Petro no planea hacer el metro en Bogotá

Por Maguioz16

(www.LetraD.org)

A pocos días de haber sido elegido alcalde de Bogotá, Gustavo Petro se reunió con el presidente Juan Manuel Santos para revisar, entre otras cosas, un nuevo trazado del metro. Principalmente, su propuesta consiste en incluir a la localidad de Suba y sustituir la construcción del metro entre calles 100 y 170, por un tranvía eléctrico que también sería construido a lo largo de la carrera Séptima. Así mismo, Petro propone que a la altura de la calle 100, el metro gire en forma de herradura con el fin de conectar el oriente con el occidente de la capital. En esta nueva propuesta hay varias inconsistencias, pero en este escrito me enfocaré en las siguientes: 1. Existe un estudio de factibilidad reciente heredado de la anterior administración, y 2. No hay claridad sobre el propósito mediante el cual se pretende construir un tranvía eléctrico hacia el norte y sobre toda la carrera Séptima. En primera medida, no podemos olvidar que durante la administración de Samuel Moreno se llevó a cabo un estudio de viabilidad del trazado, liderado por la empresa española Sener & Transporte Metropolitano de Barcelona (TMB), a la que se le pagó la no modesta suma de 19 mil 600 millones de pesos. Por lo tanto, resulta algo inquitante que, pese a que ya hay un estudio hecho y avalado por el Banco Mundial, el nuevo alcalde de la capital esté empeñado en desbaratar ese trazado para meterse en nuevos estudios de 'rediseño', que no sólo representarán más costos para la ciudad y para el gobierno nacional, sino que, retrasarán, por no llamarlo de otra manera, el inicio de las obras. En segunda medida, no queda realmente claro cuál es el propósito que se tiene para sustituir la construcción del metro en el norte de Bogotá por un tranvía eléctrico, que también se pretende que pase a lo largo de la carrera Séptima, quitándole continuidad al proyecto de construcción del Sistema Transmilenio y postergando aún más la solución a la movilidad sobre esta arteria capitalina. No podemos olvidar que existe un plan de reorganización de la misma, que ha sufrido tantas modificaciones, que a estas alturas no queda claro qué es lo que se pretende hacer para darle solución al problema.

Este plan de reorganización está incluido en el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), expedido por decreto por Samuel Moreno hace más de dos años. La idea principal es darle agilidad a esta vía, dado que es una de las más lentas, y que atraviesa a Bogotá de norte a sur. Pero además de organizar y mejorar la movilidad de la capital, la implementación de este nuevo sistema traería a los bogotanos ventajas como la posibilidad de pagar la misma tarifa al usar los articulados de Transmilenio, el metro o los buses nuevos, con paraderos delimitados y dejando atrás la costumbre de pagar con efectivo, acabando de una vez por todas con la guerra del centavo. Ésto, además de organizar el funcionamiento del sistema de transporte, que hoy por hoy es caótico, se convertiría en una alternativa mucho más práctica que la actual, contribuyendo, entre otras cosas, a mejorar la movilidad en la ciudad. Según Samuel Moreno, este proyecto debía haber estado funcionando al 100% en toda la ciudad en octubre de 2011; ya estamos en diciembre y no hay luces al respecto. Pero parece que el SITP tampoco es una prioridad para Petro, al menos no para el corto plazo, dado que los nuevos estudios que piensa hacer tomarán su tiempo. Así las cosas, la posibilidad de que los capitalinos tengamos un sistema de transporte organizado, decente y viable, continúa en veremos.

El último estudio realizado por Sener, y que ha sido avalado por el Banco Mundial, no sólo determinó los corredores del metro sino que precisó el costo del pasaje, el valor de la obra y la porción que les corresponde al Distrito y al gobierno nacional aportar, para llevar a cabo su construcción. Por lo tanto, pensar en hacer un nuevo estudio para que el metro pase o deje de pasar por donde ya se ha determinado en repetidas ocasiones, es un gasto innecesario y una pérdida de tiempo. El trazado del metro determinado en este estudio, va de la siguiente forma:

La primera ruta comienza en la calle 127 con carrera Séptima (Nor-oriente), y converge con la Avenida Boyacá, terminando en Usme.

La segunda ruta empieza en la calle 116, entre carreras Séptima y Caracas, rumbo al centro, terminando en la calle sexta.

La tercera ruta comienza en la avenida Primero de Mayo con carrera Décima y finaliza en Bosa.

Y la cuarta ruta empieza en la calle 100 con carrera Séptima, continúa por la Avenida 68 terminando en el barrio Venecia.

Adicional a estas cuatro rutas, el estudio incluye dos corredores férreos ya existentes: el que comienza en la calle 200 con carrera Novena y que llega hasta Fontibón; y el que arranca en la Colombianita, en las Américas, y termina en Bosa, a la altura de la autopista Sur.

Éste, como muchos de los estudios y proyectos de la administración Moreno, se quedaron en el tintero, y tal parece que el dinero invertido se habrá gastado en vano, así como ha sucedido con los anteriores, pues Gustavo Petro no planea arrancar con las obras de construcción, sino continuar gastando dinero, que no es poco, en estudios de factibilidad.

Es importante recordar que los capitalinos llevamos oyendo ya muchos años promesas en vano sobre la construcción de un sistema de transporte organizado y viable, que siguen quedándose en el papel sin haber estado cerca de convertirse en una realidad. Hace más de medio siglo se empezó a hablar sobre la construcción del metro a raíz de la quiebra de los ferrocarriles, llevándose a cabo numerosos estudios de factibilidad desde entonces. Pero, ¿en qué han terminado éstos? Archivados en el papel. Desde 1954, durante el gobierno del general Rojas Pinilla hasta hoy, este proyecto continúa siendo una utopía que parece ser más una estrategia politiquera de los candidatos a la alcaldía para hacerse elegir, que en un proyecto serio, viable y sobre todo realizable para una ciudad colapsada por falta de planeación y de una administración seria.

Aunque todos sabemos que el progresismo no es precisamente sinónimo de progreso, durante su candidatura, Petro no sólo se presentó como su representante, sino como el candidato humano y honesto que la ciudad necesita para salir del caos en el que está inmersa. Sin embargo, todo parece indicar que el alcalde electo seguirá los pasos de sus dos antecesores y copartidarios, pues no se le ve voluntad de hacer sino de embolatar los recursos recaudados con el pretexto de hacer “mejoras” en la ciudad. Tal parece que su humanismo se basa en desangrar de los ciudadanos, esta vez no por la vía armada, sino a través del cobro de más impuestos. ¿No los pagamos ya todos más de una vez en diferentes formas?

El efímero entusiasmo del fin de las FARC

Por Jaime Restrepo Vásquez

Flota en el ambiente cierto entusiasmo por lo que llaman el fin de las FARC. Además de la caída de Alfonso Cano, las irregularidades relacionadas con un grupo de falsas víctimas de la masacre de Mapiripán, el fusilamiento de los cuatro secuestrados y las denuncias sobre el falso desplazamiento forzado de la hacienda Las Pavas; han resucitado la esperanza en algunos ciudadanos.

A la euforia se suman medios como El Espectador, que publica “desgarradores” artículos sobre la crisis financiera por la que atraviesa el grupo terrorista. Y en esa efervescencia no podía faltar el sub júdice asesor de la OEA —y del gobierno colombiano— Baltasar Garzón, quien hizo un llamado a las FARC para que sigan el ejemplo de ETA y dejen las armas.

Semejante colección de infortunios puede justificar el entusiasmo desprevenido, pero solo el asesinato de los secuestrados y la caída de Cano pueden interpretarse como golpes a las FARC, no tanto en el campo militar como en el terreno político. Ciertamente la ausencia de Cano tiene un impacto en el grupo terrorista, aunque su estructura jerárquica los lleva a reacomodarse rápidamente y a superar la circunstancia.

De hecho, el nombramiento de Timochenko como máximo cabecilla parece la confirmación de que se está aplicando una estrategia en dos campos concretos: mientras Timochenko actúa como portavoz internacional, algunos mandos medios, con gran influencia en las tropas de palurdos, coordinan la guerra en Colombia. Y en esto hay que prestar mucha atención, pues los esfuerzos de inteligencia se están concentrando en el máximo líder de las FARC, cómodamente instalado en Venezuela, en la finca de un alto mando del chavismo; lo que resta presión a la persecución de dos de los más sanguinarios y avezados terroristas al mando de las operaciones de ese grupo: El Paisa y Romaña.

En otro orden de ideas, la conmoción causada por el fusilamiento de los uniformados secuestrados, y la marcha que se viene organizando para mañana; tienen repercusiones en la imagen de las FARC aunque ya se ha visto, los palurdos del monte son ciegos y sordos frente al clamor nacional, pues saben que sus lugartenientes de Colombianos por la Paz voltean fácilmente la posición de la opinión ciudadana y en poco tiempo neutralizarán la indignación nacional. De hecho, por debajo de la mesa, la ley de justicia transicional de Roy Barreras ya pasó con todo y premio político para el crimen altruista.

Los otros hechos, como el flujo de caja de las FARC y la petición de Baltasar Garzón, no dejan de llamar la atención, pues el periódico que publica a Molano y otros, sale de repente con la presunta debilidad financiera del grupo terrorista y el sindicado juez español pide que “dejen” las armas como lo anunció ETA, aunque se abstiene de solicitarles que entreguen las armas y se desmovilicen. Es que en el lenguaje de negociación, hay una distancia enorme entre dejar y entregar, y de seguro los que toman las decisiones en el grupo terrorista, conocen a la perfección la diferencia entre ambos términos.

En cuanto a las falsas víctimas de Mapiripán y el montaje de un desplazamiento forzado en la finca Las Pavas, con el respectivo desprestigio de las ONG que nutren sus arcas con el negocio de los Derechos Humanos; eso huele a estrategia y no a una voluntad real de hacer justicia para Colombia.

Es que resulta curioso que mientras se hace el escándalo por la finca Las Pavas, los medios prestan poca atención a las denuncias que se vienen haciendo por la masacre de El Salado: según la investigación adelantada por la ONG Demil, Domingo Salcedo fue quien señaló a las víctimas a cambio de su vida y ahora, 11 años después, aparece como beneficiario dentro del proceso. Sin embargo, Salcedo militó en el grupo criminal hasta el momento de su captura en agosto de 2002.

De igual forma, Eloy José Montes Olivera, cuya acta de defunción fue realizada por la Notaria del Carmen de Bolívar el 30 abril del año 2000, vive actualmente en el municipio de Turbaco (Bolívar). Así mismo, señala Demil, hay un grupo de nombres de victimas que no coincide en los listados de la CIDH y la CNRR.

Llama la atención que la mayoría de ONG involucradas en los escándalos han sido señaladas como entidades alineadas con los intereses de las FARC: el Colectivo de Abogados y la fundación Manuel Cepeda Vargas en el caso de Mapiripán; el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio —cuyo director es el padre Francisco de Roux—, la Universidad Javeriana, Asocab y el colectivo Contravía, relacionados con el fraude del desplazamiento de la finca Las Pavas.

La escalada contra estas ONG parece una purga comunista criolla en la que unas cuantas organizaciones cargarán con el agua sucia de las manipulaciones judiciales y de los engaños lucrativos, mientras que otras quedarán limpias y podrán continuar con la demolición del Estado a través de la falsa premisa de la defensa de las víctimas.

Es que el panorama del comunismo colombiano cambió radicalmente con la elección de Gustavo Petro, pues el mecanismo de reciclaje del Polo en los Progresistas, la supuesta división al interior del comunismo y el resultado final de un movimiento percibido por los ingenuos como limpio y transparente, les indica que el mecanismo funciona y que se debe extender a todos los ámbitos en los que han combinado las formas de lucha… algunos deben cargar con culpas y señalamientos, para que los otros florezcan y se nutran del negocio de los Derechos Humanos, pero en el fondo, todos seguirán en el mismo barco y con el mismo propósito.

La paz no es premiar el crimen

Visita presidencial afrentosa

Por Jaime Castro Ramírez

En política, como en cualquier otra actividad, el señorío y la sensatez son elementos indispensables a considerar para obtener un buen juicio de prudencia antes de actuar. Y si se trata de un gobernante, pues ni que decir tiene, porque es evidente que ahí demuestra su talento para la toma de decisiones, su talante como estadista y su sentido de autoridad, y forja su prestigio ante sus gobernados. Igual sería decir que la inteligencia distingue a quienes la poseen y saben usar sus bondades.

En materia de relaciones internacionales, los gobiernos disponen del mecanismo esencialmente político denominado diplomacia, para encontrar los procedimientos adecuados para el manejo de situaciones diversas. No significa entonces que un compromiso internacional de una visita no sea viable modificarlo en sus condiciones formales iniciales de modo, tiempo y lugar; motivado por circunstancias conexas o no a los temas y al escenario de que se trate.

Masacre de héroes de la patria

El pasado 26 de noviembre de 2011 los terroristas de las FARC asesinaron vilmente a cuatro miembros de la fuerza pública después de un ignominioso secuestro que ya iba desde los 12 hasta los 14 años. Este cruel hecho movió el sentimiento nacional para repudiar dicho crimen, y en sentido de solidaridad con las familias de las víctimas. También hubo manifestaciones de repudio por gobiernos de otros países, el Vaticano, y organismos internacionales. La patria está de luto por esta tragedia en contra de unos héroes, defensores de la democracia colombiana.

Se trata de un crimen de lesa humanidad, cometido por la más perversa condición humana, donde las FARC no han respetado las normas internacionales consagradas en las distintas convenciones de Ginebra sobre humanización de la guerra, y que se refieren específicamente al respeto del derecho internacional humanitario. Los terroristas violaron sistemáticamente los derechos humanos de las víctimas durante todos esos años de secuestro, y terminaron asesinándolos en un acto de crueldad inenarrable, con el mayor grado de premeditación y alevosía, fusilándolos a sangre fría y en completo estado de indefensión.

La visita del deshonor

Es bien sabido por todos los colombianos que el cómplice-auspiciador de las FARC es el dictador Hugo Chávez, quien además les da refugio y los protege en Venezuela, para que desde allá maquinen los crímenes que cometen contra nuestros compatriotas y contra la democracia colombiana. De esta realidad se deduce la clase de enemigo público que tenemos los colombianos y que atenta contra nuestra dignidad y contra nuestra soberanía.

Pues quién lo creyera, pero el Presidente Santos tomó la peor decisión que se le hubiera podido ocurrir a un gobernante. Mientras el país estaba consternado por la magnitud del crimen de asesinato cometido dos días antes por las FARC contra los secuestrados, Santos no tuvo recato alguno en irse para Venezuela a darle la mano y abrazarse con Chávez, con quien pudiera llamarse el jefe encubierto de las FARC. Y para completar el nefasto cuadro de tal reunión, ninguno de los dos presidentes se pronunció en rechazo a las FARC por el crimen cometido. Hay que decir que Chávez no lo hizo por solidaridad de cuerpo con sus amigos terroristas, pero la actitud de silencio cómplice en ese acto por parte de Santos es demasiada afrenta para los colombianos. Además había suficiente argumento para haber aplazado esa visita.

Es solo observar las siguientes dos fotos, que se podrían llamar “las fotos del oprobio”, tomadas en dicha reunión en Caracas el día 28 de Noviembre de 2011:

Difícilmente se puede pensar en mayor deshonor para el pueblo colombiano por parte de su presidente, y especialmente para las familias de las víctimas. Este es un buen antecedente a tener en cuenta ahora que Santos ha empezado a hablar de su reelección. Bueno, lo cierto es que la reelección es con votos, y ya no está Uribe que le puso los 9 millones de votos con los cuales fue elegido por primera vez.

Hay dos situaciones contradictorias, pero que puede estar ocurriendo cualquiera de ellas: O Santos sabe que Chávez le dice mentiras y las cohonesta, o simplemente no se ha dado cuenta de la mendacidad con que el dictador lo maneja. En cualquiera de los dos casos diríamos: “entonces ¿a quién elegimos presidente los colombianos?”. La trama del comercio es solo un cuento, pues los empresarios colombianos ya no le venden a quien no paga.

Chávez captura y manda para Colombia a presuntos bandidos de quinta o sexta categoría, llámense paramilitares o narcotraficantes, pero a los jefes de las FARC no los toca, y tal vez se equivocaron en capturar a alias “El cantante” y por eso no lo quiso enviar a Colombia, y quizás lo habrán dejado en libertad. Pero aquí no hay presidente de la república ni canciller que le requieran algo a ese sátrapa. En cambio, Santos envió a Venezuela un pez gordo del narcotráfico que fue capturado en Cúcuta: Walid Makled, y lo envió por exigencia de Chávez, y sin tener en cuenta la solicitud de extradición de los Estados Unidos por tal individuo. Lo que hay en Colombia es cobardía y sumisión.

La democracia venezolana

Es bien sabido que el mismo pueblo venezolano que aspira a recuperar la democracia en las elecciones de octubre de 2012, se siente ofendido por parte de Santos por el juego que le está haciendo a Chávez sirviéndole de agente útil para abonar el camino dictatorial hacia la reelección de ese régimen totalitario. Para esos fines utiliza Chávez una visita como esta que aquí analizamos, solo que Santos no entiende ese efecto político, pero que su “nuevo mejor amigo” si lo sabe explotar. Esto significa que el Presidente de Colombia, con esta clase de actuación de complicidad, adquiere responsabilidad histórica ante los demócratas venezolanos que luchan por su democracia.

AL MARGEN: El cinismo de las FARC no tiene límite. Masacraron a los miembros de la fuerza pública y luego sacaron un comunicado para “solidarizarse” con las familias de sus víctimas y para echarle la culpa del crimen al gobierno y a las fuerzas armadas.

La madrina de las FARC justifica el asesinato de secuestrados

Por @maguioz16

Ilusiones perdidas

Por Jaime Ruiz

Quinta entrega de la serie de entradas sobre la Colombia de Santos (la primera trataba de los crímenes actuales como resultado y continuación de los que cometieron los amigos de Pablo Escobar y García Márquez en los ochenta, y de la condición de los gobiernos que premian a los criminales; la segunda, de la manipulación de la historia por parte de los responsables de organizar, dirigir, cobrar y usufructuar esos crímenes, como el hermano mayor del presidente Santos; la tercera, de las falacias que hacen circular sobre el tráfico de drogas los acomodados al régimen impuesto por los propios criminales y la cuarta del elemento decisivo del desorden colombiano: la incuria, la indolencia, la falta de una ciudadanía vigorosa y consciente). Esta vez intentaré analizar la corriente política que ha contado con más apoyo popular en la década pasada, las causas de su esplendor y decadencia y su probable porvenir.

Es inevitable ocasionar disgustos a personas que cuentan con que uno es de su bando, pero respecto a lo que representa el uribismo hay que decir claramente que fue una solución falsa, improvisada y limitadísima. Y no por querer justificar de ninguna manera el feroz acoso a que el sicariato moral que protege al régimen ha sometido al ex presidente (que no tiene otro objeto que tratar de avanzar en el camino que abrieron los terroristas en las décadas anteriores a la Constitución del 91), sino porque la indefinición ideológica del propio líder y su incapacidad de romper con las estructuras políticas de siempre conduce a la parálisis, gracias a la cual Santos puede avanzar en su plan de premiar a los terroristas y dejar un país "pacificado" (espera) gracias al reconocimiento que trata de ofrecer a quienes no han hecho otra cosa que intentar destruir la democracia.

Antes de cualquier comentario sobre los ocho años de gobierno de Uribe, para llamar la atención del lector sobre lo expuesto en el párrafo anterior, voy a copiar una frase aparecida hoy mismo en la columna del general Álvaro Valencia Tovar:

Le quedan dos caminos, que en su condición de nuevo jefe supremo puede escoger antes de que la criminalización lo comprometa irremediablemente: persistir con terquedad comunista en el camino hacia la desintegración total, o acogerse a la oportunidad única que el gobierno del presidente Santos, ejecutor de la brillante línea político-militar de su antecesor, le brinda y pasar a la historia como el hombre que puso un final digno a la guerra fratricida emprendida por las Farc.

¿Cuál es la doctrina del uribismo respecto a las FARC? Este general dice con toda convicción que el juego negociador de Santos es continuación de la línea de Uribe. ¿Alguien podría decir si esto es así? La tragedia del uribismo, aquello que lo hace una solución falsa, es que de nuevo la conciencia ciudadana se diluye y los seguidores del ex presidente lo mismo dicen que sí, que los golpes que se han dado a las FARC eran para que negociaran, o que no, que el designio de Santos es una traición. Depende de lo que decida el líder. Él sabe.

De tal modo, cuando en 2001 la complicidad del gobierno de Pastrana con los secuestros y masacres se hizo insoportable (los que duden de la condición de criminal de ese ex presidente pueden prestar atención a sus recientes declaraciones en Venezuela), la gente se aferró al único líder con alguna experiencia que prometía combatir a los terroristas. Yo podría decir "nos aferramos" porque fui de los primeros en promover su candidatura en una época en la que el rechazo al premio del crimen y la complicidad de Pastrana se dividía entre quienes sólo soñaban con una intervención estadounidense, quienes proponían un golpe de Estado y quienes, y eran muchísimos, no vacilaban en esperar que Carlos Castaño recondujera al país. Cualquiera que en aquella época leyera los foros de Caracol o Terra recordará las polémicas que tuvimos (yo solía firmar como Camilo N.) tratando de demostrar que las instituciones podrían sobrevivir si la gente elegía una opción correcta.

Pero eso sólo significó que las cosas entonces estaban tan mal que no había ningún partido que representara cabalmente el rechazo al terrorismo. Uribe era un importante político del partido que había gobernado por tres periodos en los que el terrorismo avanzó, había respaldado la Constitución del 91 y aun fue el ponente de la ley que aseguró la impunidad a los terroristas del M-19.

Menciono todo esto porque hay un abismo entre la sociedad colombiana que quisieran la mayoría de los uribistas y la que quisiera yo: hasta ahora nadie puede demostrar que a Uribe le parezca importante crear un partido distinto de los existentes, ni menos cambiar la Constitución. El presupuesto de su gobierno era el pragmatismo, cosa que en gran medida resulta justificable pero a la postre condujo al "paraíso" actual. Aun, si una corriente poderosa consiguiera una gran movilización ciudadana que cambiara la Constitución y permitiera crear un partido de la mayoría que hiciera frente al socialismo hegemónico hoy en día tanto en las leyes como en los partidos, ¿qué se haría con la prensa y con las universidades? El uribismo nunca pensó en crear órganos de prensa distintos a los existentes, los principales de los cuales son órganos de la oligarquía ligada al terrorismo. Ni menos en cerrar las universidades públicas, eso escandaliza a los uribistas tanto como a los mismos seguidores del Partido Comunista.

Por eso, porque las multitudes ni siquiera tienen valores claros (los uribistas al mismo tiempo profesan una especie de pinochetismo furibundo y un conformismo increíble con las tradiciones políticas locales), no había líderes verdaderamente representativos de nada y de ese modo el Congreso cayó en las mismas manos de los políticos que habían exculpado a Samper y apoyado el Caguán. El problema con los uribistas es que ninguno parece sorprenderse de que el Congreso esté hoy en día formado por tales personajes, como si la mayoría del voto en 2010 no hubiera sido "uribista".

Una vez en el poder, y después de aciertos de ensueño en su primer gobierno, lo único que se le ocurrió al pragmático presidente fue buscar la reelección, para la que el estado de ánimo de la mayoría y la dispersión de sus posibles rivales resultaron favorables (el segundo candidato más votado en 2006 fue Carlos Gaviria, cuyo partido a estas alturas no ha pedido a las bandas terroristas que se desmovilicen). Valdría la pena comparar la respuesta del uribismo y su líder a la cuestión de la continuidad de su proyecto con la que asumió Alfredo Cristiani, que afrontaba una situación mucho más delicada, con un partido cuestionado y una situación más inestable.

Entre los prodigios que se deben a esa primera reelección destaca el partido de la U, pues para conseguir tolerancia de la prensa y votos de la Corte Uribe tuvo que aliarse con Juan Manuel Santos y sus formidables redes clientelares. Pero también el retraso en la firma del TLC, pues la reelección habría sido más difícil con los gremios soliviantados, lo que complicó la negociación y el parón tras el triunfo del Partido Demócrata en 2006.

El error que determinó la ruina del uribismo, que todavía no se ha visto completamente y que nadie quiere entender, fue dedicar el segundo mandato a buscar otra reelección. El primitivismo de Colombia, la consecuente inmadurez cívica y la consecuente inexistencia de partidos basados en doctrinas, idearios y programas claros determinaron que a millones de personas les pareciera de lo más legítimo y correcto que el presidente cambiara las leyes cada vez que alguna obstruía su camino. Casi no hubo respuesta a la graciosa teoría del "Estado de opinión" "fase superior del Estado de derecho" (llegaron a decirlo en un acto al que acudió el heredero de la Corona española, lo que le aseguraba publicidad al hallazgo, y la consecuente sorpresa de los lectores de otros países).

Pero aún más grave fue la actitud de Uribe después del ascenso de Santos: siendo reconocido por la mayoría de los ciudadanos como el líder absoluto del país, no pareció darse cuenta de las implicaciones de la nueva orientación que le daba Santos al gobierno: no podía ponerse en abierta oposición so pena de echarse en contra a todo el Congreso, incluida la Comisión de Acusación que lo procesa por acusaciones absurdas, por lo que aguantó y aguantó, con la esperanza de resultar decisivo en las elecciones regionales y municipales de octubre pasado. Ante la posibilidad de ser candidato a la Alcaldía de Bogotá o de promover a un candidato afín, prefirió apostar a un candidato que parecía tener gran ventaja, pese a que el año anterior ese candidato formaba parte del coro de calumniadores. Cuando el gobierno y Chávez decidieron promover candidaturas alternativas para distraer votos y permitir el ascenso del "progresista" que ayudará a legitimar la negociación con las FARC y la asimilación al eje bolivariano, tampoco Uribe tuvo ninguna respuesta.

La doctrina en la que parecen creer las personas próximas a Uribe es que todo se resuelve accediendo al poder ejecutivo, por eso es de temer que para 2014 estén preparando una nueva reelección, que será frenada por las cortes con la consiguiente seguridad del triunfo para el bando de Gaviria, Samper, Pastrana y Santos, que hoy por hoy tienen a Chávez como el mejor amigo.

El antiuribismo, la campaña de calumnias e intimidaciones de los beneficiarios de los crímenes de Pablo Escobar y el M-19, así como de las demás bandas criminales, ha encontrado en la actitud del ex presidente y de su seguidores víctimas fáciles: no han entendido que los congresistas que promovieron y eligieron se han convertido en aliados de los terroristas y que los partidos a los que siguen aferrados son hoy por hoy meras redes clientelistas sumisas a los designios criminales de sus jefes.

Para hacer frente a la persecución de las mafias de prevaricadores contra el ex presidente y sus compañeros hace falta cambiar la Constitución, crear un partido basado en un ideario claro que incluya la reforma radical de la educación superior (pues durante los ocho años de Uribe los mentores del terrorismo siguieron disfrutando de sus rentas y preparando el nuevo movimiento estudiantil que se ve aflorar ahora), publicar órganos de prensa que denuncien el juego de los paniaguados del gobierno criminal y promover el debate en toda la sociedad. Para todo eso, para la propia defensa del ex presidente, el apego casi fanático de sus seguidores a un líder infalible entregado a un juego confuso e impotente es un estorbo. Otra contrariedad, otro problema.

Por un Núremberg de las FARC

Por Eduardo Mackenzie

El pasado lunes, mediante un mensaje electrónico, le pedí al senador Roy Barreras que archivara su proyecto de acto legislativo que pretende introducir en nuestro ordenamiento jurídico la polémica “justicia transicional”. Envié el mismo mensaje a los otros 17 miembros de la comisión primera del Senado pues al día siguiente ellos iban a examinar ese texto.

Bautizado por Roy Barreras con la pomposa etiqueta de “marco legal para la paz”, ese proyecto, de ser aprobado, aportará nuevos problemas al país pues en lugar de facilitar la paz prolongará el activismo que la hace imposible y aumentará aún más el caos de la justicia.

La iniciativa del senador Barreras, que cuenta con el apoyo del presidente Santos, es nefasta en general pero tiene sobre todo un artículo que preocupó enormemente, desde el comienzo, a los colombianos. El artículo 2 de ese texto abre la posibilidad de otorgarle a quienes dejaren las armas la posibilidad de hacer política, elegir y ser elegidos. El único límite a semejante privilegio es que el interesado no haya cometido crímenes de lesa humanidad. Se trata, obviamente, de un obstáculo evitable.

En otras palabras: ese proyecto, pieza central del presidente Santos para sentar las bases de un diálogo con las FARC y el ELN, busca exceptuar a miles de terroristas y narcotraficantes de esas bandas del castigo penal y social que merecen. Es más, pretende permitirles que se conviertan, de la noche a la mañana, en intocables agitadores, caudillos, politiqueros, congresistas, jueces, alcaldes, gobernadores y, finalmente, en árbitros, si no dirigentes, de la vida política nacional. Esa manera de conseguir “la paz” es muy extraña pues equivale, en realidad, a propinarle a la frágil y asediada democracia colombiana el golpe más solapado y demoledor.

Colombia no sale del asombro desde hace más de veinte años al ver que los operadores del M-19 no fueron sancionados por sus crímenes, ni por su espantosa destrucción del Palacio de Justicia de Bogotá. Permitimos, por el contrario, que fueran amnistiados y que se convirtieran en caciques políticos, congresistas, ministros, gobernadores y alcaldes, lo que desembocó en el actual desastre de la justicia y en la explosión de la corrupción en algunas ciudades. Lo que nos espera con los miles de eventuales “desmovilizados” de las FARC y del ELN, haciendo y deshaciendo en la vida política del país, será mil veces peor.

A manera de respuesta, el senador Roy Barreras me envió, horas después, un corto comunicado de prensa en el que asegura que, como “inevitable consecuencia” de la matanza de las FARC del 26 de noviembre pasado, él había decidido “suspender” la presentación del artículo segundo de su proyecto de acto legislativo y avanzar en la discusión del resto del texto.“Presentaré mañana lunes en mi ponencia solamente el artículo 1 que contiene los instrumentos de justicia transicional que necesita el Gobierno para evitar el colapso de justicia y paz y de leyes similares”. La senadora Karime Mota me envió el mismo texto.

La respuesta del senador Roy Barreras es inquietante. El no acepta retirar el artículo 1 de su proyecto pues sólo lo “suspende”. Es decir, que dentro de unos días o semanas, cuando la cólera nacional contra la reciente masacre de las FARC haya decaído, podrá sacarlo de la manga de nuevo bajo otra forma.

Sin embargo, la revista Semana había creído necesario dar a entender que Roy Barreras había retirado del todo la peligrosa iniciativa. “Tras masacre de uniformados, retiran propuesta de vocería política a desmovilizados”, afirmó el 28 de noviembre de 2011. Pero no, nadie ha retirado nada. Todo queda en suspenso, lo que es otra cosa.

A partir de ese momento la ambigüedad se apoderó de la Comisión Primera. El Partido Conservador pidió a sus cuatro senadores que no apoyaran la iniciativa de Roy Barreras. "Pensar en diálogos y marcos legales es una solemne ingenuidad. La única solución es el imperio de la ley y de la fuerza, de manera que si se está hablando de marcos legales para el diálogo yo no estoy de acuerdo con eso", declaró José Darío Salazar, presidente de esa formación.

El bando liberal fue tibio. El senador Juan Fernando Cristo se limitó a decir que siempre hubo “mucha duda frente a la oportunidad y conveniencia de ese acto legislativo". Juan Manuel Galán pidió “claridad” para que el proyecto de Barreras no termine siendo “una ley para la impunidad ni de punto final”. El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, estimó que los desmovilizados “no tendrán vocería política, como en un momento se pensó” pero que el resto del proyecto debe ser aprobado, “a pesar del asesinato de cuatro uniformados secuestrados por las FARC”. El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, si bien señaló que "definitivamente se cierra la puerta" a lo de la vocería para los ex terroristas, dio a entender que más tarde podrían retomar esa idea, pues los asesinatos de los cuatro rehenes “no puede hacernos cerrar los ojos frente a lo que es el sueño que tiene el país hacia el futuro”.

Como se ve, el plan de abrirle espacios políticos a los jefes y cuadros de las bandas terroristas para negociar con ellos el futuro de Colombia sigue vigente, aunque por razones de prudencia ante el inmenso dolor popular por el nuevo crimen de las FARC esa idea haya sido, aparentemente, dejada en suspenso.

Esa maniobra prueba que tres días después de un nuevo crimen de lesa humanidad de las FARC contra cuatro miembros de la fuerza pública que estuvieron en cautividad atroz durante más de doce años, los sectores afectos al Gobierno son incapaces de dotarse de una política real de firmeza contra el terrorismo. Parece que la lógica dominante, más allá de la fraseología acostumbrada, estipula que como la continuidad militar de las FARC está en peligro hay que preservarles, al menos, una continuidad política, a través de “diálogos de paz” y de abrirles ventanas para que hagan protagonismo político. Ese enfoque es monstruoso. Colombia, por el contrario, debe impedir lo uno y lo otro.

“Todo el mundo ha visto lo que son las FARC”. Esa frase se repite con razón en todas partes en estos días. La tristeza es inmensa. Sin embargo, las medidas concretas para poner fin a esas atrocidades, para desmantelar definitivamente a las FARC, siguen siendo rechazadas.

A pesar del espectáculo de horror que ofrecen las FARC, de sus actos homicidas con los cuales nos dicen que para ellos la paz carece de sentido, que toda negociación es una farsa, una minoría sigue empeñada, por razones ideológicas, en proteger por todos los medios la continuidad de ese aparato criminal. Hay personas que tratan de reeditar el experimento del M-19 que entregó las armas para después continuar, en el terreno político, su trabajo de zapa contra las instituciones y contra la democracia. Para algunos ha llegado la hora de que las FARC y el ELN se sumen a ese proceso de demolición.

Colombia no puede permitir que los crímenes de las FARC y del ELN queden impunes. Debe impedir que los delincuentes más feroces de la historia nacional sean recompensados con privilegios políticos.

Lo que algunos pretenden hacer aquí no tiene antecedentes en ninguna parte del mundo. Tras la derrota de Alemania hitleriana el proceso de Núremberg castigó a todos los jefes nazis sobrevivientes. Los que no fueron juzgados fueron marginados de la vida política de ese país. Tras la caída del muro de Berlín, los comunistas de Europa del Este no fueron premiados con leyes que los catapultaban a la vida política. Eso no ocurrió ni siquiera en la ex URSS donde ningún dirigente del Partido Comunista regresó al poder por esa vía.

¿Por qué se quiere permitir que los jefes de las FARC después de hacerle la guerra más implacable al país durante 50 años, puedan volverse dirigentes políticos de Colombia? Sólo gente que odia profundamente a Colombia puede urdir un plan tan siniestro como ese.

El proyecto histórico de las FARC de destruir la democracia y edificar una sociedad totalitaria en Colombia sigue vigente para ellas, y tratarán de perpetuarlo incluso tras una derrota militar aplastante, mediante unas falsas negociaciones de paz y la creación de unos “espacios políticos”.

Mientras países que fueron víctimas del comunismo, como Camboya, están juzgando a los dirigentes del régimen genocida de Pol Pot, en lo que algunos llaman “el Núremberg de Camboya”, Colombia no quiere saber de un proceso general de los crímenes cometidos por las guerrillas comunistas.

¿Tendrá Colombia que imitar a la Camboya de hoy, quien aceptó que un tribunal internacional juzgue a los genocidas?

Por la liquidación de 1,7 millones de camboyanos durante el régimen de terror (1975-1979) están juzgando en estos días a Khieu Samphan, jefe de Estado, Nuon Chea, ideólogo y número dos de los jemeres rojos (el PC camboyano) y Ieng Sary, exministro de Relaciones Exteriores. Kaing Guek Eav, alias Duch, quien dirigió el centro de torturas S-21, en el que 16.000 personas murieron, fue condenado a 35 años de prisión en julio de 2010.

Los crímenes por los cuales son acusados esos individuos son genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, asesinato, tortura y persecuciones por razones religiosas y de raza. Guardadas proporciones, son crímenes idénticos a los que cometen las FARC.

El Congreso de Colombia, en lugar de perder su tiempo en discusiones sobre proyectos suicidas destinados a garantizar la impunidad y la supervivencia política de los narcoterroristas, debería votar la apertura de un proceso histórico general sobre los crímenes del comunismo en Colombia, un Núremberg de las FARC.

Que la marcha contra las Farc del 6 de diciembre próximo sea la ocasión para discutir y difundir esta idea.

(Blog Debate Nacional)