La medicina ante la Ley 100

Por Jaime Castro Ramírez

La salud es un derecho constitucional que ampara a la población y por lo tanto es al Estado a quien le corresponde otorgar ese derecho irrenunciable, y además fortalecer el sistema asignándole los recursos económicos necesarios para que pueda tener la cobertura total y la eficacia en el servicio.

La idea que se planeaba con la ley 100 de 1993 era principalmente crear un nuevo sistema de seguridad social en Colombia, justo y equilibrado, lo cual perseguía básicamente dos objetivos fundamentales, uno que consistía en universalizar la cobertura para todos los colombianos, y otro que era garantizar un servicio de salud eficiente y basado en buena calidad. Pero resulta que en la misma ley se dio paso al mecanismo de intermediación para el manejo de la salud, con lo cual se desvirtuó la finalidad de tipo social que debe tener el sistema, y se convirtió en una finalidad de negocio de particulares. Como consecuencia, se creó un trasfondo de engorrosos trámites que implica una distancia negativa para la relación entre los médicos y los ciudadanos que requieren atención en su salud, lo cual significa mal servicio. El factor negocio que propició la ley 100 ha hecho crisis en la salud de los colombianos, y los principios de ética y equidad han quedado rezagados al simple formalismo de figuración en la letra del texto de la ley. Tampoco ha funcionado la eficiencia en la aplicación de los recursos, pues ha habido casos de corrupción y malversación de fondos de la salud a través de cobros fraudulentos al Fondo de Seguridad y Garantía Fosyga.

Aquí haremos énfasis en tres temas:

1. La medicina, y los médicos que deben prepararse científicamente para atender la necesidad humana del servicio de salud.

2. El manejo operacional del sistema de salud.

3. Consecuencias de la ley 100.

1. Al convertirse la salud en un negocio manejado por particulares, la profesión de la medicina, y por ende los médicos, han sufrido un enorme perjuicio que ha menoscabado la profesión como tal, y la dignidad de los profesionales médicos. En cuanto a la carrera médica en sí misma, los ministerios de Educación y Salud han contribuido a la crisis al aprobar facultades de Medicina a diestra y siniestra (ya son 57 facultades), y sin control sobre los estándares que deben exigirse en cuanto a calidad académica y el rigor en la investigación científica; empezando porque no les exigen contratar profesores de tiempo completo.

La salud manejada con criterio de negocio, y en un mercado de oferta y demanda en cuanto al recurso humano, el resultado ha sido denigrante para el estatus laboral de los médicos que ejercen la profesión, pues los someten a intensos horarios de trabajo y muy mal pagos, lo que conlleva a desmoralizar el trabajo médico, aparte de las limitaciones que les imponen en la atención a los pacientes en cuanto a formular medicamentos de algún valor económico, lo que obviamente incidirá en que el tratamiento al diagnóstico no obtenga el resultado curativo esperado.

Y qué decir del tema de las incapacidades, que aun siendo de un mismo evento de salud que requiere incapacidad mayor a 3 días, y como a partir del 4 día el pago lo tiene que hacer la EPS, pues con el fin de no pagar incurren en la perversa idea de imponerles a los médicos fraccionar la incapacidad en periodos continuos de 2 y 3 días, pero sin mencionar que son prórrogas para evitar que sean acumulables y los obliguen a pagar; aparte de someter a los pacientes a la incomodidad de idas y venidas al médico para la renovación de la incapacidad. El resultado de esta maroma de fraccionamiento es que el patrono tampoco le paga al trabajador sino los 3 primeros días, pues obviamente sabe que se trata de la misma incapacidad y que quien debe pagar el resto de días es la EPS.

Todos estos procedimientos son indignos y constituyen un atentado contra la ética médica y contra la salud de los pacientes, propiciado por intereses particulares, y consentido por la ley.

Según estadística que maneja la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, cada año salen graduados de las facultades de Medicina 4.500 médicos, y más del 50% de ellos tienen bajos niveles de formación en temas muy importantes para ejercer la profesión, como son las ciencias básicas, y el ejercicio de la práctica que es deficiente por la escasez del recurso de infraestructura para tal fin como son los hospitales universitarios.

2. En cuanto a la parte del manejo operacional del sistema de salud, la ley 100 creó una estructura empresarial privada conformada por las EPS, que son las empresas promotoras de salud, que manejan la parte financiera y administrativa del negocio; y las IPS que son las instituciones prestadoras de servicio (clínicas, hospitales, etc.). A estas empresas cuyo objetivo principal es el ánimo de lucro, solo les interesa el resultado económico del negocio, de manera que el buen servicio al paciente no es tema prioritario para ellos, pues les interesa es disminuir costos y gastos para obtener grandes utilidades a costa de la salud de los colombianos. Además cobran las "cuotas moderadoras" por cada servicio médico al cotizante o al beneficiario, y también cobran el "copago" a los beneficiarios en casos de procedimientos quirúrgicos o tratamientos de alto costo.

3. Consecuencias de la ley 100. Como las políticas no funcionan solo con buenas intenciones, sería pertinente observar algunos aspectos puntuales publicados en enero de 2009 en El Pulso (periódico para el sector de la salud, Medellín), donde relacionan una serie de falencias encontradas durante el tiempo en que ha transcurrido el proceso de desarrollo de lo ordenado por la ley 100:

- Afiliados fantasmas en el régimen subsidiado

- Aparición del “paseo de la muerte”

- Aumento de IPS de garaje

- Atraso tecnológico en IPS públicas

- Congestión en estrados judiciales (tutelas por medicamentos y servicios)

- Recurso humano de la salud vinculado a través de empresas temporales

- Competencia desleal para afiliaciones a EPS privadas, a ARP, y a pensiones

- Beneficiario adicional más caro que los aportes del cotizante

- Pago de cuotas moderadoras

- Deficiente formación del recurso humano de la salud

- Deficiente política de salud pública

- Desaparición en un alto porcentaje de la consulta particular

- Mayor importancia al tema financiero que a la investigación científica

- Disminuir calidad por ahorrar costos (pocos médicos para atender más pacientes)

- Disminuir lo público y aumentar lo privado

- Fortalecimiento de entes privados, como: EPS, IPS, y fondos de pensiones

- Incumplimiento de la cobertura total

- Limitación al acceso de nuevas tecnologías y medicamentos

- Limitantes para ordenar procedimientos y medicamentos (No POS)

- Pacientes de alto costo concentrados en una sola EPS

- Politización de la afiliación al Sisbén

- Prevalecen trámites administrativos antes que los asistenciales

- Aumento de la edad para acceder a la pensión

- Aumento del número de semanas de cotización para pensionarse

- Desaparición de la mesada 14 para los pensionados.

La conclusión de este abreviado análisis sobre la ley 100, la medicina, los médicos, y los pacientes, es que se requiere una modificación de fondo a esta política de salud que no ha funcionado con eficacia, y como es el Estado el responsable de la salud pública, convertirla entonces en lo que debe ser, es decir, en una verdadera política de sentido social, y corregir el error del desvío hacia el ánimo de lucro a favor de intereses de particulares, pues esto es lo que ha propiciado el mal servicio y por lo tanto el fracaso del sistema.

AL MARGEN: El mensaje del presidente de la república el 21 de enero de 2012 respecto a la inseguridad en Colombia, es tan simplista que se limita a calificar los actos terroristas como el “resultado de debilidad y desesperación de las FARC”. La política de orden público requiere seriedad, y talante de gobernante, para impedir el regreso del terrorismo que había sido derrotado… La mencionada debilidad es a la inversa en la medida que se abandonó el rumbo que eligieron los colombianos en las urnas, y prueba de ello es ofrecerles diálogo y concesiones a unos cuatro jefes de las FARC que no representan a nadie, pero van a ser interlocutores del gobierno que sí representa la majestad del Estado de Derecho.