Las inadmisibles formas de lucha de la ex guerrilla

Por Jaime Ruiz

Cada vez más es evidente el aserto de que la política en las sociedades democráticas se acerca al marketing: lo más importante es establecer cuál es el target al que va dirigido cada eslogan, cada declaración o cada performance, en cuanto esto se tiene claro, se trata ante todo de satisfacer las motivaciones de ese público, como cuando se contratan azafatas casi adolescentes para los anuncios de automóviles.

Buen ejemplo de eso fue la alusión del candidato Mockus a la "ex guerrilla" durante la pasada campaña electoral. Complace una idea generalizada, hegemónica, entre el sector social que apoyó su aspiración. La nostalgia de una guerrilla verdadera que corresponda a las exigencias de estilo y altruismo que definen a ese medio social. El viejo reproche a las FARC de haber perdido sus ideales por dedicarse a secuestrar gente y a traficar con drogas, como si fuera posible sobrevivir para una organización armada de sus dimensiones sin fuentes de ingresos semejantes.

El objetivo de este escrito es denunciar esa nostalgia, pese a que cualquier lector que me conozca se habrá encontrado muchas veces con la misma idea. ¿Qué hacer? El hecho fundamental de la vida colombiana moderna es ese olvido sobre el origen de las guerrillas, ese enmascaramiento de quienes deben su poder y su hegemonía social y económica a la actividad de esas organizaciones. Esa distracción de la mayoría, que parece embrujada preguntándose por qué el dedo del pistolero se cierra sobre el gatillo, sin relacionarlo con el brazo al que está ligado.

Hace ya casi cinco años saltó el escándalo de que las directivas de la Universidad Nacional pretendían borrar las efigies del Che Guevara y Camilo Torres de los edificios de dicho centro, con respuestas airadas del editorialista de El Tiempo y hasta del ex rector Marco Palacio. Dicho escrito es absolutamente recomendable para quienes creen que las FARC son algo distinto de la Universidad Nacional.

La cuestión no es la consideración que se haga de las guerrillas, y ni siquiera la adhesión de la parte "decente" del país al guevarismo-camilismo, sino la absoluta ceguera de la mayoría respecto a la historia reciente de Colombia, y en realidad el interés de los socios de las FARC y el ELN de seguir dominando el país después del fracaso de su servicio doméstico armado. En diversas ocasiones, como en las alusiones de Mockus citadas arriba o en las perlas de su sanedrín que copié la semana pasada, resulta evidente ese designio.

Ante todo, las guerrillas fueron desde mucho antes de llamarse así, desde la "colonización armada comunista" de los años cuarenta, la principal baza del comunismo local, la principal inversión del régimen soviético en Colombia y la principal esperanza de hacer la revolución. Pero la revolución era el objetivo compartido por la mayoría de los grupos sociales dominantes, desde los patricios multimillonarios de Firmes y Alternativa hasta las sectas de "intelectuales" que pretendían hacerles competencia.

En realidad la condena a la "ex guerrilla" es el reproche por su fracaso, excusándose en la condena de sus métodos, se deja pasar la legitimación de sus fines, que son como una seña de identidad de esos grupos sociales. En ese avance de la revolución, es decir, de las guerrillas, fue fundamental el dominio, gracias a la violencia, de las universidades públicas, después de las empresas públicas, de las escuelas y finalmente de toda la función pública. La presencia de activistas armados y muy violentos en Barrancabermeja fue la base del dominio del PCC sobre el sindicato de Ecopetrol y después sobre todo el funcionariado.

Esa clientela poderosa de los sindicatos reforzados con la guerrilla fue determinante en el avance del M-19 al final de los ochenta y en la composición de la Asamblea Constituyente convocada por César Gaviria para asegurarle a Escobar la no extradición y repartirse el poder con los terroristas: la votación no llegó al 20 % del censo electoral, pero es seguro que los afiliados sindicales sí participaron.

El mayor error que podrían cometer los colombianos que durante tanto tiempo han estado sometidos a la opresión de esa casta y sus tropas de niños sería permitir que la dominación se perpetuara con el pretexto de que los peones no hicieron bien el trabajo. Cuanto más se piensa en la reacción de los poderes fácticos ante el triunfo de Uribe sobre las bandas terroristas más resulta evidente que las FARC y el ELN son una especie de garantes de la Constitución del 91 y su derrota amenaza el socialismo impuesto en ese engendro.

Pero para entender eso hay que volver a lo mismo: a) la mayoría de los grupos sociales dominantes optaron por el socialismo durante las décadas anteriores a 1991; b) el poder terrorista ensanchó las rentas de las clientelas del PCC y las sectas afines, y la Constitución protochavista amplió ese despojo hasta convertirlo en la principal causa de la miseria de los demás colombianos; c) desde que en 2002 fue elegido un presidente dispuesto a forzar la desmovilización de las tropas rústicas, los poderes fácticos que de hecho lo poseen todo en Colombia se dedicaron a impedir a toda costa esa tarea y a tratar de salvar a las bandas terroristas.

Y siempre se está repitiendo que las guerrillas no llegaron de la luna porque en Colombia la palabra la tienen siempre esos grupos y los demás apenas sufren las consecuencias de su juego. Porque sólo una minoría insignificante entiende que el socialismo es la servidumbre y que sus partidarios son casi siempre los que se benefician del orden de esclavitud de siempre.

Los sueños de Mockus y su gente de aumentar los impuestos son reflejo del carácter socialista de su discurso. Desde que comprendió que el marxismo abierto lo forzaba a una segura marginalidad, Salomón Kalmanovitz optó por plantear el ensanchamiento del Estado a través de la tributación, sin amenazar directamente la propiedad. Pero cuando él, personaje por lo demás arquetípico, habla de subir impuestos sólo piensa en los que pagan las empresas: los ciudadanos ricos que no producen nada, como él mismo, como casi toda la base social del mockusianismo, seguirían en la práctica exentos, y en todo caso pagando MENOS de lo que pagan en Europa quienes ganan lo mismo (en términos absolutos, ni hablar de que al ser decenas de veces la renta media, en países como Suecia pagarían más de la mitad del total ingresado).

No es raro que para justificar su programa el candidato Mockus citara el libro El costo de los derechos. En el lenguaje corrompido de la vida colombiana los "derechos" son las tutelas, es decir, el mecanismo por el que los recursos comunes se gastan en asegurar los privilegios de los de siempre. Mecanismo, hay que recordarlo, que es la principal "conquista" de la Constitución del 91, Constitución que es el fruto de décadas de actividad de las guerrillas.

Pero tengo otro ejemplo característico de hasta qué punto Colombia no ha decidido si condena a las FARC por sus fines o por sus medios. Evidentemente los partidarios de Mockus, por jóvenes que sean, critican los medios, siguiendo una fatalidad casi genética. Pero los demás tampoco es que tengan muy claro que desean una sociedad libre.

En una discusión en su blog, tras citar una columna de Eduardo Escobar sobre el caso de Manuel Cepeda, otro protagonista de la Ola Verde y de la opinión hegemónica, Alejandro Gaviria, afirma:

Es un tema difícil. He oído varias veces que en la casa de Manuel Cepeda escondían secuestrados. No sé si sea verdad. Pero sin duda Cepeda padre apoyó la combinación de todas las formas de lucha. Muchas organizaciones estatales hicieron lo propio. En esta guerra la diferencia entre las víctimas y los victimarios no siempre es clara.

De donde sale difícil establecer si los dirigentes del PCC son victimarios o víctimas. El hecho de que Cepeda apoyara la combinación de las formas de lucha se vuelve lo único importante, lo que iguala su lucha a la de las "organizaciones estatales" que combinaron formas de lucha. Después se reafirma:

Casi por principio, no confío en quienes promueven o defienden todas las formas de lucha.

Con lo que no hay nada que reprocharle al programa o a los objetivos del PCC, sino sólo al vicio de combinar las formas de lucha. Si todo fuera por las buenas, Gaviria, sin la menor duda, estaría en ese bando.

Y es que sociológicamente ese bando es siempre el mismo, tanto si se declara socialista como reformista democrático. Y todo el problema es si en Colombia hay suficiente claridad sobre la sociedad que se desea, o si sólo hay que pedirle a los Cepeda y a sus seguidores que cambien sus formas de lucha. Cosa que a estas alturas ya parecen haber hecho: la prueba es precisamente el ascenso de Mockus en las pasadas elecciones.

Guarín en maniobras desesperadas

Por: Eduardo Mackenzie

René Guarín desató una nueva campaña de odio contra el coronel Luis Alfonso Plazas Vega, pocos días después de que éste recibiera la cuestionada y surrealista condena, en primera instancia, de 30 años de prisión. Furioso porque el Inpec había trasladado al coronel a la Escuela de Infantería de Bogotá, y no a la cárcel de la Picota, el hermano de Cristina Guarín, una de las personas que perdieron la vida en la tragedia del 6 y 7 de noviembre de 1985, acusó al coronel de “desacato”. Es el mundo al revés: el traslado a la guarnición militar fue una decisión del Inpec, y de nadie más.

En su carta al Inpec del 18 de junio de 2010, la juez María Stella Jara Gutiérrez ordena trasladar al coronel Luis Alfonso Plazas Vega “a un sitio de reclusión”. Allí la juez no dice que el coronel debe ser llevado a una cárcel. Al usar la fórmula “sitio de reclusión” la juez indicó, con precisión, que Plazas debía ir a una guarnición militar pues así lo determina la ley. Una resolución vigente habilita a la Escuela de Infantería para servir como lugar de reclusión de los militares que son objeto de un proceso penal. Allí se encuentran, por ejemplo, el general Uscátegui y el general Arias Cabrales. Allí estuvo, hasta su absolución, el almirante Arango Bacci.

La juez Jara había intentado, en agosto de 2009, trasladar a la Picota al coronel Plazas violando su estatuto militar. Fracasó. El coronel regresó al Hospital Militar, pues su estado de salud lo exigía. Pero la violencia y arbitrariedad utilizada en ese traslado reveló el alto contenido emocional que impregna ese proceso y la subjetividad más que culpable sobre la que reposa el fallo del 9 de junio de 2010.

René Guarín conoce perfectamente estas cosas. Sin embargo, no vaciló un minuto al ir a mentir ante varios periodistas bogotanos. Quería que difundieran, como algunos hicieron, su desorientador punto de vista. Lo hizo de manera consciente y deliberada. Y arrastró a ello a Cecilia Cabrera, otra familiar de un “desaparecido”. Y Guarín agregó: “El fallo es claro al decir que la reclusión debe ser en una cárcel, pero la Escuela de Infantería no es un un sitio de reclusión particular”. Falso. La sentencia del 9 de junio de 2010 no aborda el tema del lugar de reclusión. Guarín lo sabe. Sus abogados lo saben. Lo que busca Guarín es impresionar a los periodistas dóciles y desorientar a la opinión pública.

Guarín agregó otra enormidad: “Vamos a escribirle al Tribunal Superior de Bogotá, para que tenga en cuenta este desacato (sic) por parte del coronel Plazas de la sentencia para que le confirme los 30 años que le dio la juez tercera especializada”. ¿Cuál desacato? En ese traslado nadie desacató a nadie. Incapaz de criticar directamente a la juez Jara Gutiérrez por no haber hecho lo que él quería, Guarín ataca de manera cobarde al coronel Plazas. Lo mismo hizo Cecilia Cabrera, quien estimó que ese traslado “es una burla a la justicia”.

De ese episodio hay que sacar una conclusión: cuando se es capaz de mentir tan descaradamente, y en materia tan grave, es porque se ha mentido antes, y, sobre todo, a lo largo de este proceso.

Acostumbrados a obrar a sus anchas, y a diseminar en diarios y radios informaciones falsas, esos personajes insultan ahora a la misma juez Jara y al Inpec. Creyendo haber ganado la partida, con la sentencia del 6 de junio, quieren ir más lejos. Esa voracidad no conoce límites. ¿Por qué ese interés desmedido en que el coronel Plazas vaya a dar a la Picota, infestada de matones y narco terroristas, gente que él combatió con determinación? ¿Por qué Guarín está gritando ahora que el coronel Plazas debe ser llevado a una cárcel muy lejos de Bogotá que el llama “cuatro bolas”?

¿Qué se está tramando con esos alaridos?

La campaña de Guarín, quien se mueve entre Bogotá, Madrid y Bruselas, financiado no se sabe por quién, es la de un desesperado. Es comprensible. Probablemente el juez de segunda instancia rechazará la sentencia de la juez Jara Gutiérrez. Pues estamos ante una paradoja: el mayor argumento a favor de la inocencia del coronel Plazas Vega se encuentra en la sentencia de Jara. Los colombianos deberían leer ese documento. Es verdad, son 302 páginas y la prosa no es bella, ni amena, ni fluida. Se encuentran allí tecnicismos, neologismos, giros jurídicos desuetos y teorías rarísimas como el de la “culpabilidad mediata” (lejana). Pero no importa. Esa sentencia, si se la lee con atención, ofrece una verdad: el coronel Plazas es inocente, y la juez no encontró prueba alguna contra él.

El mismo Guarín sabe que lo que cuenta es la venganza. Guarín dijo el 18 de abril de 2010, antes de la sentencia, que ésta tendría poco que ver con la justicia, que sería otra cosa: “Hablar de justicia en un caso como este es muy difícil teniendo en cuenta que es un proceso que comenzó 20 años después de haberse perpetrado el crimen, donde la justicia comienza a actuar tardíamente”. (Ver: www.elperiodico.com.co, 18 de abril de 2010).

La juez utilizó, sobre todo, dos testimonios totalmente anómalos: el de Tirso Sáenz y el de Edgar Villamizar. Ambos son falsos de toda falsedad. La juez rechazó el primero (pues éste reveló que había pedido dinero y ventajas procesales a cambio de su falso testimonio), y acogió el segundo, el más ilegítimo y deshonesto. Cualquier otro juez habría anulado ese proceso por la presencia de tales “pruebas”. La Procuraduria General pidió por eso absolver a Plazas. El juez de segunda instancia no tiene más salida que rechazar ese fallo. Guarín y sus amigos lo saben y eso los desestabiliza.

Villamizar es un testigo fantasma. La propia juez nunca lo vio ni lo interrogó. Tampoco la defensa. Su testimonio fue firmado con una firma y una identidad falsas. No se sabe siquiera dónde rindió el fantasma su “testimonio” a la fiscal. Pues en los registros de entrada a la Escuela de Caballería del 1º de agosto de 2007 su nombre no aparece. El fantasma nunca aclaró eso, ni se presentó jamás al juzgado. Su testimonio es un anti-testimonio. ¿Por qué sólo 22 años después de los hechos del Palacio apareció (fugazmente) ese testigo tan sospechoso? ¿Quién mueve los hilos de ese grotesco títere? El fantasma no dice siquiera que vio a Plazas secuestrar ni apresar a nadie. No afirma que fuera testigo de que Plazas diera una orden en ese sentido. La juez no pudo probar que ese fantasma hubiera estado en la refriega del Palacio de Justicia. Esos dos días él los pasó en el batallón Vargas de Granada (Meta). El pretende haber sido transportado el día del incidente en un helicóptero para 14 personas. Las fuerzas militares colombianas no tenían en 1985 ese tipo de helicópteros. Sus helicópteros sólo podían llevar 5 o 6 tripulantes. Ninguno de los combatientes de la fuerza pública vio al fantasma en la refriega. Ese es, sin embargo, el testigo de cargo clave sobre el cual descansan las 302 páginas de la sentencia de la juez Jara Gutiérrez.

La prensa no puede siquiera preguntarle a la juez por qué falló con un material probatorio tan endeble, pues ella se fue del país sin dejar dirección. Ese proceso es, pues, una montaña de injusticias y de enigmas. Es el escándalo más grande de la historia judicial de Colombia. Ese fallo es una mancha infamante para toda la rama judicial, la cual será lavada por el juez de la segunda instancia.

Chuzadas “preventivas”

Por Jaime Restrepo.

¿El DAS interceptó las comunicaciones de Rafael Correa? La información suministrada hasta ahora por el diario El Universo es contradictoria y la posición del gobierno colombiano es enfática en negar la situación. A eso se suma la actitud conciliadora de Correa, quien ha manifestado su voluntad de creer en los pronunciamientos oficiales de Colombia.

Sin embargo, dada la animosidad que mostró el gobierno Correa contra Colombia, desde el asunto de las fumigaciones en la frontera; su cercanía con Hugo Chávez y la afinidad de varios funcionarios con las FARC, es posible que en un análisis de amenazas a la defensa nacional, el DAS haya tratado de obtener, en su momento, información para determinar los alcances de las actitudes beligerantes de Correa en asocio con Chávez y Ortega.

Es que el país está rodeado de inamistosos vecinos que protegen en sus territorios a la principal amenaza para la seguridad nacional: las FARC. Sobre el particular, cuando de tiempo en tiempo lanzan amenazas bélicas contra Colombia, por una hipotética incursión a sus territorios, tanto Venezuela como Ecuador están admitiendo, tácitamente, que siguen albergando terroristas en sus países. Entonces, las labores de inteligencia colombiana podrían definirse, de haber ocurrido, como una respuesta de supervivencia ante la complicidad de aquellos gobiernos con el terrorismo, quienes destaparon sus cartas cuando se dio de baja al terrorista alias Raúl Reyes.

De otro lado, tampoco se puede olvidar que en los computadores de Reyes apareció información que vincula directamente al gobierno Correa con las FARC: reportes de encuentros, reuniones con personas de confianza de Correa, planes de trabajo, reasignación de militares y policías que perseguían a las FARC en la región de Sucumbíos; son parte del menú que describe las relaciones FARC-Ecuador.

Frente a todas estas situaciones, el gobierno colombiano no podía permanecer como si nada estuviera pasando y sus servicios de inteligencia pudieron interpretar como indispensable -de supervivencia, insisto- precisar los alcances de la relación entre Rafael Correa y las FARC.

Al mismo tiempo, la reacción desproporcionada y chabacana de Hugo Chávez por el bombardeo de los arbolitos de Angostura fue una amenaza real para la defensa de Colombia. Esta situación pudo influir en la decisión de adelantar labores de inteligencia más allá de las fronteras, pues podía aparecer como imperiosa la necesidad de recaudar información que permitiera establecer si existían o no, planes de ataque conjunto en ambas fronteras, y lograr anticiparse a una acción de tal naturaleza.

En caso de comprobarse el espionaje contra el gobierno ecuatoriano, muchos se rasgarán las vestiduras por la “criminal” acción de monitorear a los poderosos aliados de las FARC, pero al enfrentar a gobiernos proclives al favorecimiento del terrorismo no se ven opciones distintas a las tareas de inteligencia que suministren alertas tempranas y permitan dilucidar los movimientos en contra de la estabilidad del país.

La cueva del DAS

La respuesta del presidente a los señalamientos provenientes de Ecuador resulta inquietante: cuando Uribe sostiene que “personas malintencionadas, probablemente cercanas al DAS, han querido afectar, con versiones que no corresponden a la realidad, el buen nombre del gobierno, y en este caso afectar relaciones internacionales”, surgen diversos interrogantes sobre el verdadero control que tiene el gobierno, concretamente el presidente de la República, sobre el DAS.

La justificación de rumores surgidos de gente malintencionada, “cercana” al DAS, es una afirmación injustificable por la vaguedad: ¿a qué se refiere el presidente con personas cercanas al DAS? ¿Directivos? ¿Agentes dobles? ¿Políticos con alguna influencia en el organismo? Es que la afirmación implica el reconocimiento del Presidente de haber sido incompetente en el manejo y dirección del DAS, pues durante ocho años, como lo venimos diciendo desde 2006, la entidad aparece como una rueda suelta en la que operan malandrines de toda laya.

Ante la ciudadanía, el DAS se ve como una cueva en la que cada organización criminal tiene el dominio de una parcela que utiliza para satisfacer las necesidades de todo aquel que pueda pagar: no importa quién ordene, lo importante es que tenga el dinero para llenar los bolsillos de las mafias que secuestraron el organismo… Frente a semejante debacle, la respuesta de Uribe fue tímida, tardía e ineficaz.

¿Petro confiesa su participación en el holocausto del Palacio de Justicia?

Esto se parece tanto a una confesión de autoría intelectual, que en un país cuyos operadores judiciales obraran con criterios equitativos y eficientes, sería una prueba importante para procesar a Gustavo Petro.  Además, si el ex candidato del Polo anunció, en un debate, que no había sido ni indultado ni amnistiado, ¿qué impide entonces que se le procese por los crímenes cometidos por el grupo terrorista M-19?

Desangrando a Colombia con balas y demandas frívolas

Por Noel Carrascal*

La izquierda violenta ha atacado a nuestros soldados y población civil por más de 40 años causando un desangre literal. La izquierda pacífica, pero radical, ha estado desangrando al país económicamente con demandas frívolas.

La guerrilla ha emboscado soldados que simplemente cumplen con su función constitucional. También ha castigado poblaciones civiles para poder manejarlos bajo el temor de ataques y ejecuciones. Se ha tomado instituciones gubernamentales como el palacio de justicia. Estos mal llamados ‘justicieros sociales’ han hecho correr ríos de sangre en Colombia en un desangre literal. Eso no es noticia nueva.

Lo que sí es noticia nueva es la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado colombiano por la muerte de Manuel Cepeda Vargas. Su muerte, sin embargo, no es culpa del gobierno. Los contribuyentes al fisco colombiano no deben pagar indemnizaciones por asesinatos que ocurrieron en un conflicto durante una época en la que los terroristas de corbata de ambos bandos se confundían con los terroristas de fusil.

La culpabilidad de dos policías que actuaron independientemente no se puede extender al gobierno aunque se demuestre que el asesinato fue ordenado por rangos superiores, en cuyo caso éstos también deberían ir a la cárcel.

El gobierno tiene mucha responsabilidad en la muerte de mucha gente durante el abandono del territorio que abrió campo para que la guerrilla y los paramilitares establecieran su propia justicia que incluía pena de muerte a sus adversarios.

Manuel Cepeda se asoció a un brazo político de los violentos y sabía que su vida estaba en riesgo. Él también tiene responsabilidad en su muerte por los enemigos y amistades que hizo conscientemente. ¿Por qué darle a la familia de este señor y no a las de tantas víctimas inocentes y ajenas al conflicto?

¿Cuánto costaría indemnizar a todos los que de forma directa o indirecta hemos sido víctimas del conflicto por la incompetencia de varios gobiernos que no se esforzaron por darnos seguridad hasta 2002?

Las muertes de inocentes, no de generadores de violencia de derecha o izquierda, se deben indemnizar con un monumento, un día festivo, un museo o cualquier otro acto simbólico, pero no con indemnizaciones monetarias. El daño es irreversible y no reparable con sumas de dinero astronómicas.

Con este desangre metafórico que hoy día vive Colombia, la izquierda ha encontrado una forma de atacar al gobierno, esta vez en lo económico. Ésta es la misma izquierda que exige más inversión en lo social con una mano, pero con la otra no desperdicia ninguna oportunidad para meterle ‘la puñalada’ al los recursos que podrían ser usados para este propósito.

No se le puede achacar a la izquierda como partido la decisión de un familiar de buscar compensación económica ante una corte, pero sí se le puede pedir que se pronuncie enfáticamente en contra de este desfalco. Por el contrario, es bien sabido que Petro le pidió a Santos reparación para las víctimas —al parecer, el beneficio económico personal de sus simpatizantes está por delante del beneficio equitativo y social de todos los colombianos—. Nótese y recuérdese.

Las demandas de reparación de las víctimas, la politización de la justicia, y tantas demandas frívolas parecen estar orquestadas con cierto nivel de sincronización. Esto no parece fortuito cuando nuestra oposición se rasga las vestiduras criticando a nuestro gobierno por muchos más falsos positivos de los que en realidad ocurrieron. También parece menos fortuito cuando sabemos que gobiernos vecinos no han podido influenciar los dos poderes popularmente elegidos.

Por otro lado es importante que el gobierno colombiano empiece a considerar la posibilidad de no acatar las cortes internacionales por falta de garantías judiciales tan fundamentales como la imparcialidad. Para nadie es un secreto que estas cortes tienen una inclinación política que es contraria a como se definió Colombia en las pasadas elecciones presidenciales.

El interés económico de algunos familiares al entablar demandas al estado por casos en el que este no tiene responsabilidad está eclipsando las demandas legítimas de otros que posiblemente tendría derecho a una indemnización. La mayoría de estas demandas son oportunistas e impulsadas por familiares y abogados que más que justicia quieren dinero.

El nuevo presidente debe buscar en el Congreso pasar leyes que eviten un desangre de nuestros recursos por causa de estas demandas frívolas.

* Noel Carrascal publica todos los jueves en atrabilioso.