La revolución y el derecho

Por Jaime Ruiz

Una persona, cualquiera, puede estar tentada a suponer que las cosas de las que se entera ocurren sin su participación y que lo que opine acerca de ellas no impedirá que ocurran. Ahí hay un sobreentendido erróneo, que es el de la suficiencia de su opinión: como da lo mismo lo que piense, no hay que detenerse a pensar que puede haberse equivocado en algo. Así, la mayoría de los lectores de prensa hispanoamericanos pueden leer sin rabiar que el chavismo es una falsa revolución, sin darse cuenta de que hay fuerzas como el chavismo precisamente por la aprobación generalizada de esa idea de la revolución. Más aún, por la incapacidad de cada persona de explicar en qué consistiría la revolución que le gustaría que tuviera lugar.

Esa idea de la primacía de la opinión pública es de sobra conocida, debería bastar con la frase de Napoleón: "La opinión pública es un poder al que nada resiste", pero vale la pena citar a Ortega y Gasset:

... el mando es el ejercicio normal de la autoridad, [...] se funda siempre en la opinión pública, [...] jamás ha mandado nadie en la Tierra nutriendo su mando esencialmente de otra cosa que de la opinión pública […]. El hecho de que la opinión pública es la fuerza radical que en las sociedades humanas produce el fenómeno de mandar es cosa tan antigua y perenne como el hombre mismo.

Pero intentar definir qué es la opinión pública llevaría a pensar en la conciencia individual, que es donde dicha opinión se materializa. Para no extenderme en este preámbulo me quedaré con que la inmensa mayoría de los habitantes de Hispanoamérica aprueban la idea de la revolución y que el sentido que ésta tendría resulta en últimas difícil de definir para cada persona.

Si uno se ciñe a lo que dice el diccionario, la revolución es el "2. f. Cambio violento en las instituciones políticas, económicas o sociales de una nación". Y si se piensa en lo que define a esas instituciones se llega a encontrar un derecho positivo vigente, que es el que la revolución pretende abolir. No quiere eso decir que toda revolución en todo lugar sea ilegítima ni que ninguna ley deba ser abolida. Sólo que en Hispanoamérica y en la Europa meridional el sentido de ese cambio es desde finales del siglo XIX la abolición del cuerpo de leyes de la democracia burguesa y la imposición de un régimen colectivista.

Y como hay público para eso y la fuente del mando es la opinión pública, el derecho vigente en las democracias está expuesto a las presiones de quienes pretenden usar sus instituciones no para aplicar las leyes sino para impedir que se apliquen, para falsearlas. Esta imagen de portada de El País de ayer sobre las presiones que sufren los jueces que investigan los posibles delitos de Baltasar Garzón lo demuestra.

¿Alguien recuerda qué es el derecho? El titular no dice que el Supremo acepte la posible transgresión de la ley por Garzón, sino que sugiere que la validez de la ley depende de quién haga la acusación. La ley importa menos que el acusador, y ésta es una noción que adopta con gusto el lector "progresista" de ese periódico precisamente porque su progresismo es su simpatía por la revolución, es decir, por la abolición del derecho heredado de las tradiciones liberales. Para reforzar ese aspecto se recuerda el "valor" del juez pidiendo la extradición de Pinochet, de nuevo saltándose las normas del derecho en aras de complacer a la parte de la sociedad que pretende precisamente eso.

Cuando uno va a tener algún lector colombiano siempre está prevenido acerca de lo que entenderá por cada palabra. ¿Qué es "derecho"? Como obviamente todos lo saben demasiado bien, ¿por qué no contestan qué parte de la ley escrita autorizaba a Garzón a pedir la extradición de Pinochet? La disposición de esos justicieros es lo mismo que el crimen, pues cuando se les pregunta por qué no pedía la extradición de Fidel Castro, que ordenó fusilar a muchos españoles, siempre responderían defendiendo la legitimidad del tirano caribeño y su licencia para matar.

Lo mismo se podría decir del juicio contra el franquismo: ¿cómo es que al responsable de la matanza de Paracuellos, que a diferencia de los reos del franquismo está vivo, no lo procesa? Explicar cómo el ejercicio autónomo de la justicia inventándose las leyes conduce de por sí a la iniquidad es desesperante. ¿Para qué iban a hacer falta leyes escritas? La autoridad sin ley era lo que había antes y en realidad el anhelo de revolución es como una nostalgia de un mundo previo a las instituciones, y en países primitivos como el nuestro es la continuidad del espíritu de señores de horca y cuchillo como Álvaro de Oyón (que, como dato curioso, emprendió su rebelión en el mismo pueblo en que crecerían los angelitos coetáneos y compañeros en el Comité Central del PCC Luis Edgar Devia y Jaime Dussán) o Lope de Aguirre.

Lo que diferencia a España de Colombia es la mayor resistencia en el país europeo de las instituciones surgidas de la Constitución de 1978, que no cedieron ni a la presión del todopoderoso grupo de medios ni a las manifestaciones de los activistas ni a las amenazas de desprestigio del país ante los demás progresistas que pretenden abolir el derecho en países distintos al suyo, los mismos que justifican a las FARC en medio mundo.

En Colombia no ocurre nada parecido porque la revolución ya ocurrió al calor de los carros bomba de Escobar y los secuestros y asesinatos del M-19, cuya relación con los carros bomba de Escobar se mantiene oculta. El asalto al Palacio de Justicia fue el primer acto de esa revolución, con la aniquilación física de los que podrían frenar la extradición y defender la democracia ante las pretensiones de los terroristas. A partir de entonces hubo una larga negociación con quienes tenían el poder, el Partido Liberal, que terminó en la rendición de 1991 y la imposición de un orden que sólo requería otras décadas de masacres para llegar a la situación de Cuba.

El espíritu revolucionario floreció sobre todo en las facultades de Derecho de los años sesenta y setenta y se apropió de las instituciones judiciales. Todo lo que ocurre hoy en día y que escandaliza a muchos ocurre porque realmente no ha habido resistencia al dominio de los totalitarios en las altas cortes, tampoco durante los ocho años de Uribe. Pero sobre todo porque entre quienes opinan y tienen alguna influencia es hegemónica desde hace muchas décadas la adhesión a la revolución. Quienes añoran un derecho que respete las normas escritas son minoría, y basta ver las redes sociales para comprobarlo.

Las infamias monstruosas que hemos visto, sobre todo desde que subió Santos, gracias a la complicidad del gobierno con los terroristas erigidos en jueces, y más aún en 2012 con la obscena autoinculpación de Juan Camilo Salazar y la confirmación de la condena a Plazas Vega, son sólo parte de la revolución de las décadas anteriores, en las cuales la clase productiva fue despojada, desterrada y aniquilada a punta de secuestros para que la clase rica pasara a ser la de los tinterillos que han prosperado gracias a los secuestros, a la relación con el tráfico de cocaína de las FARC y el ELN, al saqueo de las arcas públicas y al testaferrato, siempre dependiendo de esas bandas. No es raro que sea tan raquítica la resistencia ante esos hechos, la "cultura" del colombiano todavía no llega a asimilar el derecho, se ha quedado en la revolución, en la suposición de que la justicia es lo que conviene a cada cual, y ante el poder que demostraron los terroristas lo más sensato es adaptarse.

Eso sí, el poder judicial persigue a los militares y a los uribistas, y dudar de que con eso se busca sobre todo legitimar no sólo al M19 sino también a las FARC, con las que Santos negociará, es pura mala fe. Sencillamente, las fuerzas revolucionarias se apropiaron en 1991 de una parte del Estado, la decisiva, y desde ahí le abren el camino a las tropas. Los sicarios de los medios y las redes sociales son sólo otro frente.