El 30 de julio de 2006, el Polo Democrático Alternativo publicó un aviso en El Espectador, en el que rechazaba la agresión y barbarie contra el pueblo palestino por parte de Israel. No solo eso: el PDA le pedía a Uribe que condenara los actos de terror provocados, según ellos, por Israel.
Guardadas las proporciones, durante varios días he buscado juiciosamente un pronunciamiento del Polo sobre la barbarie que ha desatado Hugo Chávez Frías contra los medios de comunicación en Venezuela… Pero nada, silencio total frente a los abusos totalitarios del dictador de Miraflores.
Es que la descarada arremetida dictatorial contra los medios de comunicación, debería generar el repudio de cualquier agrupación política, salvo, como no, que aplaudan y compartan las acciones totalitarias que intentan sepultar la libertad de expresión en el país vecino.
Sería de mal gusto que el Polo condenara a Chávez, pues en momentos decisivos han compartido oficinas con el partido del tirano para promover el referendo de la reelección indefinida, como ocurrió en Cúcuta a principios de este año: sedes, propósitos, héroes e ideologías… son muchas coincidencias de identidad que incluyen, claro está, el acatamiento de las instrucciones del “gran” Fidel, quien le decía a Chávez, a finales del siglo pasado, que con libertad de expresión no podía hacer la revolución… ¿Serán capaces los del Polo y sus seguidores de oponerse a la censura, que es un principio básico de la imposición del comunismo que ahora denominan Socialismo del siglo XXI?
El lunes en la tarde, la sede de Globovisión fue atacada con gases lacrimógenos que fueron lanzados por personas armadas al interior del canal. Imposible no recordar los atentados que padecieron Frecuencia Latina en el Perú y RCN en Colombia.
Todo esto ocurre mientras la “flamante” fiscal venezolana Luisa Ortega, perrita faldera del dictador, sigue impulsando la abominable Ley Especial Contra Delitos Mediáticos, un proyecto que pretende imponer la mordaza definitiva a los medios no alineados con el desquiciado proyecto chavista que busca hacer realidad el anhelo del dictador de unificar los medios de comunicación venezolanos como un gran feudo mediático que solo difunda la propaganda benévola con el régimen totalitario que viene consolidándose en Venezuela.
La Ley Censura, como se deberá conocer el adefesio antidemocrático que se ha planteado en Venezuela, define como delitos mediáticos “las acciones u omisiones que lesionen el derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, que atenten contra la paz social, la seguridad e independencia de la nación, el orden público, estabilidad de las instituciones del Estado, la salud mental o moral pública, que generen sensación de impunidad o de inseguridad y que sean cometidas a través de un medio de comunicación social”.
Una de las falacias que viene proponiendo la dictadura chavista es que los medios opositores ponen en riesgo la salud mental del público. Sin embargo, con la gran oferta de canales oficiales que existe en Venezuela, es completamente sensato pensar que aquel televidente que se sienta afectado en su salud mental por un canal como Globovisión, pues simplemente cambia de canal y se divierte con las intervenciones de Hugo Chávez, con el Aló Presidente Teórico o con la cobertura ininterrumpida del golpe de Estado en Honduras. ¿Hay algo que obligue a un ciudadano venezolano a ver un canal de la oposición? Al contrario: todo el que concede una entrevista a Globovisión y está haciendo una petición ante el régimen, es prácticamente expulsado de las oficinas oficiales porque concedió la entrevista.
Siendo más precisos, se podría decir que los venezolanos saben que ver a Chávez y escucharlo durante cuatro o más horas, afecta seriamente la salud mental de cualquier parroquiano… de ahí los índices de sintonía de los medios oficialistas del país vecino.
Pero hay algo más grave: los medios no podrán informar, con esta Ley de censura, cualquier hecho que afecte la estabilidad de las instituciones, lo que significa que no podrán denunciar, por ejemplo, la enorme corrupción de la boliburguesía que corroe las entrañas del Estado venezolano.
De igual forma, hablar de paz social en un país que padeció, durante el último fin de semana, 58 asesinatos solo en Caracas, es por lo menos un insulto a las víctimas y a las miles de personas que están sometidas a los abusos de los criminales que gozan de impunidad gracias a la ineptitud de un régimen consagrado a la ideologización y no a gobernar.
Sin embargo, la Ley de censura va más allá y anula el derecho de opinión. En adelante, quien se niegue a revelar la identidad del autor de un artículo periodístico anónimo o publicado bajo seudónimo, será condenado a prisión.
Llama la atención además el artículo 3 de la Ley de censura que habla de los sujetos que pueden incurrir en los delitos, incluyendo los dueños de medios, directivos, productores, periodistas, locutores, conferencistas, artistas y cualquier otra persona que se exprese a través de cualquier medio de comunicación, sea este impreso, televisivo, radiofónico o de cualquier otra naturaleza.
¿Conferencistas y artistas? ¡Caramba! Nada más parecido a las prácticas de censura padecidas en la Unión Soviética de Stalin, o en la Cuba de Castro, o en Corea del Norte… lo que dice la Ley censura es que nadie puede hablar mal del gobierno, ni cuestionar las instituciones corruptas, ni hacer un cuadro, o una caricatura o un standup comedy o café concierto que aluda a la crisis que vive Venezuela, pues de inmediato será un delincuente perseguido por el régimen dictatorial.
Es que el cierre del artículo es opaco sobre el medio físico que se puede judicializar, pues habla de medio de comunicación de cualquier otra naturaleza: un micrófono, una exposición, una obra de teatro o lo que se le ocurra al “creativo” régimen del silenciamiento venezolano.
¿Por qué el Polo no dice nada? ¿Está de acuerdo con las acciones chavistas?
Guardadas las proporciones, durante varios días he buscado juiciosamente un pronunciamiento del Polo sobre la barbarie que ha desatado Hugo Chávez Frías contra los medios de comunicación en Venezuela… Pero nada, silencio total frente a los abusos totalitarios del dictador de Miraflores.
Es que la descarada arremetida dictatorial contra los medios de comunicación, debería generar el repudio de cualquier agrupación política, salvo, como no, que aplaudan y compartan las acciones totalitarias que intentan sepultar la libertad de expresión en el país vecino.
Sería de mal gusto que el Polo condenara a Chávez, pues en momentos decisivos han compartido oficinas con el partido del tirano para promover el referendo de la reelección indefinida, como ocurrió en Cúcuta a principios de este año: sedes, propósitos, héroes e ideologías… son muchas coincidencias de identidad que incluyen, claro está, el acatamiento de las instrucciones del “gran” Fidel, quien le decía a Chávez, a finales del siglo pasado, que con libertad de expresión no podía hacer la revolución… ¿Serán capaces los del Polo y sus seguidores de oponerse a la censura, que es un principio básico de la imposición del comunismo que ahora denominan Socialismo del siglo XXI?
El lunes en la tarde, la sede de Globovisión fue atacada con gases lacrimógenos que fueron lanzados por personas armadas al interior del canal. Imposible no recordar los atentados que padecieron Frecuencia Latina en el Perú y RCN en Colombia.
Todo esto ocurre mientras la “flamante” fiscal venezolana Luisa Ortega, perrita faldera del dictador, sigue impulsando la abominable Ley Especial Contra Delitos Mediáticos, un proyecto que pretende imponer la mordaza definitiva a los medios no alineados con el desquiciado proyecto chavista que busca hacer realidad el anhelo del dictador de unificar los medios de comunicación venezolanos como un gran feudo mediático que solo difunda la propaganda benévola con el régimen totalitario que viene consolidándose en Venezuela.
La Ley Censura, como se deberá conocer el adefesio antidemocrático que se ha planteado en Venezuela, define como delitos mediáticos “las acciones u omisiones que lesionen el derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, que atenten contra la paz social, la seguridad e independencia de la nación, el orden público, estabilidad de las instituciones del Estado, la salud mental o moral pública, que generen sensación de impunidad o de inseguridad y que sean cometidas a través de un medio de comunicación social”.
Una de las falacias que viene proponiendo la dictadura chavista es que los medios opositores ponen en riesgo la salud mental del público. Sin embargo, con la gran oferta de canales oficiales que existe en Venezuela, es completamente sensato pensar que aquel televidente que se sienta afectado en su salud mental por un canal como Globovisión, pues simplemente cambia de canal y se divierte con las intervenciones de Hugo Chávez, con el Aló Presidente Teórico o con la cobertura ininterrumpida del golpe de Estado en Honduras. ¿Hay algo que obligue a un ciudadano venezolano a ver un canal de la oposición? Al contrario: todo el que concede una entrevista a Globovisión y está haciendo una petición ante el régimen, es prácticamente expulsado de las oficinas oficiales porque concedió la entrevista.
Siendo más precisos, se podría decir que los venezolanos saben que ver a Chávez y escucharlo durante cuatro o más horas, afecta seriamente la salud mental de cualquier parroquiano… de ahí los índices de sintonía de los medios oficialistas del país vecino.
Pero hay algo más grave: los medios no podrán informar, con esta Ley de censura, cualquier hecho que afecte la estabilidad de las instituciones, lo que significa que no podrán denunciar, por ejemplo, la enorme corrupción de la boliburguesía que corroe las entrañas del Estado venezolano.
De igual forma, hablar de paz social en un país que padeció, durante el último fin de semana, 58 asesinatos solo en Caracas, es por lo menos un insulto a las víctimas y a las miles de personas que están sometidas a los abusos de los criminales que gozan de impunidad gracias a la ineptitud de un régimen consagrado a la ideologización y no a gobernar.
Sin embargo, la Ley de censura va más allá y anula el derecho de opinión. En adelante, quien se niegue a revelar la identidad del autor de un artículo periodístico anónimo o publicado bajo seudónimo, será condenado a prisión.
Llama la atención además el artículo 3 de la Ley de censura que habla de los sujetos que pueden incurrir en los delitos, incluyendo los dueños de medios, directivos, productores, periodistas, locutores, conferencistas, artistas y cualquier otra persona que se exprese a través de cualquier medio de comunicación, sea este impreso, televisivo, radiofónico o de cualquier otra naturaleza.
¿Conferencistas y artistas? ¡Caramba! Nada más parecido a las prácticas de censura padecidas en la Unión Soviética de Stalin, o en la Cuba de Castro, o en Corea del Norte… lo que dice la Ley censura es que nadie puede hablar mal del gobierno, ni cuestionar las instituciones corruptas, ni hacer un cuadro, o una caricatura o un standup comedy o café concierto que aluda a la crisis que vive Venezuela, pues de inmediato será un delincuente perseguido por el régimen dictatorial.
Es que el cierre del artículo es opaco sobre el medio físico que se puede judicializar, pues habla de medio de comunicación de cualquier otra naturaleza: un micrófono, una exposición, una obra de teatro o lo que se le ocurra al “creativo” régimen del silenciamiento venezolano.
¿Por qué el Polo no dice nada? ¿Está de acuerdo con las acciones chavistas?
Sede del PDA en Cúcuta, durante la campaña por el referendo reeleccionista venezolano. Foto cortesía de Félix Salcedo.
Por Jaime Restrepo. Director de Atrabilioso.
