Un grupo de colombianos ha manifestado su indignación por la judicialización de un joven que presuntamente lanzó un grupo en Facebook para amenazar a los hijos del Presidente.
Los indignados ciudadanos, unos furiosos, otros potenciales delincuentes y unos cuantos que estan en la mitad, coinciden en el repudio por el procesamiento del supuesto delincuente. Según los indignados, es el colmo que por una “broma”, al joven (conocido en los medios virtuales como el Cuervo del Salado), lo sometan a los vejámenes de la justicia colombiana por un delito “altruista” como amenazar a los hijos de Uribe.
Curiosamente, muchos de esos indignados que defienden al acusado (quien tiene todo el derecho a la presunción de inocencia), han sido implacables con otros procesados a quienes les han desconocido ese mismo derecho de ser inocentes hasta que se les demuestre lo contrario. De hecho, el supuesto delincuente de las amenazas, condenó a Uribe y a su familia por la masacre del Salado, pero ahora sus defensores piden a gritos que se le respete la presunción de inocencia.
Más allá de la culpabilidad o inocencia, esos indignados están justificando el delito y presionan, sin miramientos, para que se otorgue impunidad al acusado, sin demostrar su inocencia en un juicio. Es, en la práctica, la misma justificación que en su momento pronunció Carlos Gaviria Díaz sobre las FARC: son criminales altruistas, dijo el ex magistrado sin ruborizarse.
Ahora el altruismo está no solo en las armas físicas y en las componendas políticas para abrirles paso a los totalitarios, sino en lanzar amenazas y convocar a cualquiera para que cometa un crimen contra alguien que no pertenece a los ciudadanos “decentes” que están enarbolando las banderas de la defensa del presunto delincuente.
La justificación de que era una broma puede ser divulgada con entusiasmo por los que respaldan la acción y hubieran querido participar en ella. Sin embargo, tratar de explicar los motivos no es un recurso válido para esos mismos ciudadanos que, en otros escenarios, han demandado rabiosos la acción de la justicia y gritan desesperados contra la impunidad.
Tendrán que decidirse: o aplauden o condenan la impunidad, pero eso de estar a favor de un delincuente (porque coincide con el odio que se profesa contra las víctimas) y exigir la condena en una mazmorra cuando el sindicado es objeto de animadversiones, resulta particularmente grave en un país que tradicionalmente ha padecido, como uno de sus males mayores, la inoperancia de la justicia.
Todo el que profiere una amenaza debe ser procesado y castigado, no solo por la intención sino por los daños emocionales que esa acción puede causar en un individuo y en su familia. Si las amenazas van contra Piedad Córdoba, Iván Cepeda o Gustavo Petro son condenables y deben ser repudiadas por la ciudadanía. Lo mismo debería ocurrir con las amenazas contra Juan Manuel Santos, Andrés Felipe Arias o los hijos del Presidente.
Pero en Colombia esto es una quimera: la descomposición social ha llegado al punto de catalogar las amenazas como buenas o malas, de acuerdo a la categoría u origen familiar del sujeto amenazado.
Sin embargo, la amenaza contra los hijos del Presidente tiene elementos excluyentes a los que nunca tendremos acceso los ciudadanos del común: ¿Acaso el FBI investigará la fuente de las amenazas contra las organizaciones de ciudadanos que fueron despojados de sus tierras por el paramilitarismo?
Eso molesta, y mucho: se supone que la Constitución habla de un acceso pronto y eficaz a la justicia, pero en comparación con el caso de los hijos del Presidente, los colombianos no estamos ni remotamente cerca de obtener semejante movilización para buscar a los psicópatas amenazadores.
De igual forma, molesta que los altos mandos de la Policía expongan, como prueba irrefutable, que el supuesto creador de las amenazas contra los hijos de Uribe haya entrado a páginas relacionadas con las FARC y Al-Qaeda. Si esta prueba siquiera es valorada por la justicia, los que escribimos sobre terrorismo y política colombiana tendremos que comparecer ante los jueces, pues en múltiples ocasiones revisamos esas páginas sin que eso signifique que existen vínculos o afinidades con el terrorismo nacional e internacional.
Finalmente las predicciones de una condena que podría llegar a los 19 años es una exageración: aquí hay delincuentes comunes que no pasan más de cinco años en la cárcel, después de ser condenados por homicidio, violación y otros delitos sumamente graves. De hecho, Luis Alfredo Garavito está próximo a salir de prisión, cuando entre pecho y espalda carga con más de 150 violaciones y homicidios: ¿Un sociópata recibe 12 años de cárcel y un delincuente que amenaza puede ser condenado a 19 años de prisión?
Así como la categoría de la víctima no puede ser motivo de justificación para que el delincuente sea exonerado, esa misma categoría tampoco puede servir de pretexto para exigir más rigor vindicativo contra el criminal, pues así como de un lado se evidencia la descomposición social de aquellos que conforman la coral que clama impunidad, del otro quedan expuestas las presiones “justicieras” de los que manejan las riendas del poder.
Ciertamente el delincuente merece castigo, así algunos clamen por su libertad. Pero la judicialización y el castigo deben ser acordes con el delito y jamás con la categoría de la victima… eso solo serviría para confirmar la inopia judicial colombiana.
Los indignados ciudadanos, unos furiosos, otros potenciales delincuentes y unos cuantos que estan en la mitad, coinciden en el repudio por el procesamiento del supuesto delincuente. Según los indignados, es el colmo que por una “broma”, al joven (conocido en los medios virtuales como el Cuervo del Salado), lo sometan a los vejámenes de la justicia colombiana por un delito “altruista” como amenazar a los hijos de Uribe.
Curiosamente, muchos de esos indignados que defienden al acusado (quien tiene todo el derecho a la presunción de inocencia), han sido implacables con otros procesados a quienes les han desconocido ese mismo derecho de ser inocentes hasta que se les demuestre lo contrario. De hecho, el supuesto delincuente de las amenazas, condenó a Uribe y a su familia por la masacre del Salado, pero ahora sus defensores piden a gritos que se le respete la presunción de inocencia.
Más allá de la culpabilidad o inocencia, esos indignados están justificando el delito y presionan, sin miramientos, para que se otorgue impunidad al acusado, sin demostrar su inocencia en un juicio. Es, en la práctica, la misma justificación que en su momento pronunció Carlos Gaviria Díaz sobre las FARC: son criminales altruistas, dijo el ex magistrado sin ruborizarse.
Ahora el altruismo está no solo en las armas físicas y en las componendas políticas para abrirles paso a los totalitarios, sino en lanzar amenazas y convocar a cualquiera para que cometa un crimen contra alguien que no pertenece a los ciudadanos “decentes” que están enarbolando las banderas de la defensa del presunto delincuente.
La justificación de que era una broma puede ser divulgada con entusiasmo por los que respaldan la acción y hubieran querido participar en ella. Sin embargo, tratar de explicar los motivos no es un recurso válido para esos mismos ciudadanos que, en otros escenarios, han demandado rabiosos la acción de la justicia y gritan desesperados contra la impunidad.
Tendrán que decidirse: o aplauden o condenan la impunidad, pero eso de estar a favor de un delincuente (porque coincide con el odio que se profesa contra las víctimas) y exigir la condena en una mazmorra cuando el sindicado es objeto de animadversiones, resulta particularmente grave en un país que tradicionalmente ha padecido, como uno de sus males mayores, la inoperancia de la justicia.
Todo el que profiere una amenaza debe ser procesado y castigado, no solo por la intención sino por los daños emocionales que esa acción puede causar en un individuo y en su familia. Si las amenazas van contra Piedad Córdoba, Iván Cepeda o Gustavo Petro son condenables y deben ser repudiadas por la ciudadanía. Lo mismo debería ocurrir con las amenazas contra Juan Manuel Santos, Andrés Felipe Arias o los hijos del Presidente.
Pero en Colombia esto es una quimera: la descomposición social ha llegado al punto de catalogar las amenazas como buenas o malas, de acuerdo a la categoría u origen familiar del sujeto amenazado.
Sin embargo, la amenaza contra los hijos del Presidente tiene elementos excluyentes a los que nunca tendremos acceso los ciudadanos del común: ¿Acaso el FBI investigará la fuente de las amenazas contra las organizaciones de ciudadanos que fueron despojados de sus tierras por el paramilitarismo?
Eso molesta, y mucho: se supone que la Constitución habla de un acceso pronto y eficaz a la justicia, pero en comparación con el caso de los hijos del Presidente, los colombianos no estamos ni remotamente cerca de obtener semejante movilización para buscar a los psicópatas amenazadores.
De igual forma, molesta que los altos mandos de la Policía expongan, como prueba irrefutable, que el supuesto creador de las amenazas contra los hijos de Uribe haya entrado a páginas relacionadas con las FARC y Al-Qaeda. Si esta prueba siquiera es valorada por la justicia, los que escribimos sobre terrorismo y política colombiana tendremos que comparecer ante los jueces, pues en múltiples ocasiones revisamos esas páginas sin que eso signifique que existen vínculos o afinidades con el terrorismo nacional e internacional.
Finalmente las predicciones de una condena que podría llegar a los 19 años es una exageración: aquí hay delincuentes comunes que no pasan más de cinco años en la cárcel, después de ser condenados por homicidio, violación y otros delitos sumamente graves. De hecho, Luis Alfredo Garavito está próximo a salir de prisión, cuando entre pecho y espalda carga con más de 150 violaciones y homicidios: ¿Un sociópata recibe 12 años de cárcel y un delincuente que amenaza puede ser condenado a 19 años de prisión?
Así como la categoría de la víctima no puede ser motivo de justificación para que el delincuente sea exonerado, esa misma categoría tampoco puede servir de pretexto para exigir más rigor vindicativo contra el criminal, pues así como de un lado se evidencia la descomposición social de aquellos que conforman la coral que clama impunidad, del otro quedan expuestas las presiones “justicieras” de los que manejan las riendas del poder.
Ciertamente el delincuente merece castigo, así algunos clamen por su libertad. Pero la judicialización y el castigo deben ser acordes con el delito y jamás con la categoría de la victima… eso solo serviría para confirmar la inopia judicial colombiana.
Por Jaime Restrepo. Director de Atrabilioso.
