Negacionismo y amnesia culpable

Por Eduardo Mackenzie

¿Se puede escribir un artículo para conmemorar los 25 años del sangriento asalto al Palacio de Justicia de Bogotá, el 6 y 7 de noviembre de 1985, sin mencionar una sola vez la palabra M-19? Aunque usted no lo crea, sí, ello es posible en la Colombia de hoy. Es lo que acabo de constatar tras la lectura de dos artículos sobre ese luctuoso aniversario, en El Tiempo y en la página web de Caracol Radio. Ninguno de esos textos se atreve a mencionar esa conocida sigla. Ninguno se plantea siquiera quien planeó y realizó esa horrible matanza, una de las peores que el terrorismo haya cometido contra el pueblo y el Estado en la historia de Colombia. Queda pues uno convencido de que una maquinaria de confusión y olvido, destinada a trastornar los hechos de las tragedias políticas de Colombia, sigue en marcha y ha logrado imponer sus contra-verdades a la prensa.

Esos dos artículos fueron redactados para golpear a la opinión con tres falacias: 1. Que quienes vencieron ese día a los asaltantes son los causantes de la tragedia; 2. Que “aún no se sabe qué pasó” en el Palacio de Justicia; y 3. Que “no se sabe dónde están los restos” de las víctimas. Las tres afirmaciones son falsas y pretenden blanquear, de manera escandalosa, al culpable criminal de esa tragedia, el M-19, y a sus dirigentes en libertad, quienes tendrán algún día que explicar ante la justicia y ante la opinión colombiana su papel en esa monstruosidad.

El país sí sabe qué pasó el 6 y 7 de noviembre de 1985. El Tribunal Especial de Instrucción, en su informe del 31 de mayo de 1986, le contó al mundo de manera exacta y detallada, lo que había ocurrido allí. Lo que pasa es que el M-19 y sus aliados narcoterroristas, de ayer y de hoy, tratan de enterrar desde entonces ese informe que se yergue como un formidable desafío a sus mentiras.

Ese documento, que la juez Jara y la fiscal Buitrago tampoco quieren estudiar, para poder condenar sin pruebas a 30 años de cárcel a un militar inocente, resuelve, sin embargo, el obscuro mito de los “desaparecidos”. Los hallazgos judiciales posteriores, que también son objeto de maniobras de olvido, presentados en juicio por los defensores del Coronel Plazas Vega, confirman la perspectiva de los excelentes magistrados Jaime Serrano Rueda y Carlos Upegui Zapata.

No sólo cierta prensa quiere jugar a la pérdida de la memoria. Uno de los más altos responsables de la justicia también está, aparentemente, en eso. ¿Se puede concluir algo diferente cuando se leen las declaraciones de Jaime Arrubla Paucar, presidente (e) de la Corte Suprema de Justicia? Cuando la agencia Colprensa lo abordó para que analizara los “acontecimientos” de hace 25 años en el Palacio de Justicia, éste evitó toda evocación del M-19 y del papel del terrorismo marxista en esa tragedia. Para Arrubla, ese asalto fue realizado por una abstracta “unión” de los “grupos alzados en armas”.

El alto magistrado se permite comparar las “angustias que se dieron el 6 y 7 de noviembre”, con las supuestas intercepciones telefónicas que él dice haber sufrido. ¿No hay como una desproporción formidable e insultante para con los militares, policías, magistrados y empleados que perecieron y que fueron heridos en esas horas de horror?

El magistrado Arrubla aprovecha esa entrevista sobre “la conmemoración de los 25 años del holocausto”, para arreglar sus cuentas personales con la prensa y con los columnistas que son, según él, “utilizados” para “tratar de desacreditar a la Corte”. Cuando él dice que las “presiones” sobre los magistrados de hoy vienen “de la parapolítica y todo lo que emana de allí”, Arrubla calumnia a sus contradictores leales y los invita a autocensurarse.

En Colombia, decir que el M-19 tuvo algo que ver con la destrucción del palacio de justicia se volvió un verdadero tabú. La consigna negacionista es lanzar el oprobio sobre los militares que rescataron a más de 250 rehenes y preservaron con su sangre y su vida la continuidad de la democracia, y soslayar, al mismo tiempo, el papel central de los terroristas y su trinca financiera con el Cartel de Medellín.

La idea de asaltar el palacio de Justicia, para convertir en rehenes a los magistrados y montar un juicio “popular” contra el presidente de la República, le costó la vida a 38 magistrados, a 11 agentes de la fuerza pública, a 15 empleados, a tres particulares, a tres choferes y a 29 guerrilleros. En ese asalto demente fueron heridos 31 militares y policías, 18 magistrados y 4 civiles. ¿Y ahora cierta prensa bogotana, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, no tienen el valor civil suficiente para mencionar siquiera el nombre de la organización que desató esa carnicería, que entró disparando, matando, capturando, incendiando y masacrando a sus rehenes y a los servidores del Estado que les hicieron frente?

Tal cobardía, tales omisiones y negaciones deliberadas de la verdad obscurecen las ceremonias oficiales en memoria de lo que ocurrió haces 25 años en Bogotá. Las mentiras de hoy continúan, por otros medios, el acto terrorista y demuestran que la finalidad de los miembros del M-19, hoy convertidos, unos, en politiqueros y caciques extremistas, y otros en prófugos, es la de seguir haciéndole daño gravísimo al país, a sus instituciones, y a la verdad histórica.

No es un complot de la derecha, simplemente los electorados se enderezan

Por Noel Carrascal

La derrota del partido de Barack Obama en las elecciones legislativas de los Estados Unidos debe ser usada como un presagio de lo que podría pasar en Colombia si la prensa y la oposición siguen buscando ganar terreno político con escándalos mediáticos y distorsiones de la realidad.

Después de ocho años de constante bombardeo mediático de la prensa, escándalos sonsos, ridiculización injusta de la imagen de un presidente, cobertura desproporcionada de políticas erradas e ignorando políticas acertadas, George Bush salió de la presidencia con una imagen muy desgastada. Al llegar la cara fresca de Barack Obama, de mesías, de salvador, sin argumentos concretos, con promesas vacías y odio por el mandatario anterior, se creyó que el fin de una administración problemática y regular había llegado y se abría paso a una administración buena que solucionaría todos los problemas habidos y por haber. La cura resulto peor que la enfermedad.

Dos años después los votantes de la ola apasionada de Barack Obama entraron en razón y le dieron una bofetada a todas sus políticas irresponsables y a sus promesas vacías. ¿Cómo puede una opinión pública cambiar de parecer tan rápido y radicalmente? La parcialización de la prensa con tendencias a la izquierda crea una falla en la opinión que cuando es corregida engendra ‘avalanchas’ electorales dramáticas como las del pasado martes en Estados Unidos. El 82 % de los periodistas en Estados Unidos son demócratas con tendencia a la izquierda. Cuando se informa mal, sin balance y con ánimo de influenciar a la gente, tarde o temprano se corrigen las cosas y se ponen al derecho.

El siguiente es un mensaje muy sabio a todos los editores de periódicos y periodistas mamertos: “Puedes engañar alguna gente algunas veces, pero no a toda la gente todas las veces”, Bob Marley.

La derrota del Partido Demócrata en Estados Unidos y la caída del complot informativo de la prensa izquierdosa no son diferentes a los de la América Latina. No hay que leer mucho para darse cuenta de que en Colombia se quiere hacer lo que se hizo en Estados Unidos. Semana no hace sino inventarse y diseminar escándalos viejos buscando el mismo tipo de efecto que llevó a la desastrosa y despilfarradora administración de Barack Obama al poder, aunque ellos gustan del Polo Democratico. El periódico El Tiempo no sólo te mete noticias y opiniones amañadas sino que ya te dice lo que ‘debes leer’, ‘debes hacer’ y ‘debes saber’. A eso hay que sumar lo más importante: DEBES DUDAR, y mucho.

El poder de desinformación de la prensa es tan alto que se puede demostrar con un simple paralelo entre dos tipos de grupos. El denominado ‘Tea Party’ es una organización de raíces populares que se enfoca en bajos impuestos, responsabilidad fiscal y reducción de la burocracia, en el poder de intromisión y en el tamaño del gobierno. Sus participantes son motivados por una creencia firme de lo que es mejor para el país. Sin embrago la prensa los ha mostrado como radicales y odiosos. Estas personas gustan de hacer demostraciones públicas con pancartas y algo de alboroto, pero pacíficamente. En Francia los sindicatos de izquierda bloquean la distribución de combustibles y hacen toda clase de saboteo, la prensa tiende a encubrir estos actos o dirigir la culpa a políticos que no ceden ante el abuso de los sindicatos. Al contrario del ‘Tea Party’ que busca lo mejor para el país, los sindicatos sólo buscan lo mejor para ellos y sus miembros, el resto del país los tiene que subsidiar.

No es un complot de la derecha que Uribe sea tan popular. La gente siente que él representa sus intereses; que no gobierna para las oligarquías capitalinas. Cuanto más se ensañen con Uribe los dueños de los medios, más fuerte es la adhesión de la gente. Y si lo encarcelan o lo matan; esto simplemente haría que sus ideas trascendieran más aún. Cuando se lee a quienes se oponen a Uribe no se puede dejar de asociar que a estas personas les gusta Barack Obama, y esta semana el gobierno de Obama perdió.

Todo parece indicar que el pueblo estadounidense despertó de su luna de miel con Obama y le eligió un cámara de representantes que no es fiscalmente irresponsable ni alcahueta de los sueños izquierdosos de los demócratas. En el Senado, los demócratas mantuvieron la mayoría con estrecho margen, pero perdieron terreno.

La consecuencias del despilfarro fiscal de la izquierda demócrata fueron muchas: distribuyó la riqueza que no es de ellos y que se esfumó, pues la economía se contrajo y el desempleo no baja, sostuvo artificialmente a millones para dejarlos desamparados más tarde, ahondó crisis financieras, entorpeció el sector productivo con impuestos innecesarios y benefició sólo a la clase política y sindical de su agrado. Esto se corrigió el pasado martes.

Como los mercados libres, a los que la izquierda teme, se niega a entender, quiere expropiar y critica burdamente, los electorados se corrigen y hacia la derecha en democracias libres. No porque sea la mejor postura, sino la menos torpe y entrometida; la que en principio busca evitar que la clase dirigente se engolosine con el poder, con la burocracia, el tráfico de influencias y puestos pidiendo un gobierno más pequeño, transparente y eficiente; la que en principio busca menos impuestos para que las familias tengan más dinero disponible, para que los pequeños empresarios puedan generar más empleo; la que en principio busca austeridad fiscal y crecimiento económico, pues la una sin la otra poco logra.

El crecimiento es la parte difícil. En Colombia estamos muy amañados con que nos llueva plata del cielo, o emerja de la tierra, o mejor dicho de inversión extranjera o minería. En menor medida, y comparada con los países industrializados y ricos, poca prosperidad criolla se genera de nuestra propia imaginación en forma de desarrollos tecnológicos y capital intelectual que se traduzcan en exportaciones y recursos.

Prosperar no es la prioridad de la izquierda. Con la complicidad de la prensa, su prioridad es sólo difamar con escándalos sonsos y demandas frívolas a contradictores políticos. Es extraño que no se den cuenta de que cuando engañan a la gente es sólo cuestión de tiempo que aquélla entre en razón. La izquierda no tiene argumentos, sólo mentiras, complots y persecuciones. Cuando pierden credibilidad es cuando lo inocultable se hace evidente y los electorados se corrigen, aunque para evitar esto tienden a ser dictatoriales y populistas.

Debemos dejar de escuchar y leer con excesiva credulidad a los 'torcidos', testarudos mamertos de los medios de comunicación. No hay complot de la derecha. Como en Estados Unidos este pasado martes, la gente solita se da cuenta y solita se endereza.

PUNTO AISLADO: La coincidencia de los dos eventos, la muerte de Néstor Kirchner y el triunfo de Dilma Rousseff, desnudan la duda de si Dilma es títere político de Lula como lo fue Cristina de Néstor. Necesitamos mujeres capaces en la política y las hay muchas, no necesitamos que la izquierda pretenda incluirlas engañosamente para hacerlas quedar como títeres.

¿Quién le teme al Procurador Ordóñez?

Por Eduardo Mackenzie.

En lugar de abrir una investigación contra Alejandro Ordóñez Maldonado, Procurador General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia debería abrir, cuanto antes, una investigación penal contra la ex senadora Piedad Córdoba.

En escueta nota, El Espectador, reveló la siguiente enormidad este 29 de octubre: “Tan sólo un día después de conocerse que en segunda instancia [Piedad Córdoba] fue inhabilitada por 18 años para ejercer cargos públicos […] el presidente (e) de ese Tribunal, Jaime Arrubla Paucar, confirmó la indagación que se encuentra en etapa preliminar por extralimitación de funciones [contra el Procurador General].”

Antes de terminar la investigación, Arrubla Paucar pretende que el Procurador General se “extralimitó en sus funciones”. ¡Qué extraña manera de impartir justicia: anunciar el veredicto antes de examinar los hechos!

Súbitamente, el presidente de la CSJ, con ese acto teatral, hace de la ex senadora una inocente y del Procurador un culpable. En lugar de obrar contra el crimen, Jaime Arrubla Paucar se lanza contra un magistrado que lucha contra el crimen. Si, contra el crimen, pues el expediente de Piedad Córdoba, sobre el cual descansa la medida de inhabilitación, y de confirmación de ésta, establece con claridad que ella se involucró en graves crímenes. ¿O cómo pueden calificarse los consejos que ella dio para que las Farc le sacaran el más alto provecho al horrible crimen del secuestro?

Ella gestionó operaciones de “liberación” de rehenes, y de mantenimiento en cautividad de éstos, para una banda que es capaz, por razones ideológicas, de secuestrar civiles y militares y mantenerlos en la selva durante doce o más años.

Quien puede olvidar su exhortación a las Farc: “Hay que soltar algo pero no a Ingrid [Betancourt]”. Quien puede olvidar que en 1998, tras un encuentro con “Tirofijo” y el “Mono Jojoy” en el Caguán, en la época de los falsos diálogos de paz, Piedad Córdoba llegó a Bogotá advirtiendo que si no había intercambio humanitario “iríamos entonces hacia una guerra definitiva” (Voz, 14-27 de octubre de 1998).

¿No es un crimen y una “falta gravísima”, como escribe el Procurador General, “haber colaborado y promovido” a las Farc, la principal organización terrorista del Hemisferio, “entre el 16 de agosto y el 21 de noviembre de 2007, así como en fechas anteriores y posteriores en los años 2007, 2008 y 2010”?

¿Es acaso un pecadillo excusable, “haber realizado, presuntamente, actos tendientes al fraccionamiento de la unidad nacional, evidenciado en el desconocimiento de la legitimidad de algunas instituciones y de los procesos democráticos, la apología a las Farc, y sus reiteradas invitaciones a la subversión y a la rebeldía“?

No, no lo son. Su continuada ayuda a las Farc constituye un delito que duró años. Durante su agitada vida política, Piedad Córdoba apeló a todo tipo de maniobras para tratar de aislar y debilitar el gobierno que buscaba por todos los medios liberar a los secuestrados sin ceder ante el terrorismo. Ella actuó como si supiera que tenía patente de corso, pues un poderoso grupo la respaldaba. Eso explica la durabilidad de su lamentable acción. Por fortuna, el Procurador General rompió la coraza de la impunidad. La CSJ debe entrar ahora a estudiar ese mismo asunto desde el ángulo penal.

En las acusaciones del Procurador hay materia suficiente para que se abra un juicio por violación del artículo del código penal que habla del delito de menoscabo de la integridad nacional. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué intimida, por el contrario, a un alto funcionario probo e independiente que osó, por fin, retirarle su insultado estatus de senadora?

En el gesto de Jaime Arrubla hay como un mensaje: todo aquel que intente frenar la actividad de Piedad Córdoba será objeto de represalias judiciales. Es un mensaje terrible que produce escalofríos pues lleva implícito el anuncio del fin del Estado de derecho en Colombia.

El ataque contra el Procurador Ordóñez hace parte de un conjunto más amplio en el que el inocente es transformado en culpable. Obdulio Gaviria y Francisco Santos son llevados a juicio por haber denunciado a unos sindicalistas que asistieron a una reunión en el extranjero dirigida por las Farc. Esos “sindicalistas” son mostrados como víctimas y sus críticos como culpables. El Coronel Plazas Vega, para hablar del caso más atroz, es condenado, sin prueba alguna, a 30 años de cárcel por haber vencido a los terroristas que asaltaron y masacraron a los magistrados y a los empleados del Palacio de Justicia. Son sólo tres ejemplos de lo que está pasando.

El fallo del Procurador General demuestra que la ex directora del Partido Liberal cruzó la frontera que podía haber entre una pretendida identidad meramente “intelectual” y la realización de actos delictivos a favor de las Farc. Esa sanción fue la primera pero no será la última. Por eso el pánico se apodera de un cierto microcosmos extremista, y de Caracas, y fuerzas obscuras se empeñan en borrar la inhabilitación y mostrar al Procurador Ordóñez como el hombre que debe ser derribado. ¿El país, la opinión pública, el Estado, permitirán que eso ocurra?

Los alacranes togados

Por Jaime Restrepo.

Como en la fábula del alacrán, los cabecillas de la operación judicial siempre picarán la mano tendida, pues esa es su naturaleza. Mientras el gabinete de Juan Manuel Santos se prodiga en zalamerías con la Corte Suprema de “Justicia”, algunos magistrados de esa corporación salen del país a lamentarse por las medidas que garantizan su seguridad. Parece que el uso del pasaporte les suelta la lengua: basta con que inhalen el primer aroma en tierra extranjera para que decidan exhalar ataques y patrañas propias de su condición.

Así ocurrió con el embriagador de testigos, el magistrado auxiliar Iván Velásquez, quien en EE.UU. manifestó que, en cuanto a su seguridad, se siente más preocupado que hace dos meses, lo que significa que con la llegada de Juan Manuel Santos a la Presidencia, y de Germán Vargas Lleras al Ministerio del Interior, se incrementaron sus angustias.

Es que el pecado es cobarde: Velásquez no puede pasar por alto el hecho de haberse embriagado con un testigo que presumiblemente le entregaría información en contra de Vargas Lleras para poderlo vincular al escándalo de la parapolítica: hoy, el mismo objetivo de sus acciones inmorales es el máximo garante de su seguridad.

A las quejas de Velásquez se sumaron las de otros dos magistrados que fueron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a exigir el fortalecimiento de sus esquemas de seguridad.

Ante semejante andanada, internacionalizada además, Vargas Lleras se mostró extrañado por lo que dijeron los quejumbrosos, pues había recibido agradecimientos de algunos de ellos, como es el caso de César Julio Valencia Copete.

Es que el pliego de quejas y reclamos también tomó por sorpresa al Presidente encargado de la CSJ, Jaime Arrubla, quien aseguró que el tribunal está "blindado contra toda agresión", y atónito frente a las estratagemas de sus colegas, señaló que "habrá que mirar con los compañeros que están en Washington cuál es el problema que tienen".

Si algo incomoda a los magistrados de marras es que permanezca algún vestigio de Álvaro Uribe Vélez en el gobierno Santos y para combatir semejante situación, recurren a contradicciones insostenibles: difícilmente los magistrados Velásquez, González y Valencia Copete; podrán explicar el hecho de acudir ante la CIDH a quejarse por la seguridad aduciendo que la supervisión del buen funcionamiento de esos esquemas los pone en riesgo.

De igual forma, los togados quejosos dejan en evidencia la intención de establecer firmemente la mácula contra Uribe, al mezclar dos temas distintos: la seguridad y la privacidad. Ni Velásquez ni sus otros compinches han manifestado preocupación porque el esquema de seguridad sea insuficiente para impedir un atentado o sea tan endeble que ponga en riesgo sus vidas: lo que les choca es que dos funcionarios de la era Uribe (el director del DAS Felipe Muñoz y el Director de la Policía, general Oscar Naranjo), cumplan con sus funciones y por consiguiente, conozcan sus movimientos y detalles sobre sus entornos cotidianos. Esto significa que el esquema de seguridad es apropiado para garantizarles la vida e integridad (que es su función) pero les resulta angustiante en cuanto a la presunta vulneración de su privacidad.

Con todo lo anterior, los mismos magistrados están ratificando que el gobierno les satisface los caprichos de ostentación que padecen. Sin embargo, ellos quieren seguir disfrutando de los esplendores de la cultura mafiosa (andar con un pelotón de escoltas, carros blindados y despliegues que les permitan hacer exhibiciones de poder) sin que el gobierno complaciente realice una supervisión estricta de los esquemas de seguridad, lo que podría desembocar en un incumplimiento de los mandatos de protección impartidos por la CIDH.

Lo que el trío de togados busca en Estados Unidos es presionar al gobierno Santos para que prescinda de Felipe Muñoz y llame al orden (léase neutralice) al general Naranjo, lo que supuestamente los dejaría más tranquilos frente a su privacidad. Así podrían mantener, con mayor desaprensión, su militancia política y su feroz persecución contra el uribismo.

¿Por qué Gustavo Petro ataca al Polo?

Por Eduardo Mackenzie

Un sector específico del Polo Democrático está degustando en estos días las delicias del mal humor y del arribismo sin medida del simpático Gustavo Petro. Este senador atípico, ex candidato presidencial del comunista Polo Democrático, pasó los ocho años más recientes dedicado a su pasión favorita: tenderle emboscadas al presidente Álvaro Uribe.

Ahora, en vista de su fracaso, Petro se vuelve, con la misma saña, contra quienes lo aplaudían hace unos meses, durante su patética cruzada contra el mandatario colombiano. Apelando a su conocidos métodos, Petro lanza ahora acusaciones estrafalarias contra el alcalde mayor de Bogotá, un militante del PD, y las presenta como si fueran hechos comprobados, con la ayuda cómplice, claro está, de cierta prensa.

Como Uribe no se dejó tumbar, y dirigió con éxito un combate heroico e histórico contra el terrorismo, y sigue siendo visto por los colombianos como uno de los mejores estadistas que ha producido el país, Gustavo Petro escogió un nuevo atajo para alcanzar sus fines.

Petro y su clique dicen haber descubierto que Samuel Moreno, alcalde de Bogotá, es responsable de unos “manejos irregulares” en esa alcaldía, y que entre Moreno y algunos “sectores cercanos a Uribe" hay unos “acuerdos políticos”.

El problema es que, como en el pasado, las acusaciones de Petro están lejos de convencer a la gente. Ni su propio partido le cree esta vez. Sus alegaciones desataron una guerra interna en el PD que lo tiene ad portas de una grave escisión.

Samuel Moreno Rojas y su hermano, el senador Iván Moreno, también del PD, son mostrados por la clique de Petro como funcionarios corruptos e ineptos. Los interesados niegan todo y responden que Petro quiere “destruir” el PD para llegar a acuerdos con el gobierno de Juan Manuel Santos, el cual, según los estrategas del PD, romperá dentro de poco con el ex presidente Uribe.

El vértigo metafísico de llegar de carambola al gobierno, mediante una alianza escabrosa con un presidente dispuesto, según Petro, a abandonar el programa esbozado en la campaña electoral, y aproximarse al chavismo continental, está haciendo estragos en ese grupo de ambiciosos. Su objetivo es quebrar, al precio que sea, el respaldo del uribismo al actual gobierno.

Empero, la presidenta del PD, Clara López, no ve que su partido puede explotar en pleno vuelo en los próximos días, ni que un reajuste general de las actuales alianzas de gobierno sea posible, por ahora. En cuando a la alcaldía de Bogotá —en la cual ella desempañó el cargo de secretaria de Gobierno—, Clara López asegura que “no hay corrupción ni clientelismo”. Ella dice haber sido otra víctima más de las “insinuaciones malsanas” de Gustavo Petro.

Otros recuerdan que Petro nunca le perdonó al PD haber puesto en su dirección a una persona diferente a él. Iván Moreno, por su parte, acusa a Petro de querer hacerle daño a Samuel Moreno porque éste no aceptó nombrar en su administración los pupilos de Petro. Los Moreno van a pedir a la justicia que investigue un préstamo que Petro obtuvo hace unos meses de unos vendedores de lotería.

Llama la atención otro hecho: que la vendetta de Petro y de sus lugartenientes, el senador Luis Carlos Avellaneda y el concejal Vicente De Roux, apunta contra la fracción del PD menos contaminada por la ideología extremista de la combinación de todas las formas de lucha, ante la que capitulan los núcleos más estalinistas del PD.

Todo esto ocurre a pocos meses de las elecciones regionales, con las que el PD contaba salir del aislamiento.

El escepticismo que despierta la acción de Petro contra Samuel Moreno radica en que sus acusaciones son nulas. El 23 de octubre de 2010 la revista Semana publicó un detallado resumen del affaire. El artículo, anónimo, dice basarse en los “resultados” de una “investigación” realizada por una “comisión”.

Empero, leyendo ese artículo se descubre que, en lugar de una comisión investigadora imparcial, lo que hubo fue un grupo de 10 personas bajo la batuta del propio Gustavo Petro.

El “informe”, por otra parte, no es más que un tejido de suposiciones y amalgamas, destinado a fabricarle el vestido de culpable a Samuel Moreno. Las “pruebas” en ese “informe” no existen. El montaje descansa sobre una investigación incipiente y sobre una misteriosa grabación telefónica clandestina que ningún técnico oficial ha examinado y que puede ser una falsificación elaborada por imitadores profesionales de voces. No sería la primera vez que ese tipo de falsificación es utilizado para desacreditar a un actor político colombiano.

Descansa también sobre una frase sin respaldo dada por un tal Alejandro Botero al grupo de Petro.

La “comisión” no investigó realmente: examinó una ínfima parte de la documentación y no interrogó al acusado principal, ni a los otros actores. No los escuchó. No examinó sus documentos, ni valoró sus explicaciones. Sin embargo, los acusó. La metodología de la tal “comisión” que no fue nombrada por nadie, excepto por el grupo que lanza las acusaciones, es grotesca e inadmisible. No se sabe, además, quién financia a los 10 miembros de la llamada “comisión”, ni cuando ésta comenzó a trabajar.

El papel de la revista Semana en ese asunto es escandaloso: avaló un informe hechizo. Trató de venderlo a sus lectores como una investigación seria. Los lectores de Semana fueron embaucados.

Es la turbia metodología de Gustavo Petro en todo su esplendor, la misma que emplea contra sus enemigos uribistas: insinuaciones primero y una “denuncia” después. Más tarde, una investigación hechiza controlada por él mismo. Todo rematado, finalmente, por un acto de respaldo moral y periodístico de una revista.

Esa operación tendrá éxito si la prensa en general, sin investigar por su cuenta, traga entero. Y si la justicia, la Fiscalía, en este caso, en plena crisis, no abre la boca. Es lo que ha hecho hasta ahora ese organismo. Pero los adversarios de Gustavo Petro, como en el pasado, no dejarán pasar sus imposturas.