5 de marzo de 2010

Urge actualizar el Estatuto de Roma


Las graves acusaciones formuladas por el juez de la Audiencia Nacional de España, Eloy Velasco, en contra del gobierno venezolano, por su “cooperación” con la ETA y con las FARC, suscitan una importante reflexión sobre los alcances de la Corte Penal Internacional (CPI).

Si bien la Corte Penal Internacional fue creada en 1998 (es decir, recientemente), mediante la aprobación del denominado Estatuto de Roma, su origen se remonta a 1948, cuando las Naciones Unidas consideraron por primera vez la posibilidad de establecer una corte capaz de enjuiciar el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, cometidos durante la Segunda Guerra Mundial, por regímenes totalitarios, ya fuesen de tendencia nazi, fascista o comunista.

En otras palabras, aunque la CPI es relativamente nueva, es el resultado una vieja discusión, y por eso no incluye de manera directa y explícita uno de los crímenes más importantes y reiterativos de nuestra era: el terrorismo.

Una prueba de las graves fallas del actual sistema internacional de justicia es la inoperancia que ha habido respecto a los computadoras y memorias incautadas al segundo hombre de las FARC, alias Raúl Reyes, el 1 de marzo de 2008, durante la Operación Fénix.

Pese a que su contenido fue avalado plenamente por la INTERPOL, dos años más tarde no se han castigado a los numerosos cómplices internacionales del narcoterrorismo colombiano que aparecen allí registrados, entre ellos, Hugo Chávez.

Las computadoras de Reyes revelan que las FARC financiaron la campaña presidencial de Chávez, y allí mismo aparecen las pruebas de los importantes aportes que el mandatario venezolano suministró a los guerrilleros colombianos.
Luego de las acusaciones del juez Velasco, los gobiernos de España y de Colombia pidieron explicaciones a Venezuela, para que aclarase sus posibles relaciones con organizaciones terroristas. Pero, en rigor, tales aclaratorias no eran necesarias, puesto que el propio Chávez se ha encargado de confesarlas públicamente.

Después de la muerte de Reyes, Chávez le rindió tributo, guardando un minuto de silencio. El 2 de marzo de 2008 manifestó abiertamente la molestia por su muerte, acusando al presidente Álvaro Uribe de “criminal”. Posteriormente, hizo un elogio público de Reyes, catalogándolo de “comandante revolucionario”. En ese mismo discurso, se quejó amargamente de su fallecimiento, negó que dirigiera una organización narcotraficante, y admitió haberlo conocido personalmente.

Pero por ser un Jefe de Estado, la justicia colombiana e, incluso, la Corte Penal Internacional, están impedidas o seriamente limitadas para tomar medidas en su contra.

En resumen, no tiene sentido seguir discutiendo si Chávez tiene o no vínculos con las FARC. Los tiene y son obvios. Lo que hace falta es modernizar los instrumentos jurídicos para poder enjuiciarlo como corresponde.

Por Alejandro Peña Esclusa, Presidente de UnoAmérica

4 de marzo de 2010

Samuel: ¡Renuncie a la Alcaldía del T.C.!

Bogotá es la capital del caos por cuenta de la parálisis del transporte público que ha desembocado en una asonada que se agrava con el pasar de las horas y cuyas consecuencias son inciertas. A pocos minutos de publicar este texto, los desmanes están en pleno desarrollo en Ciudad Bolívar y Suba.

El paro de los pequeños propietarios de buses y busetas, según el Alcalde, tiene su origen en el reordenamiento del transporte de la ciudad. Ahí está el primer error, pues la parálisis tiene que ver con el precio que propone el Distrito para comprar los vehículos que actualmente prestan el servicio de transporte, y no con el reordenamiento en sí.

Los pequeños propietarios no están en contra del Sistema Integrado de Transporte, SITP. Ellos están pidiendo un pago razonable por sus vehículos. Es que la Alcaldía pretende, en una sofisticada operación de expropiación de propiedad privada, pagar los buses casi por la mitad del precio del mercado.

El asunto se puede explicar con un ejemplo. Doña Susana adquirió un bus, modelo 2008, por 240 millones de pesos. Para hacerlo, obtuvo un crédito por el que paga mensualmente 4 millones de pesos. De repente, la Alcaldía publicó una tabla según la cual, doña Susana recibiría cerca de 120 millones de pesos y un pago mensual cercano al millón, como utilidades por su vinculación al nuevo esquema de transporte colectivo.

Esto significa que doña Susana podría amortizar 120 millones a la deuda adquirida, pero quedaría pagando un crédito de 120 millones por algo que no le está generando ningún beneficio y de lo cual, en realidad, ya no sería propietaria. Además, la cuota mensual que deberá seguir pagando estará por encima de los 2 millones y con las utilidades de su vinculación, no podrá cubrirla, ni satisfacer las necesidades mínimas de su familia. Total: su patrimonio quedará a merced de los acreedores.

Siguiendo con el caso de doña Susana, es importante anotar que el bus fue matriculado en Bogotá y los diferentes documentos de operación fueron expedidos por la Secretaría de Movilidad de la ciudad. ¿Si Samuel Moreno sabía que en un par de años intentaría poner en operación el SITP, por qué siguió matriculando buses y busetas durante los años 2008 y 2009?

Ahí hay una cuota de responsabilidad -mejor de irresponsabilidad- de la administración distrital. El Alcalde es tan caradura que sale ante los medios a sostener que la idea del SITP es la modernización de la flota de transporte colectivo que sirve a la ciudad… ¿le parece viejo un vehículo modelo 2008? ¿Desde cuándo la depreciación de un automotor es del 25% anual?

Ciertamente algunos de los participantes en el paro son dueños de vehículos antiguos, pero ellos en general no tienen una deuda gigantesca y el pago de reposición se aproxima al valor real de sus buses. Sin embargo, la mayoría de pequeños propietarios tienen vehículos de modelos recientes, que ahora, de repente, son material para chatarrizar, según el alcalde Moreno.

No se puede negar que el sistema de transporte de Bogotá es perverso: 44 personas son dueñas de las empresas que afilian los vehículos y solo a través de ellas se puede acceder a la asignación de rutas y horarios, previo pago mensual de cuotas que se salen de toda proporción. Este esquema de transporte se puede definir como unos pocos oportunistas que viven del trabajo de más de 16 mil propietarios de vehículos.

La administración negoció con los 44 oportunistas y excluyó a los pequeños propietarios, que son los que aportan trabajo y equipos. Después de afinar los pactos con los “dueños” del transporte, la Alcaldía expidió la tabla de retoma que había acordado con los capos de las rutas. A ellos poco les importa el precio que pague la administración por los vehículos, pues no son dueños del parque automotor y su negocio está asegurado desde hace tiempo, gracias a los pactos establecidos con el Alcalde cuando era candidato.

Ahí estuvo el segundo error. En una tozudez enorme, la Alcaldía se ha reunido varias veces con los 44 empresarios, quienes le han prometido al gobierno de Bogotá, que los buses estarán en las vías en unas horas. Esos 44 “dueños” de rutas pueden prometer el oro y el moro, pero al no tener la propiedad de los vehículos, sus promesas son vanas. Durante el segundo día de paro, Moreno y la señora López Obregón salieron felices a anunciar que el paro había terminado, pues habían obtenido el compromiso de los capos. Los bogotanos, candorosos a morir, les creyeron y salieron a la calle. Pasaron las horas y los buses siguieron guardados.

Pero la Alcaldía es como Jalisco, que no se raja, y en la noche siguió insistiendo con los 44 empresarios, despreciando a los verdaderos dueños del transporte en la ciudad.

Moreno reconoce su ineptitud, y no se inmuta

Anoche, en una rueda de prensa, Samuel Moreno comenzó por señalar que “nosotros sabíamos lo que iba a pasar”. ¡Caramba! Moreno y su pandilla son como el Chapulín Colorado: todo estaba fríamente calculado y sin embargo, no hicieron nada para desactivar la bomba y tampoco se ocuparon de tomar las medidas que impidieran las gravísimas molestias que el paro ha causado en la ciudadanía.

Es el colmo de la ineptitud que un gobernante conozca las consecuencias de una medida y no haga nada por neutralizar la situación. Lo peor es que la rueda de prensa fue convocada para anunciar un paquete de medidas extraordinarias para conjurar el paro. Después de escuchar a Moreno Rojas, todavía estamos esperando las medidas extraordinarias, pues sólo expuso acciones comunes que se están aplicando desde el segundo día de paro.

En ese paquete de medidas “extraordinarias”, Moreno incluyó la suspensión del pico y placa para vehículos particulares, lo que se viene haciendo desde el martes y tiene a la ciudad colapsada.

Eso de levantar el pico y placa es uno más de los absurdos del Alcalde. Quienes tienen vehículo, en su gran mayoría, optan por el servicio de taxis y no por el transporte colectivo. Además, aquellos propietarios de particulares que utilizan Transmilenio, pueden prescindir del transporte masivo y movilizarse en un taxi. A la postre, levantar el pico y placa, lejos de aminorar los problemas, los agrava, pues la ciudad es un cúmulo de obras atrasadas o abandonadas que diariamente hacen colapsar la movilidad.

Ya es costumbre

Samuel Moreno ejerce sus funciones, no como alcalde sino como dictador. Los residentes de varios conjuntos en Ciudad Salitre saben que el alcalde utiliza la técnica de la emboscada para tomar desprevenidos a los ciudadanos. Así pasó con la nueva estratificación y así está pasando con los transportadores.

De repente, con una metodología inexistente, el desgobierno de Bogotá seleccionó unos cuantos conjuntos y les incrementó el estrato. Cuando las autoridades vieron que la comunidad se estaba uniendo, enviaron cartas a los conjuntos excluidos temporalmente del aumento para desterrar la solidaridad.

17 meses de retraso en las obras de la Fase III de Transmilenio, casi 2 años de demora en la entrega de unos simples andenes, millones de pesos utilizados en burocracia en el Fondo de Vigilancia y Seguridad, compra de votos para determinados candidatos del Polo en algunas dependencias de la Alcaldía Mayor, son motivos suficientes para decirle a Samuel Moreno: ¡Renuncie! Y hágalo ya.

Pero también es bueno recordarles a los bogotanos que semejante hecatombe, y su profundización, se debe a la estupidez de haber elegido a dos ineptos como alcaldes mayores de Bogotá. Luis Eduardo Garzón comenzó con el deterioro y Samuel Moreno avanza raudo en la demolición de Bogotá T.C., es decir Bogotá Tugurio Capital. De lo sembrado por Castro, Mockus y Peñalosa no queda prácticamente nada. ¡Sigan votando bien! Al paso que van, la capital del país pasará a otra ciudad y Bogotá será solo un moridero habitado por prepotentes que juran que la cloaca en la que viven es el ombligo del mundo.

Por Jaime Restrepo.

3 de marzo de 2010

Elección a tres vueltas

Van pasando los días y se va diluyendo la resaca del fallo de la Corte Constitucional que frenó el proyecto de segunda reelección. Casi que nadie se acuerda de que en escasos diez días hay elecciones y que éstas decidirán el futuro del país casi tanto como las presidenciales, pues de no haber sólidas mayorías parlamentarias que representen a las mayorías sociales que defienden la democracia el próximo gobierno no podrá sacar adelante sus proyectos de ley, ni habrá modo de contener la rebelión de los jueces, últimamente ocultada por la prensa (ya se volvió norma que no haya fiscal, y que las relaciones de ciertos políticos con las FARC, demostradas por los computadores de Raúl Reyes, no constituyan delito).

La escasa importancia que se da a estas elecciones, y la proporción de abstención, previsiblemente más alta que en las presidenciales, hace dudar del sentido de que existan instituciones parlamentarias, con los tremendos costos que plantean y la obstrucción a la acción de cualquier gobierno, obstrucción que no procede de la defensa de valores o intereses legítimos sino de la necesidad de los congresistas y senadores de recibir recursos para "aceitar" sus maquinarias. Toda vez que a nadie se le ocurre suprimir el Congreso, la inanidad de su existencia hace pensar en la posible conveniencia de optar por el sistema parlamentario: al menos habría menos elecciones, y los elegidos tendrían alguna responsabilidad ante los ciudadanos de sus circunscripciones. Pero eso demandaría una nueva constitución, proyecto que no interesa a nadie porque parece como un cálculo a muy largo plazo, y los políticos sólo piensan en objetivos inmediatos.

En todo caso valdría la pena que la gente se tomara en serio la elección: cada abstencionista ayuda a los que compran y venden votos y también a las minorías que pretenden cambiar el rumbo que ha seguido el país en los últimos ocho años, y ese cambio sólo puede significar la renuncia a la firmeza con que se ha combatido a las bandas terroristas promovidas desde Venezuela y Cuba. Nadie debe dudarlo, lo que se elige es SÓLO la continuidad del gobierno o el retorno al Caguán, pues, para armar la posible mayoría, todo candidato alternativo a los uribistas necesitará del apoyo de las clientelas que reinaron durante los años noventa, así como de la izquierda democrática, es decir, de la parte urbana y desarmada, como Lucky Luciano, de la trama comunista. Y mientras que los ciudadanos honrados se distraen o se dejan manipular por la prensa, para la que sólo existen los candidatos del bando antiuribista, los socios de las guerrillas no vacilan en recurrir a todos los medios imaginables para elegir a los suyos.

El resultado de las elecciones parlamentarias será la verdadera encuesta que muestre hasta qué punto las campañas de la prensa han dado resultado: una alta abstención daría ventaja a las minorías, sumamente organizadas y activas pues a fin de cuentas los privilegios obtenidos gracias al poder político son su medio de vida. Para eso ocultan las propuestas de los candidatos al Congreso y promueven usando todas las artimañas imaginables a los candidatos ligados a los dueños de los medios. Un triunfo relativo de los candidatos de la oposición anunciaría una lucha reñida por la presidencia, pues tanto Chávez como Santodomingo, las FARC, los López y los demás "Electores" se animarían a invertir grandes cantidades en propaganda y compra de votos a favor de alguien que pudiera disputar la presidencia al candidato continuista, amén de encargar "acciones" que sirvieran para que los propagandistas hicieran cundir la "frustración" por la plata perdida en "la guerra".

Pero además de eso las elecciones de marzo son una primera vuelta por las particularidades de la consulta sobre la candidatura del Partido Conservador. El hecho de que sea un partido minoritario, y de que el bando chavista esté en clara minoría en la sociedad, hace que la candidata Noemí Sanín se vuelva su mayor esperanza, sobre todo después de la campaña de propaganda negra con que han intentado destruir al ex ministro Arias con el pretexto del programa Agro Ingreso Seguro.

Al ser una consulta abierta, los militantes del Polo Democrático y las maquinarias del samperismo —que a fin de cuentas eligen alcalde en Bogotá y seguramente lo volverán a elegir en 2011 a pesar del desastre que han sido los dos gobiernos de esa facción— votarán por la señora Sanín, con la esperanza de que en una hipotética segunda vuelta —que los medios dan por descontada, convencidos de que pueden crear la realidad— sea capaz de agrupar a todos los poderes fácticos del viejo país y añadir algún iluso para volver a los tiempos felices del Caguán.

Es muy diciente de esa intención que la mentada señora sea descrita por la prensa como "uribista". Seguramente se refieren a que es aliada de Juan Gabriel Uribe, el director de El Nuevo Siglo, un "periódico" que compite con Semana y El Espectador en la misión de reproducir la propaganda de Anncol y las razones del terrorismo. El hecho de que semejante personaje sea el jefe de campaña de la candidata deja ver una alianza con la parte más podrida del conservatismo, la que "dirigió" el país entre 1998 y 2002, liderada por el inefable Andrés Pastrana, que todavía reivindica los "logros" de su proceso de paz con las FARC.

Es decir, la elección en apariencia secundaria de un candidato del conservatismo se vuelve un pulso entre continuidad y retroceso al Caguán, y la disciplina y activismo de los chavistas y demás malhechores amenaza con desfigurar la elección, pese a que la inmensa mayoría de las personas de talante conservador están con el presidente y con el ex ministro que puja por la candidatura. Y valdría la pena que los votantes hicieran un poco de memoria: ¿qué hacía Noemí Sanín en el Caguán prometiendo acuerdos y reconocimiento a Tirofijo? ¿Cómo es que aceptó la embajada en España después de decir que Álvaro Uribe era el candidato de los paramilitares?

La pregunta es otra: ¿cómo es que la señora Sanín aceptó una embajada del presidente de los "paramilitares", según ella? Es que para promover su carrera necesita el apoyo de esos personajes (se podría rastrear cualquier crítica a la ex embajadora que hayan expresado los beneficiados de su generosidad), pero para ofrecerles prebendas necesita un puesto importante.

Eso es lo que representa esa señora y lo que, en caso de descuido, saldrá como representación de los conservadores en las elecciones de mayo. Y nadie debe engañarse: se trata de una gran alianza por el secuestro, que contará con ingentes recursos de Chávez y con el favor de las FARC. Pues el odio enfermizo de Pastrana y su camarilla hacia Uribe no es casual ni fruto de las lamentables vanidades personales de esos próceres. En tal caso se habrían distanciado de los continuadores de la alianza con las FARC, como Álvaro Leyva, Víctor G. Ricardo o Lázaro Vivero Paniza, cosa que nunca han hecho. Sencillamente, al igual que las demás camarillas que "gobernaron" el país durante los noventa, necesitan a las FARC y a sus socios políticos para armar una mayoría que les abra las puertas a los grandes negocios y a los grandes lujos pagados con dinero público. Ya son casi como la Anapo fundada por el antiguo campeón del anticomunismo y protegido de EE UU Gustavo Rojas Pinilla y hoy parte integrante del "Frente Popular" con que el PCC intenta abrirle camino a sus tropas hacia el poder.

Por Jaime Ruiz

2 de marzo de 2010

Año electoral

Que no nos embargue el pesimismo, pero los años de cambio de gobierno, y el primer año (2011) del que elijamos, suelen ser muy complicados. Los capitales se recogen temerosos y observan, y en consecuencia el empleo y la demanda interna se contraen.

Es el temor a que el nuevo gobierno decida modificar el escenario que les ha permitido actuar con tranquilidad; o a que el Congreso resultara mayoritariamente no gobiernista, y se dedicara al chantaje, o a atravesar palos en la rueda al ejecutivo para deslucir la gestión, y mantener al grupo contradictor con opciones de poder hacia el futuro. 

Este comportamiento típico de un proceso electoral en cualquier país subdesarrollado del mundo, se acentúa en Colombia por los tentáculos del chavismo que quiere poner presidente también aquí. El nuevo camuflaje de la izquierda, y la posible división de los partidos continuistas, que ponen en peligro una transición de mando sin traumatismos.

Excluyendo a los minoritarios, que solo quieren pescar unos reembolsos por votos obtenidos, o negociar su adhesión a alguno de estos (para todo da el circo) en el panorama político colombiano se distinguen tres grandes grupos políticos: los continuistas, entre los que hay quienes querían la reelección, y quienes no. El partido liberal, que en el fondo también es continuista, pero cuyos miembros quieren en la presidencia a alguien del partido que distribuya entre ellos la burocracia y los contratos: sienten que Uribe les hizo conejo, porque se rodeó de antioqueños y costeños, y no de cachacos. Y la izquierda en todos sus matices (tan unida y desunida a la vez), que también se está volviendo uribista (quien pudiera creerlo), pero que mantiene una posición firme y retrograda en contra de los acuerdos comerciales con los países desarrollados; disienten en la forma de lograr la paz, que para ellos no pasa por la seguridad, si no tal vez, por el utópico camino de tener a todos contentos; son antiyanquis y muestran cierta simpatías por las ideas socialistas del llamado Movimiento Bolivariano, que lidera Hugo Chávez en el subcontinente.

Enumeré los tres grupos en el orden ascendente de intranquilidad (o descendente de tranquilidad, que es lo mismo) que su posible ascenso al poder genera en la economía del país, que afortunadamente también es el orden descendente de las posibilidades reales que tiene cada uno de llegar al poder.

Aunque esas sean peleas de políticos, como dicen por acá en la costa, y en últimas nada cambiará, logran afectar la tranquilidad que tanto valoran quienes deciden invertir en el país, y el bolsillo de todos los colombianos.

No obstante creo, que el temor a que salga elegido un gobierno, que bajo el supuesto de que todo lo anterior fue malo gire 180 grados en estas políticas públicas, será determinante del voto para elegir parlamentarios primero, y luego presidente de la República: la gente no querrá arriesgar lo conseguido.
           
Esa percepción, y la entrada en vigencia de varios tratados comerciales (imán para la inversión nacional y extranjera) nos permiten seguir siendo optimistas a pesar de ser el 2010 un año electoral y no repetir Uribe.

No dudo que la misma percepción tendrán los inversionistas. Para hacerla realidad, los continuistas deberán ir unidos a la primera vuelta.

PD: ¿Cuál participación ciudadana? Este es el segundo referéndum que tramposea la clase política colombiana: el primero por parte de un censo electoral que incluía persona no habilitadas para hacerlo (militares y fallecidos); y este, de verdad  verdad, porque según la Corte, se alteraría el equilibrio de poderes (el procedimiento fue la excusa). En los 20 años de la Carta Magna, Colombia no ha hecho uso de ese instrumento constitucional de participación. Queda demostrado que a la clase política, de la cual hacen parte nuestras altas cortes (aunque sus magistrados no sean elegidos popularmente), sólo piensa en el pueblo para que los elijan, no más.

1 de marzo de 2010

Lo que está en juego tras el fallo de la CC


Mi admiración por el presidente Álvaro Uribe es más grande que nunca. Su declaración de ayer pasará a la historia como un modelo luminoso de respeto del Estado de Derecho, de las instituciones legalmente constituidas y de la democracia. Y como una declaración de amor a Colombia.

Álvaro Uribe reaccionó con altura, inteligencia y generosidad ante el veredicto de la Corte Constitucional sobre la ley del referendo. Cuánto deben lamentar en estos momentos los demagogos que llegaron un día a equiparar al presidente Uribe con el jefe de la revolución bolivariana quien pasó, no lo olvidemos, por encima de su propia Constitución y de su pueblo, pues éste se atrevió a decirle no en un referendo memorable.

Lo de ayer no es sólo un triunfo del Estado de Derecho. Es también el triunfo de un gobierno de Derecho y de un pueblo de Derecho. Los colombianos han acatado y cumplido, como su Presidente, la decisión de la Corte Constitucional, a pesar de que aquella no refleja la desiderata de las amplias mayorías. Con tal ejemplo de disciplina y serenidad, Colombia se distingue así, de manera inequívoca, del aventurerismo político e institucional que avanza, de manera desigual, en otros países del continente latinoamericano. Hay en esto como un ejemplo para todo el mundo, quien ve con estupor cómo el llamado “nuevo constitucionalismo”, engendro antiliberal, trata de dar coherencia al desmonte brutal de la democracia en Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua.

Siete de los nueve magistrados de la CC, tras dos semanas de deliberaciones, declararon inexequible la ley del referendo reeleccionista. Sin cuestionar esa sentencia, pues lo que ésta decidió debe ser y fue, en buena hora, respetado, es necesario decir esto: es innegable que ese fallo, al lado de las necesarias consideraciones jurídicas, porta una dosis de cálculo político. Un veredicto de tal trascendencia no podía estar exento de eso. La primera pregunta es: ¿cuál fue la proporción entre lo uno y lo otro? La segunda es: ¿la construcción del referendo fue ilegal? A pesar del fallo respetable de la CC, la unanimidad frente a esto último es ahora imposible. La Procuraduria General de la Nación, al examinar el trámite de esa ley, distinguió sabiamente entre lo accesorio y lo fundamental, entre lo técnico y lo substancial, y emitió un concepto favorable al referendo. La CC se apartó de ello. Era ese su derecho y su voz es concluyente. Empero, la lectura de la sentencia final y completa de la CC será indispensable y el debate que ella suscitará será legítimo y apasionante. La historia dirá un día si el fallo del 26 de febrero de 2010 fue verdaderamente protector de la sociedad abierta que hemos construido los colombianos.

Lo que cuenta ahora es preservar un legado, una filosofía política, un cuerpo específico de doctrina que le permitió al país, en estos últimos ocho años, preservar las libertades, avanzar considerablemente, por primera vez en muchas décadas, en materia de seguridad, de prosperidad y de paz.

El pueblo uribista sabrá encontrar el candidato presidencial más apto para encarar con éxito los candentes desafíos de la Colombia de hoy. Ese candidato es, en mi opinión, Juan Manuel Santos. El ex ministro de Defensa sabe, verdaderamente, qué son las Farc, cómo proseguir y culminar su desmantelamiento definitivo y cómo desbaratar la telaraña de siniestros apoyos que se activan en el hemisferio. Pues con las Farc en el horizonte, aunque estén debilitadas, Colombia no tendrá paz, ni prosperidad, ni independencia. Con las Farc habrá siempre narcotráfico y bandas armadas, anti Farc y de todo tipo, y violenta propaganda anticolombiana en el exterior. En la corta campaña que se abre, los electores, sin duda, dejarán a un lado a aquellos candidatos que todavía no saben, ni quieren saber, qué son las Farc, qué le han hecho éstas al país, y qué están preparando con sus invitaciones hipócritas a que el poder regrese a la utopía caguanera que hizo de Colombia un país fallido entre 1998 y 2002.

El nuevo presidente deberá culminar el programa de seguridad democrática del presidente Uribe, con los métodos del presidente Uribe, gústele o no a las minorías violentas y al despótico régimen de Caracas. Pero eso no será todo. Deberá revigorizar el cansino aparato diplomático, para lograr unos pactos multilaterales que protejan nuestros intereses económicos, políticos y culturales no sólo a nivel hemisférico sino mundial. La formidable dinámica creada por los dos gobiernos de Álvaro Uribe no puede ser entrabada. Nuestras libertades y todo lo que nos es precioso, están en juego.

Por Eduardo Mackenzie.