y Bogotá se quiere imponer en Colombia.

A finales del siglo pasado, resultaba claro que las FARC avanzaban en la consolidación de la Nueva Colombia y que era efectivo el control territorial que el grupo terrorista tenía del sur del país, lo que les permitía exigir el estatus de beligerancia que tanto anhelaban. Otra vez la voluntad política se interpuso y los obligó a esconderse, perdiendo el control territorial y circunscribiendo sus acciones a un reducido espacio en los departamentos del Cauca, Nariño y Valle.

Ahora, para enfrentar semejante debacle, se puso en marcha la persecución judicial contra los militares que habían liderado la iniciativa de atacar al terrorismo, lo que les ha permitido a las FARC la recuperación de espacios que antaño consideraban santuarios impenetrables, aunque algunos reductos de las Fuerzas Armadas, que todavía no están bajo investigación o en prisión, han logrado propinarles importantes golpes, pese a la incapacidad operativa y logística de neutralizar a las milicias terroristas.

Los colombianos sabemos que sí es posible golpear a las FARC y dejarlas en tal postración, que se vean en la necesidad de pactar su rendición. Aunque el actual gobierno exhiba su ineptitud para impedir que los terroristas tomen un segundo aire, lo cierto es que la gran mayoría ya conocemos el aroma de la libertad y de la tranquilidad que significa no llevar encima la amenaza del secuestro, o del carro-bomba o de la toma guerrillera.

Ojalá la memoria olfativa no se pierda en medio de la alharaca de la negociación claudicante y tampoco se confunda con la tentación de abrir espacios para el caudillismo ramplón que fue incapaz, en su momento, de afianzar los logros obtenidos para beneficio del país: ni el caudillo ni nadie puede reversar la situación actual de Colombia, mientras no se tenga claro que las llaves de la paz están sujetas a un llavero que contiene un pacto de sometimiento y rendición de los terroristas y eso solo es posible mediante una aplicación imparcial y recta de la justicia, lo que exige una renovación total de los operadores judiciales colombianos, tiranos que han establecido una feroz dictadura en el país.

¿Exagerado maquillaje?

Por Jaime Restrepo Vásquez.

La información que se ha conocido sobre el ataque al cerro de Santa Ana, en El Tambo, Cauca, deja un enorme interrogante sobre la manipulación de las cifras por parte del gobierno nacional.

El pasado viernes 20 de enero, una columna de las FARC atacó la cumbre de cerro, lugar en el que funcionan las comunicaciones y un radar de la Aerocivil. Un día después se supo que el comandante del puesto, intendente Guido Holguín, fue asesinado durante la incursión terrorista.

Ya el lunes, además de la rápida y nada protocolaria liberación de un policía que fue secuestrado por el grupo terrorista, acto que contó con la presencia de medios de comunicación que presenciaron la exhibición de armas y uniformes impecables de las FARC; se conocieron las imágenes de los policías que repelieron el ataque. De hecho el diario El País de Cali señaló que los 16 uniformados fueron recibidos en Popayán en medio de una calle de honor.

Las cifras oficiales son claras: 16 policías que retornaron sanos y salvos a Popayán, más un auxiliar secuestrado y liberado y el asesinado intendente Holguín, da un total de 18 uniformados, según los datos gubernamentales. La información difundida indica que el secuestrado, “junto a otros 17 policías, se enfrentó por más de catorce horas con guerrilleros de las FARC que intentaron tomarse el Cerro Santa Ana en el municipio de El Tambo, Cauca.”

Sin embargo, en una comunicación dada a conocer por Caracol Noticias, el sargento Andrés Rosero, quien quedó a cargo del puesto tras la muerte del intendente Holguín, grita una cifra muy distinta a la anunciada por el gobierno. Según el suboficial, cuya voz se oye en el video –minuto 4:37-, son muchos más los policías que estaban en el cerro:

“Los que están en los alrededores de la estación, esos son, esos son, ahí no hay nadie fuera de la estación, todo el mundo está atrincherado, 50 que habemos, vamos a responder comando, hágale otro barrido…”

Lo cierto es que entre las cifras oficiales y la afirmación del suboficial que quedó al mando del puesto, hay una discrepancia gigantesca, pues 32 de los policías que menciona Rosero no llegaron a la capital del Cauca. ¿Será que el sargento desconocía el número de uniformados bajo su mando? ¿Cómo es posible que a diario, de día y de noche, Rosero pasara revista, inspeccionara el armamento y la munición y asignara los puestos, pero no supiera el total de policías que tenía a su cargo? Que el sargento fuera el segundo al mando es irrelevante, pues su función era compartir la responsabilidad de comandar el puesto, lo que hizo con total éxito y valentía. 


Entonces ¿dónde están los 32 policías que faltan? La respuesta puede encontrarse en el manejo propagandístico del gobierno, al que no le interesa que se sepa que el ataque contó con la participación de varios centenares de guerrilleros que se movieron a sus anchas, y a plena luz del día, por las vías  que llegan a las inmediaciones del Cerro.  De hecho, al reducir el número de uniformados que defendieron la posición, el gobierno puede hacer el mismo recorte en la cifra de terroristas involucrados, conservando la proporción que se ha dado en Colombia desde 2002 de un defensor contra cinco atacantes, es decir, 18 policías contra cerca de 100 guerrilleros.  


Sin embargo, si se revela que fueron 50 los uniformados que defendieron el puesto durante más de 10 horas, el asunto implicaría que la proporción sería de dos atacantes por un defensor, lo que sumado a los apoyos aéreos, no explicaría un combate de tan larga duración.  Entonces, el asunto fundamental es ocultar el verdadero número de terroristas que recorrieron esa zona del Cauca sin ningún obstáculo, y sin encender las alertas de los organismos de seguridad del Estado.  Así las cosas, lo que tratan de esconder es la  masiva movilización de guerrilleros -más de 400, según una fuente de la Policía Nacional- sin detectarlos o peor, sin actuar para neutralizar el numeroso movimiento de combatientes.  De paso, el gobierno se ahorra las explicaciones sobre las razones que tuvo para permitir semejante circulación de terroristas, pues correría el riesgo de verse obligado a divulgar la actual permisividad dialoguista con las FARC.


El ataque al cerro de Santa Ana es un episodio que merece mayor análisis y no un discurso triunfalista del actual presidente. Además de la discrepancia en las cifras, este atentado al corazón de las comunicaciones aéreas del suroccidente del país no es similar a las 132 acciones terroristas que las FARC han cometido durante lo corrido de este año.

De hecho, un ataque a un cerro aislado, cuya única importancia estratégica es la de cortar los canales de comunicación y la detección de aeronaves precisamente en uno de los últimos bastiones del terrorismo, el suroccidente del país, no puede pasar de largo y mezclarse en la maraña de atentados cometidos por las FARC durante los primeros días del año.

Mientras el gobierno Santos se complace con la imagen de las FARC devolviendo a un secuestrado –sin helicópteros brasileños, sin desapariciones en pleno vuelo, sin defenestradas con flores en la mano-; al país se le puede estar ocultando el verdadero valor táctico del ataque: permitir, sin monitoreo, la movilización de cabecillas terroristas para acudir a las reuniones preparatorias de diálogos de “paz” entre la Unidad Nacional y las FARC.

Pero en la Colombia de hoy, la divergencia en las cifras es un error de apreciación de un mando en pleno combate, mientras que la desactivación de un radar, y de las comunicaciones aéreas del suroccidente del país; son solo muestras de la debilidad de las FARC.

AL CIERRE: El coronel Alfonso Plazas Vega debe quedar en libertad de inmediato, sin más dilaciones que se perciben como prevaricato, ni más “nuevas desapariciones” que parecen conejos salidos del sombrero de un mago: la infamia contra Plazas Vega y contra su familia es la evidencia más contundente de la ineptitud sesgada de los operadores judiciales colombianos, lo que ha llamado la atención de numerosos sectores jurídicos del mundo. Tener en la cárcel a Plazas Vega es una vergüenza para la "justicia" colombiana.

¡La gerencia del IDU necesitaba una especialista en opinión pública!

Por Jaime Restrepo Vásquez

Dentro de la fauna que se ha apoderado de los destinos de Bogotá, por obra y gracia de las artimañas y de los votantes; llama la atención la presencia de varios entusiastas samuelistas en el gabinete distrital.

El caso de Mafe Rojas resulta esclarecedor: defensora a rabiar de Samuel Moreno, fue elegida como edilesa de Teusaquillo por el Polo Democrático. En aquellos tiempos, cuestionar a Moreno era un insulto, un despropósito que la señora Rojas respondía con las habituales arengas: que se perseguía a los que “pensaban distinto”, que era la demostración del corazoncito paramilitar que teníamos aquellos que cuestionábamos al alcalde Samuel, que nos oponíamos al progreso de la ciudad y que los señalamientos salían de los sectores retardatarios.

De golpe la señora Rojas cambió aparentemente de bando e ingresó al club de los que perseguían a los que “pensaban distinto”, pues se lanzó a la oposición contra Samuel Moreno. Seguramente motivada por su antiguo jefe, el “progrepolista” Carlos Vicente de Roux, decidió jugarse varias cartas políticas: renunció a la Junta Administradora Local de Teusaquillo, se lanzó al Concejo de Bogotá y se quemó; sonó como aspirante a la Alcaldía de Teusaquillo y finalmente terminó, sin ninguna explicación distinta a la disciplina partidista exigida en el comunismo, como gerente del IDU.

El proceso de Mafe Rojas resulta esclarecedor para entender el ardid que sirvió como excusa para que eligieran a Petro: primero había que mostrar una disidencia al interior del Polo, dejando que esa marca de la izquierda cargara con el agua sucia de la deplorable gestión de la pasada administración. Luego, como lo recomiendan los manuales del comunismo, había que profundizar la crisis de tal manera que los votantes vieran una división en la que distinguieran con precisión a los buenos y a los malos: los “buenos” eran los Progresistas y los “malos” eran los del Polo.

Después, la receta indica que hay que cimentar el maniqueísmo, criticando, cuestionando y señalando a los “malos” como responsables de la crisis, lo que deja el camino despejado para que los “buenos” coopten las maquinarias afinadas con el asistencialismo parasitario y obtengan el triunfo, ocultando que aquellos que asumen el papel de "buenos" fueron partícipes, gestores e impulsores de los desastres cometidos por los “malos”.

Sin embargo, ya una vez en el poder, los “buenos” vuelven a fundirse con los “malos”, se manifiestan admiración, respeto y se describen como aliados naturales. En Bogotá, el objetivo se cumplió: conservaron la Alcaldía de Bogotá con una marca “limpia” –los Progresistas- aunque siguen las mismas caras, premian a los que aplicaron la estrategia al pie de la letra y entregan cargos sensibles a gente sin ninguna formación ni experiencia en el área en la que van a laborar.

De Mafe Rojas se sabe que es comunicadora y que ha sido una corbata que ha saltado de puesto en puesto en el sector público, aunque también ha pasado por algunas universidades, todo por cortesía de su lealtad ideológica al comunismo. De ella se conocían sus mediocres escritos publicados en su blog y que había sido elegida para la JAL de Teusaquillo. En ese orden de ideas uno se pregunta: ¿Acaso Mafe Rojas no era edilesa de una de las localidades más afectadas por el desastre de la Fase III de Transmilenio? ¿No se dio cuenta en sus recorridos cotidianos por la Localidad de que algo andaba mal? ¿Desconocía las supuestas fechas de entrega de la troncal de la 26 siendo parte de la JAL? ¿El sentido común no encendió sus alarmas frente al retraso protuberante de las obras?

Resulta inquietante, por decir lo menos, que alguien que padeció de primera mano la crisis de la Fase III solo se hubiera percatado del desastre cuando sus jefes “buenos” –Petro y de Roux- sacaron kilometraje de las denuncias del entonces concejal Carlos Fernando Galán contra Samuel Moreno y los Nule. Antes de eso, Rojas no se manifestó abiertamente, ni percibió fallas graves en el proceso de construcción… ¿Será que con esos mismos ojos mirará las obras que emprenderá la nueva administración distrital? Pareciera que Mafe Rojas no ha supervisado ni siquiera la remodelación de un baño en su casa por lo que genera una profunda incertidumbre su liderazgo en el IDU.

Pero no importa: la honestidad de Rojas parece suficiente para dirigir el Instituto que se encarga del desarrollo urbano de la ciudad, de las obras, del mantenimiento de la malla vial y sobre todo, de los contratos más importantes y jugosos que se firman en Bogotá.

La realidad es que en la gerencia del IDU se necesitaba un títere de la cuerda “progrepolista”, que acatara las instrucciones como un perro fiel y que no tuviera capacidad ni conocimientos técnicos para cuestionar decisiones. En cualquier caso, parece que en el IDU, Petro y su banda requerían a alguien que cumpliera las órdenes sin preguntar y que fuera lo suficientemente leal como para asumir los problemas, sin correr el riesgo de las fastidiosas delaciones: las obras de Bogotá serán bien vendidas ante la ciudadanía –para eso la gerente es comunicadora, especialista en opinión pública y marketing político- pero la parte técnica, los costos y sobrecostos, los pormenores de los contratos y todas esas “pequeñeces”, serán conocidos únicamente desde la perspectiva del manejo y control de medios… ¡Brillante futuro le espera a Bogotá!

¿Por qué será que no le creo?

Por Jaime Restrepo Vásquez

No deja de sorprender la convicción de algunos funcionarios de que el país les cree todo lo que dicen. Lamento apartarme de esa posición en lo que respecta a Germán Vargas Lleras, pues sus afirmaciones como ministro de Gobierno me dejan una sensación de enorme sospecha.

En días pasados, Vargas Lleras aseguró que el Gobierno "no está adelantando en este momento ningún tipo de negociaciones con ninguna organización armada ilegal”. Ante semejante declaración, o aclaración mejor, de inmediato recordé la vieja frase: explicación no pedida, culpabilidad manifiesta.

Empecé a buscar el motivo de las afirmaciones de Vargas Lleras y aparecieron las declaraciones del “Rey del despeje” Andrés Pastrana Arango, un misericordioso turista que en sus tiempos libres venía a visitar estas tierras entre los años 98 y 2002. En una entrevista concedida la semana pasada, el expresidente acogió con fervor el reciente pronunciamiento del máximo cabecilla de las FARC y manifestó que encuentra ahí una señal de paz. Adicionalmente Pastrana se muestra esperanzado en que se abra el camino de la paz, aunque asegura que esto depende de las FARC.

En la misma entrevista, a la pregunta de si era partidario de una negociación por fuera del país, el ex presidente aseguró que las FARC deberían contar con un sitio neutral en el que se sientan seguras y cómodas, haciendo eco taimado al “generoso” ofrecimiento del dictador venezolano de convertirse en mediador con las FARC. A Pastrana solo le faltó decir, como para confirmar, que las negociaciones deberían hacerse en Venezuela, pues a pesar de las pataletas de Chávez, ese régimen ha sido cómplice del grupo terrorista, lo que hace que las FARC se sientan seguras y cómodas en el país del rojo, rojito.

Hasta ahí, todo es coherente con la visión apaciguadora y entreguista que ha tenido Andrés Pastrana del país y sobre todo con la cobardía e ineptitud de aquel que algún día “gobernó” a Colombia.

Sin embargo, hay un segmento de la entrevista que me llamó la atención. Dice Pastrana: “Si estuviera en el lugar del presidente Santos, lo que haría sería que las primeras conversaciones fueran absolutamente secretas y solo cuando se llegara a un punto importante, de verdaderos hechos de paz, sacaría el asunto a la luz pública. Hoy existe el rumor de que esos canales ya están abiertos, y si eso es así, estaría muy bien, porque hay una amplia experiencia internacional en este sentido: israelíes y palestinos lo hicieron en Estocolmo.”

¿Cómo olvidar que uno de los más cercanos asesores de Juan Manuel Santos es Andrés Pastrana? Resulta difícil pensar que el expresidente no le ha dicho a Santos que las primeras conversaciones con las FARC deben ser secretas. Es más: el precipitado desmentido de Vargas Lleras, el cínico comunicado de ‘Timochenko’, la obsequiosa oferta mediadora de Chávez y la “descabellada” exigencia de Colombianos por “la paz” de un cese al fuego bilateral no son coincidencia. Al contrario: parecen una orquesta muy bien afinada en la que cada instrumento entra a su tiempo y sigue al pie de la letra la partitura creada para ambientar la negociación.

Por más hablantinoso que sea, Chávez no se atrevería a proponerse como mediador si no supiera que hay una disposición y unos acercamientos del Gobierno con los terroristas. Que esos “coqueteos” sean secretos –estilo Santos y Pastrana- es irrelevante, pues Chávez tiene comunicación directa con su mejor amigo y simplemente lanzó un dardo para apuntalar las negociaciones que se vienen acordando y que en su momento, serán destapadas ante el país.

Los Colombianos por la Paz, ni más faltaba, entran a respaldar el ardid, pidiendo cese al fuego para que los interlocutores –por debajo de la mesa- sientan confianza y comodidad y puedan complacerse el uno al otro. Entre tanto, Pastrana –con su inteligencia magistral- habla de más y deja al descubierto lo que se está fraguando en la Casa de Nariño.

Vargas Lleras debería saber que un secreto conocido por tantos vanidosos e interesados, termina por salir a la luz muy pronto: es que explicación no pedida, culpabilidad manifiesta.