Un crimen colectivo

En una ocasión Octavio Paz se refirió al comunismo con esa expresión: un crimen colectivo. También la podríamos emplear para resumir la historia reciente de Colombia. No un crimen cometido por entidades abstractas, sino uno que sería imposible sin el concurso de muchas personas.

Para ver un ejemplo sencillo de la forma en que opera ese mecanismo criminal basta con fijarse en la noticia reciente de la mujer bomba empleada por las FARC para atentar contra el puesto de policía de Samaniego, Nariño, episodio que en la revista Semana, al igual que en El Espectador, no consideran siquiera digno de mención. ¿Qué gravedad o importancia tendría algo así? Es como cuando las guerrillas matan a varias decenas de soldados, apenas sale en la prensa.

Lo que sí preocupa a la prensa y a sus lectores son hechos como los del colegio Marymount, sobre los cuales apareció en la edición dominical del periódico de Santodomingo un tremendo reportaje con este título: "La última ridiculez del DAS". ¿Qué era eso más importante que la mujer bomba? ¡Pues que el DAS había abierto un expediente de investigación a una profesora que ponía a sus alumnas a leer a Alfredo Molano! No que hubiera sido detenida dicha profesora, ni siquiera denunciada, sino que se investigaba su labor.

El contraste lo expresa todo, pero es algo que no asombra a los lectores de prensa colombiana. Los crímenes que se cometen en regiones apartadas, por atroces o numerosos que sean, no existen, mientras que un hecho casi banal como que se investigue a personas que podrían estar reclutando miembros de las FARC resulta terriblemente escandaloso. Intolerable.

Esa forma de reclutamiento es algo que todo el mundo en Bogotá conoce, y casi ha vivido. Después de leer a Galeano, a Molano y a algún otro científico social, se evalúa la actitud de los alumnos y a aquellos más inclinados a responder a la propaganda revolucionaria se los invita después a convivencias, grupos de estudio, fiestas, etc., hasta que se les encuentra una utilidad para la organización. Cuanto más alto el rango social, más útil puede ser la persona. Sin esa clase de colaboraciones los miles y miles de secuestros de hace una década habrían sido imposibles.

Nadie dice que la profesora investigada estuviera haciendo eso, pero ¿por qué no se va a poder investigar? El hecho de poner a las muchachas a leer a esos personajes da que pensar. Por ejemplo, el señor Molano declaraba en los noventa en un foro en la Universidad Nacional que fue recogido en UNperiódico que no se podía andar pidiendo a las FARC que renunciaran a sus medios ilegales de financiación, pues los medios legales les estaban vedados.

Cuando uno habla de crimen colectivo no está aludiendo a "la sociedad" en general, ni atribuyendo ninguna conducta a nadie que no tome parte en ella. La inexistencia de la mujer bomba en la prensa ya muestra un tipo de personas para las que el sufrimiento de sus compatriotas humildes y excluidos incluso por motivos racistas no tiene la menor importancia, personas que no vacilan en mostrarse solidarias con un ideólogo indistinguible de las FARC y rabian porque se intente impedir la formación de redes gracias a las cuales se mantiene el "conflicto", cuya persistencia sirve de Leitmotiv a la propaganda de la oposición (porque puede decir que el gobierno no busca la paz).

En realidad, para la prensa colombiana el episodio de Samaniego es casi legal, mientras que la investigación del DAS es una tragedia estremecedora. Pero ¿cuál es la novedad? Después del asesinato de José Raquel Mercado y de la cruenta toma del Palacio de Justicia (la relación con Escobar ya se conocía en los ochenta, como recordaba recientemente el ex ministro Jaime Castro), buena parte de la clase media-alta colombiana votó por el M-19, y lo mismo ocurrió tras la orgía del Caguán, cuando el entonces candidato Luis E. Garzón obtuvo una gran votación en las elecciones de 2002 y alcanzó la alcaldía de Bogotá en las de 2003.

Pero no es la prensa: ¿qué reacción tienen los lectores? ¿Qué dirían los lectores habituales de esos medios si leyeran este artículo? En realidad los crímenes terroristas cuentan con la aprobación de esos medios sociales, que no dedican ni un segundo a pensar en impedirlos sino en acusar al gobierno por no disponerse a premiarlos. No sólo el de Uribe: pese a las facilidades que les dio Pastrana, vivían indignados porque no les parecía suficiente negociar las leyes con la banda de asesinos de que esas clases son la base social.

Es muy probable que las FARC desarrollen una campaña terrorista en los próximos meses, como forma de participar en la campaña electoral: cada bomba pondrá a esa parte de la sociedad más de parte de los asesinos, de la que han estado desde hace décadas, desde que los miembros de la generación anterior militaban en la Juco o el MOIR o cualquier otra organización totalitaria, cosa que sigue pareciéndoles el mayor blasón de la familia. Sólo es que ¿cómo van a decir que están de parte de los terroristas? Ahora hasta la increíble Claudia López, hasta el increíble Daniel Samper, proclaman que están en el otro bando.

Y nadie verá ninguna responsabilidad en esa clase de gente que no se escandaliza de que las atrocidades de la tropa no aparezcan en la prensa, sino de los intentos por investigar la formación de redes que permitirán miles de atrocidades como ésa. Habría que ser idiotas para esperar que reconocieran que hechos como el de Samaniego les resultan esperanzadores.