UnoAmérica responsabiliza al Gobierno de Morales por la masacre de Pando

La Comisión de Derechos Humanos de la Unión de Organizaciones Democráticas de América (UnoAmérica), en una investigación sobre los sucesos de Pando encontró suficientes elementos de juicio y probatorios que involucran directamente al Gobierno de Evo Morales en la planificación y ejecución de homicidios, secuestros, lesiones personales y demás violaciones a los derechos humanos ocurridos en la localidad de El Porvenir y otros sitios.

La Comisión se reunió en días pasados con pobladores de Porvenir y Cobija, con exiliados en las ciudades brasileñas de Brasilea y Epitaciolandia, el prefecto Lepoldo Fernández y otros presos políticos detenidos en la cárcel de San Pedro, así como con integrantes de la denominada marcha campesina.

Los delegados indicaron que estas violaciones a los derechos humanos se produjeron en el marco de una agresión propiciada con premeditación y alevosía desde esferas gubernamentales, que generó una legítima defensa de parte de los pobladores de Porvenir y Cobija.

"Si bien la investigación todavía no ha finalizado, se han recabado suficientes elementos de juicio que exoneran de toda culpa al prefecto Leopoldo Fernández y a los habitantes de las poblaciones de Cobija y El Porvenir, y que involucran directamente al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana y a otros funcionarios y aliados del Gobierno, en la planificación y ejecución de los hechos de violencia que se suscitaron en Pando", señaló Alejandro Peña Esclusa, presidente de UnoAmérica.

Entre los funcionarios y aliados del Gobierno estarían implicados el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, la delegada presidencial, Nancy Teixeira, el alcalde de Filadelfia, Antonio Aguilera, el jefe del Movimiento Amazónico de Renovación, Miguel Becerra Suárez y el senador suplente Abraham Cuéllar.
Según UnoAmérica, esto permite adelantar que los informes de la Cámara de Diputados, Unasur y Naciones Unidas presentan graves falencias y hacen un manejo sesgado y selectivo de la información.

Durante su investigación, la Comisión constató la crisis humanitaria surgida a consecuencia de la militarización de Pando, que incluye acciones de amedrentamiento y abusos contra la población civil. Ante el temor de un agravamiento de la situación, la Comisión de Derechos Humanos de UnoAmérica reclamará medidas cautelares internacionales para la protección de los pobladores, así como para los numerosos exiliados en localidades fronterizas del Brasil.

Se conoció que la investigación será presentada en un informe técnico a distintos organismos nacionales e internacionales, y será la base para realizar denuncias en contra del Estado Boliviano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional.

Entre la reelección y los violadores

Indignación es la palabra que describe lo que sentimos los colombianos que hemos respaldado el referendo que busca la cadena perpetua para los violadores.

Con excusas traídas de cabellos, el gobierno decidió retirarle el respaldo al proyecto que todavía no ha sido debatido en la Cámara de Representantes. El ministro de Interior, Fabio Valencia, dijo que “penas largas y condiciones de agravamiento de las mismas, son lo más conveniente para castigar estos delitos atroces como la violación de los niños”.

Evidentemente el gobierno aparenta estar desenfocado. El tema meramente punitivo puede ser debatido y analizarse si un violador merece 6 años o 60 en la cárcel. Pero ese no es el asunto de fondo que plantea el referendo. Lo que se está buscando con la cadena perpetua para violadores es que semejantes criminales no vuelvan a las calles a cometer sus tropelías, es decir, el referendo tiene la intención de protejer al eslabón más vulnerable de la sociedad: los niños.

Esto significa que el referendo intenta darnos a los ciudadanos la garantía de que un depredador no volverá a las calles a destruir la vida de uno o varios niños. Es más: hasta la misma Constitución del 91, tan garantista para los delincuentes, proclama la superioridad de los derechos de los niños sobre los demás.

Una de las preocupaciones de los colombianos tiene que ver con que algún día Luis Eduardo Garavito estará de vuelta en las calles, sin que nada ni nadie lo pueda impedir. Ese monstruo en libertad, que ahora aparenta ser un santo consagrado a la Biblia, será una amenaza contra la integridad de los niños que tengan la mala hora de atravesarse en su camino.

Entonces, puede que el castigo, desde la perspectiva exclusivamente jurídica, sea suficiente –lo dudo-, pero la protección que el Estado le otorga a toda la ciudadanía, y con mayor énfasis a los menores, debe ser permanente. Y esta es la consideración que no quieren hacer aquellos que se oponen a la iniciativa.

Otra justificación del gobierno para no respaldar el referendo para la cadena perpetua es que la figura, según el ministro Valencia Cossio, “puede resultar extraña en la legislación colombiana”. En el mismo sentido se pronunció el Presidente, quien advirtió que dicha figura “no hace parte de la tradición del país”.

¿El gobierno Uribe hablando de tradiciones y de figuras legislativas extrañas? ¡Por Dios! ¿Qué tradición tenía la figura de la reelección en nuestro país? ¿Acaso la modificación del articulito en la Constitución no fue algo extraño en la legislación colombiana?

No solo eso: convocar sesiones extraordinarias en diciembre, para impulsar el referendo de la aún más extraña figura de la segunda reelección, es algo que no se había visto en la tradición del país. Sin embargo, el gobierno se aplicó a fondo y logró que algo extraño y nada tradicional, siguiera con vida hasta el día de hoy.

En este sentido, el gobierno Uribe muestra una enorme incoherencia desde el simple punto de vista formal, al impulsar con entusiasmo las modificaciones que le convienen a su proyecto político, pero siendo apático frente a las amenazas potenciales contra la población y sobre todo, frente a las responsabilidades que le atañen en materia de protección a la niñez.

Así las cosas, cuando conviene romper con las tradiciones e implantar figuras extrañas en la legislación, no hay inconveniente y se vende la idea de defender a ultranza la participación popular que abre el espacio para que “el pueblo decida”. Si es para mantener el poder, entonces si vale la voz del “pueblo”… pero si se trata de la protección a los menores, ese mismo pueblo reeleccionista no puede pronunciarse sobre una figura que le daría mayor seguridad y tranquilidad.

Hay que ser claros: los colombianos tenemos derecho a saber que los depredadores, violadores, pedófilos y pederastas estarán siempre tras las rejas, una vez se les compruebe su crimen.

Diferentes países no solo cuentan con la cadena perpetua, sino que permiten la publicación de listas con los nombres y ubicación de los depredadores. En contraste, los muros de la infamia, donde la concejala de Bogotá Gilma Jiménez pedía que se publicaran los nombres y las fotos de los criminales, resultaron improcedentes para la “honorable” justicia colombiana.

A las voces gubernamentales se unieron las del partido Liberal, que en boca de su vocero en la Cámara Carlos Piedrahita, se excusó de respaldar el referendo aduciendo que Colombia, para el tema del abuso infantil, tiene algunas de las penas más altas del mundo.

¡Qué profundidad la de Piedrahita! En Estados Unidos la discusión ni siquiera es por la cadena perpetua, aceptada por la sociedad en general, sino por la pena de muerte para violadores. De hecho en 45 estados está prohibida la pena de muerte por violación, en tanto que cinco la permiten si la víctima es menor de edad. El año pasado, la Suprema Corte prohibió la pena capital por violación, lo que generó un candente debate que incluyó el rechazo a la decisión del entonces candidato Barack Obama.

En Italia acaban de expedir un decreto para castigar con cadena perpetua a los violadores que asesinen a sus víctimas y hasta autoriza patrullas de ciudadanos para defenderse de los depredadores. En Ecuador hay un intenso debate por la propuesta de la castración química para los violadores. Alemania, Bélgica, Chile y Argentina castigan con cadena perpetua a los depredadores.

Mientras tanto nuestras leyes solo dan para rogar a que aparezca otro delito cometido por el depredador, para tenerlo en una celda durante un tiempo más… pero eso a Piedrahita le parece “suficiente”. ¿Si alguno de los depredadores sale de la cárcel por pena cumplida y vuelve a violar a un niño, el partido Liberal asumirá su responsabilidad política, ética y moral? ¿Repararán Piedrahita y el liberalismo a la víctima?

Lo que queda claro es que estamos liderados por unas camarillas indolentes y apáticas, que solo le dan importancia al poder y no a la protección de los que dicen representar. Bien por Gilma Jiménez, una voz solitaria en medio de la descomposición política de Colombia.

Por Jaime Restrepo. Director de Atrabilioso.

Exuberancia y cretinismo

El origen del tráfico de drogas

Sólo la prolífica fantasía religiosa de India se puede comparar con la exuberancia y creatividad de los colombianos a la hora de encontrar explicaciones sobre las causas del tráfico de drogas ilícitas. Tratándose de ese tema no hay límites para la audacia, no basta el célebre señor Caballero, que afirma sin inmutarse que la prohibición es una estratagema de los bancos y del gobierno estadounidense para debilitar a los demás países y concentrar grandes recursos especulativos, siempre hay alguien que va todavía más lejos. El fundador de la revista El Malpensante, Andrés Hoyos encontró una explicación todavía más chusca: la causa de la prohibición en EE UU es el afán de los wasp de excluir a los demás sectores de la sociedad. No faltan quienes señalan la prohibición como la base de la prosperidad estadounidense. Así, todo el mundo tiene que haber oído versiones semejantes.

La raíz de los problemas colombianos

En términos generales los colombianos de clases altas suscriben un mito según el cual la historia de Colombia en las últimas décadas es sólo el efecto de la prohibición y la guerra contra las drogas en EE UU y los problemas cesarán en cuanto cambie esa política. Recordarles que eso no va a ocurrir es motivo de toda clase de arrebatos, amenazas, etc. Es como si alguien describiera a su familia como la víctima de un avaricioso que puso una joyería en su ciudad y tentó a sus hijos a asaltarla. Lo que asoma en esas condenas de satisfecha impotencia es el desinterés por enfrentarse a unas mafias que a fin de cuentas son el producto más típico de la cultura nacional. En cuanto se puede señalar a un culpable ya es posible entregarse al ensueño de que se vive otra vida en otro mundo, aunque siempre dentro del estrato bueno. Pero sobre eso ya he publicado muchos artículos (1, 2, 3, 4). Lo menciono porque forma parte tangencial de la discusión actual.

El enredo de la dosis personal

Últimamente los creadores de opinión del bando de Piedad Córdoba andan muy alebrestados con la propuesta de ley del gobierno para prohibir la dosis personal. Y no es para menos, no pueden dejar de aprovechar semejante regalo: de repente el ventilador que se encendió con las declaraciones de Olivo Saldaña desaparece de los medios, en los que apenas asomaba, y sólo importa la arremetida "goda" contra las libertades. La veta de votos resulta muy productiva, por no hablar del triunfo arrollador que representa para ellos poderse presentar como liberales que resisten a un régimen troglodita. Lo mismo se puede decir de la "Farcpolítica", de la división del PDA, de la persecución política en Venezuela... La batalla por las libertades narcotizó al país y los pingües negocios de tantos pensadores que colaboran con las causas de las FARC quedaron a salvo: sólo se trata de la resistencia de gente abierta y moderna a una dictadura retrógrada.

Cálculos mezquinos

Resultaría muy sorprendente que el gobierno les hiciera semejante regalo de no ser porque la forma de obrar del señor Uribe siempre está guiada por esa cautela: necesita apoyos para no correr riesgos. Por eso fracasó la negociación del TLC, pues la desafección de los gremios podría haber afectado la reelección de 2006, por eso tiene de ministro del Interior a un señor que en su día firmó una alianza con las FARC para suprimir la democracia colombiana y de ministro de Defensa a otro que se reunió con los guerrilleros para crear una alianza en tiempos de inestabilidad bajo la presidencia de Ernesto Samper. Ambos tienen poder sobre grupos importantes y sobre los congresistas que podrían echar a perder los esfuerzos gubernamentales. Al parecer hay un sector de votantes firmes que apoyarían en todo al gobierno si éste se comprometiera a perseguir el consumo de drogas. Entonces no importa que los castristas y nostálgicos de Sadam Husein resulten convertidos en defensores de las libertades. Ni que en ese papel sigan cabildeando a favor de las FARC (uno por uno, los opositores defensores de la dosis personal han mostrado en algún momento su apoyo a Piedad Córdoba).

Terapia forzosa

Lo peor es descubrir que el país que sufre a las FARC es exactamente como los amigos de las FARC lo describen: ¿a quién se le va a ocurrir decirles que el Estado no puede decidir lo que alguien ingiere? ¿Y que una sociedad abierta no puede obligar a nadie a "curarse"? ¿Y que el consumidor de drogas no es un "enfermo", como no lo es quien discrepe de una opinión o sea sensual, curioso, adúltero o apasionado, o aficionado al juego, a la pornografía o a la ópera? Eso es inconcebible en Colombia. Mejor dicho, cualquiera que no corresponda a ese molde lamentable sólo encuentra planteamientos razonables en los habituales socios de las FARC. Parece que el "otro" país no quiere parecerse a Suiza o el Reino Unido, sino a Arabia Saudí e Irán. Y basta la envidia por los placeres que se atribuyen al consumidor, y por su audacia, para autorizar a la gente a emitir dictámenes sobre la salud ajena. El triste borracho atarreador que cree que la cocaína es un narcótico y al mismo tiempo un alucinógeno resulta el modelo de virtud que habría debido admirar alguien como Fassbinder.

Las certezas de la chusma

Todo lo descrito en el párrafo anterior parece animar al columnista Saúl Hernández Bolívar, que publicó un artículo defendiendo la propuesta gubernamental. Los argumentos son falaces desde el principio: si los consumidores de drogas se defienden de la posible persecución, eso le parece al columnista como si los que decidieran sobre el castigo a violadores fueran el monstruo de Mariquita y Alfredo Garavito. Tal sutileza, perdónenme, no encontraría en otros países quien la encontrara posible. Sin ir más lejos, el actual presidente estadounidense reconoce haber tomado drogas en su juventud. ¿Estaba enfermo entonces? ¿Era un criminal de la categoría de Garavito? ¿Falló el sistema que no lo obligó a curarse? ¿Existe en algún país la terapia forzosa para consumidores de droga? ¿Puede una sociedad tan lábil moralmente como la colombiana erigirse en modelo de virtud?

Efectos de la prohibición

La posibilidad de portar cierta dosis de drogas no ha existido siempre en Colombia, con lo que la propuesta de prohibirla sólo es el retorno a una situación anterior. ¿Alguien cree que con eso se va a reducir el consumo o la delincuencia? Lo primero que inquieta es que parece que los policías no tuvieran qué hacer y pudieran dedicarse a vigilar los hábitos de los ciudadanos: ¿o son los recursos inagotables? ¿O realmente la gente se dedica al robo porque toma drogas? Lo que existía antes sencillamente era que los policías tenían una fuente de ingresos extra haciéndose sobornar de los portadores de drogas, o de cualquiera al que pudieran atracar y que no tuviera "palancas" poderosas. No hacía falta que llevaran drogas, los policías siempre las encontraban. Es lo que conseguirán con esos cambios. Bueno, también conseguirán que los jóvenes se pongan espontáneamente del lado de la rebelión "liberadora", pues a las víctimas de abusos es más fácil arrastrarlas a la adhesión ideológica "izquierdista".

Un mundo sin drogas

Después de que la vida resulta simplificada al punto de que todos los no consumidores son virtuosos y todos los consumidores son delincuentes (además de adictos y enfermos), el camino para atribuir a las matas que matan todos los problemas del mundo está abierto. Y de ahí al sueño de un mundo sin drogas. Pero eso no sólo no existirá, sino que tampoco ha existido. Mejor dicho, tal vez sí existió, pero precisamente antes de la humanización. Más bien al contrario, la disposición de la gente a buscar el placer mediante diversas sustancias va en aumento, y la misma oleada de consumo masivo que empezó en los sesenta es producto del aumento del nivel de vida. Y en algún momento se encontrará la forma de acabar con la prohibición tal como la conocemos.

Un remedio posible

Me imagino que el precio será el control médico forzoso a todos los menores de cierta edad y tal vez a los beneficiarios de gasto público en salud, así como a los funcionarios estatales. Puede que incluso las empresas adquieran el derecho a no contratar a personas que consuman drogas. Pero para que se llegue a eso faltan muchas décadas, y la vida colombiana no cambiaría por eso. Entre tanto, los ciudadanos de los países ricos seguirán buscando la forma de mantener a sus hijos alejados de sustancias peligrosas y al mismo tiempo conservar su libertad: las muertes que se ocasionen entre los malhechores que las producen les importarán muy poco, tanto como las mentiras de quienes de muchos modos se han lucrado del negocio sin correr grandes riesgos y se niegan con los pretextos más toscos a colaborar contra las mafias.

Por Jaime Ruiz. Columnista de Atrabilioso.