La muerte de Alfonso Cano y la moral militar

Por Jaime Restrepo Vásquez.

El liderazgo político colombiano se ha pronunciado: la moral de las tropas está en alto y la muerte de ‘Alfonso Cano’ así lo confirma.

Ciertamente los resultados de la operación Odiseo pueden despertar el entusiasmo de las tropas y se convierte en un fuerte golpe emocional para las FARC. Sin embargo, pensar que el abatimiento de ‘Alfonso Cano’ es la demostración de una alta moral en las filas de las Fuerzas Armadas, es ignorar la génesis de tal situación.

Más allá de los embelecos del gobierno ecuatoriano por el bombardeo contra el campamento de ‘Raúl Reyes’, a nadie se le ocurriría interponer una denuncia por violación a los derechos humanos durante las operaciones que permitieron dar de baja a ‘Reyes’, a ‘Jojoy’ o a ‘Martín Caballero’. En otras palabras: una acción militar contra la cúpula de las FARC está blindada, por lo pronto, contra investigaciones, testigos estrella y ONG de cualquier estirpe, pues el valor del objetivo dado de baja está por encima de las artimañas de la fauna interesada en los jugosos dividendos que otorga la defensa de los derechos humanos.

Cualquier oficial sabe que una operación que obtiene semejante resultado, estará protegida de la persecución judicial, pues ni los áulicos del terrorismo se atreverán, por el momento, a cuestionar abiertamente los detalles de la acción.

El origen de la baja moral de las Fuerzas Armadas está en la cacería de brujas que viene adelantando el poder judicial, obligando a los uniformados investigados a declararse culpables como condición indispensable para que no terminen sus días en la cárcel. De igual forma, así lo ignoren los líderes políticos, el aberrante caso del Coronel Plazas Vega es una situación que impacta la moral de los oficiales, al constatar que una operación contra el terrorismo equivale a una condena futura.

Es más: actualmente los integrantes de las Fuerzas Armadas lo piensan dos veces antes de emprender una operación en la que uno o varios guerrilleros puedan ser dados de baja, pues finalmente los terroristas terminarán siendo “inocentes campesinos” por los que tendrán que pagar con su libertad. Incluso, la arbitrariedad de las interpretaciones que dan los jueces sobre las operaciones, profundiza la persecución, la desmoralización y el estancamiento.

¡Y quién no se desmotivaría! En el caso del bombardeo al caserío de Santo Domingo, las evidencias señalan que después de la acción de los hombres de la Fuerza Aérea, el escenario fue acomodado por los terroristas para sembrar la duda. Posteriormente, con la puesta en escena, vinieron los “testigos” que incluso llevaron esquirlas de bombas aceptadas por el poder judicial colombiano, pese al peritaje internacional que indicó que dichos restos no correspondían al material utilizado durante la acción.

De igual forma, se equivocan los entusiasmados líderes de la moral tropera, cuando dirigen sus ataques contra el mensajero de la situación, Álvaro Uribe, y guardan un silencio aterrador frente a las injusticias y montajes a los que están siendo sometidos muchos soldados, suboficiales y oficiales de las Fuerzas Armadas. ¿Creen acaso que los oficiales desconocen la verdad en el caso de la masacre de San José de Apartadó? ¿Suponen que los militares ignoran las presiones a las que fue sometido el capitán Gordillo para que se declarara culpable de los hechos a cambio de 20 años menos de condena?

La moral de la tropa está postrada por cuenta de la implacable persecución, por las arbitrariedades del poder judicial y por el juicio anticipado de los medios de comunicación.

A lo anterior se suma la creciente presión del apaciguamiento, que se ha traducido en numerosas bajas militares durante el último año, todo por cuenta del concepto terrorista según el cual, hay que llegar fuertes a la mesa de negociación.

Es tal el intento de ambientar la justificación de la escalada terrorista en el marco de la “paz”, que hasta la revista The Economist señala que la muerte de ‘Alfonso Cano’ puede retrasar la salida negociada, reproduciendo rápidamente el burdo intento de la Corporación Arco Iris de lavarle la cara al terrorismo colombiano.

Según Arco Iris en sus declaraciones a The Economist, Cano había logrado construir un consenso entre los dirigentes de las FARC para buscar conversaciones de paz con el gobierno. ¿Y cómo es posible que Arco Iris supiera de ese acuerdo y no lo conociera el propio gobierno?

Una de dos: o Juan Manuel Santos traicionó al “mensajero de la paz”, alias ‘Alfonso Cano’ o Arco Iris pretende deslegitimar la operación Odiseo al ubicar al máximo cabecilla de las FARC como el luchador infatigable que estaba a punto de negociar la paz en Colombia, pues en el obituario que elaboró la ONG de León Valencia se recuerda el mensaje de agosto en el que ‘Cano’ proclamó que "el diálogo es el camino" y no se menciona el prontuario terrorista del fallecido.

Así las cosas, según la visión que muy pronto será verdad en todo el país, la muerte del número uno de las FARC significa la pérdida de la oportunidad para alcanzar la solución política y negociada al conflicto colombiano y no el abatimiento de un criminal que lideró la adaptación del terrorismo a la difícil realidad militar que les impuso Uribe durante su gobierno.

Encuestas que eligen

Por Jaime Castro Ramírez

La política como origen del poder requiere de mecanismos de análisis adecuados a su propia dinámica, pero que garanticen la aplicación de los principios de autenticidad y transparencia. Otras formas distintas pueden desvirtuar la esencia de la democracia pervirtiendo el sentido de la voluntad popular al acudir a las urnas.

Votar a conciencia es una fortaleza de todo demócrata para conservar su identidad patriótica y ciudadana y por lo mismo una fortaleza para la democracia. Según la ley electoral, el ciudadano no debe tener ninguna clase de presiones, ni directas, ni indirectas, que condicionen su voluntad y su libertad para ejercer el derecho al sufragio.

Encuestas electorales

Esta clase de encuestas, en su mejor sentido, son un medio informativo y de orientación sobre la preferencia del electorado respecto a la intención de voto por cada uno de los candidatos que presentan sus nombres para aspirar a ser elegidos en cargos de elección popular. En un análisis de la realidad política, hasta aquí no hay ninguna objeción a que unas empresas encuestadoras hagan su trabajo de investigar dicha intención de voto. Sin embargo, al observar el efecto de tales encuestas, desafortunadamente se han convertido en un elemento distorsionador de la pureza electoral que exige la Constitución y la Ley.

Voto útil

Las encuestas electorales han traído consigo un efecto muy notorio a la luz pública, pero además, muy perjudicial para la objetividad electoral y para la pulcritud democrática que requiere el resultado en las urnas en un Estado de Derecho. Estamos hablando de lo que se ha dado en llamar “el voto útil”. Éste es un fenómeno muy desafortunado que ha llegado hasta el punto de condicionar indirectamente la voluntad electoral, pues se ha convertido en una especie de punto de referencia según el cual, el votante observa el resultado de las encuestas, y en base a la ubicación de los candidatos, decide votar por quien encabeza tal resultado. Es una extraña y peligrosa teoría que riñe con los principios de la cultura política y que ha ido tomando cuerpo en Colombia, dizque con el equivocado e infundado precepto que significa: “no perder el voto”.

La esencia crítica de semejante teoría equivale a desvirtuar el sentido de la democracia, pues el resultado es que no se elige a conciencia a los representantes de la sociedad en los cargos de gobierno, sino que se termina eligiendo por el efecto del impulso mediático que produce el resultado de una encuesta, no importa quién sea el candidato, qué acreditación tenga como capacitado para gobernar, ni tampoco importa qué orientación política es la que define su estatus ideológico. La consecuencia obvia es que el concepto de elegir bien está desapareciendo de la mentalidad ciudadana y se improvisa entonces al aspecto aleatorio de lo que salga del talante del elegido.

En otro escenario, no menos diabólico en la interpretación del resultado político, se suele votar en contra de alguien, es decir, se “vota mal”, con tal de que ese alguien no salga elegido.

Solución en manos del gobierno y la clase política

Es preciso que la democracia colombiana reaccione ante esta desviación del criterio político ciudadano al acudir a las urnas. A través del Congreso de la república y por intermedio del gobierno y la clase política, debiera procederse a liderar la expedición de una reglamentación muy seria para contrarrestar esta incidencia convertida en un exabrupto en el tema de las encuestas. Además, porque los mismos políticos son perjudicados por la mencionada selectividad que propicia la modalidad del voto útil (no perder el voto).

Cuestión de cultura política

La formación de las personas en conocimiento político es determinante a la hora de ejercer el derecho, pero también el deber ciudadano de elegir bien.

No puede ser posible que el elector no haga un análisis serio de las condiciones personales del candidato para ejercer el cargo al que aspira, pero además, estudiar el programa que ofrece cumplir, y en base al criterio formado con estos argumentos, decidir entonces en forma razonada por quién depositar el voto en las urnas. Se requiere desde luego el apoyo de una campaña intensa de cultura ciudadana y política para crear conciencia en esta materia.

Esto es muy diferente a votar por tal o cual candidato por el simple hecho de que ese fulano esté ocupando el primer lugar en una encuesta. Con un agravante adicional, que consiste en que el (los) interesado(s) en una elección contrata(n) el servicio de la elaboración de una encuesta, la cual siempre termina(n) ganando. ¿Manipulación? Sería conveniente que por norma legal se investigaran los procedimientos técnicos utilizados en la elaboración de las encuestas, pues es muy importante conocer la observancia de los principios filosófico-políticos aplicados a la imparcialidad como se tienen que obtener los resultados. Lo que si no se puede permitir es que las encuestas terminen convirtiéndose en medios que definen elecciones a través de un supuesto y perverso poder que elige (por lo menos mal interpretado por los ciudadanos), pues estarían desplazando los cánones de la democracia en materia electoral.

Es simple cuestión de honestidad política, que significa garantía democrática.

AL MARGEN: El presidente Santos apareció en la televisión dando parte de normalidad en el desarrollo de la jornada electoral del 30 de octubre de 2011. No se sabe si es que estaba mal informado, o qué sentido tenga tal declaración, pues la realidad es que se presentaron asonadas en 52 municipios donde los vándalos no aceptaron el resultado de las elecciones, lo cual nunca había ocurrido en Colombia. ¿Dónde está el imperio del orden definido por el imperio de la ley?

Bogotá premia por tercera vez al Polo Democrático

Por @Maguioz16

Un consejo de amigo

Por Jorge Monroy

Una minoría celptócrata reina ahora en el Distrito Capital. Sin dudarlo un segundo, la misma maquinaria electoral que el Polo Democrático alternativo ha construido durante doce largo años se anota de nuevo una gran victoria, pero esta vez con agravantes mucho más complejos, pues la persona en cuestión, además de haber pertenecido a un grupo terrorista, representa abiertamente los intereses del chavismo, y de los hermanos Moreno. Por otro lado, el candidato ganador es la apuesta del presidente Santos desde el principio de las elecciones, lo cual resulta en una amplia y fuerte victoria frente a las apuestas políticas de Uribe. Los candidatos del ex presidente, quien hasta ahora seguía siendo oficialista, no ganaron en ninguna de las ciudades importantes, al tiempo que Santos con apuestas múltiples, apalancado en la Unidad Nacional, ganó en casi todos los espacios del poder nacional. Sin embargo, este articulo no pretende demostrar la obviedad de los resultados electorales, sino establecer líneas de acción para continuar consolidando una política de Estado basada en la seguridad democrática, la confianza inversionista y la cohesión social.

Antes que nada, me parece prudente hacer un llamado a la sensatez: los mejores amigos, no son aquellos que adulan mientras se comete una falla, sino aquellos que son capaces de llamar la atención para que no se cometa, independientemente de la reacción o los hechos. En este contexto, creo que la mejor de las lealtades que podemos tener aquellos quienes nos llamamos uribistas, es llamar las cosas por su nombre y tratar de discernir los errores, para poder generar soluciones que nos lleven a la recuperación del poder.

En este contexto, es importante señalar tres grandes errores que se cometieron de cara a estas elecciones por parte del uribismo. En primer lugar, confiar en el Partido de la U como organización de base, en segundo, una falta de posición clara frente a los abusos autocráticos del gobierno, y el tercero la ingenua creencia de que la Unidad Nacional generaría en Santos un incentivo a no participar en las elecciones.

Para poner en contexto al lector, Uribe y Santos han estado en una guerra fría y silenciosa, que para el común de los uribistas es interpretada como una exageración de los medios. En este contexto, me refiero nuevamente al párrafo introductorio, pues los buenos seguidores del presidente Uribe prefirieron en su gran mayoría ignorar la realidad y la inevitable verdad, y seguir insistiendo en que los problemas visibles del gobierno Santos eran una cuestión técnica y no política. Precisamente en ese momento se oía a muchas personas en la calle (y en Twitter) decir que esperaban que “el presidente corrigiera el rumbo” o “a este presidente le quedó grande la seguridad”.

Como bien se sabe, no se trata de incapacidad ni de un problema técnico puntual, sino simplemente el establecimiento de una agenda negociadora que lleva en sí la complicidad con el chavismo. Sin embargo después de mas de un año de repetirlo algunos no se convencen, y con la ayuda de los medios toda la mayoría uribista considera que una condición necesaria de ser uribista, es ser santista.

Pero quien tenga ojos para ver, que vea, y en este contexto revisemos entonces el primer error del uribismo. Recordemos los infames primeros treinta segundos del discurso de Armando Benedetti:

“... de los quince países más desiguales del mundo, diez son latinoamericanos, y entre esos diez Colombia ocupa el octavo lugar, apenas superada por Bolivia, y Haití. El cuarenta y nueve por ciento de nuestros compatriotas es pobre, y el diecisiete por ciento, está en niveles de indigencia estos datos, nada sorprendentes, fueron revelados hace poco por el programa de Naciones Unidas para el desarrollo. El problema de semejante desbalance y escandaloso desbalance social, no es solo el de los procesos generadores de desigualdad, sino de la fragilidad de los dispositivos para superarla”

Recuerdo que para cuando aquellos primeros treinta segundos habían terminado, yo ya había entendido la tramoya santista que se desataría durante todo el resto del gobierno. Sin embargo hagamos un análisis simple: Ese discurso fue leído frente a representantes de los enemigos de la democracia colombiana que profesan una ideología chavista, al tiempo que delegados de decenas de países a quienes minutos atrás intentábamos convencer de que sus inversiones nos ayudarían a superar la pobreza. Escúchese bien: pobreza. Benedetti en este discurso comenzó una larga carrera frente a la confusión entre pobreza y desigualdad, que sólo beneficia los discursos populistas. Pero más allá de la semántica, el nefasto senador quien hasta hacia algunos segundos atrás, le vendía al mundo y a los colombianos un preludio donde decía en el nombre del nuevo director ad honorem de su partido, que la nación se encontraba en ruinas dejadas por el gobierno anterior, y que este, se erguía como gran salvador de la debacle uribista.

... en Colombia las ideologías de lo igualitario no tienen la fuerza de otros países, y los umbrales de tolerancia a la desigualdad son escandaloso.

En ese momento con total estupor, me pregunté si hacía referencia a los movimientos “libertarios” que buscan propender por la instauración del socialismo en el mundo; y hoy la renovada fuerza de los ataques terroristas y asesinos de las FARC, responde mi pregunta. Invito al lector a revivir esta historia, para que al escucharlo de nuevo entienda que los grandes líderes de nuestro país, son abiertamente anti uribistas, en los mismos términos de Fecode.

Contra todo mi buen juicio de salud mental, revivo estas grotescas palabras para poner en contexto que el ex presidente del Congreso al igual que el de la República, son miembros del Partido de la U y determinan la fuerza de sus maquinarias. Para estas elecciones, la apuesta por Bogotá era clara, y fue visible durante toda la campaña: Con todos los candidatos menos Peñalosa, ganaba. Pero su juego fue aún más arriesgado: se impulsaron candidaturas distractoras para restar votos, en esto los medios fueron eficientes: mostraron al principio de la contienda un ramillete de diez aspirantes a la alcaldía, y en la última semana decantaron con cuatro candidatos, dos de ellos abiertamente inviables. Fue tan burdo el montaje periodístico, que una periodista incluso sin saberlo, confesó al aire la estrategia.

Es importante recordar que es tan fuerte la influencia Santista, que inclusive “grandes uribistas de primera línea” como el doctor Fernando Londoño, llamaron a votar por Gina Parody. Esto es un ejemplo muy claro que muestra que los lideres que convocan a las fuerzas de base de la U no responden a los llamados de Uribe, sino de Juan Manuel Santos, todos ordenados al menos en el caso de Bogotá para votar por candidaturas inviables que favorecían al candidato del chavismo.

Sin embargo, si es tan clara la diferencia entre la ideología del presidente Uribe y la del presidente Santos, y ambos tienen amplios niveles de popularidad ¿porque no hay un cisma en la política Colombiana? La respuesta es simple: hasta antes del 20 de octubre Álvaro Uribe jamás se declaró en la oposición y –como astuto que es- Santos tampoco dijo nada.

Esto me lleva al segundo punto: la forma tan políticamente correcta en la cual se llevaron las profundas diferencias con el presidente Santos, por parte de Álvaro Uribe y de muchos de los uribistas de a pie –y de Twitter- terminaron por hacerle un enorme daño en términos de maniobrabilidad política. Pues le dio el tiempo suficiente a la maquinaria de la U (con el apoyo tácito de uribe) para que construyera militancia santista y no uribista. Sé que muchos se sorprenderán al leerme, pero insisto, por respeto al presidente Uribe, y para que su obra y sus ideales se mantengan es mucho más constructivo señalar sus errores, y sus posibles correcciones, que fingir que no ha pasado nada y perpetrar los desaciertos. Esto, termina en la tercera razón: en el cálculo de muchos estaba que la Unidad Nacional permitiera garantizar que el ejecutivo no pudiera movilizar el poder de base entre algún candidato o partido político en contra; esta fue una de las consecuencias de la ingenuidad de no asumir con vehemencia la oposición a Santos, pues lo que finalmente terminó ocurriendo es que laUnidad Nacional fue un imparable tren arrollador que cumplió a cabalidad con los designios del presidente Santos.

Con el ánimo de salir de la crítica y pasar a la proposición, quisiera exponer tres ideas: la primera es que exigir renovación del Partido de la U en cabeza de Uribe es perpetrar el mismo error de asumir que no existe ninguna diferencia entre Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe. Pregúntese el lector: si el Partido de la U es el partido que ostenta el poder, y tiene completamente la maquinaria electoral establecida, ¿qué capacidad de maniobra tendría Uribe a su cabeza? De igual manera seguiría siendo el partido del presidente. En segundo lugar, el partido de la U es el partido con mayor votación, no de manera gratuita sino gracias, en gran medida, a la gran cantidad de puestos que reparte, claramente, si Uribe dirigiera habría una fuerte división entre gobiernistas tratando de mantener sus beneficios, y uribistas que serán olvidados a la hora del reparto de puestos, y tendrán pocos incentivos para mantenerse solamente en trabajo ideológico, esto es problemático por una razón sencilla: la división de la U sólo favorecería a movimientos como Progresistas o el Partido Liberal, quienes terminarían ostentando los vacios políticos que empezaría a dejar el Partido de la U.

Propongo una medida que me parece más eficaz: en primer lugar, declarar a los cuatro vientos que Álvaro Uribe es ahora oposición, al tiempo que se anuncia la creación de un nuevo partido encabezado por él. Sin duda, las firmas se recolectarían en muy poco tiempo, y una movida de este estilo lograría agrietar seriamente la unidad nacional y al partido de la u sin dejar libres espacios políticos para los partidos pro-socialistas. Esto generaría una opción seria de poder, sin necesidad de hacer alianzas y con candidatos propios, una ideología clara y propia, y traería muchos de los votos del partido de la U, al tiempo que enviaría un mensaje claro que fraccionaria el santismo al interior de los estamentos de poder, de cara a las elecciones para el Senado y la Cámara de Representantes. Evidentemente hay enormes bases populares para un proyecto estrictamente uribista, y los errores de Santos se pueden aprovechar de manera clara para retomar el poder bajo la bandera de la seguridad democrática, cohesión social y confianza inversionista.

Sin embargo alerto claramente: si los uribistas de la mano de Álvaro Uribe no empezamos a dimensionar un nuevo líder que lleve con valentía las banderas de las políticas que todos encontramos adecuadas, terminaremos nuevamente impulsando una nueva reelección para el 2014 que terminaría en un error garrafal que perjudicaría única y exclusivamente a Uribe y empoderaría a partidos como Progresistas y el liberal.

Las políticas de Uribe transformaron nuestro país, pero el éxito de las buenas políticas y de los buenos lideres, radica en la capacidad de autocrítica, espero que el lector entienda este gran esfuerzo como una manera de contribuir a una política que considero necesaria para el desarrollo del país, y como un símbolo de la gratitud que tengo por el presidente de la seguridad democrática, como buen amigo, no lo adularé mientras se equivoca, sino que lo aconsejaré pare que no lo haga.

Egoísmos políticos y reconfiguraciones partidistas

Por Noel Carrascal

Las recientes elecciones de alcaldes dejaron un acentuado ambiente de confusión política en Colombia. Ganó el progresismo en Bogotá, Simón Gaviria dice que triunfó el santismo, Rafael Pardo que los liberales ganaron, los uribistas creen que su ídolo está detrás de las alcaldías ganadas, y los conservadores y verdes no lograron algo sobresaliente.

La confusión es causada en parte porque muchos políticos se unen a partidos para llenar un requisito y hacen sus campañas basadas en sus personalidades e imagen, no en principios o idearios de partidos, y los electorados terminan decepcionados con su decisión.

Sólo Petro logró crear un partido alrededor de un nombre ajeno a su líder y con ideario, el progresista. Esta astucia política no se debió tanto a convicciones o idearios, sólo a una necesidad de desechar la piel política del Polo Democrático, de donde emergió la misma serpiente que estrangula a Bogotá. Y aunque el progresismo es el peor riesgo como política responsable de gobierno, con excepción del socialismo del siglo XXI, a juzgar por los efectos de este en Grecia, pocos notaron las consecuencias desastrosas del progresismo y al final votaron por la figura de Petro, no por los principios partidistas del progresismo.

Este ecosistema de partidos políticos que se reconfigura con cada elección está basado en el egoísmo de políticos. En el culto que ellos mismo generan alrededor de sus personalidades y que sus seguidores siguen fielmente como borregos. Estos políticos prefieren las mieles del poder y la popularidad por encima de una definición estricta de sus filosofías de partido. Es como si quisieran aglutinar tanto poder como sea posible durante sus vidas sin que les importe dejar un legado para futuras generaciones.

El choque de egos y personalidades políticas es muy evidente entre Uribe y Santos, y es evidencia de la confusión política en Colombia. Recientemente Roy Barreras dijo que se necesita un líder para el partido de la U que no lo parta por la mitad, que no sea ni Uribe ni Santos, pero Santos continúa con su coqueteo con el liberalismo, y elige a Rafael Pardo como ministro de trabajo, y el liberalismo le devuelve los coqueteos a través del apoyo que Simón Gaviria le reitera a Santos. Mientras Uribe dice pertenecer a las bases del Partido Liberal a pesar de que este le dio la espalda en 2002, y se refiere al Partido Conservador como un partido al que le tiene gran afecto. Y ni hablar del apoyo de sectores conservadores a Petro por el apoyo de este en la elección del procurador.

Por esto el partido de la U se debe dividir, Santos debe afrontar las consecuencias de sus simpatías por un Partido Liberal de centro izquierda, y Uribe debe reconocer que pertenece más a la derecha y dejar de identificarse como de orígenes liberales. De esta forma la configuración política de Colombia empezaría a formarse de acuerdo a principios políticos mejor definidos como de derecha y de izquierda.

Como están las cosas en Colombia, estos principios políticos se podrían dividir de la siguiente forma: Un partido Progresista en la extrema izquierda; un partido liberal de centro izquierda; un partido de la U de centro derecha; un partido conservador en la extrema derecha. Estas cuatro divisiones tendrían puntos de convergencia si se organizan en un marco ideológico bien definido.

El recuadro que se muestra a continuación divide este marco ideológico y político de una forma que puede ayudar a guiarnos en identificar nuestras posturas políticas. Es bueno identificar en qué casilla esta cada propuesta de campaña que se propone para saber qué representa un político. Así pues, las dos dimensiones de este marco político se dividen como un plano cartesiano en temas que conciernen a los individuos (personal issues) como una educación gratuita y temas que conciernen a la economía (economic issues) como la responsabilidad fiscal. El grado en el que los votantes identifiquen temas de campañas con estas dos dimensiones perpendiculares les ayudaría a definir su voto de acuerdo a sus convicciones, y no a la simpatía que tengan por la personalidad de un candidato.

De esta forma los libertarios son opuestos a los estatistas, u opresores de libertades, en que los primeros quieren un gobierno pequeño y menos entrometido en la vida de las personas y los segundos quieren un gobierno más paternalista, opresivo y entrometido. El candidato republicano estadounidense Ron Paul es un ejemplo de libertario mientras Hugo Chávez sería un ejemplo de opresor al imponer sus políticas en las libertades de los individuos. Diferencias entre liberales y conservadores son obvias para el colombiano promedio. Es interesante el recuadro central que se refiere a los centristas donde la mayoría de los votantes deberían converger marginalizando los extremistas que nos polarizan. Caso contrario a lo que ocurre en muchas democracias como la colombiana.

Se necesita un paso más para reconfigurar el escenario político colombiano de acuerdo al recuadro anterior, el cual no define los nombres de partidos sino tendencias ideológicas. El hecho que liberales y conservadores se han apropiado de dos de esos nombres solo genera confusiones entre votantes pues hay políticos en todas las gamas de los cuatro extremos de ese recuadro. En otros países, conservadores y liberales se identifican con otros nombres: como Republicanos y Demócratas en Estados Unidos. También sería ideal cambiar el nombre al partido de la U pues este buscaba asociar su nombre con la popularidad de Uribe de una forma similar a como Santos contrató a alguien con voz parecida a la de Uribe para sus campañas políticas radiales. En esto de los nombres de los partidos, solo el partido progresista de Petro tiene un nombre apropiado que se identifica con los estatistas.

Esta reconfiguración partidista daría un buen marco de referencia ideológica para que los colombianos se identifiquen con el partido que mejor represente sus posturas ideológicas y deje de votar por caudillos, y dejar de apodar con el nombre de un político la tendencia ideológica del caudillo. Eso es ignorancia política con toques provincianos dignos de repúblicas bananeras. Es ese egoísmo político de nuestros lideres el que engendra uribismos, samperismos, santismos y pastranismos; lo que hace difícil de definir las posturas de los políticos, facilitando su promiscuidad partidista, y no enriquece un debate que lleve a la concertación de soluciones de problemas a nivel regional o nacional.

La rapiña política de Colombia se podría reducir reconfigurando el espectro político en sectores bien definidos y minimizando el egoísmo de sus políticos.

Punto aislado: Definición de egoísmo: Inmoderado y excesivo amor a sí mismo, que hace atender desmedidamente al propio interés, sin cuidarse del de los demás.

Punto aislado: He publicado por más de setenta semanas sin descanso. Por motivos de defensa de mi tesis de doctorado les informo que no publicare hasta el segundo Jueves de diciembre. De paso me tomare este tiempo para meditar mi continuidad como bloguero sobre temas políticos pues la desfiguración de los partidos políticos colombianos hacen este tipo de análisis algo frustrante. Esta frustración se refleja en la agresividad de mis críticas constructivas en Twitter contra los uribistas, pues doy por causa perdida a los mamertos. Creo que mis críticas son válidas y espero que este artículo les dé una idea de por qué pienso así, y recapaciten al respecto organizando un partido político con Uribe pero sin ser asociado con su nombre.

¿Y qué pasó con el "carrusel de la salud"? ¿Otro "falso positivo"?

Por Cyrano de Bergerac

Hace cinco meses, el país se enteraba a través de los medios de comunicación de un “escándalo de proporciones mayores al de los Nule”. En medio de una gran parafernalia, se encadenaron todas las emisoras radiales y hubo extras en los noticieros de televisión con un mismo encabezado: Se están robando la salud en Colombia. A renglón seguido, el Presidente de la República, en rueda de prensa, acompañado por la fiscal general, la contralora general y hasta el director general de la Policía, hablaba de una “defraudación, no de miles de millones de pesos, sino de billones de pesos”.

Inmediatamente, los periodistas hostiles al gobierno anterior le endilgaron toda la responsabilidad del “Robo a la Salud”, llegando incluso a dar eco a rumores que vinculaban al ex presidente Uribe como socio de una de las EPS implicadas en el supuesto desfalco. Repetían las mismas cifras pronunciadas por el Presidente Santos, afirmando que el robo ascendía a la suma de 4.5 billones de pesos.

¿Qué finalidad tenía todo ese "show"?, aparte obviamente, de querer enlodar los logros de un gobierno que, por hablar solo de este tema, consiguió que se pasara de 13.165.000 afiliados al sistema en 2002 a 23.400.000 en 2010.

Así funciona el Sistema General de Salud

Antes de entrar en vigencia la Ley 100, sólo existía el Seguro Social, que afiliaba únicamente a los trabajadores, ni siquiera a los miembros de su familia, tampoco a los trabajadores independientes y mucho menos a los desempleados. Quien sufriera de una enfermedad, sin estar trabajando, debía acudir al médico particular y someterse a lo que a bien quisiera cobrarle por los servicios prestados. En esa época, el porcentaje del aporte que los usuarios hacían al sistema para que este funcionara, era muy similar al que se hace hoy, con la diferencia de que sólo cubría a una parte mínima de la población y que el Seguro Social vivía hundido en la ineficiencia y la inoperancia.

Hoy existen en Colombia dos regímenes, el contributivo y el subsidiado. Al régimen contributivo pertenecen los trabajadores y sus familias o beneficiarios, mientras que al régimen subsidiado pertenecen los trabajadores informales, desempleados o personas que devenguen menos de un salario mínimo mensual. Las coberturas de los dos regímenes son diferentes y es claro que el régimen subsidiado tiene menos cobertura, porque a la larga son los empleadores y los mismos empleados los que subsidian a los menos favorecidos, no el gobierno.

El proceso de la salud comienza cuando la EPS recauda del empleador el aporte correspondiente al 12.5% del salario del empleado, de ese porcentaje, el empleado aporta el 4% y el empleador el 8,5%.

Posteriormente, la EPS calcula cuánto dinero debe recibir para cubrir las necesidades de salud de su universo de afiliados de acuerdo con el sexo, la edad y la ubicación geográfica. Dichos valores están establecidos en una tabla de UPC (Unidades Per Cápita), que fue calculada actuarialmente y se actualiza anualmente con el IPC. La EPS traslada al FOSYGA (Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad en Salud) ese cálculo y este organismo avala si el cálculo es correcto o no.

Si hay exceso de ingresos, las EPS deben trasladarlo al FOSYGA, quien con esos recursos atiende al régimen subsidiado y a las EPS que no recaudan lo suficiente. Las EPS deben, a su vez, establecer programas de prevención y promoción en salud para disminuir la tasa de enfermedades de la población, para esto deben destinar como mínimo el 5% de los recursos recaudados.

Teniendo el recaudo con la aprobación del FOSYGA, la EPS debe cubrir las necesidades de su universo de afiliados atendiendo a los procedimientos incluidos en el POS (Plan Obligatorio de Salud), que no es más que un manual de medicamentos y procedimientos incluidos en el Sistema General de Salud, que incluye frecuencia de las patologías, costos de procedimientos y medicamentos. En dicho manual, no se incluyeron todos los procedimientos ni todos los medicamentos para todas las patologías existentes. Se excluyeron las enfermedades con frecuencias de ocurrencia muy bajas, cirugías estéticas, tratamientos de fertilidad, entre otros. Todas esas “excepciones”, son lo que se denominan procedimientos o medicamentos "No POS". Para subsanar esto, se han hecho actualizaciones del POS, ampliando la cobertura de medicamentos, patologías y procedimientos, pero sin aumentar las tarifas que el usuario actualmente paga.

Es allí donde aparece la acción de tutela. Cuándo un usuario requiere de un medicamento o un procedimiento que no está incluido en ese manual, es decir "No POS", se alega el derecho fundamental a la vida y se interpone la tutela, que debe, según el fallo del juez, ser de estricto cumplimiento, so pena de privación de libertad para el Representante Legal de la EPS. Dichos fallos de carácter estrictamente médico los debe hacer el juez sin ningún tipo de asesoría y en un período de tiempo muy corto. Actualmente las acciones de tutela reconocidas por un juez a favor del usuario para servicios y medicamentos "No POS", equivalen a un 25% en promedio, del total del gasto médico.

Con la tutela se han presentado casos tan complejos como el del ciudadano, con una enfermedad incurable, que luego de haber ganado una acción de tutela, el juez ordena concederle una medicina experimental que no tiene siquiera licencia del Invima, a un costo aproximado de 350 millones de pesos mensuales y que únicamente le permitirá no hacerse una transfusión de sangre semanal, sino una mensual. O el del extranjero que viene al país a utilizar los servicios del Sistema de Salud para un trasplante de órganos, mediante el simple recurso de haber interpuesto una acción de tutela, tras afiliarse y haber hecho el aporte de un mes al sistema.

Pero esa es la ley y las EPSs deben acatarla, por lo tanto, deben prestar el servicio o proveer el medicamento. Para esos servicios, procedimientos y medicamentos "No POS", las EPS tienen la posibilidad de recobrar al FOSYGA el costo. Inicialmente, el FOSYGA reembolsaba la totalidad del costo. Posteriormente se crearon normas que regulan esos recobros y que disminuyen el porcentaje que el FOSYGA reintegra a las EPS. Es decir, ya no se reembolsa la totalidad del costo, sino un porcentaje.

¿Qué es un recobro?

Es un reembolso que las EPS le piden al FOSYGA por haber prestado un servicio o entregado un medicamento que no estaba incluido en el POS. El FOSYGA ante dicho recobro, reconoce un porcentaje, no la totalidad, luego de seguir un riguroso proceso de análisis de requisitos. El alto volumen de recobros y el complejo análisis de requisitos que el FOSYGA efectúa para otorgarlos, ocasionó que la cartera de las EPS con el FOSYGA aumentara de manera significativa, afectando su flujo de caja. Esto a su vez, ocasiona demoras en los pagos a las IPS (hospitales, clínicas) y a los proveedores de medicamentos.

¿Qué hace una EPS?

La EPS se encarga de hacer que el servicio sea prestado con diligencia, de proveer los medicamentos necesarios y de generar políticas de prevención. Todo esto mediante el recaudo de los aportes de empleados y empleadores. Para prestar esos servicios, la EPS contrata a la IPS (instituciones prestadoras de salud), entre las que se cuentan los hospitales, clínicas, etc. Así mismo, compra los medicamentos a los laboratorios y a los proveedores de medicamentos.

Qué ha pasado entonces, que el Gobierno Nacional ha disminuido lo que reconoce a las EPS por concepto de servicios y medicamentos "No POS", ha aumentado las coberturas al ampliar las patologías y medicamentos incluidos en el POS y todo eso lo ha hecho sin aumentar las tarifas. Esto se prestó para que algunas EPS incurrieran en vicios como formular cierto tipo de medicamentos o evitar ordenar exámenes de laboratorio o exámenes de diagnóstico.

Para hacer frente a esa situación, algunas EPS optaron por crear modelos de integración vertical, es decir que la EPS tiene sus propias clínicas, droguerías, centros médicos ambulatorios, con el fin de controlar sus gastos médicos y garantizar que los recursos que el FOSYGA le compensa y reembolsa les alcancen para suplir las necesidades de salud de sus afiliados.

¿Cuál es el escándalo?

Hay rumores no comprobados, labor que está haciendo la Fiscalía, de que algunas EPS con farmacias propias o que imparten los medicamentos que proporcionan, pudieron haber inflado el costo al que la farmacia se los vende a la EPS, para que al obtener el recobro (parcial, no total) del medicamento, se recuperara lo que en realidad había costado. Es decir, si el medicamento cuesta $100, la farmacia (parte del mismo grupo) se lo vende a la EPS a $200, para que al hacer el recobro al FOSYGA que reconoce en algunos casos el 50%, le reembolsara los $100 que efectivamente le costó. Pudo haber sobrecostos mayores, pero eso le corresponde a la Fiscalía demostrarlo.

Debido al incremento en la cantidad de recobros y al aumento en los requisitos para hacerlos efectivos, varias EPS acudieron a los servicios de QAV Consultores, una empresa encargada de brindar asesoría y auditoría en la presentación efectiva de los recobros ante el FOSYGA. Lo anterior con el fin de agilizar el pago de los recobros por el impacto que tenían esas demoras en los flujos de caja, mientras QAV ganaba una comisión de éxito por cada recobro recuperado. QAV no es una empresa de papel, su gerente es un ex directivo de muy alto nivel de una de las empresas de salud más grandes del país.

A las EPS les interesaba recuperar el dinero correspondiente a sus recobros y a QAV, le interesaba obtener su comisión de éxito. La Fiscalía aduce que se pagaron comisiones a los empleados del FOSYGA, para obtener los recobros y que además los recobros se hicieron por costos superiores a los reales. Eso tendrá que demostrarlo. Lo cierto es que han pasado los meses y no han encontrado indicio alguno de que eso haya sucedido. Mucho menos que el desfalco haya sido de billones de pesos, como lo afirmó el presidente. Es muy probable que se hayan presentado hechos de corrupción, por parte de las EPS involucradas, como de algunos de los funcionarios del FOSYGA o del ministerio, pero de ahí a afirmar que son “billones de pesos” y que “la salud se la están robando”, hay un trecho muy largo. Frente a esto, el ex ministro Diego Palacio hizo las siguientes precisiones:

1) Las EPS presentaron a título de recobros, en el periodo comprendido entre 2005 y julio de 2010, $7.15 billones. De estos se pagaron el 68,8% lo que corresponde a $4,9 billones. El excedente, fueron recobros que se rechazaron por no cumplir con las exigencias establecidas en la reglamentación.

2) Se afirma, en una forma peligrosa para el sistema, que "el desfalco podría superar los 4,5 billones de pesos”. Me llama la atención, tal y como lo dije en el párrafo anterior, que entre 2005 y julio de 2010, el sistema había pagado por este concepto la cifra de 4.9 billones. Por lo tanto, si se dice que el desfalco puede ser superior a los $4,5 billones, se podría interpretar que TODOS los recobros fueron “robados” y que no existe en el país ni un solo ciudadano que haya recibido ningún medicamento o tratamiento por cuenta de las tutelas. Así mismo, llegaríamos a la conclusión que todos los pacientes que fueron favorecidos por las tutelas o los comités técnicos científicos no recibieron tratamiento y que a pesar de haber pagado las tutelas, estas no llegaron a beneficiar al paciente.

3) De los $4,9 billones que se cancelaron, $4,6 billones fueron pagados directamente por el FOSYGA que como usted muy bien sabe, son administrados por las principales fiducias del país y que cuentan con su propio sistema de auditoría. Además, no sobra recordar que las EPS radican y tramitan las cuentas directamente en el Fosyga.

En este proceso de pago de estos recursos, que corresponden al 92,1% de los recobros, la dirección de financiamiento del Ministerio, autoriza el pago, pero no intervienen funcionarios en la revisión o discusión de la pertinencia de los mismos.

4) El otro porcentaje del pago (7,9%), que corresponde a cerca de $400.000 millones fueron autorizados por mecanismos adicionales que se implementaron con el conocimiento de los organismos de control.

5) De acuerdo a la información difundida por diferentes medios de comunicación, existe la sospecha de que funcionarios del ministerio cobraban por acelerar o tramitar los pagos. De ser así, los delitos cometidos, estarían centrados en el trámite de las facturas representadas en esos 400.000 millones de pesos y no en los 4.5 billones de pesos que han sido mencionados y no por ello menos graves.

6) La pregunta que se debería hacer sobre esos $400.000 millones de pesos, es si fueron tramitados correctamente por las EPS.

7) En junio de 2009, el Fosyga informó a la Procuraduría de las preocupaciones que tiene con el tema de los recobros. En enero de 2010, la Superintendencia de Salud le da traslado a la Fiscalía de documentos en los cuales expresa y demuestra sus preocupaciones, los cuales hacen referencia a falsificación de firmas, presentación de una cuenta varias veces, etc., etc.

8) En 2008, el despacho del ministro solicita, personalmente, al superintendente de Industria y Comercio que realice una investigación sobre los servicios que prestan las EPS en el POS y sobre el manejo de la información por parte de las EPS.

Lo anterior solo para recordar que, en esas y en otras ocasiones, el ejecutivo solicitó la intervención de los organismos de control. Es más, en 2004 o 2005, el Superintendente de la época, Dr. Cesar López, presentó una denuncia a la Fiscalía sobre una EPS, la cual, si no me falla la memoria, no prosperó. Las EPS y en general los actores del sistema saben que siempre tuvimos preocupaciones sobre el tema de los recobros. Además, el objetivo de la emergencia social, entre otros, fue el de delimitar bien la prestación de los servicios y colocar una cantidad de límites y conseguir financiación para los servicios que se prestaban por fuera del POS.

¿Qué propone el gobierno?

El Gobierno propone reducir el número de EPS mediante la imposición de requisitos de calidad, número de usuarios, solvencia financiera, indicadores de gestión. Además serán reguladas no solo por la Superintendencia de Salud, sino por la Superintendencia Financiera.

Unificar los regímenes contributivo y subsidiado, es decir, que ambos tengan las mismas coberturas.

Incluir los medicamentos "No POS" en el POS.

Establecer valores máximos para los recobros, es decir para lo "No POS".

Rediseñar el FOSYGA.

Que el prestador directo del servicio, es decir la IPS, le cobre directamente al FOSYGA y no a través de la EPS.

Conclusiones

A simple vista, las propuestas del gobierno no van al fondo del problema y tienen más bien cierto corte populista y sin mayor respaldo financiero. Unificar los regímenes, igualando las coberturas sin que ello implique un alza en la tarifa (aporte) que los empleadores y empleados hacen al sistema, es utópico. A menos que se decida el gobierno a inyectar recursos a perpetuidad al FOSYGA, para atender esas nuevas necesidades.

Al incluir los medicamentos "No POS" sucede algo similar. ¿Quién va a pagar ese sobrecosto, si las EPS a junio del 2011 han perdido en conjunto casi 40.000 millones de pesos? ¿Es eso sostenible?

Al establecer topes para los recobros, las compañías farmacéuticas simplemente retirarán del mercado las moléculas (medicamentos) con tope máximo e incrementarán el valor de los medicamentos que sí están incluidos en el POS. Y al final se les estará haciendo el juego, porque los medicamentos del POS hay que adquirirlos en mayor cantidad y de manera obligatoria.

Poner a las IPS (Prestador del Servicio) a hacer una labor de cobro para lo cual no están diseñadas, es aumentar su carga de costos y desviar la atención de esas entidades en labores administrativas, cuando su función es prestar servicios de salud.

Pareciera que el gobierno Santos, tan amigo de la estatización y de la burocratización, quisiera volver la salud un monopolio del Estado, cuando se ha demostrado que esto sólo trae ineficiencia en la prestación del servicio y mayores costos.

Vuelven a aparecer los jueces, dictando sentencias sobre temas que obviamente desconocen y que afectan en gran medida la prestación del servicio de salud, porque distraen recursos para casos muy particulares, en contra del interés general.

Seguimos esperando que aparezcan los billones, esos que aparecen “refundidos” cuando de atacar al Gobierno anterior se trata, para menoscabar la imagen positiva que millones de colombianos beneficiados con sus políticas tienen de él. La salud en Colombia necesita reformas, pero no de forma, sino de fondo, sin propagandas, con ánimo constructivo. Tan mezquino como utilizar los recursos de la salud en actividades ajenas a ella es explotar en los medios un problema de todos en beneficio de un gobierno que no propone sino que indispone.

Teorías de conspiración

Por Jaime Ruiz

Con mucha frecuencia, las denuncias sobre intrigas y maquinaciones de las camarillas dueñas del poder en Colombia se describen como "teorías de conspiración". Es la cultura del país: la pereza de investigar algo lleva a descalificar con cualquier exabrupto todo lo que no conviene a los prejuicios arraigados.

Lógicamente, la descalificación de las sospechas sobre tales maquinaciones corre por cuenta de los mismos que las promueven, como ocurre con los redactores de los periódicos. Siendo los propietarios de éstos el mismo grupo que manipula la política y el poder judicial, no es raro que no quieran que se sepa lo que se cuece por detrás de las noticias publicadas.

De modo que allá vamos a proponer al lector dudas que a muchos les parecerán "teorías de conspiración". La primera tiene que ver con las campañas electorales de David Luna, Gina Parody y Carlos Fernando Galán, sobre la cual versó una entrada reciente de Jaime Restrepo Vásquez. ¿Qué explicación tiene ese gasto de fortunas fabulosas para una causa perdida? ¿Es demasiado delirante suponer que se trataba de impedir que los votantes resultaran polarizados entre el amigo de Chávez y el candidato al que apoyaba Uribe porque eso podría conducir al fracaso del primero?

Es muy interesante prestar atención no tanto a ese hecho cuanto a las reacciones que suscita: los medios crean una realidad en la que todo eso es "normal" y el ciudadano debe plantearse votar como si fuera la interpretación de su personalidad y no la designación de un solo candidato entre varios. Del mismo modo, el misterio de los miles de millones despilfarrados de tal modo nunca aparece en la prensa y sólo merece expresiones de desprecio por parte de quienes tienen poder gracias al statu quo imperante.

En todo ese juego desempeña un papel fundamental el ex alcalde Antanas Mockus, cuya trayectoria merece la máxima atención, porque detrás de la retórica antipolítica, de la moralina, del galimatías pseudofilosófico y de la espectacularidad del histrión lo que hay es la labor de un agente de potencias que se mantienen relativamente en la sombra.

También Jaime Restrepo Vásquez señaló que tras su nombramiento como rector de la Universidad Nacional por César Gaviria Mockus llegó a la alcaldía de Bogotá, donde dio entrada a los Nule, cuyas relaciones con el Estado datan del nombramiento de un pariente suyo como ministro de minas por el mismo presidente. La última candidatura presidencial de Mockus arroja muchas luces sobre la clase de lealtades que tiene en el mundo de la política. Pero antes conviene detenerse en la ruptura del Partido Verde. ¿Qué habría pasado si Uribe decidiera apoyar a un candidato propio a la Alcaldía? ¿Estaría en tal caso Mockus en el bando de Peñalosa para que fuera alcalde y su grupo se consolidara como entidad política con futuro? Más bien parece que la adhesión de Uribe le sirvió como pretexto para servir al juego de su mentor.

Pero antes de eso fue candidato presidencial, y antes activista equívoco que participó en la marcha de desagravio a las FARC del 6 de marzo de 2008.

Resulta muy curioso, muy "conspirativo" que el magno humanista no pudiera tolerar el apoyo de Uribe al candidato de su partido pero sí participara sin problemas en una marcha convocada por Iván Cepeda. Su recurso fue un viejo estribillo de la propaganda terrorista: la equiparación entre los terroristas y quienes los persiguen, entre cometer secuestros y tratar de impedirlos.

Pero hay algo más llamativo alrededor de Mockus, en cuya campaña presidencial tomaron parte los herederos de Carlos Gaviria y numerosos legitimadores del terrorismo: su relación con la "analista" Claudia López, "investigadora" de la Corporación Nuevo Arco Iris con gran incidencia en temas de parapolítica. No hay que olvidar que dicha "corporación" es el nombre que adquirió la Corriente de Renovación Socialista, una rama del ELN que pasó a la legalidad gracias a la generosidad del mismo gobierno de César Gaviria que premió a Pablo Escobar y a sus socios del M-19 con una Constitución.

Antes del intento de explotar los presuntos asesinatos de inocentes por miembros de la fuerza pública como tema de su campaña electoral, Mockus formó parte de una campaña de reparto de una tarjeta de navidad relacionada con dichos crímenes. No está de más recordarlo y recordar la página, donde se puede ver esta belleza de video en el que presentan a Juan Manuel Santos declarando que los asesinatos son una política del gobierno (a partir del minuto 1.10; para que vean cuál es el rigor de esta gentecita).

Es un buen ejemplo de la clase de moralidad del personaje. Pero ¿quiénes lo acompañaban en tan noble tarea? La mencionada filántropa y otro prócer muy ligado a César Gaviria, Rudolf Hommes, que fue ministro de Hacienda de su gobierno. Para no volver a aludir a él conviene recordar que en la campaña electoral de 2010 se destacó por "repetir subliminalmente las amenazas de Chávez" como lo señaló el columnista de El Espectador Luis Carvajal Basto. Dichas amenazas concernían a la posibilidad de desatar una guerra contra Colombia si el elegido era el mismo Santos. Aquí está el artículo de Hommes y aquí un comentario al respecto.

Claro que la "analista" no sólo colabora con las campañas de Mockus y la Corporación Nuevo Arco Iris, sino que también acompañaba a Iván Cepeda cuando montaron una violenta asonada contra el ex senador Mario Uribe, que intentaba asilarse en la embajada de Costa Rica. No es raro que en su despedida salieran fotografiados todos los benefactores de la humanidad que han perseguido con saña indescriptible, apoyados por los dueños de los medios, que son los mismos clanes dueños de los puestos y recursos públicos, al presidente Uribe y sus funcionarios.

No es en definitiva misteriosa la "curiosa variación del filántropo" que prefiere contribuir al triunfo de Petro —que fue quien le recomendó dedicarse a la política—, pese a que para el nuevo alcalde la vida humana no es tan sagrada, a la consolidación del partido por el que fue candidato presidencial en 2010. Tampoco su posterior unión con la candidata Parody, que según rumores que todo el mundo repite pero nadie publica, salió del uribismo por tener una amistad especial con la analista. (Mucho me temo que la filántropa taurina salió del país para que los rumores no afectaran la aspiración de su amiga.)

Digan lo que quieran de las teorías de conspiración. Yo incluso podría asegurar que detrás de la carrera de Petro hay algún agente poderoso que le consiguió una beca en el Externado de Colombia cuando era sólo un adolescente. A fin de cuentas, en el surgimiento de las FARC y el ELN tuvo su papel el entonces delfín Alfonso López Michelsen, y en el del M-19 el Hermano Mayor del actual presidente (pero ésa es otra historia). Las camarillas del poder maquinan en la sombra, por mucho que haya quien lo ponga en duda, que curiosamente será quien aceptará que los criminales de la foto de arriba son "defensores de derechos humanos", como los presenta la prensa. No es raro leer perlas como ésta, de un antiguo compañero de fatigas de Petro:

Al final de la guerra, cuando regresé a mi tierra con la buena nueva de la paz, Pedro Bonett, el abogado del Grupo Santo Domingo, imagino que con el beneplácito del "jefe invisible", nos acompañó en el periplo de la política como senador de la bancada del M-19. Empresario, visionario, innovador, tolerante, como el más grande entre los grandes.

Eso sí, dudo muchísimo que tan poderosos amos le hayan conseguido a Petro un diploma de doctorado de la Universidad de Salamanca, como figura en su biografía. Con su ortografía es muy dudoso que hubiera aprobado los cursos de la escuela secundaria en la provincia de Salamanca.