Revista Semana: otro Holocausto caníbal hecho en Colombia

Por Noel Carrascal

Un sentimiento de tristeza y sorpresa me dio al darme cuenta que el filme Holocausto caníbal sea considerado entre los más horrendos de la historia y haya sido filmado cerca de Leticia, Colombia. Tan horrible es el filme que los críticos le dedican los más bajos adjetivos para describirlo y luego le dan una calificación alta y generalmente lo incluyen en la lista de mejores películas del género de terror, si no la mejor. Uno de los críticos comentó muy acertadamente que ‘los verdaderos salvajes están detrás de las cámaras’, y eso es mucho decir de una película que tiene semejante título. Como si el salvajismo de la práctica del canibalismo fuese poco, el filme es una crítica a la crueldad de algunos medios informativos y sus métodos pocos éticos para obtener historias sensacionales.

El nivel de realismo del filme Holocausto caníbal llegó a tal punto que el director fue arrestado hasta que demostró que algunos de los actores y extras no fueron asesinados con este propósito, pidiéndoles a los actores que anularan un contrato que les exigía mantenerse escondidos por un año después del estreno del filme. Aunque no se demostró crueldad con los humanos, si ejecutan siete animales en vivo y con tomas no cortadas, una práctica no ética y condenable. Diez días después de su primera presentación en Milán, la película fue confiscada. Para ese entonces el recaudo por concepto de admisiones ya había llegado a dos millones de dólares, diez veces más que el costo de la producción. Como si el salvajismo de la práctica del canibalismo fuese poco, la impresión de realismo no pareció suficiente para satisfacer el morbo de la sed de información de las audiencias impactadas por la supuesta muerte de los actores.

La película comienza con una expedición encabezada por un antropólogo que trata de averiguar qué ocurrió con un equipo de reporteros que no regresaron después de haber ido en busca de tribus caníbales para documentarlos. El antropólogo descubre que los métodos manipuladores del grupo desaparecido habían creado tensiones entre los aborígenes. Estos métodos no éticos me recuerdan que aún existen muchos periodistas que están dispuestos a lo que sea para lograr sus propósitos con un sensacionalismo que les da protagonismo, grandes audiencias y dinero.

Esa búsqueda de protagonismo lleva a estos periodistas a aprovecharse del morbo de algunas audiencias que disfrutan de información que hacen ver a personas inocentes como culpables de crímenes. No saciados con una violencia criolla que daría material de sobra para crear infinidad de películas de acción, horror y titulares de prensa sensacionalistas, estos periodistas se aprovechan de las audiencias llevándolas a extremos apasionados con noticias manipuladas, información sesgada, verdades a medias y fabricación de crímenes en la mente de lectores desprevenidos y poco críticos. Todo para desprestigiar a enemigos políticos ante la opinión pública, y allanarle el camino a la justicia para que pase condena basados en esas percepciones fabricadas de culpabilidad.

Pocas personas son más astutas que Daniel Coronell, o diría yo perversas, para manipular la opinión de los lectores con información que siguiere crímenes que nunca ocurrieron. Aclaro, no digo que Coronell incrimine a alguien, pues su retórica es tan cuidadosa que logra decir que alguien no es culpable de algo al mismo tiempo que deja una sensación de culpabilidad entre muchos lectores que terminan con una percepción de la realidad distorsionada.

Para él es muy común decir que el Departamento de Estado reportó la participación de Plazas Vega en violaciones de derechos humanos, lo que es cierto, pero esta verdad a medias deja la impresión que estos reportes son prueba de algo. Personalmente me di a la tarea de buscar y leer esos reportes, y encontré que habían sido reportados deficientemente por Caracol Radio y Daniel Coronell para dar la sensación de que Plazas Vega era culpable. Hace un año analicé este fenómeno en el articulo “La fabricación de 'la verdad': ¿Estúpidos o mal intencionados?”.

Coronell acostumbra presentar videos borrosos y de poca resolución como pruebas irrefutables, cuando es solo una opinión argumentable, de la salida del ex magistrado Carlos Horacio Urán del holocausto del palacio de justicia. Luego describe en detalle las heridas encontradas en el cadáver, asocia la noticia con hechos aislados del descubrimiento de sus documentos de identidad, y presenta a Plazas Vegas y otros idividuos que no tienen conexión directa con el crimen, dejándolos asociados indirectamente en la mente de las personas. Noticias Uno, mejor dicho, Coronell, ignora un detalle importante: el supuesto magistrado Urán salió cojeando, y Coronell en su noticiero no menciona si esta lesión se encontró en el cadáver del difunto magistrado. No importa, el daño a Plazas Vega ante la opinión está hecho.

Coronell presenta documentos de Excel que han sido supuestamente creados por Juan David Ortega en su artículo ‘Piel de Oveja’ como una nómina diplomática a ser pagada a cambio de votos para la reelección. Coronell es cuidadoso ya que nada de lo que dice es concluyente, por lo que no se le puede acusar de mentir. Presenta supuestas pruebas de origen dudoso, contenidos inverificables y poco dicientes para crear la percepción de que Juan David Ortega es un criminal por lo de Agro Ingreso Seguro. De esta forma, Coronell asocia dos cosas que nada tienen que ver entre sí, pero que por asociación indirecta destruye con infamia la imagen de Ortega.

Recientemente, Coronel tuvo el descaro de escribir que “ahora debo decir que está en marcha una campaña infame contra la fiscal Ángela Buitrago y que hay pruebas claras de que el testigo no fue suplantado”, cuando él es el mejor ejemplo de quien crea este tipo de “campaña infame”. Una vez más la ‘evidencia’ nada concluye. Coronel evita caer en mentiras diciendo que ‘todo indica’, cuando ese ‘todo indica’ lo único que indica es una manipulación de la información con propósitos sucios. María Isabel Rueda argumenta contundentemente en contra de la impresión que Coronell quiere crear sobre un supuesto complot contra la fiscal en su artículo “Entre lo cierto y lo justo”. José Obdulio Gaviria también nos revela que los orígenes judíos de Coronell son llanamente falsos y llaneros en realidad, como Coronell mismo lo expresó en un reportaje donde incluso confiesa que le mintió a su esposa al decir que tenía que salir porque su madre estaba enferma, para que no se le adelantara con una chiva noticiosa. ¡Vaya personaje!

Coronell no es el único. Los otros periodistas de opinión de la revista Semana también tienen una gran capacidad de influencia, aunque utilizan sus habilidades de una forma tan malintencionada que solo se merecen los más bajos adjetivos para calificarlos, solo que ellos no son una película de horror, son comunicadores con responsabilidades sociales, con gran prominencia, que distorsionan la realidad con trucos retóricos sutiles. Estos trucos crean tensiones entre los colombinos contribuyendo a un holocausto tan disperso que pasa desapercibido, como los reporteros que crearon tensiones entre los caníbales en Holocausto caníbal para beneficiarse de reportar sus barbaridades. Solo que estas tensiones en una sociedad con una minoría de criminales desalmados, fácilmente traducen esa intolerancia en muertes en un país como Colombia, donde la pérdida de vidas por mundanidades ideológicas es más frecuente de lo que es normal en otros países. Solo hay que leer los comentarios de los lectores que siguen a Coronell para notar que esa intolerancia no ayuda a lograr la paz. Da tristeza que medios como Semana mantengan suscriptores fabricando tensiones entre los colombianos. Como si Colombia no hubiese tenido suficiente al ser asociada con historias horrorosas como las de Raul Reyes, el Mono Jojoy, Pablo Escobar y la película Holocausto caníbal. Quienes tienen la responsabilidad de la información se benefician de la continuidad y deformación injusta de nuestra tragedia.

El nuevo estado de inseguridad nacional

Por Jaime Castro Ramírez

Concepto de seguridad

La simple definición diría que la seguridad es el grado de confianza y tranquilidad de las personas para poder cumplir sus actividades cotidianas sin ningún riesgo.

La seguridad nacional es tema de Estado y como tal le corresponde al gobierno la obligación de mantener condiciones favorables de tranquilidad en el país, pues la gente necesita vivir en paz, y se requiere tener garantías para poder activar los medios de producción y para la inversión y la creación de nuevas empresas, pues esta política es la que genera empleo y por consiguiente produce bienestar social y crecimiento económico.

Aparece entonces el tema del orden público cuyo responsable directo es el presidente de la República. En Colombia los gobiernos (a excepción del de Uribe) han sido casi que permisivos con los grupos subversivos. No de otra manera se explica cómo este factor de desestabilización de la democracia y de atraso económico para el país, haya llegado a cumplir cinco décadas causando daño, y con el agravante de que en los últimos treinta años se dedicaron al narcotráfico y al secuestro, y terminaron convertidos en terroristas, como los calificó la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá.

La seguridad democrática

El actual gobierno de Colombia recibió como legado de su antecesor la tranquilidad nacional mejorada en alto grado, y esto gracias al programa esencial de Uribe denominado “Seguridad Democrática”. Esa tranquilidad nacional era en términos de seguridad, confianza empresarial, y resultados sociales favorables. Advirtiendo que la seguridad es el primer paso para poder lograr resultados en otros campos de la vida nacional.

Lo que hay que decir hoy es que no se volvió a hablar de Seguridad Democrática, y la consecuencia obvia es que este apaciguamiento ha traído el resurgimiento de las fuerzas del terrorismo que habían sido derrotadas en muchos sitios del territorio nacional, y se incrementan el secuestro y la extorsión. También se han fortalecido las bandas criminales (BACRIM). Pero lo desconcertante es que el gobierno para tratar de disimular o negar esta triste realidad, responde diciendo que esos actos de terrorismo es simplemente que “las FARC están desesperadas”, que son actos cometidos por “chichipatos”. El cinismo desborda la capacidad de engaño.

Fuerza pública

El Estado tiene en sus manos el recurso de la fuerza pública como medio de defensa de la soberanía nacional. Sin embargo, estos militares, héroes de la patria, que se juegan la vida por mantener la independencia y la democracia para los colombianos, han sido vilipendiados y acusados por fuerzas oscuras (guerra política), y deshonrados por la misma justicia que acepta tales denuncias y ha procedido a encarcelarlos, y en algunos casos a condenarlos sin más pruebas que las construidas por los mismos bandidos acusadores. Además de las medidas disciplinarias que acaban con su futuro personal y familiar al botarlos de sus cargos como si fueran unos malhechores de lesa patria.

Todo este despreciable escenario contribuye a desmoralizar a la fuerza pública, y a envalentonar al terrorismo. Así no se puede ganar una guerra.

Hay un caso muy puntual y es el que se podría llamar “los 27 del 29”, cuando el 29 de octubre de 2008, el ministro de defensa, el hoy presidente de la República Juan Manuel Santos aconsejó al presidente Uribe que se destituyera a 27 altos oficiales del ejército por acusaciones de “falsos positivos”. Eso lo hicieron sin pruebas, pues la única “prueba” fue la guerra política orquestada por las FARC y sus auxiliadores. Tanto es así que ninguno de esos militares tiene proceso judicial alguno en su contra, y lo que sí avanza es una cuantiosísima demanda económica de ellos contra el Estado (los contribuyentes pagan) por daños y perjuicios, la cual ganarán fácilmente.

En qué consiste la guerra política

Es muy sencillo explicarlo. Con la Seguridad Democrática el terrorismo tenía perdida la guerra en el monte. Entonces la respuesta fue inventarse la falacia de los “falsos positivos”, que consiste en que la fuerza pública da de baja a un bandido, y para desprestigiarla, y también desprestigiar al gobierno, la acusan de matar a un ciudadano de bien, o a un campesino trabajador. El gobierno y la justicia han caído en esta trampa que es muy peligrosa para la seguridad y estabilidad de la república.

Con esta táctica el terrorismo pretende lograr además el apaciguamiento que requiere para reacomodarse y retomar posiciones de ataque.

Para la guerra política es requisito acusar a la fuerza pública de “falsos positivos”, para que luego proceda la acusación por “crímenes de Estado”, y al hablar de crímenes de Estado, el paso siguiente es llevar la denuncia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde condenan al país a pagar 400 mil dólares por cada individuo, lo cual termina convirtiéndose en un negocio muy lucrativo.

Si llegase a ocurrir algún caso donde se comprobara culpabilidad delictiva de un miembro de la fuerza pública, pues no hay duda que se debe castigar con todo el peso de la ley, y habría que hablar de la culpa de un individuo, y no culpar a la fuerza pública como institución.

Conclusión

Lo que le está ocurriendo nuevamente a Colombia en materia de inseguridad es el resultado de lo que podría llamarse “Conversión política incompatible”, es decir, que alguien se hace elegir poniéndose la camiseta del verdadero liderazgo de otro, y luego intenta gobernar con la suya de connotativa marca “impericia”, y agregándole el ingrediente de la impostura de propósito.

El gobierno al negar las evidencias del nuevo estado de inseguridad nacional, e intentar que la gente no vea la realidad, se asemeja a la historia narrada en el cuento de Hans Christian Andersen: “El traje nuevo del emperador”, a quien le gustaba poner a prueba su ego y lucir pomposos trajes, y entonces le propusieron confeccionarle uno que supuestamente era invisible porque estaba hecho de un material que los ignorantes no podían ver por estúpidos. El emperador haciendo gala de su orgullo aceptó el imposible traje. Hipotéticamente lo vistieron, pero resulta que el emperador iba desnudo, y a pesar de que la gente murmuraba que no estaba vestido, él se enteró de lo ocurrido, pero sin embargo se negaba a ver el traje que no tenía, para no ser tenido en cuenta como incapaz en su cargo o como estúpido.

¿Será que el gobierno cree que los colombianos somos estúpidos? ¡Cómo se equivoca!

Gracias a los lectores.

El espejo de la seguridad

Por Erika Salamanca

Ha pasado casi un año desde la posesión del presidente Juan Manuel Santos, y desafortunadamente para él y para Colombia el balance no es nada favorable. Las cifras altísimas de los ataques perpetrados por grupos terroristas crecen todos los días, no podemos seguir con la idea de que cada ataque, carro bomba, homicidio o emboscada a los miembros de nuestra Fuerza Pública es sólo percepción. Los hechos hablan por sí solos, y los ciudadanos hemos aprendido a reclamar por nuestra seguridad y la de todos nuestros compatriotas. Un tesoro que habíamos ganado pareciera estar siendo arrebatado de nuestras manos y la impotencia de no poder hacer mucho nos tiene en estado de inconformismo extremo.

Lo que ocurrió la semana pasada en un Consejo de Seguridad en Tierralta, Córdoba, es una muestra de la inconsistencia en la realidad que vive el país, y la que vive el gobierno. La gobernadora Marta Sáenz presentó un balance de la seguridad del último año en el departamento, el resultado 1.848 asesinatos perpetrados por terroristas, bandas criminales y delincuencia común.

Las cifras no coincidieron con las presentadas por el presidente Santos, lo que ocasionó una molestia del mandatario por la diferencia entre las cifras del Ministerio de Defensa y la Gobernación. La molestia del Presidente, fue opacada cuando la gobernadora le reiteró que Córdoba se había rajado en materia de orden público, y le sostuvo que una realidad como la vivida en su departamento no se le podía ocultar a los ciudadanos, exigiéndole una estrategia que integre un mayor pie de fuerza y una política social activa. En el mismo sentido, se pronunció el alcalde de Montería, Marcos Pineda, quien de manera contundente exigió al mandatario buscar medidas urgentes que frenen los índices de criminalidad registrados en Montería.

Posteriormente al Consejo de Seguridad, tuve oportunidad de escuchar a la gobernadora dando declaraciones en varias emisoras del país, sobre lo ocurrido allí. La doctora Sáenz concluyó que el cambio era evidente entre la política de seguridad del presidente Uribe y la política liderada por el presidente Santos, básicamente porque el primero tenía conversación todos los días con ella con el fin de mantenerse informado y de planificar esquemas de seguridad para el departamento, mientras que luego de un año de haberse posesionado el presidente Santos, esa era la primera oportunidad que ella había tenido de conversar con él sobre esta materia.

Lo que está ocurriendo en Córdoba, es simplemente un espejo de lo que está pasando en otras regiones del país, en los que las acciones de terroristas y grupos delincuenciales tienen en jaque a la población civil. La seguridad del país, debe retomar el rumbo y debe volver a ser liderada por el presidente de la República. Juan Manuel Santos conoce de primera mano cómo se hacen las cosas en esa materia, él debe ser quien asuma el mando, quien le dé el valor a la tropa, quien se convierta en el líder de quienes luchan día a día por nuestro país.

Lo aprendimos de Uribe, estar en la Presidencia de la República, y ser responsable de un país con los problemas que tiene Colombia no es una tarea fácil, es una tarea de todos los días, de todas las horas, y algunas veces una tarea desagradecida. Presidente Santos, los colombianos depositamos nuestro voto de confianza en usted, si algo valoramos hoy en día es la tranquilidad que empezaba a asomarse en nuestro país, por favor, retome los consejos de seguridad con la misma regularidad con que solían realizarse cuando usted era ministro de Defensa, mantenga la confianza ciudadana para que ella siga haciendo parte de la red de cooperantes que dejó la Administración Uribe, todos fuimos testigos de los excelentes resultados que se obtuvieron, retome el rumbo por la seguridad y el amor que estoy segura usted le tiene a nuestro país, Colombia entera se lo agradecerá.

La retórica santista

Por Jaime Ruiz

Las variaciones que introdujo Juan Manuel Santos en la conducción del Estado colombiano después de su posesión pronto despertaron el entusiasmo de los columnistas de la prensa bogotana: no hay uno solo, por grosero que fuera con el presidente cuando era candidato o por descarada que sea su adhesión a los terroristas, que no lo haya felicitado. Recuerdo que alguien se sorprendió de que yo empezara a juzgar ásperamente el gobierno casi desde la posesión: ¿no era obvio que la alegría de los propagandistas del terrorismo tenía que ver con la recuperación previsible del poder de las bandas de asesinos?

Esa cuestión se falsea cuando se habla de "seguridad": respecto de la masa de rateros, sicarios y demás delincuentes, el Estado tiene un problema como garante de la seguridad de los ciudadanos. Respecto de las bandas terroristas y sus proyecciones legales, no se trata simplemente de evitar crímenes sino de derrotar a un enemigo que aspira a destruir el orden legal. La seguridad se mide en infracciones concretas, el avance del enemigo político podría darse sin ningún cambio en los indicadores de "seguridad". La desmoralización militar, que impresiona a todos los que conocen el tema, no produce en lo inmediato cambios en los indicadores de seguridad.

Ese disparate expresa el gran vicio de la sociedad colombiana, que es la incapacidad de entender el problema guerrillero como un conflicto de grupos dentro de sí y no como un factor externo surgido en las selvas, como si alguien atribuyera los síntomas del sarcoma de Kaposi a agentes externos que afectaran la piel. Como si una víctima del "paquete chileno" tomara al "solucionador de problemas" como tal y no como el probable "cerebro" de la estafa. Ya sé que es el tema de todas las semanas, pero ¿alguien me responderá acerca de si se puede considerar un problema de seguridad cualquiera el avance de las FARC? ¿Son Piedad Córdoba, Iván Cepeda, Carlos Lozano Guillén o Gloria Cuartas líderes terroristas o meros "idiotas útiles" como los consideran casi todos los colombianos?

La confusión sobre la política se encuentra a todas horas en la vida colombiana. Ayer Alejandro Gaviria aludía a la "oposición uribista", noción novedosa cuando para todos, incluido el ex presidente Uribe, el uribismo lo representan los partidos que apoyan a Santos y la oposición son los grupos que perdieron las elecciones. Al respecto nadie responde: los antiuribistas están contentos con Santos porque los complace, los uribistas están descontentos, salvo si tienen sueldo estatal o curul, en ese caso también están contentos y callan sobre el cambio de planes. Ah, y Uribe está a la vez contento y descontento, siempre dispuesto a complacer tanto a los descontentos con Santos como a los contentos, porque son sus compañeros de sus partidos. Claramente se ve que una influencia suya en las elecciones de octubre podría mover a sus copartidarios a aprobar lo que haga falta para otra reelección.

A aumentar la confusión acuden todos los identificados con nociones de "izquierda" y "derecha". Más allá de la "hemiplejía moral" de que hablaba Ortega, en el contexto colombiano dichos conceptos son completamente falseados. La izquierda resulta ser el partido de las personas ricas que disfrutan de privilegios debidos a su origen y obtenidos mediante toda clase de maquinaciones y violencias. El Estado provee bienes asombrosamente superiores a los de cualquier esforzado tendero o microempresario a las personas que proclaman su conciencia social y declaran todo el día su indignación con la desigualdad. Eso es de por sí monstruoso, pero de una monstruosidad vulgar y aburrida de no ser porque las personas que encuentran injusto todo eso se proclaman con todo orgullo de derechas. A partir de semejante disparate, se construyen discursos ideológicos tan falaces que sencillamente hay que suponer que la gente no entiende ni quiere entender lo que lee.

No obstante, el gobierno de Santos no carece de ideología, lo que pasa es que cada vez que se la define como "izquierda" o "derecha" se entra en un juego de falacias que hacen llorar y reír a la vez, como si se llamara "hombres" a las personas con mamas y "mujeres" a las que tienen pene y uno tuviera que aclararse en semejante confusión.

Para enfrentar las críticas que se hacen a su gobierno por traicionar a sus votantes, Santos encontró la descripción de los críticos como "extrema derecha" y trató de igualarlos con los secuestradores y asesinos de las FARC, que le parecen la "extrema izquierda". Sobre eso ya se ha discutido mucho. A mí me interesa más encontrar la continuación de ese discurso en la obra de un "periodista" que proclama su amistad con el Hermano Mayor del presidente. Creo que es fácil reconocer la influencia de tan importante amigo de Fidel Castro tanto en su hermano como en su amigo León Valencia. Voy a comentar el "Manual para identificar a la extrema derecha" de este "periodista": es la ideología de Santos, pero no la del postizo y patético tartamudo sino del Santos que de verdad influye en Colombia. Hoy por hoy es la ideología del gobierno.

Venden la idea de que los pobres son perezosos y los campesinos, ineficientes, y tachan las propuestas de restitución o distribución de la propiedad de argucias para promover la lucha de clases.

Esta entradilla ya orienta sobre lo que es la izquierda y la derecha para el comentarista: la "distribución de la propiedad" no es de por sí una idea violenta o radical sino algo de sentido común a lo que se enfrenta la "extrema derecha". Uno siempre está explicando cosas que los niños de ocho años saben: "propiedad" es aquello que no está sujeto a "distribución". La distribución de la propiedad es la abolición de la propiedad, cosa que en la sociedad colombiana tiene raíces profundas: la Conquista significó la abolición de toda propiedad pues todos los individuos dejaron de ser dueños de nada al pasar todo a ser posesión de la Corona española. En ningún país europeo democrático se habla NUNCA de distribuir la propiedad

Como en los últimos días el presidente Santos, el diario El Tiempo y algunos columnistas hablan de la extrema derecha colombiana y de su propensión a la ilegalidad y a la violencia, sin mencionar a grupos sociales o políticos concretos o a personas de carne y hueso -incluso varios comentaristas han dicho que son fuerzas oscuras, inasibles, indefinibles-, quiero entregarles a los lectores un manual para identificar a estos sectores de la sociedad colombiana y para ponerles rostro a sus líderes.

Supongo que el lector sabe que León Valencia es un antiguo secuestrador y asesino amnistiado que, con ayuda del Hermano Mayor y otros personajes de la oligarquía convirtió su frente en ONG que hoy en día asesora al gobierno. ¿Cómo puede hablar alguien así de ilegalidad y violencia? Yo sé cómo:

La doctrina santista significó durante todos los años del Caguán que la actividad terrorista de las bandas movidas por causas políticas no era ilegal. Día tras día se aludía en los periódicos bogotanos a diversos tipos de ilegalidad, como los actos de los "paramilitares", pero cuando se trataba de las FARC y el ELN sus acciones eran dignas de reconocimiento porque terminarían en una negociación de paz. Eso sigue, a tal punto que León Valencia, junto con cientos de legitimadores del terrorismo, formó parte de la campaña mediática de apoyo a Antanas Mockus y su proclama de "legalidad" y "decencia".

Cuando se habla de "poner rostro" a los líderes de la "extrema derecha" la orden de asesinato es casi manifiesta: ¿alguien se ha dado cuenta que las centenares de amenazas contra Collazos, por poner un ejemplo de un canalla paniaguado por Santos, ocupan miles de veces más espacio en la prensa que el asesinato de Hernán Yesid Pinto Rincón, o de cientos de militares, o el real intento de asesinato en Bogotá hace pocos meses de Fernando Vargas? Como asesino ascendido gracias al poder de la "izquierda", León Valencia es encargado de "dar dedo" para complacer al poder santista.

Debo confesar que no ha sido mayor el esfuerzo para compilar estas señales de identidad de la extrema derecha. En la historia reciente del país abundan las ideas, las actitudes y los hechos que permiten saber quién se ubica en esa perturbadora corriente política. Estoy seguro, además, de que quienes lean esta columna podrán agregarle nuevas indicaciones a esta lista corta y desordenada.

Para este asesino (y ya verán hasta qué punto su defensa de las bandas terroristas es actual), el rechazo de sus pretensiones pone a las otras personas en una "perturbadora corriente política". Es obvio: condenar el asesinato y el cobro del asesinato tiene que perturbar a quien acumula una cómoda fortuna en dicha industria.

Empecemos por aclarar que no es en las Fuerzas Armadas donde se encuentra el núcleo duro de la extrema derecha. Esta idea, muy difundida en la izquierda, ha sido desmentida por la realidad. En los últimos veinte años, una multitud de políticos, empresarios, líderes de opinión, han puesto la cara para defender un delirante proyecto de derecha y han encontrado un importante respaldo en la sociedad. Los militantes civiles han resultado mil veces más implacables que los vilipendiados militares.

La "derecha" en Colombia tiende a molestarse cuando uno dice que Colombia es un muladar. ¿Cómo se puede definir un país en el que los "periodistas" empiezan secuestrando niños y después amenazan y discuten las ideas ajenas con epítetos? ¿Qué es lo "delirante"? No someterse a la industria de León Valencia. Y algo delirante tiene ya que a fin de cuentas el gobierno colombiano de hoy en día ha adoptado los valores de este asesino, a tal punto que ha contratado a su secta.

Se sienten más cómodos en la guerra que en la paz. Defienden la salida militar como la única alternativa y califican las iniciativas de reconciliación como ejercicios de apaciguamiento que solo sirven para envalentonar a la guerrilla. Lograron que el país concentrara su atención en la llamada amenaza terrorista y se desentendiera de otros problemas igual o más graves que el desafío insurgente. En las coyunturas de negociación se las ingenian para desatar acciones de terror o darles resonancia a las agresiones guerrilleras con el fin de crear un ambiente adverso a los acuerdos de paz.

Cada vez que se habla con colombianos hay que correr a buscar el diccionario. La presión del viejo orden determina que las palabras signifiquen siempre otra cosa. En este párrafo "paz" significa "conversaciones de paz". Si se piensa en un atracador que nos asalta con un cuchillo, toda resistencia se llamará "guerra" y todo sometimiento se llamará "paz": la primera frase del párrafo lleva en sí la legitimación de la actividad terrorista. Claro que cuando a uno lo atracan tiene que "conversar" con su nuevo amo para entregarle todo. ¿En qué se diferencia la actividad de las bandas terroristas de un atraco? ¿Los colombianos que no quieren reconocer a los terroristas se sienten más cómodos en la guerra? ¿Los que salen a secuestrar niños son los verdaderos pacifistas? Todo esto es monstruoso, infame, pero uno no debe saturar sus textos de adjetivos violentos. Todo esto es colombiano. En otras partes resultaría intolerable.

Por ejemplo, yo me siento más cómodo en la paz que en la guerra. ¿Qué es paz? Que salgo a la calle y no hay nadie armado amenazándome. ¿No es lo que quieren los millones de personas que votaron por Uribe Vélez y en 2010 por Juan Manuel Santos? No, por lo visto no quieren la "reconciliación", que se describe como el reconocimiento de legitimidad a quienes asesinan y secuestran. ¿Qué es reconciliación? El niño mutilado por una mina va y abraza al antiguo director de Alternativa, que perfectamente puede ser el promotor de esa política (alguna razón especial tiene Juan Manuel Santos para no publicar el contenido de los computadores de Jojoy). Ésa es la reconciliación: bastó eso para que Juan Manuel Santos me pareciera repugnante, cuando en la ceremonia de posesión saliera con que "cesaron los odios". ¿Cuáles odios? La pierna mutilada de miles y miles de niños aseguran el poder y las rentas del Hermano Mayor, el niño que sale a ser mutilado no odiaba a los intelectuales de Alternativa y éstos no odian a sus víctimas.

¿Sirven las conversaciones de paz para envalentonar a la guerrilla? Eso es muy importante que el lector se lo plantee, porque es muy difícil encontrar a un colombiano que no esté intoxicado por las falacias de la propaganda: la tradición del país determina que generación tras generación prospere una especie como de subhombre servil, arribista y cruel que está dispuesto a comulgar con piedras de molino con tal de verse incluido entre los beneficiarios del Estado. ¿Sirven las conversaciones de paz para envalentonar a la guerrilla? Eso que parece sobreentendido en Colombia es exactamente sobreentendido en España: nadie se atrevería a dudarlo, al menos en la prensa. Nadie cree que se deba negociar con bandas terroristas. Pero lo fascinante, y es por lo que hablo de subhumanidad, es que aceptar esa evidencia lo pone a uno en la ilegalidad y la violencia. Los guerrilleros matan y secuestran, pero quien cree que premiarlos los envalentona es el ilegal y el violento. ¿A cuántos colombianos escandalizan las lindezas del portavoz de los Santos que abiertamente interpreta al presidente? Insisto, ¿a cuántos? ¿Cuántos académicos, periodistas, políticos, etc. han comentado semejante belleza?

El problema es que todo sigue sin alterarse y uno habla con colombianos como quien habla con piedras: ¿cuántos textos han leído en los que se evalúe siquiera la afirmación de este asesino? Es de lo más corriente: ser de "izquierda" provee una "identidad" gracias a la cual uno es superior moralmente a la "extrema derecha" (todo el que dude de que se deban premiar los crímenes es de la extrema derecha). ¿Qué importa que suscribir la opinión de TODOS los periodistas o académicos de los países civilizados sea ilegal y violento y dar por sentado que el asesinato debe imperar sobre las urnas es ser moderado y razonable? El colombiano es una especie de subhombre al que le prometen la inserción en un estrato mejor y ya suscribe cualquier falacia que habría avergonzado al más rudo y perverso de los sicarios nazis.

La obra del asesino poeta, completamente identificable con la retórica presidencial, es un viejo recurso que se puede encontrar en cualquier periódico de los años del Caguán: es puro santismo y no sería raro que el artículo fuera escrito en colaboración con el Hermano Mayor: abolir la democracia (no otra cosa es negociar cambios legales gracias al poder de organizaciones de asesinos, ni perseguir a quienes eligen al gobernante, que una vez posesionado se alía con los perdedores) es lo correcto y razonable y lícito, y aun lo democrático. El colombiano está adoctrinado para eso. La desfachatez del asesino Valencia es ya rutinaria y aburrida.

Han hecho la más eficaz combinación de todas las formas de lucha. Mientras la guerrilla mediante esta estrategia logró una influencia marginal en el Parlamento o en lejanas alcaldías y gobernaciones, estas fuerzas se apoderaron mediante la coacción y la muerte de una tercera parte del poder local y regional y obtuvieron una influencia decisiva en el Congreso y en el Ejecutivo Central. Fue la respuesta que le dieron a los avances democráticos de la Constitución del 91. Amparados en la teoría de la ausencia de Estado y con el pretexto de defender a la población de la agresión de las Farc y del ELN han fomentado la creación de poderosas organizaciones de justicia privada.

¿Alguien entendió en el párrafo anterior que se trataba de oponerse a la negociación política con los terroristas? Por esa magia que es tal vez la única enseñanza sutil de las universidades colombianas quienes no quieren que se premie a León Valencia por sus asesinatos y secuestros y a cientos de malhechores como él resultan responsables de montones de crímenes. ¿Alguien ha mostrado el menor reproche frente a tal procedimiento? ¿Alguien recuerda que el ministro Vargas Lleras contrató a la secta del asesino León Valencia pese a que muchos miembros de su partido están investigados por paramilitarismo y que él mismo participó en una cacería con el jefe paramilitar Salvatore Mancuso? (como convicto, Mancuso no pierde nada negándolo, Vargas haría el ridículo cuando le presentaran pruebas, por eso calla). La fórmula es casi cómica: quien se opone a los intereses de este criminal resulta otro criminal, por mucho que al final todos los criminales tengan una gran coincidencia de intereses.

Es puro santismo, en el sentido del Hermano Mayor: toda persona que incomodara las pretensiones de entregar el país a los terroristas automáticamente resultaba de extrema derecha y "paramilitar". Fue la doctrina de toda la prensa bogotana durante los años del Caguán y lo que transmitieron miles de profesores universitarios a sus huestes. No importa que los oligarcas efectivamente anden aliados con las antiguas autodefensas criminales, al igual que los magistrados (hay pruebas de la relación con Mancuso). El sicario no vacila en convertir la defensa obvia de la democracia en una actividad criminal, lindeza que es como culpar a los que no le gustan a uno del genocidio ruandés.

Aprovechan una y otra vez los ciclos de violencia para amasar grandes fortunas y tienen una extraña obsesión por la tierra. De la confrontación de los años cincuenta entre liberales y conservadores salieron con parte de las mejores tierras cafeteras y ganaderas. Han utilizado la tortuosa guerra que vive el país desde principios de los años ochenta para entrar a saco en los recursos del Estado y para apropiarse y legalizar las rentas provenientes del narcotráfico, despojar de las tierras a millones de campesinos y meterles la mano al petróleo y a la minería. Al tiempo venden la idea de que los pobres son perezosos y los campesinos, ineficientes, y tachan las propuestas de restitución o distribución de la propiedad de argucias para promover la lucha de clases. Los que difunden aquí y allá que las organizaciones de derechos humanos son aliadas de la guerrilla, la justicia obedece a oscuros designios del terrorismo y los organismos internacionales que critican la vulneración de derechos esenciales de la población son simples portavoces de la subversión y aviesos responsables de la mala imagen de nuestro país en el exterior. Los que promovieron la campaña de exterminio de la Unión Patriótica y los magnicidios de Galán, Pizarro, Gómez Hurtado y Bernardo Jaramillo y han estigmatizado el ejercicio de la oposición y la disidencia política. Los que no le perdonan al periodismo la crítica y la independencia.

Genial: quienes no quieren que se negocien las leyes con quienes las transgreden y que se acepte la dominación de unas bandas de asesinos han amasado grandes fortunas: ¿cómo es que nueve millones de personas votaron por Santos porque se creía que representaba el continuismo? ¿Cuántas fortunas hay en el país amasadas con violencia? El nivel de la calumnia de este asesino es sólo digno del país. Ciertas ONG de derechos humanos no son aliadas de la guerrilla sino exactamente lo mismo, y personajes como Cepeda II son jefes terroristas activos. La atribución del asesinato de Galán y de Gómez Hurtado a quienes se oponen a la guerrilla es el colmo del cinismo, pero encuentra público entre colombianos. ¿No hay bastantes pruebas de que en ambos asesinatos influyeron los dueños de la revista que publica su bodrio, pues a fin de cuentas los Samper y los López son socios desde el siglo XIX?

El gobierno de Santos es el de la alianza con los terroristas y por eso su primer impacto es la multiplicación de la actividad de las FARC y el ELN (incentivados por la esperanza de negociación), que pretenden tapar con el silencio o con patochadas grotescas como el supuesto bombardeo al campamento de "Alfonso Cano".

El siguiente efecto del santismo, una vez la sociedad está aplacada y justifica la persecución y el asesinato de las personas descritas como de "extrema derecha" (las FARC intentaron matar a Uribe más de diez veces antes de que fuera presidente sin que la prensa condenara nunca esos atentados), es legitimar las masacres con el argumento de que "las partes necesitan llegar fuertes a la mesa de negociación". Yo podría encontrar cientos de mockusianos de 2010 que suscribieron esa bella afirmación durante los años del Caguán. La grotesca falacia del criminal Juan Manuel Santos acerca de la "mano negra" de la "extrema derecha" es rutinaria preparación para una escalada terrorista que será necesaria para "convencer" a la población de que es mejor someterse. Todo eso con la aquiescencia del ex presidente Uribe, ¿o alguien ha entendido que haya roto con los partidos uribistas que sostienen al gobierno o con éste? Otro efecto de irrealidad: la gente cree lo que quiere.

¿Hacia dónde vamos?

Por Eklipso

La oscura ironía de la justicia (caso AIS)

Por Jorge Monroy

La lamentable ironía del la coyuntura actual de nuestro país es que incluso siendo claro que los colombianos percibimos inequívocamente que el aparato judicial no sólo no funciona en el combate contra los actores criminales de la sociedad, sino que por el contrario los alienta e incita a muchas personas a tomar en sus manos una ley que consideran inoperante, sus representantes utilizan la rabia reprimida producto de su fracaso, para promoverse políticamente, utilizando las siempre demagógicas banderas del “cambio”. Uno de los más crueles ejemplos de esta situación, parte precisamente el intento de muchos entes judiciales de aprovechar un acto de corrupción para obtener beneficios políticos, utilizando la presión mediática y la ira reprimida de las personas, para justificar decisiones que no se ajustan al derecho, sino que por el contrario crean un derecho ajustado a sus decisiones.

Para poder caracterizar la apremiante situación de la justicia colombiana, me referiré al caso de Agro Ingreso Seguro, desde la perspectiva de Juan David Ortega, el ex secretario general del Ministerio de Agricultura, quien junto con otros cuatro ex funcionarios y sus respectivas familias está enfrentando el drama de un procesos judicial en contra, en donde el proyecto político de los acusadores y sus patrocinadores tiene como imperativo categórico presentar resultados, sin importar los hechos, el procedimiento o los derechos que se violen en el camino.

Para poner en contexto este articulo me parece relevante traer a colación los elementos que me llevaron a escribirlo, para a partir de ahí, mostrar el origen del carácter político con el cual la Rama Judicial está llevando sus actuaciones, con el abierto apoyo de los medios y la política estratégica del Gobierno Nacional.

El primer comentario que me llevó a escribir este artículo parte de personas muy cercanas, de alta posición social y fuerte poder económico, que al igual que muchos otros colombianos repiten frases dignas de la Alemania nazi o la Italia fascista. Y cito: “por el escándalo de AIS deberían meter a todos los del Ministerio de Agricultura y el ICA a la cárcel, y a usted también por apoyarlos y defenderlos”. ¿Necesito ahondar en cuánto daño hacen este tipo de posiciones en una sociedad? Espero por el bien del alma del lector, que no. Por otro lado, en una conversación con una abogada de la capital, en la cual le explicaba el caso de Juan David, afirmó: “ellos tiene que estar en la cárcel, porque están defendiendo a Andrés Felipe Arias, y si los dejan salir lo primero que harán sería quemar toda la evidencia”.

Cito este par de esperpentos para mostrar un punto: Las personas en Colombia están sedientas de justicia precisamente por la absoluta inutilidad del sistema. Por otro lado, la prensa ha sido muy hábil en ocultar el problema de fondo (que la justicia es el principal instigador de toda la violencia en Colombia) presentándole a la opinión pública chivos expiatorios, con cuyo sufrimiento se compran algunos de los más oscuros intereses políticos.

Para los lectores que sientan que la insinuación de que hay un fondo político claro detrás de muchos de los fallos de la justicia y el manejo de los mismos por parte de la prensa, es una acusación tendenciosa producto de un “uribista resentido” o mano negra, observemos el origen del asunto:

La Corte Suprema de Justicia, demoró deliberadamente el procesos de elección de fiscal con el único propósito evitar que la persona que asumiera el cargo tuviera un tratamiento que para ellos no resultara provechoso en el tema de las interceptaciones ilegales. Esto es, que los más altos representantes de la justicia colombiana, necesitaban ver la mayor cantidad de personas en la cárcel, y cuanto más cercanas al gobierno de Uribe, mejor. En este punto cito nuevamente a la abogada de la conversación previamente referenciada: “Si un juez tiene una animadversión personal contra alguien, acomodará los hechos para llegar a su sentencia, de eso, no te quepa la menor duda”.

En este contexto, Juan Manuel Santos, en otro más de sus actos de profunda traición a la persona que le representó la presidencia, cambió la terna, y se eligió finalmente una nueva fiscal, afín, como podemos ver, a aquellos intereses políticos que persigue la rama judicial colombiana.

En medio de esta coyuntura, se descubrió que algunas familias beneficiarias de Agro Ingreso Seguro habían parcelado sus tierras y habían defraudado al Estado al obtener de manera ilegal los subsidios que estaban destinados a los pequeños campesinos. En un acto de franco y abierto intento de escarnio público, digno del medioevo, la fiscal anuncio a la prensa que imputaría siete cargos a los ex funcionarios, algunos de ellos con grandes nombres rimbombantes que emulan a un verdugo esperando el momento de la ejecución.

En el caso especifico de Juan David Ortega, habían imputado dos cargos, el cargo de apropiación a favor de terceros, es decir, querían dar a entender que con sus actuaciones el funcionario ayudó a treinta y tres mil familias a enriquecerse, y celebración de contratos sin cumplir requisitos legales. El primer cargo no pudo sostenerse, la evidencia y coherencia del mismo llevaron a que la fiscalía terminara imputando un peculado a favor de terceros, crimen cuyo beneficiario sería el Instituto Interamericano de Cooperación Agropecuaria IICA, es decir, pretenden acusar a Juan David Ortega de que su actuación buscaba beneficiar criminalmente a la OEA. El lector entenderá cuán descabellada es esta acusación. Si, la fiscal fuera coherente con sus propias palabras, todos los funcionaros debiesen responder por lo que se hizo o se dejó de hacer, debería imputar cargos desde José Miguel Insulza hacia abajo.

Por el otro lado, en el cargo de celebración indebida de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, la Ley 80 de 1993 establece claramente todos los procedimientos legales que deben cumplirse para contratar con el Estado. Sin embargo, para contratos de ciencia y tecnología que incluyan transferencia tecnológica, y para contratos con organismos internacionales, se establece un régimen diferente para la contratación. Cabe recordar en este punto que el convenio del cual se acusa a Juan hace referencia a la implementación de proyectos de riego y drenaje que incluían el proceso de transferencia tecnológica. Y también vale recordar que este sistema también se aplicó con éxito en Chile. Para la Fiscalía, el no cumplimiento de la ley 80 es un delito simplemente porque consideran que este tipo de contratos no se incluyen en la categoría de ciencia y tecnología.

Como el lector puede observar, el primer cargo implica a funcionarios del IICA y de la OEA de ser defraudadores del Estado colombiano, y el segundo cargo es un aspecto meramente técnico y administrativo, del proceder diario de las actuaciones de funcionarios públicos, es decir de decisiones administrativas que no constituyen per se una conducta penal. Y es preciso que la Fiscalía demuestre y pruebe que existió dolo. En adición, para escoger al IICA se utilizaron criterios técnicos, entre ellos una trayectoria de contratos de este tipo de más de quince años, y su participación, como ya he mencionado, en proyectos en muchos otros países de la región.

Pero el lector se preguntará mas allá de los aspectos técnicos y jurídicos del proceso, en donde está la parte más injusta de todo el asunto. Responderé a esta pregunta en tres niveles. El primero, en la medida de aseguramiento estrictamente por indicio. Es decir, es preciso que para que un proceso se lleve a cabo con privación de la libertad se cumplan al menos una de dos condiciones, la primera, que el imputado sea un peligro para la sociedad, y la segunda, que haya riesgo de que destruya las pruebas. Es claro que un tecnócrata dedicado al servicio de su país y proveedor de su familia no es un peligro para la sociedad, y en segundo lugar, existen muchos mecanismos que permiten evitar este tipo de cosas sin tener que recurrir a la privación de la libertad. En el segundo nivel, cuando un acusado está privado de libertad y existe tal presión de los medios, termina no siendo responsabilidad de la Fiscalía probar la culpabilidad del acusado, sino del acusado defender su inocencia. Es decir, si existe una muchedumbre con antorchas y bates listos a linchar a un señalado de un delito, todo lo que hay que hacer, es enfurecer a la horda iracunda. En un Estado de Derecho todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, y salvo en casos muy específicos todos deben defenderse en libertad. Para demostrar porque esto no es el intereses de la justicia para este caso, me referiré a un comunicado expedido por Juan David Ortega, en el cual cita las palabras de la fiscal, que dejan llenos de profunda preocupación a quienes están en este momento privados de su libertad, y a todos los colombianos:

Las últimas declaraciones de la Fiscalía en el caso AIS han generado en mí alguna preocupación. Esta semana, la doctora Morales dijo en declaraciones públicas que se “está tratando de establecer responsables”. De lo anterior, se desprende que en ese intento por establecer responsables no se puede enviar gente inocente a la cárcel. También dijo la doctora Morales que correspondía a los ex funcionarios demostrar que habían actuado con probidad. Es necesario recordar, que en el proceso penal no se puede invertir la carga probatoria pues se estaría violando la presunción de inocencia, lo cual sería de suma gravedad para el prestigio de la justicia colombiana. (Fuente: Caracol Radio.)

En un tercer nivel, es claro el interés político que hay detrás de este caso. La Fiscalía pretende mostrar un éxito ante el país en la lucha de lo que según la opinión general es el grupo de escándalos de corrupción más graves que el país haya enfrentado. Es decir, mientras a Juan David se le imputan cargos por fuera de toda percepción lógica, y se insiste en mantenerlo en prisión, los verdaderos responsables se mantienen al margen de cualquier proceso. Esto sin duda alguna es un "falso positivo" de la justicia, sin embargo, como hace parte de la ola periodística que busca generar en el país un ambiente contrario al anterior gobierno, la presión se ejerce en el sentido contrario.

Debo confesar que como economista, me sentí abrumado en medio de un universo legal que juega en contra de un hombre que a todas luces solamente estaba realizando su trabajo con devoción por su país, basado en una formación técnica impecable. Quisiera invitar al lector a imaginar, esa misma sensación, cuando un familiar cercano, un esposo, un hijo, o un padre se encuentran envueltos en estas circunstancias. Nuevamente, el sistema judicial colombiano nos demuestra el origen de nuestros problemas, en la medida en que se aprovecha, incluso, la sensación que genera su propia incompetencia para poder hacer más fácil la tarea de utilizar chivos expiatorios para mostrar resultados de una función, que a todas luces tiene fines políticos. Recuerdo en este momento que en similar situación, se encuentran cinco familias, sobre las que cayó la desgracia, que no están teniendo derecho a desmentir su culpabilidad, sino que están siendo obligados a defender su inocencia.

Colombia, al mejor estilo del fascismo, de la década del cuarenta, está permitiendo que quienes rigen la justicia actúen solamente en base a la búsqueda de réditos políticos, (e intereses políticos) en base a la agenda que los medios pretendan establecer. Pregunto al lector ¿cuál es la diferencia entre la aplicación del Código Penal en este caso, y el Malleus maleficarum de la inquisición española? La única diferencia es que podemos y tenemos el deber de disentir. Porque el silencio cómplice, finalmente, se volverá en contra nuestra, y si permanecemos callados, tal vez los designios de la persona que profirió el primer comentario que escribí al inicio del artículo, se vuelvan realidad.

Y a las familias de estas cinco valientes personas descritas a partir de Juan David Ortega, gracias a la colaboración de su esposa Carolina Villegas, (cuya ayuda hizo posible la construcción de este articulo) les reitero, que cuando termine esta injusticia, serán héroes.